Proyecto Faq El régimen monárquico impone su memoria

viernes, 4 de junio de 2021

El régimen monárquico impone su memoria

 

El régimen monárquico impone su memoria

Los privilegios oligárquicos de las tarifas eléctricas

Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez acaban de inaugurar en Vitoria el Centro Memorial de las Víctimas de Terrorismo. Está destinado a honrar a las víctimas que cuenten con reconocimiento legal como tales, excluyendo a los tres millones de víctimas del terrorismo franquista habidos desde la guerra civil y la dictadura hasta nuestros días.

En palabras del Borbón, el centro pretende ser el “banco de la memoria”, ya que las víctimas son uno de los “pilares éticos de la democracia” en España. ¿Alguien se imagina un Centro Memorial del bando de Hitler en Alemania, o de los partidarios de Mussolini en Italia? Pues eso es lo que acaba de inaugurar el Gobierno en Vitoria. Contra dicho centro oficial se manifestaron distintas organizaciones memorialistas, denunciando que “supone un ataque a la convivencia, porque su visión excluyente deja fuera a miles de víctimas de la violencia ejercida por los aparatos del Estado”.

Un centro y una inauguración que vienen a constituirse por la monarquía y su Gobierno de coalición en un ataque más al derecho a la Memoria Histórica y Democrática que, una vez más, pretende borrar de la historia a millones de víctimas de una parte, para reconocer sólo a sus mil víctimas, ocultando siempre el terrorismo de Estado y sus consecuencias.

Sabido es que el representante de la Casa de Borbón es presidente de honor de la AVT, compuesta mayoritariamente por familiares de quienes fueron miembros de los cuerpos policiales y militares. Pero con el acto también se da a conocer, sin ambigüedad alguna, que la posición de Pedro Sánchez y de su gobierno allí representado es sólo y simplemente la misma. Por ello, los colectivos memorialistas rechazan la discriminación que conlleva el Centro Memorial, por no respetar el sufrimiento padecido por todas y todos. No se trata de un hecho aislado, sino de un plan y una política que se prolonga en el tiempo. Después de una sentencia judicial reconociendo el expolio del Pazo de Meirás cometido por los Franco, el Tribunal Supremo tiene que decidir en última instancia sobre la titularidad, así como acerca de la indemnización a quienes usurparon la propiedad y la ocuparon ilegalmente durante noventa años. Por ello, Iniciativa Gallega por la Memoria convoca un acto de protesta en Meirás para el 19 de junio: una asamblea abierta de organizaciones políticas y sindicales, entidades memorialistas, culturales y asociaciones de todo tipo del área metropolitana de Coruña.

Vemos cómo se desarrolla en la actualidad y en los más diversos territorios la lucha por la Memoria contra los actos y decisiones oficiales del régimen monárquico y de su gobierno, demostrando que, más que una cuestión del pasado, constituye parte del presente mismo de la lucha por la democracia y la justicia. Hablando de justicia, no podemos dejar de denunciar el dictamen del Consejo General del Poder Judicial -el órgano de gobierno de los jueces-, cuyo Pleno ha venido a determinar la legalidad de la “apología del franquismo en aplicación del derecho a la libertad de expresión”. Apología que se ha convertido en credo de partidos e instituciones que tratan de tapar el sol con el brazo extendido. Como si la libertad de expresión tuviera algo que ver con la masacre de la población por unos alzados en armas financiados por la reacción. La injusticia que se comete por parte de las instituciones del régimen es tan evidente que solo la Verdad, la Justicia y la Reparación de los millones de víctimas y sus familias, olvidadas oficialmente desde hace noventa años, puede curar tantas heridas enquistadas en nuestra sociedad.

El régimen monárquico se levantó sobre el solar de la impunidad -establecida por consenso de la Ley de Amnistía de los crímenes del franquismo- con el apoyo clientelar de quienes quieren hacer posible lo imposible: la compatibilidad contra natura de franquismo y democracia.

El Gobierno del Sr. Sánchez, que pretende engañar una vez más a las víctimas del franquismo con una nueva Ley de Memoria -otra ley de punto final, de más y peor impunidad-, anunció que tomaría medidas para evitar que se perpetué el monumento al crimen del conjunto oficial del Valle de los Caídos. El vendedor de humo de la Moncloa no solo ha mantenido el monumento franquista, sino que ha entregado la exhumación de víctimas del franquismo a las asociaciones franquistas que lo ocupan financiadas por dineros públicos, y ello después de años de incumplimiento de sentencias judiciales que mandatan la entrega de los restos de asesinados secuestrados a sus familiares. Eso sí, el recinto religioso sigue regentado por la orden de los benedictinos, y el altar mayor está presidido por la sepultura de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. Como se ve, estamos ante toda una política “democrática” del gobierno acerca de la Memoria Histórica.

El olvido de ayer se convierte en el intento de engaño de hoy sobre todos los terrenos: desde el Centro de la Memoria de Álava a la financiación de los Franco por haber ocupado Meirás, pasando por la libertad de expresión que permite la legalidad del franquismo establecida por consenso. Y a todo este despropósito “lo llaman democracia, pero no lo es”. Todo lo que sucede no es sino la descomposición del sistema político del franquismo coronado.

El “juan carlismo” de ayer se quiere ocultar tras el “felipismo” real de hoy. Se trata de evitar por las instituciones la verdad del pasado dictatorial del régimen, estableciendo la más absoluta impunidad de los crímenes contra la humanidad cometidos a lo largo de todo este periodo histórico.

Desde el punto de vista democrático, se ha establecido una servidumbre de Estado para preservar todo lo esencial de la dictadura, con cambios de forma y denominación, que preservan el fondo del poder político y económico oligárquico. Y esa servidumbre, en el terreno de la Memoria, se llama impunidad por consenso. De la misma manera, en beneficio de las familias franquistas dueñas de las grandes empresas eléctricas, la población paga con el peaje la electricidad más cara que se puede pagar, si se comparan la cuantía de los salarios y pensiones con el precio del kilovatio.

El control del poder político e institucional es inexistente en todos los aspectos. Al Jefe del Estado se le subvenciona ampliamente por los Presupuestos, no solo en lo referente a la partida destinada a la Casa Real, sino con el pago de sus extensísimos gastos por otros ministerios; y además se le permite todo tipo de negocios, sin ningún tipo de control democrático, ni político, ni fiscal, ni judicial. El Presidente del gobierno se constituye, por su parte, como jefe absoluto del gobierno y de su propio partido, manipulando la actividad legislativa y judicial, en constante enfrentamiento con otros poderes residuales que se niegan reiteradamente a dar paso a otros representantes.

Y, a todo esto, hay que añadir que la democracia que queremos no es la escenificación de ninguna farsa oficial, sino la simple libertad soberana de los pueblos y de los trabajadores para gobernarse a sí mismos, sin reyes, ni tribunos; sin mafias que les impidan el consumo de un bien tan elemental en nuestros días como el de la energía eléctrica. Los privilegios oligárquicos de las familias franquistas, de los Felipe González y de los José María Aznar -consejeros de las eléctricas- son los que prohíben el disfrute colectivo de algo tan básico y elemental como la electricidad.


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