La ley de memoria histórica que prepara el Gobierno de coalición promete ser la madre de todas las batallas entre derechas e izquierdas. Pocas legislaciones (quizá el aborto y la eutanasia) suscitan tanto enconamiento y rencor entre los dos bloques antagónicos. Desde el punto de vista práctico, son numerosos los problemas que se plantean para la efectiva aplicación de la normativa: consenso de todos los grupos memorialistas (que no son pocos); asignación presupuestaria suficiente para que los diferentes proyectos puedan desarrollarse y hacerse realidad; y otras cuestiones como los recursos judiciales que a buen seguro interpondrá la derecha para tratar de reducir la ley a papel mojado.

Es evidente que la ley despierta el odio de los conservadores. Hace solo unos días hemos visto cómo, en Oviedo, la placa de una calle dedicada a Federico García Lorca era vilmente sustituida por otra en homenaje a Calvo Sotelo, símbolo del bando nacional. Nada hace presagiar, por tanto, que la nueva regulación, que no cuenta con el consenso mayoritario, sea aceptada en aquellos municipios donde actualmente gobierna el ‘bifachito’ (PP/Vox). Por consiguiente, aparece en el horizonte el primer gran escollo para la aplicación del nuevo texto legal, que trata de recuperar la memoria y la dignidad de los republicanos que lucharon por la libertad.

En principio, la ley prevé implantar una Fiscalía especial cuya principal misión será encontrar a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil. Desde ese punto de vista, debería ser la Justicia la que pusiera orden a la hora de ordenar la aplicación de una norma emanada de las Cortes Generales, sede de la soberanía nacional. En teoría, cualquier ciudadano podrá recurrir a la Fiscalía Especial para presentar la correspondiente denuncia, pero el Ministerio Público necesitará trabajar eficaz y coordinadamente con las diferentes administraciones municipales, provinciales y autonómicas, y está por ver que las instituciones en manos de la derecha repriman su instinto insumiso y guerracivilista y acaten el deber de colaborar en la investigación de todos los crímenes cometidos entre el golpe de Estado de 1936 y los últimos años de la Transición.

En el asunto de la desobediencia al Estado, algunos líderes populares como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid y conocida detractora de la ley de memoria, tienen sobrada experiencia (ya se está viendo en esta pandemia con las medidas sanitarias). Además, torpedear una normativa desde dentro del sistema es tan fácil como que la consejería o concejalía de turno niegue al fiscal la documentación pertinente alegando cualquier causa justificada, como que no dispone de ella después de tantos años, que no la encuentra o se ha perdido.

Críticas de los grupos memorialistas

Pero a los obstáculos que sin duda van a oponer las derechas para la efectiva aplicación de la ley se sumarán también las disidencias dentro de la siempre dividida izquierda española. Gobierno y Federación de Municipios y Provincias tienen que llegar presumiblemente a un acuerdo que se plasmará en un real decreto para que sean los ayuntamientos quienes lleven a cabo las tareas de exhumación de los cadáveres enterrados en las fosas comunes. Y ahí es donde surge el segundo gran escollo que amenaza la nueva legislación. El Anteproyecto cuenta, de inicio, con el rechazo de buena parte de los sectores más conservadores y tradicionalistas del país, pero lo que no contemplaba el Gobierno es que algunos familiares de víctimas del franquismo y asociaciones de recuperación de la memoria histórica criticaran con dureza parte del articulado. El hecho de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretenda dejar en manos de los ayuntamientos −también los gobernados por el PP−, la decisión final de las exhumaciones ha despertado la desconfianza de los grupos en defensa de la memoria histórica.

Los memorialistas que están trabajando a pie de fosa recuerdan que existen “incontables” ejemplos de municipios que se oponen frontalmente a las políticas encaminadas a reparar la memoria de los represaliados. Por ejemplo, el propio presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, también alcalde de Vigo, que en 2014 recurrió la sentencia que le obligaba a derribar una cruz franquista en la ciudad gallega. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) asegura a través de la red social Twitter que parecería que “lo que pretende el Gobierno es mandar a los familiares como arietes contra los alcaldes que no quieran colaborar con las exhumaciones”. Y se pregunta: “¿Las ayudas a las víctimas del terrorismo han dependido de decisiones municipales?” Por tanto, la ARMH considera “insuficientes” las medidas que figuran en el Anteproyecto de Ley de la Memoria Democrática para garantizar los derechos de los familiares de las personas desaparecidas por la represión franquista.

La asociación ya ha dicho que no optará a las subvenciones oficiales para exhumar restos en cementerios y fosas comunes y recuerda lo establecido en el informe de Pablo de Greiff, el Relator de la ONU para la Verdad, la Justicia y la Reparación: “El modelo vigente de privatización de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad en las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad”.

La ARMH insiste en que es el Estado (y no las asociaciones que “con buena voluntad” llevan años prestando ayuda altruistamente a los familiares), el que debe atender directamente a los afectados y concederles la condición de víctimas. “Esperamos que en el proceso parlamentario se aclaren los procedimientos de la ley y que se pongan a disposición de las familias los servicios de atención a la ciudadanía que existen en todas las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de España”, explica un portavoz memorialista, que añade que “el Gobierno podría empezar mañana mismo a atenderlas; podría poner a disposición de las familias a los forenses del Estado, los laboratorios públicos de ADN, los departamentos de universidades públicas o los archivos con información sobre la represión”.

