El próximo ingreso en prisión del poeta y musico Pablo Hasel nos debe hace reflexionar sobre los imprescindibles cambios que se deben abordar en España para que el Código penal y el concepto de orden público se aleje de forma definitiva de las concepciones autoritarias que han predominado en España en las últimas décadas. En el año 1995 , en tiempos del ministro de justicia e Interior Belloch, se produjo la reforma más importante del Código Penal en tiempos de democracia y donde muchas tipificaciones que se introdujeron reforzaron esa concepción autoritaria de orden público y por las cuales Pablo Hasel ingresará en prisión ( delitos contra la corona y enaltecimiento del terrorismo ) a los que habría que añadir otras tipificaciones como los denominados delitos de odio o los delitos de blasfemia; además, la prolongación de esto criterios penales en las leyes de seguridad ciudadana (ley mordaza) ha dado otra vuelta de tuerca a esta “democracia a la turca”. De paso decir que el hecho mismo de haber fusionado los Ministerio de Interior y Justicia denotaba una concepción absolutamente reaccionaria y autoritaria de la democracia donde subyace la idea de juzgar y castigar todos a una por el refuerzo de la justicia penal express para los delitos de la delincuencia común o los delitos contra las drogas ,donde la garantías que aplican para otros delitos saltan aquí por los aires; como muy bien lo expresó el presidente del Tribunal Supremo de España: “La ley actual está pensada para el ‘robagallinas’, no para el gran defraudador”. También de aquellas concepciones de una democracia a la turca se integró la gestión de las prisiones en el ministerio del Interior y no en justicia, como había sido históricamente en nuestro país, subrayando aún más el carácter represivo de la cárcel. A fecha de hoy la gestión de las prisiones sigue estando en el Ministerio del Interior, excepto en Cataluña que se ha hecho depender del Departamento de Justicia, sin que esto provoque ninguna desazón entre los partidos políticos ni exista una vocación de reformar la adscripción funcional de éstas a Justicia.

Así pues la reforma del código penal y la supresión de todas la tipificaciones penales que limiten la libertad de conciencia y de expresión, empezando por el oprobioso delito de blasfemia , debería ser algo prioritario para el nuevo gobierno y para cualquier grupo parlamentario que se sienta demócrata y también el dar un giro de ciento cincuenta grados en la concepción del orden público en nuestro país y ello para garantizar plenamente la libertad de la personas para expresarse, reunirse o manifestarse .

El sábado día 6 de febrero un millar de personas nos concentramos en la plaza Jacinto Benavente solidarizándonos con Pablo Hasel y en defensa de la libertad de expresión y conciencia y lo hicimos con un plaza militarizada por decenas de camionetas de antidisturbios y policía pertrechada con fusiles delante los concentrados. Esa idea que una concentración ciudadana, mayoritariamente de jóvenes, esté intimidada, desde un primer momento, por policías dispuestos en cualquier momento a cargar es, incluso en el marco legal autoritario que tenemos, anti legal ya que el delegado del Gobierno en Madrid no puede, ni debe, intimidar el derecho de la libre manifestación. Igualmente, el uso de armas por parte de las policías en estas concentraciones denota, además de una deliberada intimidación, una militarización del orden público intolerable. Pero no vemos que exista una voluntad política para alejarse de esa concepción tan autoritaria del orden público que pone en cuestión la libertad de expresión y de manifestación. Llama la atención que en esa concentración no viéramos a ningún diputado ni diputada del Congreso en la misma.

Algunos se podrán escandalizar al haber utilizado la expresión ”democracia a la turca” pero ha sido el mismísimo presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos , Robert Spano, quien ha comparado nuestro país con Turquía ya que el mismo día que la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión de Pablo Hasel advirtió públicamente que la doctrina de Estrasburgo permite la crítica a las autoridades, fueran estas jefes de estado o políticos rasos :”Un personaje público tiene que poder recibir un margen más amplio de críticas”, fueron sus declaraciones asociando el caso de España a países como Turquía , Rusia , Rumania y Ucrania.