El futuro de la prostitución en España, punto de fricción del feminismo

El anteproyecto de ley de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre si es necesario abolir la prostitución, una actividad que en España es alegal, es decir, no está prohibida, pero tampoco regulada como actividad económica.

La futura ley implicaría la inclusión en el Código Penal de la llamada “tercería locativa”, figura legal que permitiría castigar con penas de prisión a los propietarios de los locales que se lucran con la prostitución.

En la discusión sobre si legalizar o prohibir la prostitución, hay varias corrientes dentro del movimiento feminista: abolicionista, prohibicionista, reglamentarista y legalista. Existe una nueva postura alternativa más centrada en la “regulación hacia la abolición” que procura superar las fricciones entre abolicionistas y regulacionistas. Esta regulación hacia la abolición prevé fortalecer la posición de las mujeres frente a la violencia u opresión a través de un cambio estructural más profundo que el legislativo y que debería afectar a esferas sociales, económicas y jurídicas.

Donde existe unanimidad en todas las corrientes es en rechazar la trata de personas con fines de explotación sexual. Por ello, varios colectivos insisten en diferenciar entre prostitución voluntaria, que es donde reside el debate, y prostitución forzada, que es aquella en la que la persona es víctima de coacción, engaño, violencia o régimen de esclavitud y que está tipificada como delito en el artículo 177 bis del Código Penal.

¿Qué ocurre en Europa?

Las posiciones de los países europeos sobre el ejercicio de la prostitución o el trabajo sexual entendido de manera voluntaria son variadas y se asemejan a las diferentes corrientes dentro del feminismo.

El modelo abolicionista entiende la prostitución como una forma de violencia de género y de esclavitud y ve a la prostituta como una víctima del hombre que ejerce su dominación sobre ella. Penaliza tanto a clientes como a proxenetas, mientras que las mujeres reciben ayudas por parte del Estado para su reinserción social y laboral. Es el modelo que siguen Francia, Suecia y Noruega. A largo plazo, las abolicionistas aspiran a acabar con las estructuras y con el modelo social y económico que da lugar a la prostitución.

Se da la circunstancia de que la postura abolicionista de Francia, por ejemplo, ha hecho aumentar la afluencia de hombres franceses en los macroburdeles de la vecina población de La Jonquera (Girona), antes del cierre por el coronavirus, siendo el Paradise uno de los más célebres, con 3.000 metros cuadrados en los que hay 80 habitaciones, restaurante, bar, gimnasio y peluquería. La carretera N-II alberga varios prostíbulos más, con mayoría de clientes franceses, que también acuden a pisos y pensiones de Figueres y Empuriabrava, o son clientes de las mujeres que están a pie de carretera.

Otra corriente es la prohibicionista, que afirma que la prostitución es un delito y veta todo tipo de oferta sexual remunerada. Tradicionalmente, Irlanda ha sido ejemplo de este modelo, más punitivo y sancionador, si bien desde 2017 ya no multa a las prostitutas, mientras que sí sigue sancionando tanto a proxenetas como a clientes. Otros países en los que la prostitución es ilegal, pero en los que el cliente no es sancionado, son Rusia, Ucrania, Rumanía y Bielorrusia.

Por otro lado, de acuerdo con la corriente reglamentarista, la prostitución es un “mal inevitable”, una actividad que no va a dejar de existir y, por lo tanto, el Estado debe optar por regularla en materia de salud, seguridad y convivencia. Para ello, las dos herramientas principales son la policial, con el objetivo de mantener el orden público, y la sanitaria, con el fin de prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Dentro del reglamentarismo, hay países que permiten los burdeles, como Alemania, Suiza, Austria y Grecia, y otros en los que estos establecimientos son ilegales pero la prostitución que, en teoría, se ejerce de forma autónoma es legal, como Hungría y Letonia.

El modelo legalista, laboral o regulacionista se diferencia del anterior en que considera que la prostitución es un trabajo más, por lo que las personas que se prostituyen tienen los mismos derechos y obligaciones que en cualquier otro empleo. Así, deben pagar impuestos y también tienen derecho a estar de baja y a obtener prestaciones por desempleo. Es el caso de los Países Bajos, donde la concesión de licencias corresponde a los municipios.

En otro grupo se encuentran los países en los que, como España, la prostitución se encuentra en situación de alegalidad y no está regulada, que es lo que ocurre también en Italia, Portugal o Gran Bretaña.

