Los últimos estudios arrojan cifras muy dispares sobre el número de víctimas que costó la contienda civil

Guerra Civil Española: el enigma sin resolver sobre el número de muertos / José Antequera:

A fecha de hoy, los expertos todavía no se han puesto de acuerdo en cuántos muertos costó la Guerra Civil Española y la posterior represión de la dictadura franquista. Los cálculos más bajos sitúan la cifra en 400.000, mientras que Ramón Salas habla de 625.000 fallecidos, sin olvidar el recurrente “millón de muertos”, un dato sin duda aleatorio pero aceptado casi unánimemente por los más prestigiosos hispanistas. Recientes trabajos de Paul Preston (El holocausto español), Santos Julià (Víctimas de la guerra civil) y Francisco Espinosa (Violencia roja y azul. España, 1936-1959) acotan algo más las estimaciones.

Según los últimos estudios, unos 300.000 soldados de ambos bandos murieron en el frente de batalla. Cerca de 200.000 personas fueron ejecutadas (los republicanos mataron a unas 50.000 –entre ellas 6.800 miembros del clero– y los nacionales a unos 130.000-140.000). Las guerrillas del maquis dejaron otras 2.500 bajas (2.173 guerrilleros y unos 300 miembros de las fuerzas armadas). Los bombardeos de la aviación franquista, italiana y alemana costaron 11.000 muertos; los republicanos y soviéticos, 1.100. En esos tres años de contienda, la caída de la natalidad fue de 576.000 personas. Con todo, casi tan dura como la conflagración fue la “limpieza” del enemigo rojo en los años posteriores al conflicto bélico. Las purgas comenzaron desde el final mismo de la guerra en 1939.

En efecto, se calcula que entre ese año y 1943 la represión franquista pudo haber matado a entre 40.000 y 50.000 detenidos en ejecuciones sumarias y en los llamados “paseos”, un conocido eufemismo que servía para esconder un macabro procedimiento de crimen masivo empleado en esos años con el fin de exterminar todo rastro de disidencia republicana. A fecha de hoy nadie sabe con exactitud cuántos miles de ajusticiados fueron montados en un vehículo o camioneta y trasladados a algún lugar apartado, donde eran fusilados y enterrados en una cuneta o fosa común.

Se sabe que para hacer más eficaz la represión judicial, policial y militar, Franco promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, una aplastante e injusta maquinaria de exterminio de “quienes contribuyeron con actos u omisiones graves a forjar la subversión roja, a mantenerla viva durante más de dos años y a entorpecer el triunfo providencial e históricamente ineludible del Movimiento Nacional”. La propia ley (más bien el acta oficial de la venganza ciega e inhumana que se iba a llevar a cabo contra cientos de miles de personas) reconocía que “la magnitud internacional y las consecuencias materiales de los agravios son tales que impiden que el castigo y la reparación alcancen unas dimensiones proporcionales”. Es decir, ya se avisaba de que no habría compasión con el “preso político”.

Para ello se crearon los tribunales militares encargados de juzgar a civiles y se extendió la responsabilidad penal con carácter retroactivo, es decir, llevándola atrás en el tiempo, en concreto hasta 1934, dos años antes del inicio de la guerra. La persecución y el ensañamiento gratuito contra los republicanos fue brutal, sobre todo en los años inmediatamente posteriores al final de la contienda (el período 1939-1942 pasa por ser el más duro y sangriento de ese período). La tarea de control y purga de todos aquellos reductos disidentes resultó implacable.

Ley de memoria

La sangrienta Guerra Civil Española convirtió el país en un inmenso cementerio lleno de cunetas y fosas comunes, una macabra cosecha de muertos y desaparecidos sobre la que primero el régimen franquista y después la democracia del 78 echaron tierra encima tratando de enterrar la verdad sobre los horrendos crímenes y genocidios que aquí se cometieron.

