Elecciones de 16 de febrero de 1936: Desmontando el mito del fraude

El domingo 16 de febrero de 1936, entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde, se celebraron en España las terceras y últimas elecciones generales democráticas del quinquenio de existencia de la Segunda República, después de una campaña muy intensa y polarizada que pareció otorgarles el perfil de un plebiscito existencial. Su convocatoria, organización y supervisión estuvo en manos de un gobierno republicano centrista presidido desde mediados de diciembre de 1935 por Manuel Portela Valladares, veterano político liberal que actuaba como leal vicario del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora.

En esas elecciones legislativas tenían derecho de voto todos los españoles, hombres y mujeres, que hubieran cumplido los veintitrés años antes del mes de enero de 1936 (un total, de 13.578.056 personas, según el censo). Y estaba en su mano elegir un Congreso unicameral de 473 escaños distribuidos en sesenta circunscripciones (grandes capitales y provincias) mediante un sistema de listas nominales abiertas (el elector podía votar los nombres de los candidatos de su gusto sin atender a su adscripción a una u otra candidatura en la lista única de la circunscripción).

El sistema electoral, que estaba vigente desde 1931, tenía un notorio efecto hipermayoritario (primaba al vencedor de forma clara: le otorgaba hasta el 80% de escaños en juego, el llamado «cupo de mayorías») y favorecía claramente la representación de los ámbitos urbanos y más poblados. Este sistema forzaba la formación de coaliciones amplias para maximizar las posibilidades. Por lo que fue de importancia crucial el éxito que supuso la conformación de la coalición electoral del Frente Popular, a pesar de las complejidades de las negociaciones para sumar en una misma lista y en torno a un mismo programa a republicanos centristas (la Unión Republicana de Diego Martínez Barrio, que aglutinaba a muchos viejos radicales lerrouxistas), republicanos de izquierda (agrupados en la Izquierda Republicana de Azaña), el movimiento socialista (pese a la división que fracturaba al PSOE con dirección prietista y a la UGT con dirección largocaballerista) y otros partidos menores de la izquierda obrera (como el Partido Comunista). Aunque las divisiones en su seno fueran hondas y estratégicas, es indudable que Azaña logró encauzar en una coalición unida y cohesionada al centro-izquierda republicano y a la izquierda obrera.

El pacto finalmente sellado el 16 de enero reflejaba el plan político que el centro-izquierda llevaría a cabo desde el gobierno a cambio de la coalición electoral y garantizaba una considerable mayoría de potenciales escaños a los republicanos de centro-izquierda sobre sus aliados obreros: de las 347 candidaturas que presentó el Frente Popular, 192 fueron para las diferentes formaciones republicanas y 155 para las obreras. El porcentaje final fue de un 55,3% frente a un 44,7%.

Gracias a este sistema electoral (que benefició grandemente a las derechas unidas en las elecciones de 1933 y arruinó a una izquierda desunida en aquellas) el espectacular aumento de votos del Frente Popular en cincuenta de las sesenta circunscripciones electorales se tradujo en una ventaja muy holgada en escaños.

Por el contrario, la elaboración de las candidaturas de derechas se convirtió en una orquesta mal avenida, en gran medida porque Gil-Robles descartó formar un pacto nacional similar al del Frente Popular por razones derivadas de su ambigüedad estratégica: no habría forma de sumar en una lista única y en torno a un programa único a Calvo Sotelo y los tradicionalistas con Lerroux y los republicanos liberal-conservadores. Por eso optó por conseguir alianzas a varias bandas para crear un frente «contrarrevolucionario» que fuera la suma de uniones circunstanciales en las distintas provincias, con arreglo a las características que cada una de ellas tenga.

Según Javier Tusell, resulta muy significativo que la derecha fuera incapaz de elaborar un programa electoral porque ello demuestra su división, aunque, por otro lado, el hecho de que no se redactara debió nacer del deseo de la CEDA de evitar declaraciones programáticas demasiado estridentes. A pesar de que la derecha repartió enormes cantidades de propaganda su contenido distó mucho de ser óptimo: lemas de la CEDA como «Todo el poder para el Jefe» y «Contra la revolución y sus cómplices» tenían un carácter casi subversivo o englobaba a los seguidores de Martínez Barrio entre los segundos.

