Segundo artículo de Andrés Santafé (@SantafeAndres_) de la serie «Violencia política en la Transición: la Semana Negra de 1977). El primero de ellos titulado «La Semana Negra de la Transición», disponible en nuestra revista en: https://contracultura.cc/2021/06/01/la-semana-negra-de-la-transicion/ )

Habiendo repasado esta consideración al respecto de la violencia proveniente de las fuerzas de extrema derecha, se antoja lógico continuar analizando este sujeto. Tras la muerte de Franco, la extrema derecha intentó entorpecer los proyectos cambio democrático mediante una estrategia de movilización. La presencia en la calle con manifestaciones, “actos de afirmación nacional” y episodios violentos fue permanente durante la Transición. Paralelamente algunos pequeños grupos ultraderechistas organizaron acciones terroristas con el objetivo de crear un clima de inestabilidad.

Xavier Casals ha identificado tres grupos de violencias de extrema derecha: iniciativas espontáneas, actos instigados por individuos con conexiones con las fuerzas de seguridad del Estado y, de forma mucho más marginal, los episodios de violencia planificados.

La organización más destacada es, sin ningún tipo de duda, Fuerza Nueva. Esta asociación que publicaba desde 1966 se convirtió una década después en el partido de referencia para la extrema derecha. Su líder fue Blas Piñar, quien consiguió en las elecciones de 1979 un puesto como diputado y cerca de 400000 votos en toda España. La militancia de este partido se cifró alrededor de 40000 o 50000, de los cuales la mitad se encontraban en su rama juvenil, Fuerza Joven. Este se trataba del brazo más radicalizado del partido, opuesto muchas veces a la estrategia parlamentaria y que, pese a la retórica de un caudillo que exaltaba la violencia, sentía la tutela de Piñar como un freno a su activismo. Esto terminó desembocando en la creación del Frente Nacional de la Juventud –en Barcelona- y del Frente de la Juventud –en Madrid- entre 1977 y 1978. Según las elaboraciones de Sophie Baby, pese a que se trataba de un partido aspirante a hacerse hueco en el arco parlamentario, fue la organización que perpetró una mayor cantidad de acciones violentas –más de 80, un 9% del total- y, dejando a un lado el antiterrorismo vasco, la más mortífera con 14 víctimas.

Anteriormente, en relación a la muerte de Arturo Ruiz, han sido mencionados los Guerrilleros de Cristo Rey. Se trataron de grupúsculos o individuos que actuaron en los primeros años del posfranquismo (1975-1977) con una serie de acciones violentas. Aunque su actividad estuvo bastante presente durante estos primeros años, no hay nada que parezca indicar que se trató de una organización estructurada, sino que más bien eran individuos que actuaban de manera aislada con el grito común de “¡Viva Cristo Rey!” antes de perpetrar el crimen –lo que les confirió ese nombre-. Su objetivo fue, más que asesinar, atemorizar a una población que mayoritariamente apostaba por el cambio. A modo de ejemplo, varios bufetes de abogados laboralistas recibieron amenazas atribuidas a los Guerrilleros días antes de los asesinatos de Atocha. Además, hay que considerar que existieron voces como la de una compañía teatral de Gijón que en 1977 acusaban al gobierno de tolerar a esta organización ultraderechista para así poder transmitir una imagen más moderada de aquel ejecutivo.

Sería el Batallón Vasco Español la organización que, según las elaboraciones de Juan Manuel González, tuvo más víctimas mortales. Sin embargo, estas siglas amparan distintos grupos terroristas o, principalmente, antiterroristas que actuaron, sin una estrategia común, en el País Vasco y Francia. Por esto resulta extraña la reivindicación por parte de este grupo del conocido asesinato de la líder estudiantil Yolanda González a principios de 1980 en Madrid.

Respecto a la violencia antiterrorista, esta sería la más importante de entre las empleadas durante la transición por parte de la extrema derecha, y se llevó a cabo para contrarrestar el terrorismo nacionalista vasco, muchas veces con la connivencia de las fuerzas de seguridad del Estado, lo que dificultaría todavía más la tarea de balance.

Existió una enorme proliferación de siglas en la estrategia de guerra sucia contra el terrorismo de ETA, pero y otro de los grupos más destacados es la Alianza Apostólica Anticomunista –Triple A-. Aunque en su momento reivindicaron los crímenes de Arturo Ruíz y los de Atocha, esto se debió seguramente a la intencionalidad de que sus acciones consiguieran una mayor repercusión y, siguiendo la lógica de Casals y Baby, también esta organización podría tratarse de un conglomerado de grupúsculos que primero atentaron contra medios de comunicación –entre 1977 y 1978- y después adquirirían algo más de protagonismo con su activismo antiterrorista en el País Vasco.

