Proyecto Faq Los acontecimientos del norte de África. Once años de rechazo a la naturalización del franquismo

viernes, 21 de mayo de 2021

Los acontecimientos del norte de África. Once años de rechazo a la naturalización del franquismo

Los acontecimientos del norte de África. Once años de rechazo a la naturalización del franquismo

Los acontecimientos del norte de África

11 años de rechazo a la naturalización del franquismo

El Presidente de la República Árabe Saharaui y representante del Frente Polisario, Brahmín Gali, parece ser el origen del conflicto abierto en las plazas coloniales de Ceuta y Melilla. El dirigente saharaui entró en España hace unas semanas en avión medicalizado con pasaporte diplomático argelino, para ser atendido hospitalariamente en Logroño por estar afectado de coronavirus. Las autoridades españolas, al conocerse por los medios la noticia, no tardaron en justifica su presencia en España por “razones humanitarias”, como si no tuvieran nada que ver con el conflicto que desde hace décadas enfrenta al pueblo saharaui con la monarquía marroquí. Conflicto enquistado, que se desarrolla con la complicidad del Estado español y que, siendo la potencia descolonizadora de dichos territorios -designado a tal fin por Naciones Unidas-, ha venido incumpliendo sus compromisos. Favoreciendo así los acuerdos de venta del Sáhara entre la monarquía española y la marroquí, permitiendo la ocupación militar por Marruecos del Sáhara Occidental y su explotación pesquera y minera; mientras que los tribunales internacionales han sentenciado que dichos bienes naturales no pueden ser saqueados por las multinacionales mineras y pesqueras instaladas a tal fin en la zona, pisoteando la soberanía saharaui.

Un factor clave de este conflicto fue el reconocimiento, hecho público por el expresidente Trump semanas antes de su derrota electoral, de una supuesta soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Trump otorgaba un derecho inexistente a su aliado político y militar, elegido y armado para que actúe como gendarme para el control del norte de África. Decisión contraria a la doctrina de Naciones Unidas y al derecho internacional y un reconocimiento que, en ningún caso, ha sido desmentida por el nuevo gobierno norteamericano del partido demócrata.

Por ello, la policía marroquí procedió hace unos días a la apertura de la frontera en Ceuta, animando al paso de miles de jóvenes y familias enteras a entrar en dicha ciudad. Unos ocho mil en total, que no tardaron en cruzar la frontera a la búsqueda de un futuro digno en Europa, futuro que el régimen marroquí les niega. La embajadora marroquí en Madrid no dudó en establecer las causas de la ruptura de la colaboración policial de España y Marruecos contra el libre tránsito de personas, afirmando “hay actos que tienen consecuencias”, haciendo alusión a la acogida del representante saharaui en España. El mismo día que miles de personas alcanzaban la ciudad de Ceuta desde la playa del Tarajal -famosa por la muerte provocada, hace unos años, de más de una decena de africanos que pretendían llegar a Europa-, el Gobierno español aprobaba una partida de 30 millones de euros destinados a subvencionar al Gobierno marroquí por su colaboración policial en las fronteras; cantidad que se suma a otras entregadas con anterioridad y que en los últimos meses alcanza 90 millones de euros.

Una buena parte de los marroquíes menores de edad permanecen aún vigilados en naves industriales de la zona del Tarajal, y el resto han sido “expulsados en caliente” sin atender sus derechos de asilo y refugio. Fuerzas legionarias de unidades del ejército español ocuparon el martes 18 de mayo zonas fronterizas ante el desbordamiento de la policía y de la Guardia Civil. Diversas manifestaciones tenían lugar en Ceuta, mientras que migrantes africanos cruzaban la valla para solicitar asilo a las autoridades españolas.

Todo ello pone de manifiesto la situación de inseguridad de las fronteras coloniales españolas en África, que son también fronteras de la Unión Europea. Y sobre todo, pone de relieve la necesidad de búsqueda de soluciones democráticas acordes con el derecho internacional, basadas en el respeto al derecho de los pueblos a decidir.

