Iniciativa internacional: acabar con la impunidad de ayer y de hoy

La puesta en cuestión -de golpe y de forma correlativa- de los gobiernos autonómicos de Murcia, Madrid y Castilla León, pone de manifiesto que la representación política existente, y los mismos partidos, no se corresponden con las más elementales necesidades y demandas sociales. En esta ocasión son los partidos de la derecha del régimen los que se mueven mutuamente los sillones con la ayuda de la Moncloa. Rompiendo así sus distintos acuerdos de gobierno, ayudados por el PSOE, que busca reestablecer los consensos con las derechas en su propio beneficio, y a fin de dar más sostén político -en medio de la crisis política e institucional- al régimen de la monarquía.

Los graves problemas de salud, trabajo, alimentación…, que sacuden la sociedad sometida a la pandemia y a las reglas del beneficio del capital han conducido a los gobiernos a la toma de medidas que solo benefician a los capitalistas y a las grandes empresas. En una verdadera barra libre de dinero público para asuntos privados, se acrecienta con inmensas cantidades la deuda de todos los Estados para apuntalar a los bancos y las empresas multinacionales, incrementándose los capitales fugados a los paraísos fiscales y provocando la deflación de los salarios y de las rentas del trabajo. Las vacunas a grandes precios se pierden en el tiempo sin llegar a la población que las necesitan, cuando se multiplican las privatizaciones de las actividades públicas esenciales y, en particular, de la sanidad pública. Una huelga de los médicos de atención primaria en Madrid da respuesta a la agobiante situación por la que pasan los profesionales sometidos a la miseria presupuestaria.

El gobierno español, a la espera de los dineros de la Unión Europea para favorecer a los de siempre, ha encontrado la ocasión de intervenir en la crisis política y de representación en colaboración con el partido Ciudadanos, financiado desde su fundación por la banca. Para ello, han presentado moción de censura contra el gobierno murciano y también en el ayuntamiento de la capital y otros más para desplazar al PP del gobierno. La motivación es de nuevo la corrupción, dirigida en este caso contra el vicealcalde de la ciudad por asuntos de tratamiento de la basura. El PSOE que obstaculiza permanentemente las acciones políticas y judiciales que pudieran arrojar luz sobre la gran corrupción de Estado, protagonizada desde la misma jefatura de Estado, por grandes empresarios…, utiliza la corrupción política, siempre y cuando se corresponda con sus pretensiones. La estabilidad del régimen pregonada oficialmente por el gobierno queda al descubierto.

La presentación de las mociones en Murcia ha desencadenado la crisis latente entre los partidos de la derecha poniendo en cuestión, por lo pronto, los gobiernos autonómicos de Madrid y de Castilla León, además del de Murcia.

El PP ha decidido lanzarse a la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo mes de mayo, en medio de su peor crisis como partido, cuando su extesorero Bárcenas ha comenzado a implicar a la mayoría de los dirigentes del partido en la práctica de actos mafiosos de corrupción y enriquecimiento ilegal, y después del varapalo que supuso el resultado de las elecciones catalanas para sus pretensiones. La oposición en la Comunidad de Madrid (PSOE y Más Madrid) presentaba sendas mociones de censura, cuando tuvieron cocimiento de la convocatoria de elecciones. El PP de Madrid viene actuando bajo la vigilancia de Aznar y de sus chiringuitos financieros (fundaciones) como comparsa de Vox, y ahora se lanza en las peores condiciones a una operación político-electoral que solo puede favorecer la polarización política y la concentración de la derecha franquista en manos de Vox.

Mociones de censura o elecciones, en esta disyuntiva queda cogida la Comunidad de Madrid, cuya solución jurídica no depende sino de la interpretación de la ley y, por tanto, de que en manos del tribunal en que caiga el asunto. La justicia en España sigue siendo así.

Una salida democrática y social para las Comunidades en manos del PP no pasa por acuerdos con Ciudadanos -tal y como plantean tanto del PSOE como Mas Madrid-, sino por un acuerdo político de aquellos que defienden salidas democráticas, sociales y republicanas frente al continuismo del régimen monárquico. Quienes demandan trabajo, sanidad pública, vivienda, el fin de la impunidad…, a través de las organizaciones sociales que les representan en su movimiento, deben levantar la bandera de sus reivindicaciones para que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no siga en manos de las multinacionales del ladrillo y de los intereses de los bancos.

Tanto el PP como Ciudadanos se la juegan políticamente en esta crisis política y de representación en un contexto general de retroceso económico y social. El pretendido giro al centro de Arrimadas, pactado con Sánchez, revitaliza el acuerdo inicial de gobierno que Ciudadanos estableció con el PSOE en tiempos de Rivera y que duró lo que dura un telediario.

Entre tanto, el gobierno de Sánchez-Iglesias viene también retardando la presentación del proyecto de Ley de Memoria Democrática, que se reitera en la línea de la más absoluta impunidad de los crímenes del franquismo frente a las demandas de verdad, justicia, reparación y no repetición, emanadas del derecho internacional y consuetudinario. La preservación del “atado” franquista, condensada en la continuidad de la monarquía, es la que impide que se dé respuesta a las demandas de las víctimas, en tanto que la impunidad es la base del consenso constitucional. Es decir, la impunidad de los crímenes de ayer es lo que permite la protección de la corrupción y de los crímenes de hoy. Entendiendo por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos de represión continuada que estamos conociendo en la forma de encarcelación u otra privación grave de la libertad física, en violación de las normas fundamentales del derecho internacional: la persecución de colectivos con identidad propia fundada en motivos políticos, nacionales, culturales, de género… También la misma privación del acceso a alimentos o medicinas, que causa destrucción en una parte de la población, así como la sistemática corrupción de Estado.

La nulidad de la Ley de Amnistía y la Ley de la Memoria de Zapatero, la apertura de los archivos -que requiere la derogación de la ley de secretos oficiales- son demandas imprescindibles para acabar con la impunidad.

La lucha por la Memoria, en oposición a los proyectos de ley que se han preparado desde los partidos del gobierno para preservar la impunidad de los crímenes de ayer y de hoy, requiere pasar de la resistencia actual a modos de campaña abierta y pública, que debería tomar la forma de campaña internacional, destinada a acorralar en todas partes las pretensiones oficiales de mantener y prolongar la impunidad. Luchando, así y abiertamente, por obtener los apoyos internacionales necesarios en la larga lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.

El Primer DNI Republicano