A modo de anécdota bien representativa, también debe ser mencionado el episodio de Montejurra de 1976. Durante la celebración anual de las fuerzas carlistas, los partidarios de Carlos Hugo se enfrentaron a los de su hermano Sixto de Borbón-Palma, provocando la muerte de dos manifestantes. Este suceso pone de manifiesto otra característica de la ultraderecha durante la Transición, que es su extrema atomización y, en ocasiones, sus fuertes discrepancias.

Como consecuencia de esta atomización, tampoco resulta sencillo determinar a qué organización ultra perteneció cada uno de los crímenes cometidos, ya que estos no eran compartimentos inamovibles, sino que en numerosas ocasiones los militantes estaban adheridos a más de una organización o actuaban en colaboración unos con otros.

Explicado esto, sí que se denota una contribución de la violencia y terrorismo ultraderechista al incremento de la tensión política durante la Transición. No obstante, no está tan claro que este terrorismo respondiera a una estrategia planificada de desestabilización. Historiadores del fenómeno como Rodríguez Jiménez o Santos Juliá, han descrito una posible “estrategia de la tensión” entre 1975 y 1982 -al estilo de los neofascistas italianos durante los años de plomo- pero la atribuirían más bien a violencias de baja intensidad que a atentados terroristas planificados.

Pese a que se produjeron algunos atentados de notoria gravedad, el terrorismo propiamente de extrema derecha se basó en crímenes cometidos por individuos aislados u organizaciones vagamente estructuradas, que no contaron con continuidad en el tiempo y sin elaboraciones doctrinales o teóricas sobre el uso y finalidad de la violencia, algo que sí existía en la violencia izquierdista o nacionalista. Sucesivos ministros del Interior como Rodolfo Martín Vila (1976-1979) y Juan Rosón (1980-1982) apuntaron en su día a la inexistencia de una organización estable y de un único cerebro de las operaciones. En definitiva, resultó desorganizado, sin estrategia y, como concluiremos más adelante, especialmente ineficaz en términos políticos.

Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre –GRAPO- fueron una banda armada de ideología marxista-leninista y maoísta especialmente activa durante la Transición. Se les considera el brazo militar del Partido Comunista de España (reconstituido) y deben su nombre a su aparición en escena el 1 de octubre de 1975, cuando un decrépito Francisco Franco se dio su último baño de masas. Aquel día atacaron a la Policía Armada en la capital de España causando cuatro víctimas y actuando como respuesta a los últimos fusilamientos del régimen –en los que habían sido ejecutados días antes militantes del FRAP y de ETA-.

Constituyeron un grupo extraño dentro de la izquierda revolucionaria, con muy pocos apoyos y que se autofinanciaba gracias a los atracos a entidades bancarias. Según algunos testimonios, eran gente a quien la policía temía incluso más que a los miembros de ETA por su forma de resistir y pelear hasta la última bala.

Contaba entre sus filas con algunos estudiantes, pero principalmente el sustrato de la organización era obrero. Su objetivo fue la instauración de una dictadura del proletariado en España, y para ello rechazaban la vía pacífica de transición hacia el socialismo que el PCE había aceptado, así como algunos otros posicionamientos como el apoyo a las posturas soviéticas en el XX Congreso del PCUS.

Para conseguir sus objetivos, era necesario, siguiendo la enseñanza leninista, un partido de vanguardia que a su vez contara con la teoría que le permitiera dirigir el proceso revolucionario. En este sentido, eran importantes lecturas de las clásicas fuentes socialistas: Marx, Engels, Stalin y Lenin. En el caso de España, la figura de referencia era la del ex Secretario General del PCE José Díaz, así como las experiencias guerrilleras de la posguerra.

Según el conocido ex militante de principios de los 70 Pío Moa, el grupo organizaba pequeñas insurrecciones armadas urbanas, pero el camino hacia la revolución era un proceso más largo que necesitaba también trabajo político. En este sentido, se realizaban numerosas reuniones, tanto formativas dentro del propio grupo como en los círculos obreros con el objetivo de ampliar la militancia.

