Llamamiento de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón. Mayo de 1948 / Ramón García Piñeiro:
DOCUMENTOS PARA UN CENTENARIO PCE (1921-2021)Llamamiento de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón. Mayo de 1948
Presentación del documento nº 30.
El veto impuesto por las fuerzas antifranquistas al PCE quedó en suspenso tras la victoria aliada en la II Guerra Mundial, a la que contribuyeron los movimientos partisanos organizados por los comunistas en los países ocupados y, sobre todo, el Ejército soviético. Ante las halagüeñas expectativas que este desenlace suscitó entre los partidarios del vuelco político en España, donde se descartaba que subsistiera un anacrónico vestigio de totalitarismo, se amplió la representatividad de los gobiernos republicanos en el exilio con la inclusión de ministros comunistas. Dada su pluralidad y la presencia de interlocutores bienquistados con todas las potencias victoriosas, se supuso que el reconocimiento internacional del Gobierno de la República sería unánime y, en consecuencia, que le sería devuelta la soberanía sobre el territorio español perdida tras un acto de fuerza respaldado por los derrotados en la guerra.
La desconcertante inacción de los vencedores con respecto al “caso español”, unida a su rápida polarización y enfrentamiento una vez desaparecido el enemigo común, condenó a los comunistas españoles a una nueva etapa de ostracismo. A partir de 1947, una vez que las áreas de influencia de cada bloque quedaron delimitadas, se llegó al convencimiento de que el plácet de EE. UU. y Gran Bretaña a cualquier intento de remoción del franquismo estaba supeditado a que el PCE fuera descabalgado del Gobierno republicano. En estos términos se expresó Indalecio Prieto en la asamblea de delegados del PSOE celebrada el 25 de julio de 1947 en Toulouse, donde censuró al Gobierno republicano de Llopis por haber nombrado ministro al comunista Vicente Uribe y propuso cortejar a los monárquicos para que aceptaran la forma de Estado que los españoles prefirieran en un plebiscito convocado por un gobierno sin signo institucional. Las demás fuerzas antifranquistas también deseaban la exclusión del PCE porque compatibilizaba su presencia en los conciliábulos destinados a buscar una solución diplomática internacional con la simultánea promoción en el interior de un levantamiento insurreccional catalizado por el movimiento guerrillero, casi íntegramente bajo su hegemonía. Como no podían admitir que habían sido preteridos por la negativa de los socialistas a participar en el gobierno republicano presentado por Álvaro de Albornoz el 27 de agosto de 1947, Uribe, Mije y Carrillo sostuvieron que se les había marginado por la concurrencia de “factores extraños a España”.
El PCE, pese a la contundencia represiva, no renunció a la movilización popular porque supuso que sería relegado si el protagonismo en el derribo del franquismo recaía en las potencias occidentales o en instituciones como los gobiernos del exilio. Aunque por propia iniciativa no descartó ninguna forma de lucha, desde la protesta pacífica hasta la resistencia armada, no pudo evitar que en la segunda mitad de la década de los cuarenta su presencia en el interior quedara circunscrita al perímetro de actuación delimitado por las agrupaciones guerrilleras, con desigual implantación en León-Galicia, Asturias-Cantabria, Centro-Extremadura, Málaga-Granada y el sistema Ibérico. Entre las citadas, la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, constituida por activistas baqueteados en la resistencia al nazismo y bajo control de la dirección exiliada, se erigió en modelo organizativo, portavoz del conjunto de agrupaciones guerrilleras y correa de transmisión de los propósitos subversivos del PCE.
Para que el mérito de la victoria sobre el franquismo recayera en los activistas que arriesgaban su vida por la causa, y no en los conspiradores de cancillería, durante el primer semestre de 1948 el PCE canalizó sus alternativas a través del movimiento guerrillero, la única fuerza tangible de oposición existente en España. Como en los teatrillos de títeres, puso en boca del guiñol su despecho por haber sido excluido del Gobierno republicano, a su entender deslegitimado porque se había desembarazado de las fuerzas que arrostraban las consecuencias de la lucha en el interior y, sobre todo, porque se desentendía de quienes combatían al régimen a pecho descubierto en primera línea. Con el subterfugio de un sosias avalado por su condición de “verdadera resistencia española”, execró los cenáculos conspiratorios protagonizados por quienes menospreciaban a los que se inmolaban por la reconquista de la libertad y, por el contrario, buscaban el amparo “de los imperialistas anglosajones”, en referencia a las conversaciones mantenidas por socialistas y monárquicos bajo los auspicios de Ernest Bevin, primer ministro británico, que culminarían el 30 de agosto de 1948 con el Pacto de San Juan de Luz. Frente a “indignas maniobras de capitulación” de esta laya, se sirvió de la misma máscara para reafirmar sus convicciones republicanas, sin perjuicio de acatar la voluntad popular en lo referente al modelo de Estado, y abogar por la creación en el interior de un Consejo Central de la Resistencia, como venía proponiendo desde 1946, que ejerciera de catalizador de “las enormes energías combativas que crecen constantemente en España”. En el verano de 1948, también recurrió a una delegación compuesta por dirigentes de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón para transmitir sus puntos de vista a los presidentes de la Generalitat, del Gobierno y de la República en el exilio. Hasta tal punto se abusó de este tipo de ejercicios de ventriloquia que, una vez acordado el desmantelamiento de la resistencia armada, la aplicación de la decisión se demoró más de tres años para que el Partido no quedara desnudo ante su propia soledad.
