Borbones, ilegítimos y criminales


Borbones, ilegítimos y criminales
Javier García

Sobre la criminalidad del anterior jefe de Estado no puede caber ya la menor duda. No hay ninguna sorpresa en ello. Era algo tan bien conocido como ocultado por el aparato mediático del régimen durante décadas.

El goteo de chanchullos que venimos conociendo es constante… y lo que nos queda por ver. Tampoco puede caber ya la menor duda sobre la amplitud de esa criminalidad; es decir, que ésta no se remite únicamente al ámbito fiscal o financiero, sino que tiene un carácter general y se extiende a todas y cada una de las facetas de la vida personal y política del Borbón.

No obstante, incidir únicamente en estos aspectos del reinado de Juan Carlos puede ser en cierta manera una trampa que el republicanismo se puede poner a sí mismo. El propio Estado está intentando jugar la baza de contraponer la podredumbre del padre a la “transparencia” del hijo. El PSOE, que es, como viene demostrando, el partido monárquico por antonomasia, está poniendo un particular empeño en llevar a cabo esta operación de blanqueamiento.

Esta operación debemos confrontarla desde la realidad evidente de que Felipe se ha visto impedido de seguir la senda cleptomaníaca de su padre porque se ha abierto la fosa séptica de La Zarzuela y no para de salir porquería; además, el actual jefe del Estado no necesita meter la mano en la caja o ejercer de comisionista porque Juan Carlos ya se encargó de arramplar con todo lo que ha podido y más para que toda la familia borbónica pueda vivir sin apreturas de ningún tipo durante varias generaciones (1.700 millones de euros le imputó en su momento la revista Forbes como fortuna personal). La criminalidad de los Borbones es, en cualquier caso, una cuestión de familia. Está el ladrón y están los beneficiarios del latrocinio, que, por muchos papelotes que firmen de cara a la galería, no van a renunciar a tan suculenta herencia.

Pero no es éste tampoco el elemento fundamental que debería guiar la acción del republicanismo contra la monarquía. Ésta debe ser abolida no porque sean unos ladrones, que lo son, sino porque son un pilar fundamental (junto con los militares que quieren fusilar a “26 millones de hijos de puta”, cuerpos represivos, clase política, etc.) de la continuidad del fascismo en España. Hay que partir fundamentalmente de este elemento. Y repárese, por cierto, en el matiz de que la monarquía debe ser abolida y no sometida a referéndum, como plantean algunos, de la misma manera que no someteríamos a referéndum la legalización de la esclavitud, el derecho de pernada o la servidumbre tal como se conoció hace siglos.

Cualquier monarquía es ilegítima en pleno siglo XXI, en tanto que herencia feudal. Pero la monarquía española lo es en mayor medida por toda una serie de circunstancias histórico-políticas. La restauración borbónica tiene su origen en el golpe del 36 contra el gobierno del Frente Popular y la II República, en la masacre desatada por los fascistas durante y tras la guerra y en el nombramiento por parte de Franco de Juan Carlos como su heredero en la jefatura del Estado.

Sin embargo, resulta complicado sostener esa ilegitimidad si se insiste en esa entelequia llamada “régimen del 78”. Existe un cierto consenso entre los sectores consecuentemente progresistas y democráticos respecto a que en la “transición” no hubo ruptura, sino continuidad; y si hubo continuidad no pudo producirse ningún cambio de régimen. El ‘momento fundacional’ del régimen no se haya en la farsa transicional, sino en el 39, en la derrota de la II República y de las fuerzas populares. Nos encontramos, por tanto, bajo el régimen del 39. No en vano, en la “transición”, se fue “de la ley a la ley”, sin abandonar en ningún momento los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional, jurados solemnemente por la actual monarquía el 22 de noviembre de 1975.

El franquismo fue una etapa o fase de ese régimen y la “democracia” actual (el monarco-fascismo) es otra, con sus características particulares, con sus adaptaciones a nuevas realidades y contextos históricos, pero con la misma naturaleza fascista más o menos camuflada, aunque cada vez más visible, como hemos podido comprobar con la forma en que el Estado viene enfrentando el problema nacional con Catalunya o, más recientemente, con el caso Hasél y lo que hemos podido ver en las diferentes movilizaciones en el ámbito represivo (aunque los mass media lo presenten todo al revés), sin olvidarnos tampoco de gravísimos hechos, nada anecdóticos, como los ocurridos en Linares, donde un hombre que fue objeto de una brutal agresión (a todas luces, un intento de homicidio) por parte de policías fuera de servicio, ha acabado imputado por agresión o atentado contra la autoridad (estos asesinos, al parecer, son también “autoridad”, lo que es para echarse a temblar).

Hablar de “régimen del 78” es desvincular la realidad política e institucional actual, y a la propia monarquía, del franquismo. Le hacemos el caldo gordo al régimen. Se entiende que esto lo hagan los reformistas o aquellos que se dedican a traficar con las ideas y el discurso para alcanzar la correspondiente poltrona: necesitan justificar su integración en el régimen defendiendo que no nos encontramos ante un Estado fascista, sino ante una “democracia imperfecta”. Pero el movimiento obrero y popular, el que debemos construir y organizar, alejado de la venalidad y el cretinismo parlamentario e institucional, no puede incurrir en tales inconsecuencias si no quiere “segar la hierba bajo sus pies”.

En la crisis monárquica sólo hay dos salidas: la institucional y la popular. La primera consiste en conservar la monarquía bajo Felipe o en “otorgar”, a lo sumo, una república que no altere los pilares fundamentales del actual régimen (éstas son las posiciones en las que se mueven PSOE y Podemos). La segunda pasa por construir una realidad verdaderamente democrática y social, y debe tener un contenido profundamente antifascista y anticapitalista, implicando cambios no sólo superestructurales o meramente político-jurídicos, sino también en la base económica, con una perspectiva socialista. Tal proyecto se resume en el concepto de República Popular. Cualquier otra posición es semilla de derrota o terminará siendo subsumida o cooptada por el régimen.


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