La actividad armada empezó a cobrar un protagonismo creciente en 1976, influenciado por los sucesos de Vitoria de marzo de aquel año. Tuvo su momento estelar en la denominada Operación Cromo, que empezó con ataques a instalaciones de Televisión Española y continuó con el citado secuestro de Antonio María de Oriol y Urquijo. A cambio de la liberación exigencias maximalistas como la libertad de 15 militantes presos de diversas organizaciones. Poco después de la Semana Negra, el día 11 de febrero, la policía desarticuló varios comandos de los GRAPO y liberó a Oriol y a Villaescusa. Según algunos medios políticos, el GRAPO había llegado, como un instrumento manejado, hasta donde las fuerzas del orden habían querido, algo que todavía profundizó más en la visión oscura del grupo. No llegó a contar con más de dos centenares de militantes, pero su determinación en la acción armada convirtió a la organización en una excepción en la izquierda revolucionaria por ser el único grupo dedicado a la acción terrorista.

En la izquierda radical durante la transición se observa algo semejante a lo ocurrido con sus análogos de derechas al respecto de la multiplicidad de siglas. Aparecen muchos partidos, comandos o grupúsculos de ideología leninista, maoísta o libertaria. En el caso de los últimos, hay que destacar la experiencia del Movimiento Ibérico de Liberación –MIL-, un grupo marxista heterodoxo que perpetró atracos a bancos e intentó servir como organización de retaguardia para la clase obrera entre 1972 y 1973. En marzo de 1974, tras una oleada represiva al grupo, su militante Salvador Puig-Antich será el último condenado a muerte por garrote vil, lo que le confirió notoriedad y solidaridad.

Por esta atomización resulta inabarcable el análisis de todos los grupos que utilizaron la agitación violenta con objetivos revolucionarios. Otro ejemplo que el Partido Comunista de España (internacional), activo entre 1975 y 1981. Lo populariza su especialidad en los enfrentamientos urbanos en Barcelona y en la radicalización de las protestas por las que se mostraba.

El último en ser tratado será el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota –FRAP-, vinculado al Partido Comunista de España (marxista-leninista). Entre 1973 y 1974 se enzarzaron en escaramuzas urbanas contra las fuerzas del orden y apoyaron a los trabajadores en sus reivindicaciones laborales. A partir 1975 su estrategia da un vuelco completo hacia la violencia revolucionaria, pretendiendo ganarse a las masas e impulsar una revolución proletaria, lo que se saldó con tres agentes del orden muertos. A partir de septiembre del mismo año, fusilamientos y detenciones acabarán desmantelado prácticamente tanto la organización como el PCE (m-l).

Se puede afirmar que las organizaciones de la izquierda radical se nutren de su pasado antifranquista e intervienen cuando el cambio democrático no está garantizado, alcanzo el clímax violento en 1977. Tras la creciente marginación de la extrema izquierda, este tipo de activismo disminuye hasta casi desaparecer a partir de 1979, pero este no será el caso de los GRAPO, cuya actividad violenta aumenta a partir de ese año. Los GRAPO se especializaron en el terrorismo y, según elaboraciones de Sophie Baby, el 81% de sus acciones fueron atentados terroristas, un terreno en el que, ellos solos, prácticamente cuadruplicaron al resto de grupúsculos de izquierda. Además, pese a la habitual tradición en la izquierda de ataques a bienes materiales o de baja intensidad, los GRAPO resultaron especialmente mortíferos, con 80 víctimas.

Es importante relativizar la importancia de estos movimientos. Aunque tuvieron capacidad de movilización y atención, según José Manuel Roca los partidos de la izquierda revolucionaria no pasaron de 50000 militantes en la Transición. Intentaron destacar en el proceso de cambio mediante la vía de la integración pacífica, de la agitación armada o la estrategia terrorista, pero sin éxito en todo caso. El proceso democrático demostró transcurrir por otros cauces, con un gran consenso al respecto de la aceptación de una sociedad liberal alejada de la utopía revolucionaria.

Casi de la noche a la mañana el Estado español tuvo que transformarse tras la muerte de Franco. Pero uno de los caracteres principales de esta transición fue, precisamente, la continuidad del Estado, tanto jurídica, como de los hombres –sin procesos de depuración- o del aparato administrativo.

El caso de las fuerzas de seguridad es seguramente el más representativo de aquella frase que reza que España se acostó franquista y se levantó demócrata. Esto explicaría actuaciones desproporcionadas en manifestaciones –como la que acabó con la vida de Nájera-, en el control del orden público o procesos legales y judiciales.

Aún con esto, no sería del todo acertado afirmar que existió únicamente una dialéctica entre estos dos sistemas, sino que fue más bien un juego a tres bandas. El modelo dictatorial primaba el orden ante la libertad, mientras que el horizonte democrático pretendía respetar el ideal de los Derechos Humanos. Sin embargo, en el contexto de la transición apareció con fuerza el sujeto terrorista. La represión mediante la lucha antiterrorista necesitó sacar recursos de los dos sistemas citados, entre la herencia dictatorial y la modernidad democrática.

