La democracia española se encuentra en un momento crítico. La crisis económica que deja el covid es de una dimensión colosal y de unos efectos devastadores todavía por calcular. El Estado de bienestar se encuentra al borde de la quiebra, servicios públicos como la Sanidad han colapsado y el escudo social en forma de ayudas estatales para millones de familias (como el ingreso mínimo vital) no termina de llegar por culpa de la burocracia y la falta de respuesta de una Administración desbordada. En ese contexto, los populismos nacionalistas de extrema derecha como el “trumpismo” norteamericano se exportan por los cincos continentes y suponen una seria amenaza para las democracias liberales. Si el Estado no reacciona pronto proporcionando cobertura y asistencia social a todo aquel que se haya quedado en la cuneta, la desafección e indignación popular cuajarán, y la llegada del nuevo fascismo populista al poder será solo cuestión de tiempo. Algo similar ocurrió durante la Segunda República española. El crack del 29 (la pandemia de la época) y la posterior recesión tuvieron un fuerte impacto en la vida de los españoles, contribuyendo a hacer todavía más difícil las reformas propuestas por los gobiernos republicanos. Si la España de hoy, que se encuentra en una coyuntura económica muy parecida, comete los mismos errores, la crisis del sistema será también inevitable y no tardarán en llegar los salvapatrias con sus cantos demagógicos.

Estamos condenados a que la historia vuelva a repetirse y solo analizando lo que ocurrió en los años treinta del pasado siglo en España podremos sacar las conclusiones pertinentes. Desde el punto de vista de la política económica, la crisis que dejó el crack del 29 sacudió a los gobiernos de aquellos años. Keynes propuso como solución un incremento del gasto público para estimular el funcionamiento de la maquinaria económica y Roosevelt, en aquellos momentos presidente de Estados Unidos, dio paso al llamado New Deal, que logró importantes avances sociales antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. En ese escenario internacional tan convulso como el de ahora, España no siguió ese camino ni siquiera durante el primer bienio reformista republicano. La España de entonces no pudo acometer las reformas sociales en primer lugar por el fuerte poder que ejercía el ideario económico liberal ortodoxo de los poderes fácticos y en segundo término por la propia inestabilidad política de aquellos años: en ese período hubo nada más y nada menos que doce ministros de Hacienda. Ya tenemos, por tanto, la primera fatal coincidencia entre la economía de los años 30 del siglo XX y la de nuestros días: al igual que en 1933 las élites saboteaban cualquier intento de progreso social, hoy la banca, el Íbex 35 y la derecha política se niegan a acometer ningún tipo de reforma que suponga mejorar las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas y la consiguiente pérdida de privilegios de las más acomodadas. Hasta cierto sector de la Iglesia católica se ha mostrado intransigente cuando el Gobierno de coalición PSOE/Unidas Podemos ha tratado de implantar el ingreso mínimo vital, al que algún que otro obispo reaccionario y ultraliberal ha calificado de “paguita para subvencionados”.

Durante la Segunda República, el primer hombre que trató de acometer las reformas necesarias en la economía española fue Indalecio Prieto. Sin embargo, y paradójicamente, en ese período las discusiones parlamentarias sobre política económica general fueron mínimas, predominando la confrontación ideológica y polarizada (curioso paralelismo sobre lo que acontece en la actualidad en nuestro Parlamento cada vez más radicalizado). Frente a lo previsto en la propia Constitución, el Gobierno recurrió habitualmente a créditos extraordinarios, prórrogas presupuestarias y recargos tributarios que no modificaban de forma sustancial la fiscalidad existente, de manera que los privilegios de las élites siguieron intactos. Es decir, la economía española daba serios síntomas de agotamiento sin que se acometiera la necesaria modernización del modelo productivo, basado casi exclusivamente en el sector agrario. Hoy también tenemos un problema muy parecido que lastra nuestra economía, solo que el papel primordial de la agricultura ha sido sustituido por el turismo y la hostelería, dos industrias que han entrado en franca decadencia a causa de la pandemia.

Por si fuera poco, los grandes empresarios de la Segunda República se mostraban reticentes ante un Gobierno de izquierdas y ese miedo paralizó la inversión privada, que pasó de un 25 por ciento anual al 9 por ciento. No hace falta decir que la clase empresarial española de nuestros días, representada por la patronal, también siente auténtica alergia ante cualquier medida de un Gobierno de izquierdas al que se considera culpable del despilfarro y del desastre económico general. Sánchez e Iglesias están sufriendo las presiones de los lobbys y cúpulas financieras, como ya ocurrió con los gobernantes socialistas republicanos. Puede decirse que durante la Segunda República, cuando un Gobierno sentía la necesidad de incrementar la inversión estatal para combatir el paro, tal como enseñaba el New Deal, los recursos utilizados fueron insuficientes y se dedicaron tan solo a pequeñas obras que no fomentaban la producción industrial. Cada plan era sistemáticamente torpedeado por la derecha, como la obra de construcción de las terminales subterráneas de ferrocarriles de Madrid, que la oposición derechista calificó despectivamente como el “tubo de la risa”. Hoy a nadie se le ocurre poner en cuestión el Metro, pero políticos al servicio de las élites financieras como Pablo Casado siguen jugando al mismo juego al torpedear proyectos de carácter oficial como el de las ayudas europeas, que puede supone una importante inyección de 140.000 millones de euros vitales para la transformación de nuestra economía y nuestro tejido productivo. Salvando las distancias, hay numerosas y fatales coincidencias entre aquella republicana y nuestros días, donde la sombra del monstruo fascista vuelve a planear amenazante.