A la muerte del dictador en 1975, las nuevas generaciones decidieron mirar para otro lado en aras a la reconciliación y confiando en que este país se podía reconstruir de nuevo disolviendo la memoria e ignorando a las víctimas. El pasado quedó sepultado a beneficio de un futuro incierto, pero ya en 1978 planeaba la funesta premonición de que las heridas no habían cicatrizado tan fácilmente como algunos proclamaban y que el gran espíritu de concordia nacional no dejaba de ser una excusa por las urgencias del momento, a sabiendas de que más tarde o más temprano los fantasmas regresarían de nuevo para ajustar cuentas con nosotros. Y así ha sido.

Pese a los esfuerzos que se realizaron durante la Transición para escamotear la verdad y pasar página −no solo sobre los terribles sucesos ocurridos entre 1936 y 1939 sino también sobre los cuarenta años de cruenta represión de la dictadura− el oscuro pasado se ha revuelto contra los españoles y las voces de aquellos muertos vil e injustamente olvidados han retornado exigiendo justicia, dignidad y reparación moral.

¿Cómo pudimos pretender que este país podía despachar los crímenes impunes con una simple nota a pie de página en el libro de nuestra historia contemporánea? ¿Cómo pudieron pensar los padres de la Constitución Española del 78 y los políticos de aquella época, ni siquiera por un momento, que el futuro podía construirse sobre las fosas comunes de tal execrable genocidio? ¿Acaso no se depuraron responsabilidades con los nazis alemanes en Núremberg, con los jerarcas fascistas nipones en los juicios de Tokio o más recientemente con los militares de la dictadura argentina o los criminales de guerra de la antigua Yugoslavia? ¿Por qué España también tiene que ser diferente en esto?

Han pasado más de ochenta años y por razones obvias ya será imposible sentar en el banquillo de los acusados a los autores de tantas matanzas, torturas y abusos, pero queda al menos la posibilidad de la reparación moral del Estado a los descendientes de las víctimas. Con tantas muertes y asesinatos por esclarecer y tantos desaparecidos por encontrar era obvio que España necesitaba una ley que permitiera acometer las exhumaciones de forma legal; que terminara con los monumentos y asociaciones a mayor gloria del fascismo y del dictador; y en definitiva que profundizara en la historia de forma científica y objetiva, sin fanatismos ni prejuicios, hasta recuperar la memoria de nuestro pasado reciente. No podíamos seguir con las viejas coartadas que se impusieron en la Transición como “eso son cosas del pasado” o “mejor no remover los muertos”.

Las nuevas generaciones que han vivido íntegramente en libertad (ya sin miedo al golpismo ochentero ni a afrontar el pasado por tremendo que este sea) han ido adquiriendo conciencia de que habíamos fundado una democracia sobre una infinita injusticia y se han ido movilizando para remover las tierras del olvido. Fruto de esa inquietud, en los últimos años se han multiplicado las exhumaciones, se han fomentado estudios historiográficos relacionados con la memoria y se han impartido cientos de charlas y conferencias. Poco a poco, los herederos de aquellos represaliados han querido recomponer el puzle de la verdad y los retazos de vidas y biografías truncadas como cristales rotos.

Es España un país que siempre deja lo esencial para pasado mañana y la memoria histórica no podía ser menos. Desde la Transición hasta nuestros días el problema de los desaparecidos siempre se ha ido aparcando, unas veces para no soliviantar a los poderes fácticos siempre en contra de que se sepa la verdad; otras por no abrir viejas heridas (ese manido argumento); y la mayoría de las ocasiones bajo el pretexto fácil de que no tocaba o que unos viejos huesos no interesaban a nadie. Pues vaya si interesaba. Tanto es así que la presión social ha obligado al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez a dar un nuevo impulso a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, que bien por falta de fondos, por dejadez y casi siempre por los intentos de las derechas de torpedearla, había quedado poco menos que en papel mojado.

Bajo esas premisas es como el Gobierno de Sánchez ha puesto en marcha, hace solo unos días, su Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. A partir de ahora se destinará dinero y medios humanos y materiales; se resignificará el Valle de los Caídos para convertirlo en un cementerio civil; se cerrará la fundación que ensalza la figura del tirano; se creará una Fiscalía Especial de Memoria Democrática; y se castigará con penas severas a todo aquel que haga apología del totalitarismo franquista. Esta vez, tras cuarenta años de vanas excusas, mentiras y engaños, parece que sí, que la cosa va en serio.