Como dice Paul Preston, la política de la derecha durante el bienio negro había hecho posible que no se repitieran las dos condiciones claves de los resultados de la elección de 1933: la división de la izquierda y la abstención de los anarquistas. Las consecuentes recriminaciones de los monárquicos y de los miembros de la CEDA más extremistas se dirigieron contra Gil Robles por haber derrochado el dinero y un tiempo muy valioso en una táctica legalista que al final había fracasado. De hecho, hasta las últimas fases de la guerra civil, como una idea tardía, no se impugnó la validez de los resultados de las elecciones como parte de un intento de legitimar el levantamiento militar de julio de 1936. Como afirmó Herbert Southworth, declarar fraudulentas las elecciones de 1936 y al gobierno del Frente Popular ilegal era esencial para los propagandistas católicos que no querían verse colocados en una postura «revolucionaria», oponiéndose a un gobierno legal de un régimen establecido.

Fue años después, cuando el régimen franquista publicó un famoso Dictamen sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936 (Madrid, Ministerio de Gobernación, 1939) como burdo intento, meramente propagandístico, de demostrar los «vicios de legitimidad y ejercicio» del Gobierno republicano, y así intentar justificar una infame rebelión militar que nunca estuvo justificada y que tan aciagas y luctuosas consecuencias traería.

Las derechas y los demonizadores de la Segunda República han aireado desde entonces, cada dos por tres, el fantasma del supuesto fraude electoral de las elecciones generales de 1936 para tratar de blanquear los bastardos y viles motivos de la rebelión del 18 de julio. También se ha sostenido que se hicieron en un contexto de extrema violencia y que tantos los partidos políticos como los electores se decantaron por los polos más extremos del arco parlamentario y que esa polarización nos llevaba necesariamente a la guerra.

Esta sombra de duda sobre aquellas elecciones, ganadas por el llamado Frente Popular, fue reavivada con la publicación en 2017 del libro de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García (1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular) que, aunque reconocen que no hubo ni una violencia generalizada, sino episódica, ni un fraude masivo, ni esas supuestas manipulaciones tuvieron que ver con un plan sistemático del nuevo Ejecutivo de izquierdas, sí sostienen que hubo fraude en ciertas provincias durante la segunda vuelta (como Cáceres), promovido por los dirigentes que se hicieron interinamente con los gobiernos provinciales y que resultarían, a juicio de los autores, decisivas para otorgar la victoria a la coalición de izquierdas. Pero lo hace con un sesgo y con unas omisiones interesadas que ha sido criticado por reputados historiadores como Santos Juliá, Francisco Maestre, Paul Preston o Enrique Moradiellos.

En palabras de Paul Preston : «el día de los comicios, el 16 de febrero, gracias a las medidas preventivas adoptadas por el Gobierno, las votaciones no se vieron alteradas por la violencia. Gracias a que el sistema favorecía las coaliciones, la ajustada victoria del Frente Popular en número de votos se tradujo en un triunfo arrasador en escaños en las Cortes. El Frente Popular ganó en todas las grandes ciudades —Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza y Murcia— y en las principales poblaciones de Extremadura, Asturias, Andalucía (excepto en Granada capital), Cataluña, Canarias y en las ciudades costeras de Galicia. Incluso en varias provincias muy conservadoras, como Valladolid, León, Ciudad Real y Albacete, ganó el Frente Popular. De un total de 473 escaños, el Frente Popular obtuvo 259. En la segunda vuelta, celebrada el 4 de marzo para decidir los escaños en los que ningún candidato había obtenido una mayoría decisiva, sumó ocho más. Una tercera ronda electoral, con 41 escaños en disputa, agregó al balance del frente otros 19, con lo que el total fue de 286 escaños. A pesar del gasto de grandes sumas por parte de la derecha, la izquierda aumentó su número de partidarios en un millón. Teniendo en cuenta las cantidades invertidas en propaganda, cada voto de la derecha salía cinco veces más caro que uno de la izquierda».