Según elaboraciones de Baby fueron 178 las personas muertas a manos de la policía entre 1975 y 1982, y se hacía mediante tres vías: tortura, incidente policial o brutalidad en las manifestaciones.

En el momento que engloba a la Semana Negra, las manifestaciones se sucedían a diario y su sofocación violenta eran algo de lo más habitual. La violencia estallaba, más que por causas individuales o de mala praxis puntual, por factores coyunturales como la creciente movilización social y, principalmente, la herencia de un régimen dictatorial.

Existieron prácticas cotidianas que sobrevivieron al paso a la democracia. En este sentido, la historiadora de referencia es Sophie Baby, quien identifica un excesivo uso de armas de fuego, tortura, prácticas policiales ilícitas, connivencias entre los agentes del Estado y los ultras –característica comentada con anterioridad-, resistencias en el aparato militar, e incluso corrupción de magistrados y de la clase política.

La Semana Negra supuso los días más duros para una todavía insegura Transición, con ataques cruzados por parte de agentes extremistas y respuestas desproporcionadas por unas fuerzas del orden todavía autoritarias. Desde luego, quien tuvo una actitud todavía más decidida y decisiva fue la sociedad española, que continuó su firme paso hacia la consolidación democrática. El rechazo de la violencia, viniera de donde viniera, fue algo unánime en la sociedad civil las organizaciones políticas y en la prensa.

La actitud templada y admirable del PCE tras los Asesinatos de Atocha demostró su compromiso con la legalidad naciente y terminó disipando todas las dudas sobre su legalización, que se hizo efectiva en abril de 1977. Muy diferente es la actitud que tomaron otros actores políticos a su izquierda, que buscaban un levantamiento de las masas mediante una agitación armada que no hacía sino alejarles de ese objetivo. El PCE supo leer el tempo, actuando de forma pacífica y con una estrategia parlamentaria, y salir beneficiado –aunque los resultados electorales fueran decepcionantes- mientras que el resto de grupúsculos salieron derrotados del proceso, bien disueltos o bien radicalizados. El caso de los GRAPO es excepcional por su uso de una violencia terrorista que no se traduciría en nada positivo para el grupo.

En el caso de la extrema derecha no puede hablarse de un terrorismo como tal por la falta de organización y estructura. Estos agentes, muchas veces de forma individualizada, optaron en la mayoría de casos por violencias de baja intensidad con el fin de agitar a la sociedad, clase política y ejército esperando una intervención armada que blindase un régimen que se desmoronaba a pasos agigantados. Tampoco consiguieron su cometido, ya que la sociedad no consideró en ningún momento sus aspiraciones fascistas.

En ambos casos los extremismos vivían alejados de la situación, más apegados a una realidad anterior a la Guerra Civil que a su actualidad. Las dos Españas del 36 seguían pero habían mutado: ahora había una ampliamente mayoritaria –la que apostaba por la reconciliación- y otra una minoría que, soñando utopías o intentando desenterrar cadáveres, apostaba por las armas.

El tema de la violencia institucional merece, sin duda, mayor atención que la que se le ha prestado hasta el momento. Los escasos análisis al respecto ofrecen perspectivas interesantes sobre unas fuerzas del orden anacrónicas, con tics autoritarios y que se excedieron, en muchas ocasiones fruto del tenso contexto. Para concluir, no queda sino esperar a que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes si se quiere seguir avanzando en calidad democrática.

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Ibíd, 338.

Ibíd, 332.

El 3 de marzo de 1976, la Policía Armada desalojó la vitoriana Iglesia de San Francisco de Asís, donde se encontraban reunidos 4000 trabajadores en huelga. El saldo final fueron cinco víctimas mortales y ciento cincuenta heridos. El acontecimiento conmocionó al país y a la opinión internacional, y sirvió para que la oposición al régimen –democrática o no- acelerase su acción.

Castro, L. (2009). El terrorismo revolucionario Marxista-Leninista en España. Historia del Presente, 49.

Ibíd.

Baby, S. (2018), 148.

Ibíd, 151.

Más tarde, en 1978, el partido se volvería a reconstruir para hacer oposición a la reforma política y llegaría a contar con un millar de militantes (Baby, S. 2018).

Ibíd, 167.

Ibíd, 176.

Baby, S. (2008). « Violencia y transiciones políticas a finales del siglo XX. Europa del Sur-América latina ». Bulletin de l’Institut Pierre Renouvin, 27(1), 182.

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