En septiembre del año 2020, el Gobierno inició el proceso de tramitación del Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que ocho meses después todavía está pendiente de la aprobación definitiva necesaria en el Consejo de Ministros para iniciar el proceso parlamentario.

La sociedad en su conjunto, las personas y sus familiares que sufrieron graves violaciones de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo llevan más de 40 años esperando el reconocimiento de su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El reconocimiento pleno de este derecho es una cuestión indiscutible en parámetros democráticos.

Por tanto, no se deben consentir más demoras. El Gobierno manifestó en reiteradas ocasiones la importancia y urgencia de la tramitación de esta Ley para poner fin a décadas marcadas por el silencio y por los sistemáticos obstáculos ante iniciativas dirigidas a poner fin a las políticas que conforman un sistema de impunidad. Sin embargo, a día de hoy, no se ha cumplido el compromiso. Pedimos al Consejo General del Poder Judicial que emita su informe prontamente, para dar lugar cuanto antes al debate parlamentario que esta ley necesita para continuar su tramitación.  

Lejos de avanzar, el retraso en la tramitación de esta Ley, así como en la de otras relacionadas con la memoria histórica y democrática, como son la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, la Proposición de Ley sobre bebés robados y la Proposición de Ley presentada en el Senado al objeto de introducir en nuestro Código Penal el principio de legalidad conforme al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, sigue dejando al margen a las víctimas y sus familiares.

La Ley de Memoria Democrática constituye una oportunidad para avanzar en el reconocimiento a la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los crímenes franquistas y es urgente su tramitación con un enfoque basado en Derechos Humanos.

El Anteproyecto contiene medidas positivas, entre otras, la atribución de un papel activo del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas y exhumación de fosas, la creación de una Fiscalía especializada y la nulidad de sentencias injustas dictadas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Sin embargo, presenta importantes áreas de mejora en las que se debería incidir durante la tramitación parlamentaria, especialmente en lo que se refiere al acceso a la justicia para las víctimas. Precisamente por esto resulta tan importante que el trámite parlamentario pueda iniciarse cuanto antes, para que puedan introducirse modificaciones que alineen el texto con los estándares internacionales, muy particularmente:

1.- VERDAD: Naciones Unidas ha instado en distintas ocasiones a España a considerar la creación de un mecanismo independiente (como podría ser una comisión de la verdad), que permita esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, sin sustituir el derecho de las víctimas a obtener justicia.

Sin embargo, el Anteproyecto de Ley vincula el derecho a la verdad al hecho de "fomentar el conocimiento científico imprescindible para el desarrollo de la memoria democrática”, y no lo relaciona expresamente con la promoción de la verdad colectiva.

2.- JUSTICIA: el Estado español debe eliminar los obstáculos a la investigación de los crímenes de derecho internacional cometidos en España durante la Guerra Civil y el franquismo. El Anteproyecto no aborda ni uno solo de los obstáculos que siguen haciendo que en España se niegue sistemáticamente el derecho a la justicia de las víctimas de estos graves crímenes.

3.- REPARACIÓN: sin investigación judicial ni una política de promoción de la verdad oficial, también se impide la reparación del estigma padecido por las víctimas y sus familias en la sociedad. Además, el Anteproyecto establece un derecho a la reparación parcial, al excluir expresamente la indemnización y toda forma de responsabilidad patrimonial respecto de aquellas personas a las que se les incautó su patrimonio, realizaron trabajos forzados o sufrieron condenas injustas.

No es posible avanzar como sociedad, mientras los crímenes contra la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo permanezcan impunes. Esta Ley es el primer paso para conseguirla.