Lo sucedido no es sólo y simplemente un problema de “orden público”, como el Gobierno español trata de establecer, anunciando que se va a “reforzar aún más los medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” en estas ciudades coloniales. Se trata de problemas políticos y sociales que hay que resolver de forma democrática, dando solución al mandato descolonizador del Sáhara, acordando con Marruecos la soberanía y el desarrollo social de Ceuta y Melilla. De lo contrario, de nada vale la supuesta solidaridad con España de la Unión Europea, apostando porque todo siga igual o peor. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se repite en formulas ya fracasadas: “la cooperación, la confianza y los compromisos compartidos deben ser los principios de una relación fuerte entre la Unión Europea y Marruecos”. Lo cual no significa sino más y peor de lo mismo. De una vez, hay que encarar los problemas de la miseria, la migración y la descolonización.

El pasado día 8 de mayo, se ha celebrado en Madrid un homenaje oficial del Estado español al exilio español, institucionalizando esa fecha, a partir de ahora, como el día de los Exiliados Republicanos Españoles, asociado a la victoria sobre el fascismo mundial. El acto que se celebró bajo las banderas monárquicas, con prohibición expresa de la simbología republicana y democrática, tanto del exilio español como de la resistencia al franquismo, y ello hasta nuestros días.

Se trata de la aplicación anticipada del contenido del anteproyecto de ley de la “Memoria Democrática”, elaborado por el Gobierno de Sánchez, por el que se pretende una nueva legalización del franquismo, o como se dice ahora, la normalización sine die de sus leyes, sentencias y crímenes…, negando la verdad, la justicia y la reparación a los millones de víctimas, cerrando así la puerta a la democracia y a la justicia.

Representantes del exilio español, como Véronique Salou Olivares (presidenta de la Asociación de 24 de Agosto 1944”, fecha de la liberación de París del régimen nazi), en su comunicación pública han puesto el dedo en la llaga diciendo “Franco, antes de morir, impone una transición monárquica, con los mismos colores y toda la clase política acepta. Así, las elecciones, que transformarán a España en una “democracia monárquica”, no permitirán presentarse a los partidos republicanos. ¡Vaya paradoja! Y, como consecuencia, la bandera de la República será prohibida. Esta batalla no ha terminado mientras dure la “transición” de 1978 que asegura la monarquía y la impunidad de los verdugos. Esta batalla por la bandera de la República es la continuidad de las batallas contra el franquismo”. Esta comunicación, que recoge parte de la intervención realizada por Véronique Salou el 8 de mayo, se hizo ante representantes del Gobierno monárquico español, como la primera vicepresidenta, Carmen Calvo.

Las falsas soluciones a los problemas reales, como se propone llevar a cabo el Gobierno español con la situación del norte de África -incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental, financiando a los sátrapas y dando la espalda a los derechos de los pueblos-, tiene mucho que ver con el intento de volver a imponer los criterios de la legalidad del franquismo mediante una nueva ley de punto final. Son los criterios que ya fueron establecidos por el Consejo de Estado en la Ley Zapatero y por la doctrina de la sentencia contra Garzón del Tribunal Supremo, que establece los parámetros de la impunidad española.

Frente a las falsas soluciones que pisotean la democracia y la justicia, seguimos reclamado el respeto al derecho internacional y los mismos derechos reconocidos a otras víctimas, como es el caso de las víctimas del terrorismo. Los exiliados, hijos y nietos del exilio español, los resistentes en España al franquismo y a su monarquía, tenemos en lo fundamental los mismos intereses y aspiraciones políticas, que en esta coyuntura, creada por el intento de imponer una nueva ley de impunidad, se expresa en la aspiración a que sean derogadas las leyes que imponen la legalidad del franquismo a los trabajadores y pueblos; y en particular las leyes de Amnistía y de la Memoria Histórica, que conculcan el derecho a la defensa y la justicia.

LA PLATAFORMA CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO celebra en el día de hoy once años de movilizaciones levantando la bandera de la democracia y la justicia frente a todo intento de naturalizar el franquismo.


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