Cambios en España

El Código Penal sostiene en el artículo 194 que puede decretarse la clausura temporal o definitiva de los lugares en los que se ejerce la prostitución. Si prosperase el anteproyecto de ley de Libertad Sexual, el responsable del local podría ser castigado con entre uno y tres años de cárcel y con una multa de seis a dieciocho meses.

Se trata de una reivindicación que cuenta con el apoyo del sector abolicionista, pero que ha cosechado detractores, como demuestra el manifiesto “Escuchar para legislar” del colectivo Feministas por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. El manifiesto reclama retirar la penalización de la “tercería locativa”, una figura que se eliminó del Código Penal en 1995, porque estima que “abre la puerta a criminalizar a las mujeres que alquilan y/o comparten inmuebles con compañeras” y “se dificulta el acceso a la vivienda de las trabajadoras sexuales, especialmente a quienes viven en el lugar de trabajo, por el temor de las personas propietarias a ser acusadas de proxenetas”.

Luchar contra todas las violencias machistas

Fuentes del Ministerio de Igualdad indican que “esta ley responde al grito feminista de “Solo sí es sí” y a la necesidad de luchar contra todas las violencias machistas, para que no haya víctimas de primera y de segunda”. Sobre los dos artículos polémicos, destacan que tienen como objetivo “perseguir a quien se lucra de la explotación y trata de mujeres, sin dejar atrás a ninguna mujer”.

“La explotación sexual y la trata de mujeres con fines de explotación sexual se considerará violencia machista, cumpliendo con los estándares internacionales. En la futura ley, el foco se pone en el proxeneta y la industria proxeneta que se lucra con la explotación de mujeres. Para ello, es clave perseguir una industria que factura cinco millones de euros en negro al día”, añaden.

En paralelo, el Ministerio de Igualdad colabora con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para abrir una nueva línea en las políticas de empleo y de inserción social a las víctimas: “No vamos a acabar con la prostitución y con la explotación sexual si no somos capaces de garantizar alternativas económicas, laborales y habitacionales para estas mujeres”.

Si bien tanto la ministra de Igualdad, Irene Montero, como la vicepresidenta primera del Gobierno español, Carmen Calvo, se han declarado abolicionistas y apuestan por poner el foco en perseguir a los hombres que pagan por obtener servicios sexuales, el texto desató tensiones entre Unidas Podemos y PSOE.

No obstante, desde el grupo parlamentario socialista, la diputada Laura Berja valora el “gran trabajo que está haciendo el Gobierno” con la nueva norma y destaca el compromiso de “acabar con todas las formas de proxenetismo en España”. “Incorporar la figura de la tercería locativa en el Código Penal es una reforma necesaria en el camino de la erradicación de la explotación sexual”, añade.

Berja subraya que “sin prostitución, no hay trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. La abolición de la prostitución es la postura del PSOE ante esta cuestión”. En este sentido, remarca que la prostitución oprime a las mujeres, que son las víctimas de “un sistema que legitima la comercialización y explotación de los cuerpos de las mujeres”.

Sectores de Unidas Podemos abogan por una regulación de la prostitución ejercida de forma voluntaria, y organizaciones como el autodenominado sindicato Otras reclaman sus derechos como trabajadoras del sexo. Sí hay unanimidad tanto en los partidos políticos como en las organizaciones en perseguir y castigar a las mafias, así como en proteger a las víctimas de trata que son explotadas sexualmente, algo que ya está regulado legalmente y que no es objeto de debate.

El sindicato Otras

La organización de trabajadoras sexuales Otras nació como sindicato en 2018, pero sus estatutos fueron declarados nulos por decisión de la Audiencia Nacional (AN) porque consideraba que la prostitución no es un trabajo y, por tanto, no pueden regularse sus condiciones laborales. Sin embargo, en junio de 2021 una sentencia del Tribunal Supremo (TS) ha corregido a la AN y ha reconocido el derecho de las prostitutas que ejercen por cuenta propia a formar un sindicato.

Tras conocer la decisión del Supremo, el sindicato Otras destaca que “el ámbito funcional de los estatutos” de su organización “es conforme a derecho” y que “si se considera que la prostitución por cuenta propia sí es legal en nuestro ordenamiento, el sindicato Otras puede dar cabida a estas personas”.

Núria González es abogada laboralista y presidenta de la asociación L’Escola AC, que en 2018 llevó a juicio al Ministerio de Trabajo por aprobar el sindicato Otras. De la sentencia del TS, asegura que lo más “interesante” es que “dentro del ámbito funcional de los Estatutos no tienen cabida las relaciones laborales que tengan por objeto la prostitución por cuenta ajena, hecho aceptado por la recurrente que reconoce que no existe relación laboral válida en tales casos”.