Javier Tusell considera que las dos razones más importantes que explican la victoria del Frente Popular son el cambio en la actitud de los anarquistas y el descalabro de los radicales. Pórtela Valladares fue consciente por vez primera de la derrota de centro y derecha cuando vio que, en Cádiz, donde los votos de centro y derecha habían crecido algo, los anarquistas, con su voto, habían dado una ventaja considerable al Frente Popular. Pero tampoco se puede obviar que la promesa de amnistía para los represaliados durante el bienio negro resultó un muy importante movilizador de las masas obreras para participar en la contienda electoral.

Hugh Thomas, Broué y Teminé, Bolloten y Cattell, todos ellos admiten la victoria republicana. Incluso el franquista Seco Serrano, en su historia publicada en Barcelona en 1962, admite el hecho de la victoria de la izquierda:

«Frente al haz apretado de proletarios e izquierdistas, las derechas no lograron unificarse -ni lo que es peor- despertar el entusiasmo de los votantes… Pero la forma en que se llevó a cabo la campaña electoral desorientó a la opinión de derechas… La opinión de derechas se encontró desorientada… La labor seguida desde el Ministerio de la Gobernación por Portela, para asegurar un triunfo centrista, fue desastrosa… Por otra parte, el cálculo sobre las fuerzas de las derechas resultó también fallido. Ni las izquierdas eran tan débiles como las creyó Portela, ni las derechas tan fuertes».

Los argumentos de los partidarios católicos de Franco perdieron fuerza porque la prensa católica, en España y fuera de ella, aceptó el hecho de la victoria republicana hasta el estallido de la rebelión de Franco; entonces se hizo necesario construir una nueva historia para justificar una nueva situación.

Cattell insiste en este punto decisivo: «En los cinco meses anteriores al comienzo de las hostilidades abiertas, la derecha apenas hablo de fraude».

José Venegas, en su excelente estudio sobre las elecciones, insiste igualmente en ese detalle vital, demostrando como el argentino monseñor Franceschi escribió el 18 de junio, justo un mes antes de la guerra:

«Todas las noticias que llegan de España demuestran que las derechas fueron derrotadas ante todo por sus divisiones internas, su inercia, su tardanza en resolver problemas fundamentales relativos a la vida económica, por la incomprensión de que dieron muestra la mayor parte de sus dirigentes»

Pero, cuando estalló la guerra civil y el portavoz de la Iglesia Católica en Argentina se vio en la obligación de disculpar la rebelión de los generales, cambió su historia y se justificó diciendo que había sido engañado por los servicios de prensa.

Venegas cita a Portela Valladares, Presidente del Gobierno y organizador de estas elecciones, de la siguiente manera:

«Las elecciones realizadas en febrero de 1936 con todo orden dieron el triunfo al Frente Popular; tengo para afirmarlo la autoridad de haber presidido aquel gobierno. Ni un solo diputado de las tendencias fascistas logró la elección. La gestión electoral fue reconocida por los partidos de la derecha como una legalidad de su derrota. No puede hablarse en justicia de que se falseó el sufragio, porque ello significaría un alegre embuste. Estoy dispuesto a afirmarlo en todo momento, para que la conducta de cada cual quede en su lugar».

También cita un artículo de La Nación: «En España, desde el comienzo de la historia política, solo hubo dos elecciones cuya sinceridad no se puede discutir a causa de la fuerza de la corriente popular: las que derribaron la monarquía y las del 14 de febrero». (Hay un error de fechas, porque las elecciones se celebraron el 16 y no el 14 de febrero).

Una lectura de los debates de las Cortes sobre las elecciones nos revela las prácticas electorales fraudulentas fuera de las grandes ciudades y precisamente en aquellas regiones donde era feudo de la derecha. Henry Buckley, con muchos años de experiencia españolas a sus espaldas, en 1940 escribió sobre las elecciones:

«Si estas elecciones se hubiesen celebrado en las condiciones que prevalecen en las elecciones generales inglesas, entonces, el Frente Popular tendría que haber obtenido una victoria mayor, porque la presión de la derecha fue terrible en todos aquellos lugares en los que el pueblo no podía o temía votar libremente y en los que el pueblo dio su voto a la derecha para asegurarse el pan y la sal».

