A 90 años de la II República española

El cambio de sistema realzó el protagonismo de la inteligencia pequeño-burguesa y de la clase obrera organizada, en detrimento de quienes habían detentado el poder hasta entonces, los cuales no quisieron o no supieron emprender las transformaciones que precisaba nuestro país. Entre ellas, las referidas a la descentralización del Estado, la cuestión agraria, la reforma religiosa y educativa o bien la militar, centrada esta última en la modernización de su enseñanza y en la reducción de sus mandos. Eso fue lo que, en definitiva, intentarían más tarde, entre 1931 y 1933, los gobiernos republicanos durante el bienio reformista, con mayor o menor acierto dada la coyuntura económica generada por la crisis del 29 y por el aumento de población producido cuando se cortó bruscamente el éxodo hacia el exterior. No cabe duda de que se intentaron abordar muchos de los problemas sociales y económicos que padecía la sociedad española. Del Pacto de San Sebastián de 1930, que proclamó la República como única salida posible al atolladero político existente, emergería un proyecto que sustentó al Gobierno Provisional presidido por Alcalá Zamora, garante de la burguesía conservadora ostentadora de la autoridad y que, como meta más cercana, se centró en el sostenimiento del orden público y en la convocatoria de Cortes Constituyentes. No olvidemos tampoco que el último consejo de ministros de la monarquía se celebró en la misma tarde del 14 de abril. Solo De la Cierva, en el Palacio de Oriente, se negaría a que Alfonso XIII renunciara a su potestad. La tentativa resultó inútil, ya que el Rey voluntariamente suspendía el ejercicio de sus poderes para evitar una crisis violenta, y emprendía su desplazamiento hacia Cartagena camino de Marsella; mientras, don Niceto, a las 9 de la noche, y desde el despacho del ministro de la Gobernación, en la Puerta del Sol, proclamaba la II República.

El nuevo régimen se propuso archivar la Monarquía en los registros de la historia e instaurar la República sobre la base de la soberanía nacional, residenciada en su Asamblea Constituyente. El nuevo sistema se fortalecería así con una nueva Carta Magna que presentaba significativas innovaciones con respecto a anteriores ordenamientos jurídicos. Entre ellos: la declaración del Estado laico; la proclamación de derechos y libertades con un marcado carácter progresista, que agrupó normas tan reveladoras como el casamiento civil y su disolución, o la ampliación de la participación democrática (ampliando el sufragio a las mujeres); el derecho de las regiones a dotarse de Estatutos de Autonomía y, por consiguiente, de gobiernos autónomos. Algunas de estas reformas quedarían paralizadas durante el bienio conservador, entre 1934 y febrero de 1936, lo que exacerbó aún más al extremismo de partidos y sindicatos obreros; estos últimos, en octubre de 1934, emplazarían a una huelga insurrecta saldada con numerosas muertes y encarcelaciones.

Se trató de un régimen, en definitiva, que, como ya aconteciera con el de 1873, emergió sin genuinos republicanos (o con escasa presencia de ellos), ya que numerosos grupos se adscribieron a la causa por oportunidad y sin afecto alguno hacia ella, lo que a la postre se tradujo en un robustecimiento del extremismo de derechas e izquierdas, las cuales no vacilarían en resolver sus diferencias en la vía pública. Esto último se constituyó, durante el Gobierno del Frente Popular, en pretexto para el golpe militar del 17 y 18 de julio de 1936, el cual nos condujo al más cruento enfrentamiento armado entre españoles jamás dado en nuestra historia, destinado además a acabar con ese experimento fallido que fue la II República española, cuyo aniversario celebramos con cierta nostalgia en estas fechas.H