Por otra parte, la ARMH tampoco comprende la propuesta de fechas conmemorativas del Gobierno y las considera “fallidas”. “Pretenden celebrar el 8 de mayo como Día del Exilio, cuando lo que el 8 de mayo de 1945 ha significado para cientos de miles de exiliados republicanos españoles, más allá de su desahogo por la derrota del nazismo, es que les quedaban 30 años más de exilio. Por lo tanto, no entendemos celebrar esa fecha. Por eso hemos propuesto la del 22 de febrero, día de la muerte del poeta Antonio Machado, que representa el drama de los cientos de miles de personas forzados a abandonar su tierra y todo lo que perdió nuestra sociedad con su partida”, explican las fuentes de la ARMH.

El futuro de Cuelgamuros

¿Y qué pasará con el Valle de los Caídos y con asociaciones como la Fundación Franco que en la actualidad poseen importantes archivos históricos, los conocidos como papeles del franquismo? Respecto a Cuelgamuros, la intención de la ley es convertirlo en un lugar de memoria democrática. Todo el recinto, incluidas las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos, será “resignificado” para dotarlo del carácter de cementerio civil. Para ello se facilitará información sobre lo que supuso el proceso de construcción del complejo, el contexto histórico y el significado dentro de lo que fue el nacionalcatolicismo. “Resignificar es explicar. Ya ha comentado la vicepresidenta Carmen Calvo que con la nueva ley queda extinguida la Fundación Santa Cruz del Valle y por tanto ese es un elemento de resignificación. De otra parte, el proceso que se va a seguir supone que inmediatamente que se apruebe la ley de memoria vamos a tener otra norma sobre el nuevo funcionamiento del Valle de los Caídos y su situación patrimonial”, aseguran fuentes del Ejecutivo. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política, ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o de la dictadura, de modo que queda prohibido de facto el 20N (día de la muerte del dictador).

Mientras la ley empieza a su andadura, será Patrimonio Nacional el organismo encargado del mantenimiento del recinto. Por supuesto, se reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes enterrados en el Valle. Y se declara extinguida la Fundación patronato del lugar.

En cuanto a la Cruz del Valle, gran símbolo del nacionalcatolicismo, el Gobierno asegura que se encuentra en un “proceso de reflexión”. De momento no se plantea su demolición en la línea de lo que reclaman prestigiosos historiadores como Ian Gibson, quien en su día llegó a afirmar categóricamente: “La Cruz del Valle es un insulto a Jesucristo; por mí que sea demolida”. En todo caso, la idea es resignificar lo que pasa por ser la máxima expresión artística e ideológica del mausoleo: “Ya veremos cuál es el proceso, pero en principio la idea es explicar la idea en su conjunto, y en ello va incluida la Cruz. Entre otras cosas porque las nuevas generaciones nos van a pedir que lo expliquemos en su totalidad”, aseguran fuentes de la Secretaría de Estado.

Fundación Franco y subvenciones

A su vez, serán prohibidas todas las asociaciones que como la Fundación Francisco Franco no estén de acuerdo con el “interés general”, es decir, aquellas que hagan apología del franquismo o una incitación directa o indirecta al odio contra las víctimas de la dictadura y sus familiares. Todo eso se considera por el Gobierno “contrario al interés general” y por tanto todo tipo de fundaciones con ese cariz neofascista serán extinguidas. Corresponderá al Ministerio de Cultura instar el proceso de liquidación. Paralelamente, la ley considerará los archivos y sus documentos como la “verdadera memoria escrita del Estado”, por lo que regulará el acceso a los fondos públicos y privados y garantizará su protección, con mención especial al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.

En relación con los papeles de la Guerra Civil en poder de la Fundación Franco, la ley señala la necesidad de protegerlos y garantizar el acceso a ellos, tanto por parte de los investigadores como de los familiares. Además, se revocarán los obstáculos que se puedan plantear como consecuencia de una “visión estrecha de la ley de secretos oficiales” o lo que es lo mismo: se eliminarán las barreras para el estudio de la ingente documentación existente en manos privadas. “Para nosotros la recuperación de esos archivos es una pieza fundamental en el marco de la ley”, apunta el secretario de Estado. Como también serán anulados los juicios sumarísimos del franquismo que terminaron con cientos de miles de fusilados y personas encarceladas injustamente. Ahora bien, ¿qué dirán los tribunales cuando grupos de extrema derecha como Vox recurran todas estas medidas? Una vez más, el futuro de la memoria histórica estará en manos del estamento judicial.

Y queda lo más importante: el dinero para abrir las fosas comunes. Una de las tareas fundamentales es acometer un proceso de exhumación general que será afrontado en los próximos cuatro años. El dinero invertido irá incluido en los nuevos Presupuestos Generales del Estado. Pero para ello, primero el Gobierno necesita saber cuántos cadáveres hay enterrados realmente en el Valle de los Caídos. “Esto nos corre bastante prisa y es una de las grandes tareas pendientes que tiene el Estado democrático”, aseguran desde el Gobierno. El Ejecutivo central cree que las dotaciones presupuestarias que se han adjudicado a la Ley de Memoria Democrática son suficientes para cumplir los objetivos en los próximos cuatro años. De los más de 750.000 euros inicialmente previstos, el 60 por ciento irá a exhumación de fosas y el 40 por ciento restante a investigación y otras actividades. En cualquier caso, la intención del gabinete Sánchez es ir ampliando cantidades porque existe un compromiso “inequívoco” para ir dotando de financiación a la ley.

El Primer DNI Republicano