La legitimidad de las elecciones y del resultado final se vio confirmada en 1971 por una investigación exhaustiva llevada a cabo por un equipo que dirigió Javier Tusell. Sus conclusiones se aceptaron durante casi cinco décadas hasta que, recientemente, las puso en duda el libro, ya citado, de Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García. Al igual que la comisión franquista de 1939, el título y las conclusiones de dicho estudio insinúan que el Frente Popular llegó al poder mediante el fraude, aunque su exhaustiva investigación no avale esa tesis. El minucioso análisis ciudad por ciudad de los autores ha revelado la manipulación de los resultados en algunas circunscripciones durante la segunda vuelta de los comicios, cuando la izquierda ya había recuperado el poder.

Sin embargo, no examinan con el mismo detalle la manipulación del voto a favor de la derecha durante la primera vuelta, algo que reconoció el propio Gil Robles, quien escribió en sus memorias sobre su «infinita» repugnancia a aprovecharse de los mecanismos corruptos de Portela Valladares: «Pero ¿cómo impedir nuestra derrota en las circunscripciones de más elevado censo?». Los autores del mencionado estudio no alteran de forma significativa las cifras de votos del estudio de Tusell y reconocen que los escaños adicionales obtenidos por manipulaciones posteriores al 19 de febrero no niegan la victoria del Frente Popular.”

La comisión parlamentaria para examinar la validez de las recientes elecciones actuó con un legalismo puntilloso, ya que al excluir muchas pruebas de falsificación favoreció consistentemente a la derecha. En Santander, por ejemplo, se ignoraron las alegaciones de intimidación a los republicanos por falta de pruebas acreditadas mediante acta notarial y se confirmó la victoria de las derechas. Otras decisiones favorecieron a la derecha en las provincias de Ciudad Real, Toledo y Ávila por razones similares. En la provincia de Zaragoza, dejando aparte las pruebas de intimidación, el gobernador civil se había inventado los resultados de 78 pueblos. Sin embargo, se aprobó la victoria de la derecha por falta de pruebas documentales legalmente aceptables. Los resultados de las islas Baleares, el feudo de Juan March, ni siquiera fueron puestos en cuestión. En Albacete había pueblos en que el número de votos superaba al de votantes. El secreto del voto también se había transgredido. Sin embargo, como la izquierda no había podido contar con un notario que estuviera presente durante las elecciones, las pruebas acumuladas fueron insuficientes para impugnar los resultados de Albacete.

A pesar la imparcialidad con que la comisión de actas llevó a cabo sus funciones, la CEDA se las ingenió para ocultar su participación en el fraude electoral y para dar la impresión de que se la estaba persiguiendo. Esto era una parte crucial del proceso por el que se convencía a la opinión de derechas de que la coexistencia democrática ya no era posible. Varios de los distritos en los que se ponían en duda los resultados electorales estaban representados por líderes derechistas destacados. Gil Robles y Cándido Casanueva, en Salamanca; Calvo Sotelo, en Orense, y Goicoechea, en Cuenca, estaban en peligro de perder sus escaños. Si se invalidaban las elecciones más flagrantemente fraudulentas, las de Granada, la CEDA corría el riesgo de perder cinco diputados. En consecuencia, Giménez Fernández, el representante de la CEDA en la comisión de actas, declaró que la comisión era tendenciosa y que estaba creando un Parlamento para que fuese el instrumento de un régimen totalitario. A continuación dirigió la retirada de las Cortes de los diputados de la CEDA, tras un discurso amenazador que terminaba con las palabras: «Dejamos en vuestras manos la suerte del sistema parlamentario». Esta simple maniobra iba dirigida a que la CEDA pudiese denunciar la composición del Parlamento como arbitraria y no democrática. ABC afirmó que la derecha había sido expulsada del Parlamento.