Según González, esto significa que el recurso presentado por Otras ante el Supremo reconoce que “no existe el trabajo sexual”, sino el “derecho individual de cada persona a sindicarse”, por lo que lo que reconoce el tribunal sólo es el derecho de las integrantes de Otras a sindicarse.

“Los puteros son el alma del problema”

En el debate sobre la prostitución, como abolicionista convencida, González apuesta por poner el foco en “la recuperación de las mujeres y en la criminalización de los proxenetas y los puteros, que son el alma del problema”, a la vez que rechaza regular la prostitución por considerarla “una violación de los derechos humanos de las mujeres”. Subraya que “en España la prostitución es una institución” y “una actividad social completamente aceptada”, para lo que pone como ejemplo cómo acaban algunas despedidas de soltero o cenas de empresa.

Para González, que también es miembro de Catalunya Abolicionista Plataforma Feminista, “si queremos que un Estado sea abolicionista, hay que poner dinero encima de la mesa para hacer programas de recuperación de las mujeres y hay que pensar los programas de formación y empleo para que puedan acceder a ellos. Lo que no puede ser es que las administraciones públicas permitan que haya burdeles, prostitución y turismo sexual”.

Como ejemplo de políticas proactivas, González destaca la iniciativa del Ayuntamiento de Gavà (Barcelona), que en 2017 empezó a sancionar a los hombres que paraban en la C-32 para intentar acceder a las mujeres que ofrecían sus servicios a pie de carretera. El consistorio les enviaba las multas a casa, consiguiendo reducir notablemente la prostitución en la zona: “Fue absolutamente eficaz”.

González remarca en su estudio La prostitución ocasional en la crisis económica y social generada por la emergencia sanitaria de la covid-19 que con la pandemia ha aflorado la práctica ocasional de la prostitución debido al contexto económico de aumento de mujeres en paro, en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o que se han quedado sin ingresos. “Ser mujer y ser pobre, aunque no sea una situación de pobreza estructural, son los principales factores que empujan a una mujer a ser prostituida”, explica.

El mismo informe destaca que la sociedad patriarcal empuja a que “si la mujer no tiene nada que vender, siempre puede venderse a sí misma”, por lo que “la prostitución se encuentra en el centro mismo del sistema patriarcal”. “En España, casi el 40% de los hombres reconoce haber prostituido mujeres alguna vez”, sentencia.
Según datos de la asociación Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, la prostitución es una cuestión de género porque un 97% de las personas que la ejercen son mujeres. En cuanto a la demanda, el 99% son hombres.

Trabajadoras sexuales, un nombre reivindicativo

Desde el punto de vista de las entidades “pro-derechos” de las trabajadoras del sexo, es primordial diferenciar entre prostitución voluntaria y obligada (trata), tal y como recogen diversos textos oficiales, como la declaración de Viena de 1993, en la cual la ONU defiende como violencia contra la mujer “la violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada”.

Asociaciones como el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) piden que la prostitución se reconozca como actividad económica legítima. Usar la terminología de “trabajadora sexual” es, más allá del nombre, “una reivindicación a favor del reconocimiento de la prostitución como una actividad laboral”, explica el coordinador de CATS, Nacho Pardo. “En la sociedad capitalista en la que vivimos es la única forma en la que una persona puede optar a derechos laborales y a derechos básicos de ciudadanía”.

Desde la visión no abolicionista, no reconocer el trabajo sexual conlleva a la exclusión de quienes lo ejercen y les aboca a las ayudas sociales y de emergencia, como una acción de caridad, excluyendo sus derechos. Critican que, a la hora de legislar sobre el sector, tanto a nivel estatal como local, se tienda a “infantilizar” a las prostitutas y a no contar con ellas, como si no tuvieran una opinión formada y autónoma.

El hecho de que el trabajo sexual sea alegal en España tiene un factor positivo para las mujeres que consideran que, por lo menos, ahora no hacen nada prohibido ni van a prisión. “Muchas trabajadoras piensan que este limbo de la alegalidad está bien, porque es mejor estar así que estar peor. La cara oculta de la moneda es que rija la ley de la selva y que quienes pongan las normas sean los dueños y dueñas de lugares de alterne y pisos en los que trabajan las mujeres”, aclara Pardo.