Cuando la supuesta izquierda hace la política de la derecha, siempre ganan los franquistas

Partidos oficiales, partidos sin memoria

La mayoría establecida por Ayuso, por el PP y VOX, solo se puede entender política y socialmente desde la comprensión de la naturaleza de las políticas de la izquierda oficial del régimen. El trumpismo castizo y madrileñista -barnizado del franquismo de fondo- ha encontrado todas las facilidades para atentar contra los derechos sociales y democráticos, acumulando graves responsabilidades en la agudización de la pandemia, que ha cosechado en Madrid el desgraciado récord de ser la población más afectada por contagios y muertes, por falta de asistencia y/o de recursos sanitarios. No ha ganado por sus acciones políticas, sino por la ausencia de políticas sociales y democráticas de quienes han dicho ser sus opositores.

Los barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid se han encontrado sin el punto de apoyo político y organizativo necesario para oponerse exitosamente a los ataques institucionales establecidos desde la Comunidad de Madrid, quedando los trabajadores y jóvenes, las mujeres en particular, sometidos a los despidos masivos, a las colas del hambre, a los desahucios por falta de pago de hipotecas y alquileres, es decir, a la desigualdad y a la represión.

El “gobierno más progresista de la historia”, por su parte, ha mantenido las contrarreformas laborales del PSOE y del PP que prometía derogar desde su constitución, así como la Ley Mordaza, la contrarreforma de las pensiones, las políticas de impunidad… Y ahora se dispone a repartir 170.000 millones de los fondos europeos entre bancos y grandes empresas para tratar de amortiguar los efectos de la pandemia; cuando la pandemia ha perjudicado, sobre todo, a la vida y trabajo de millones de trabajadores y jóvenes; lo que equivale a poner la venda a quienes no están heridos, abandonando a la mayoría social con profundas heridas económicas y sociales a su negra suerte.

Con dichas políticas, la supuesta izquierda está realizando la política de la derecha, aplicando los dictados que surgen del mandato de las grandes empresas y bancos que dominan la burocracia de Bruselas. Y todo ello, en conformidad con la pesada herencia de la Monarquía franquista, que aliada con la izquierda impide que se haga justicia con sus abusos de poder y corruptelas millonarias.

No es nuevo: cuando la supuesta izquierda oficial hace la política de la derecha, de los banqueros y grandes capitalistas, siempre ganan los franquistas, empezando por el okupa de la Zarzuela. Ésta es la experiencia política acumulada a lo largo de muchos años, de los gobiernos de Felipe González, de Zapatero, y ahora de Pedro Sánchez.

El alcance político y social de los efectos de la mayoría del PP y Vox en las elecciones anticipadas de la Comunidad de Madrid -que tuvo su origen en los acuerdos establecidos entre los dirigentes del PSOE y Ciudadanos de promover una moción de censura en Murcia que apartase al PP- sobrepasa los límites de la política autonómica para poner en cuestión las relaciones políticas a escala estatal. El alcalde Madrid, Sr. Almeida, ha venido a definir claramente la posición del PP vencedor de las elecciones, metido en la charca de la corrupción y el saqueo de recursos públicos: “Seremos fascistas, pero sabemos gobernar”. ¡Toda una declaración de intenciones!

El 4 de mayo abre, sin duda, una nueva situación política, caracterizada por el hecho de que el principal partido de Gobierno es un PSOE hundido electoralmente, cuando no es otra cosa que un aparato electoralista, financiado por el Estado y la Banca, que sirve a los intereses de quienes le financian.

Los resultados de Más Madrid abren, sin embargo, una brecha de resistencia política, de una nueva representación que, para consolidarse necesitará de la colaboración de otros muchos sectores obreros y populares, los más perjudicados por la mayoría de los franquistas en Madrid. Se abre la posibilidad de nuevas expresiones políticas, independientes del Estado de la monarquía, que representen las aspiraciones mayoritarias.

El retroceso político de los que se reclaman como progresistas debilita la ya de por sí abandonada política de Memoria Histórica y Democrática, donde los partidos oficiales del régimen han desatendido, en la práctica, toda reivindicación de las víctimas del franquismo a la Verdad, la Justicia y la Reparación.

El informe del Consejo Fiscal sobre el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática presentado por el Gobierno de coalición define el concepto de “justicia restaurativa” como vía para investigar los crímenes del franquismo y garantizar a las víctimas a conocer la verdad y recuperar los restos de sus familiares, pero sin que se establezca el castigo a los culpables. Ha contado con la oposición de cinco fiscales de este órgano con un voto discrepante, argumentando que las normas establecidas por el derecho penal impiden dichas investigaciones, por lo que el anteproyecto del Gobierno viene a crear “falsas expectativas”.

La exhumación de fosas de víctimas del franquismo -que se vienen realizando en nuestro país- se están llevando a cabo de espaldas a la justicia. En el escenario de los crímenes cometidos no aparecen ni jueces ni fiscales, como si no se tratase de seres humanos, cuando aparecen sus restos con signos evidentes de muerte violenta y masiva, es decir: las exhumaciones se ejecutan en el más absoluto desamparo de los familiares de las víctimas. Naciones Unidas y otros organismos internacionales y de derechos humanos no han dejado en ningún momento de denunciar este grave atentado contra la legislación internacional humanitaria.

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que próximamente se discutirá en Cortes para su aprobación y/o rechazo, viene a implicar al Estado en los procesos de exhumación mediante la intervención de los fiscales en los mismos. El exmagistrado del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, ya denunció hace años que los jueces que no atendían los hallazgos de fosas de fusilados con signos de muerte violenta estaban prevaricando; es decir, estaban cometiendo delito al actuar injustamente, como funcionarios de la justicia y en relación a las funciones propias de su cargo, conscientemente o por ignorancia inexcusable.

Los cinco miembros de la Asociación de Fiscales que se oponen ahora a dicho anteproyecto, hacen un voto contario al texto, considerando “absolutamente innecesaria” la creación de una fiscalía de sala especializada en Memoria Histórica, y critican abiertamente la “ambigüedad del anteproyecto”, que viene a crear “falsas expectativas a los familiares”. Para establecer su posición, no pueden dejar de considerar la doctrina oficial sobre el asunto establecida por el Tribunal Supremo a raíz de la causa instada contra el juez Garzón, que establece claramente la imposibilidad de investigaciones penales sobre los crímenes del franquismo; y ello por la extinción de responsabilidades penales que, según dicha doctrina del Tribunal Supremo, han prescrito por efecto de la Ley de Amnistía de 1977.

Desde hace veinte años los organismos internacionales de derechos humanos han venido insistiendo en la necesidad de establecer la nulidad de La ley de Amnistía de 1977, ya que dicha ley -aprobada por consenso entre la izquierda oficial y los herederos del franquismo- impide investigar los crímenes del franquismo, prohibiendo la justicia y la reparación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura y el régimen de la monarquía, que prolonga sus leyes y sentencias hasta nuestros días con la más absoluta impunidad.