El Consejo de Ministros aprobó este martes, a instancias de la vicepresidenta Carmen Calvo, una subvención de 665.000 euros para acometer los trabajos de exhumación e identificación de los restos de cincuenta y cinco personas enterradas en el Valle de los Caídos contra la voluntad de sus familias. El dinero se entregará formalmente a la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para que lo destine a esas labores, aunque en el real decreto aprobado, y publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado, consta que los trabajos serán dirigidos y coordinados por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

La noticia, lejos de contentar, ha provocado "estupor" entre las familias afectadas, según ha podido comprobar Público. No entienden que se designe a la Fundación de la Santa Cruz como destinataria del dinero para acometer las exhumaciones cuando dicha fundación está llamada a desaparecer en la Ley de Memoria Democrática que se está tramitando, por "resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales", como también podría decirse de otras fundaciones franquistas que perviven en la actualidad. La mencionada fundación, creada en 1957 por Franco, es la depositaria de todo el contenido y continente del conjunto monumental del valle de los Caídos por designación del dictador. La orden benedictina asentada en la abadía desde 1958 es la encargada de hacer cumplir los fines de la fundación; el primero de ellos: "rogar a Dios por las almas de los muertos
en la Cruzada Nacional", según consta en el Decreto Ley de 23 de agosto de 1957 que dio origen a su constitución y que no ha sido derogado.

"Es una burla hacia nosotros --clama Silvia Navarro, portavoz de la Asociación de Familiares para la Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos -- Pensábamos que iba a ser el Gobierno o Patrimonio Nacional quien se hiciera cargo de las exhumaciones. Llevamos mucho tiempo esperando y esta noticia nos produce desconfianza". Silvia Navarro representa a quince familias que reivindican la recuperación de los restos de diecisiete personas que fueron asesinadas y enterradas en cunetas y fosas comunes por el bando sublevado. "He llamado a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para pedir información, porque nos hemos enterado por la prensa, y me dicen que era la única manera que tenían de hacerlo por la forma jurídica del Valle de los Caídos", explica Navarro, que también desvela que respecto a la fecha de inicio de los trabajos le han comentado que "no depende del Gobierno".

En las criptas del Valle de los Caídos hay algo más de 33.000 personas enterradas procedentes de los dos bandos de la Guerra Civil, de las que en torno a 16.000 eran republicanos. Estos fueron sacados de fosas comunes de toda España y llevados sin informar a sus familias al Valle de Cuelgamuros a partir de 1959. Las criptas no son accesibles, puesto que fueron tapiadas, y permanecen cerradas desde el momento de las inhumaciones.

La situación jurídica del Valle de los Caídos y de la fundación que lo gestiona es compleja. En 1982 la fundación pasó a depender de Patrimonio Nacional, que a su vez se enmarca en el Ministerio de la Presidencia. Pero evitar un conflicto con la Santa Sede por la expulsión de los frailes benedictinos parece ser el objetivo del Gobierno. Así, mientras exista la Fundación de la Santa Cruz, los benedictinos seguirán gestionando el dinero público que reciben cada año de los Presupuestos Generales del Estado, en torno a 330.000 euros. Y ahora la citada fundación va a gestionar también el dinero de las exhumaciones.

Bonifacio Sánchez, portavoz de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), también valora como "una burla" tanto el dinero destinado por el Gobierno para las exhumaciones en Cuelgamuros, como el depositario de esos fondos. "Es irrisoria la cantidad, pero es que no debería plantearse la cuestión económica cuando de lo que se trata es de la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas. Los derechos humanos no se subvencionan", explica Sánchez, que considera que es "indignante" que esos fondos se entreguen a "una fundación que el propio Gobierno ha anunciado que quiera suspenderla. Y que además permite que se celebren misas, como la de hace poco, para homenajear la toma franquista de Madrid".

Para este experto en Memoria Histórica y víctima del expolio franquista, el Gobierno tenía otras vías: "Había podido hacerlo directamente el Estado, tiene medios y competencias para entrar en Cuelgamuros y exhumar; o a través de Patrimonio Nacional". Bonifacio Sánchez asegura que "no es justo el trato que se está dando a las víctimas, que no han sido informadas. Y, además, el decreto no dice nada de cómo se va a hacer esta labor de exhumación e identificación. ¿Se van a necesitar permisos del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial --municipio al que pertenece el Valle de los Caídos-- gobernado por el PP y Vox?", pregunta el portavoz de la ARMH.

"Dilación injustificada por parte del Gobierno"

Hace cinco años que un juez de esa localidad serrana de Madrid autorizó la exhumación en el Valle de los Caídos de los hermanos Lapeña, fusilados en 1936 en el Barranco de la Bartolina (Calatayud), una inmensa fosa común, y trasladados al Valle de los Caídos en 1959. ¿Qué ha pasado para que aún no se haya ejecutado esa sentencia pionera que logró el abogado Eduardo Ranz? Lo explica Miguel Ángel Capapé, yerno del hijo de uno de los hermanos. "Se han perdido cinco años. El Gobierno y Patrimonio Nacional nos han ido pidiendo informes que se han dilatado mucho. Desde que en febrero de 2019 estuvimos en el Valle, viendo los trabajos que estaban haciendo en los osarios, no sabemos nada más. Es inhumano porque las víctimas se están muriendo. Mi suegro, con 97 años, ya no está bien, no es consciente" cuenta Capapé, de la Asociación de Memoria Histórica Arico.

Miguel Ángel Capapé, junto con su pareja, Pura Lapeña, lleva doce años de batalla para posibilitar las exhumaciones en el Valle de los Caídos. Dice,respecto a la noticia de la subvención de 665.000 euros para la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que "no le encuentro explicación y suena mal. Nadie nos ha dicho nada desde el Gobierno; qué menos, ¿no? No sabemos plazos, ni hay fecha de inicio..."

La larga batalla de 50 familias

En la misma línea opina Silvia Navarro. Ella quiere recuperar los restos de su tío abuelo José Antonio Marco, fusilado en 1936 y trasladado en 1959 a Cuelgamuros. Navarro explica el proceso que ha seguido tanto ella como una cincuentena de familias, que son las que ahora podrían beneficiarse del paso dado por el Gobierno. "Los juzgados nos archivaban las demandas, el Tribunal de Estrasburgó tampoco nos apoyó. En 2016 el abogado Eduardo Ranz obtuvo un éxito al lograr la primera sentencia que autorizaba una exhumación en el Valle porque alegó el derecho a la sepultura digna, pero ese artículo civil se derogó y el resto de las familias no pudimos acogernos a esa vía. Pero con la sentencia de los hermanos Lapeña instamos a Patrimonio Nacional a que nos reconociera nuestro derecho a recuperar a nuestros seres queridos".

Hace aproximadamente tres meses, Patrimonio Nacional empezó a notificar a esas familias que, en efecto, tienen derecho a que se exhumen a sus antepasados de Cuelgamuros. "Y nos ha hecho llegar los certificados con los permisos administrativos. Habrá 55 o 56, que son las familias que esperan la exhumación. Pero no obtenemos respuesta sobre la fecha en la que van a proceder. Es un maltrato".

Silvia Navarro cuenta que entre las personas que forman parte de su asociación "sólo quedan siete personas que son hijos de los fusilados y llevados a Cuelgamuros, y tienen entre 87 y 97 años. Se están muriendo sin ver cumplido su sueño de enterrar dignamente a sus padres".