¿Cuánto dinero tienen Letizia Ortiz y Felipe VI en el banco?: Nunca lo sabrás

Los miembros de la Familia Real no están obligados a publicar su patrimonio, algo que sí hacen los cargos públicos elegidos democráticamente. Tanto el Gobierno como La Zarzuela mantienen ese asunto al margen de la Ley de Transparencia.

¿Cuánto dinero tienen Letizia Ortiz y Felipe VI en el banco?: Nunca lo sabrás / Danilo Albin

La opacidad de la Casa Real llega a las cuentas bancarias de sus máximos representantes. A diferencia de lo que ocurre con los cargos públicos elegidos por la ciudadanía en las urnas, los reyes de España no están obligados a dar a conocer su patrimonio. La Ley de Transparencia, creada para ofrecer claridad a la ciudadanía sobre las instituciones del Estado, vuelve a mostrarse absolutamente impotente cuando se trata de asuntos que afectan a la monarquía.

En una resolución emitida el pasado 7 de abril y publicada la pasada semana, el Consejo de Transparencia da a conocer el enésimo intento fallido de obtener información sobre aspectos vinculados a la monarquía. En esta ocasión, la solicitud desechada hacía referencia a los bienes de Felipe VI y Letizia Ortiz, incluyendo concretamente el "saldo en cuentas bancarias, valor liquidativo de otros productos financieros (fondo de inversión, acciones, bonos...), vehículos y embarcaciones y saldo pendiente de amortizar en los préstamos que eventualmente hubieran podido pedir" los monarcas.

"Se trata de la misma información que están obligados a ofrecer los parlamentarios en España en sus declaraciones de bienes y rentas, por lo que no concurre límite de acceso alguno", argumentaba la persona solicitante, cuyos datos –al igual que en todos los expedientes publicados por Transparencia– aparecen anonimizados.

En efecto, el Congreso ofrece a través de su página web la "Declaración de Bienes y rentas, la Declaración de Actividades y la Declaración de Intereses Económicos de cada Diputado o Diputada". Asimismo, el Gobierno publica desde 2018 los "bienes de los altos cargos nombrados o cesados el año anterior".

Sin embargo, en el caso de la monarquía no hay ni un solo dato al respecto. En el caso de la petición de información formulada a través del Portal de Transparencia, la Secretaría General de Presidencia –encargada por ley de responder las solicitudes que afectan a Casa Real– optó directamente por el silencio administrativo, una de las formas contempladas para rechazar las consultas ciudadanas.

La persona solicitante presentó un recurso para tratar de obtener una respuesta, tras lo cual llegó el no definitivo: la Secretaría de Presidencia contestó que "dicha cuestión no se encuentra comprendida dentro del ámbito subjetivo ni objetivo de aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno". En otras palabras, las cuentas bancarias del rey Felipe VI y la reina Letizia quedan al margen de la política oficial de transparencia.

La "hoja de ruta" del Gobierno

Las habituales respuestas negativas del Gobierno a la hora de atender peticiones de información que afectan a la Casa Real contrastan con otro asunto de actualidad: el presidente Pedro Sánchez aseguró en diciembre pasado que trabajaría junto a La Zarzuela para dotar a la monarquía de mayores índices de "ejemplaridad" y transparencia. Aquel anuncio estaba enmarcado en los escándalos del rey emérito, quien lleva desde agosto pasado en Emiratos Árabes Unidos.

Sánchez dijo entonces que había una "hoja de ruta" para avanzar hacia la transparencia en La Zarzuela, pero aún no se conoce cuál será el camino: el pasado 12 de abril –cinco días después de rechazar la petición de información sobre las cuentas bancarias de los reyes–, el Gobierno evitó responder a las preguntas que le había formulado por escrito el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu.

En la respuesta remitida al Congreso, el Ejecutivo se limitó a señalar que "se está trabajando para que 42 años después de la llegada de la democracia a nuestro país, la Corona se adecúe a estándares éticos más exigentes", lo cual "supone dotar a la institución de mayores niveles de transparencia, una modernización en su funcionamiento y el establecimiento de medidas de rendición de cuentas". Aún no se sabe si el secretismo en torno al patrimonio de los reyes tocará entonces fin.


Fuente →  publico.es

banner distribuidora