¿Para cuándo desalojar a los benedictinos

¿Para cuándo desalojar a los benedictinos?
@ellibelaresc

Uno no sabe si lo que vamos a comentar hoy en este Liberal se debe a una negligencia del Gobierno, o si es el propio Gobierno quien se hace el tonto para no mover una ficha que le puede privar de algunos votos. El caso es que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha notificado a la Fiscalía General del Estado que la permanencia de los monjes benedictinos que residen y gestionan el Valle de los Caídos podría ser ilegal desde el pasado 2 de octubre de 2020. Este dato, para el Gobierno, es de obligado conocimiento, en concreto para la vicepresidenta Carmen Calvo, de quien depende ahora Patrimonio. ¿Por qué no ha actuado? Misterios de la Trinidad y del laicismo confeso del PSOE.

El 29 de mayo de 1958 se firma en Madrid el convenio entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos. En el mismo se establece que un grupo de benedictinos procedentes del Monasterio de Silos se instalará en Cuelgamuros por un tiempo indefinido que se mantendrá mientras los monjes cumplan los compromisos que figuran en el mismo. Los benedictinos estarán obligados a que la congregación agrupe como mínimo a veinte monjes con sus respectivos novicios, a celebrar el 20 de noviembre de cada año una misa solemne de difuntos por todos los caídos de nuestra cruzada, y a hacerse cargo de la dirección del Centro de Estudios Sociales, gestionar su biblioteca y desarrollar planes de estudios.

El 2 de octubre de 2015 se publicó en el BOE la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece una nueva regulación de los convenios. Según su Disposición Adicional Octava se prorrogan de forma automática los convenios indefinidos y se da un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley para que sean renovados o extinguidos, como es el caso.

De este modo, la comunidad benedictina debería haber abandonado el Valle de los Caídos el pasado 1 de octubre, último día de vigencia del convenio que les autorizaba a residir en ella y gestionar sus instalaciones. A partir de ese día su estancia debe considerarse ilegal y el Gobierno, en su deber de velar por la legalidad, debería haber actuado en consecuencia obligando a los monjes a abandonar el recinto, dejar de ejercer sus funciones en él y cumplir estrictamente la ley. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se les ha invitado a que regresen a su casa-madre? ¿Por qué se les sigue adjudicando un “pastón” de subvención a estos monjes que, y a nuestro pesar, siguen defendiendo la figura del dictador? La veintena de benedictinos que viven en el Valle de los Caídos tienen pagados con dinero público la ropa, la comida, el teléfono, la “lavandería”, los libros, el material de misa o las excursiones. Reciben anualmente 340 000 euros por “mantener el culto” o “seguir la evolución del pensamiento social”, gracias a un decreto de Franco de 1957 que sigue en vigor. El Estado también repara los edificios.

El Gobierno tiene el deber de velar escrupulosamente por el cumplimiento de la Ley y este caso no puede ser una excepción. Urge tomar las riendas de ese lugar e iniciar con urgencia una intervención democrática en él, y en ese sentido la prioridad debería ser exhumar los cuerpos reclamados por familiares y a que el Estado no sea un obstáculo, como ha sido hasta ahora, para que puedan hacerlo. Si nos hemos sacado de Cuelgamuros al genocida Franco, ¿por qué no hacer lo mismo con el abad falangista Santiago Cantera y sus benedictinos?

Para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) está muy claro que desde el pasado 2 de octubre debe considerarse al personal benedictino del santuario como “okupas”, por lo que el Gobierno debería desocuparlos, cosa que, de momento, no contempla la vicepresidenta. Por eso la ARMH ha revelado en un comunicado que la Fiscalía General del Estado ha remitido al Gobierno una denuncia sobre la posible ocupación ilegal del recinto por parte de los benedictinos desde el pasado 2 de octubre de 2020, cuando se cumplieron cuatro años sin que se renovara el convenio entre el Estado y la abadía benedictina de Silos. De esta forma, ahora es el Gobierno el que tiene que decidir si desaloja el Valle de los Caídos y ordena a la comunidad benedictina que lo abandone, u opta por negociar un nuevo convenio, algo que según la ARMH “iría contra su promesa de convertir el lugar en un cementerio civil”. No lo van a tener fácil los socialistas. Primero, porque no les conviene alterar conciencias y perder votos, y segundo, porque la salida de una comunidad religiosa, y mucho más sin acuerdo entre las partes, podría chocar con algunos puntos de los Acuerdos Iglesia-Estado.

Y ya estamos con lo de siempre: mantener un Concordato que a la única parte que beneficia es a la iglesia católica, que le permite conservar sus privilegios millonarios y su influencia inequívoca en la sociedad española, a pesar de su sangría de fieles diarios, mensuales o anuales.