>> [PDF 1 MB] Documento Nº30. La Agrupación Guerrillera de Levante-Aragón, a todas las fuerzas de la Resistencia antifranquista, al pueblo español. Mayo de 1948
El veto impuesto por las fuerzas antifranquistas al PCE quedó en suspenso tras la victoria aliada en la II Guerra Mundial, a la que contribuyeron los movimientos partisanos organizados por los comunistas en los países ocupados y, sobre todo, el Ejército soviético. Ante las halagüeñas expectativas que este desenlace suscitó entre los partidarios del vuelco político en España, donde se descartaba que subsistiera un anacrónico vestigio de totalitarismo, se amplió la representatividad de los gobiernos republicanos en el exilio con la inclusión de ministros comunistas. Dada su pluralidad y la presencia de interlocutores bienquistados con todas las potencias victoriosas, se supuso que el reconocimiento internacional del Gobierno de la República sería unánime y, en consecuencia, que le sería devuelta la soberanía sobre el territorio español perdida tras un acto de fuerza respaldado por los derrotados en la guerra.
La desconcertante inacción de los vencedores con respecto al “caso español”, unida a su rápida polarización y enfrentamiento una vez desaparecido el enemigo común, condenó a los comunistas españoles a una nueva etapa de ostracismo. A partir de 1947, una vez que las áreas de influencia de cada bloque quedaron delimitadas, se llegó al convencimiento de que el plácet de EE. UU. y Gran Bretaña a cualquier intento de remoción del franquismo estaba supeditado a que el PCE fuera descabalgado del Gobierno republicano. En estos términos se expresó Indalecio Prieto en la asamblea de delegados del PSOE celebrada el 25 de julio de 1947 en Toulouse, donde censuró al Gobierno republicano de Llopis por haber nombrado ministro al comunista Vicente Uribe y propuso cortejar a los monárquicos para que aceptaran la forma de Estado que los españoles prefirieran en un plebiscito convocado por un gobierno sin signo institucional. Las demás fuerzas antifranquistas también deseaban la exclusión del PCE porque compatibilizaba su presencia en los conciliábulos destinados a buscar una solución diplomática internacional con la simultánea promoción en el interior de un levantamiento insurreccional catalizado por el movimiento guerrillero, casi íntegramente bajo su hegemonía. Como no podían admitir que habían sido preteridos por la negativa de los socialistas a participar en el gobierno republicano presentado por Álvaro de Albornoz el 27 de agosto de 1947, Uribe, Mije y Carrillo sostuvieron que se les había marginado por la concurrencia de “factores extraños a España”.
El PCE, pese a la contundencia represiva, no renunció a la movilización popular porque supuso que sería relegado si el protagonismo en el derribo del franquismo recaía en las potencias occidentales o en instituciones como los gobiernos del exilio. Aunque por propia iniciativa no descartó ninguna forma de lucha, desde la protesta pacífica hasta la resistencia armada, no pudo evitar que en la segunda mitad de la década de los cuarenta su presencia en el interior quedara circunscrita al perímetro de actuación delimitado por las agrupaciones guerrilleras, con desigual implantación en León-Galicia, Asturias-Cantabria, Centro-Extremadura, Málaga-Granada y el sistema Ibérico. Entre las citadas, la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón, constituida por activistas baqueteados en la resistencia al nazismo y bajo control de la dirección exiliada, se erigió en modelo organizativo, portavoz del conjunto de agrupaciones guerrilleras y correa de transmisión de los propósitos subversivos del PCE.
Para que el mérito de la victoria sobre el franquismo recayera en los activistas que arriesgaban su vida por la causa, y no en los conspiradores de cancillería, durante el primer semestre de 1948 el PCE canalizó sus alternativas a través del movimiento guerrillero, la única fuerza tangible de oposición existente en España. Como en los teatrillos de títeres, puso en boca del guiñol su despecho por haber sido excluido del Gobierno republicano, a su entender deslegitimado porque se había desembarazado de las fuerzas que arrostraban las consecuencias de la lucha en el interior y, sobre todo, porque se desentendía de quienes combatían al régimen a pecho descubierto en primera línea. Con el subterfugio de un sosias avalado por su condición de “verdadera resistencia española”, execró los cenáculos conspiratorios protagonizados por quienes menospreciaban a los que se inmolaban por la reconquista de la libertad y, por el contrario, buscaban el amparo “de los imperialistas anglosajones”, en referencia a las conversaciones mantenidas por socialistas y monárquicos bajo los auspicios de Ernest Bevin, primer ministro británico, que culminarían el 30 de agosto de 1948 con el Pacto de San Juan de Luz. Frente a “indignas maniobras de capitulación” de esta laya, se sirvió de la misma máscara para reafirmar sus convicciones republicanas, sin perjuicio de acatar la voluntad popular en lo referente al modelo de Estado, y abogar por la creación en el interior de un Consejo Central de la Resistencia, como venía proponiendo desde 1946, que ejerciera de catalizador de “las enormes energías combativas que crecen constantemente en España”. En el verano de 1948, también recurrió a una delegación compuesta por dirigentes de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón para transmitir sus puntos de vista a los presidentes de la Generalitat, del Gobierno y de la República en el exilio. Hasta tal punto se abusó de este tipo de ejercicios de ventriloquia que, una vez acordado el desmantelamiento de la resistencia armada, la aplicación de la decisión se demoró más de tres años para que el Partido no quedara desnudo ante su propia soledad.
>> [PDF 1 MB] Documento Nº30. La Agrupación Guerrillera de Levante-Aragón, a todas las fuerzas de la Resistencia antifranquista, al pueblo español. Mayo de 1948
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