Tanto los resultados de Pontevedra como los de Orense fueron aprobados. Los de Cuenca fueron anulados por dos razones. En primer lugar, había habido falsificación de votos, y además, una vez que se descontaron los votos defectuosos, ningún candidato llegaba al mínimo del 40 por 100 de los votos requerido para la elección. Había pruebas abrumadoras de que en Granada los representantes legales del frente popular habían sido detenidos durante las elecciones, de que bandas armadas habían controlado las urnas y de que la gente había sido obligada a punta de pistola a votar por las derechas. En consecuencia, las elecciones de Granada fueron anuladas. La situación respecto a los resultados de Salamanca era bastante más compleja. Los seis candidatos victoriosos de la derecha, Gil Robles, Cándido Casanueva, Ernesto Castaño y José Climas Leal, de la CEDA, junto con los dos carlistas, Lamamié de Clairac y Ramón Olleros, estaban implicados en la solicitud ilegal de votos a los cultivadores de trigo de la provincia, ofreciéndoles comprarles los excedentes acumulados. Finalmente, las elecciones de Lamamié, Castaño y Olleros fueron declaradas nulas y fueron sustituidos como diputados por los candidatos que habían obtenido mayor número de votos detrás de ellos.

Sin embargo, precisamente porque los resultados electorales mostraban la voluntad popular, la derecha cambió gustosa a tácticas más violentas. Ya la campaña propagandística del frente antimarxista había descrito la derrota como el principio del holocausto. En gran medida, Gil Robles había apoyado la existencia de su legalismo en la obtención de una victoria en las elecciones. Inevitablemente, tras el tono apocalíptico de la campaña electoral, los resultados produjeron un sentimiento de desesperación dentro de la CEDA. El movimiento de juventudes y muchos de los ricos mecenas del movimiento se convencieron inmediatamente de la necesidad de asegurar por la violencia lo que era inalcanzable por la persuasión.

Por otro lado, también se ha cuestionado duramente la forma en que Manuel Azaña tuvo que asumir el poder urgentemente en la tarde-noche del 19 de febrero antes de que finalizara completamente el proceso electoral. Pero lo cierto es que no se trató de ninguna intromisión o asalto caprichoso al poder ni de un golpe de Estado sino de un nombramiento que, aunque excepcional y extraordinario, fue perfectamente constitucional y ajustado a la legalidad.

A las, 3,30 de la mañana del día 17, al conocerse los primeros resultados de las elecciones, Gil Robles había ido a ver a Portela para tratar de persuadirle de que no entregase el poder a la izquierda victoriosa. Los estruendosos ruidos de sables y las espontáneas y entusiastas movilizaciones callejeras hicieron a Portela entrar en pánico y quiso entregar el poder inmediatamente a Azaña, sin esperar para dimitir a la apertura de las Cortes. Poco antes de hacerlo, le había dicho al secretario en funciones del PSOE, Juan Simeón Vidarte, que había habido una amenaza seria de golpe militar. En contra de su voluntad, Azaña se vio forzado a aceptar prematuramente el poder la tarde del 19 de febrero.

Consumada la dimisión de Portela, Alcalá-Zamora apenas tuvo dudas en señalar a Azaña como «la única solución posible», antes incluso de iniciar una ronda de consultas tan amplia como formularia. La coalición de izquierdas, con sus fragilidades, era el único instrumento de gobierno que se percibía sin Cámara a la vista, pues se basaba en un pacto poselectoral que vinculaba a quienes habían concurrido juntos a las elecciones. Por el lado del centro y la derecha no había más que coaliciones puramente electorales, una entente destinada a disolverse tras el escrutinio. Alba, Cambó, Portela y Cirilo del Río [dirigentes del centro-derecha perdedor] aconsejaron al Jefe del Estado que encargara el gobierno a Azaña.

Asimismo, también se ha afirmado que los resultados de estas elecciones son un antecedente de la Guerra Civil y, como sostiene Javier Tusell, esta afirmación sólo es cierta en el sentido de que la geografía electoral de febrero de 1936 tiene una marcada semejanza con el plano de las primeras operaciones bélicas después de julio. Sin embargo, no se puede decir de ninguna manera que, en el momento de realizarse la consulta electoral, las posibilidades de convivencia estuvieran ya definitivamente arruinadas. En general, da la sensación de que el electorado mostró su predilección, en cada candidatura, por los más moderados, aunque también es posible que éstos fueran más indisciplinados. De cualquier modo, la lista de Madrid del Frente Popular quedó encabezada por Besteiro, mientras que el último puesto lo ocupaba Largo Caballero. Es posible, además, que una razón complementaria para el triunfo del Frente Popular resultara, precisamente, de esa condición moderada de su propaganda y de sus candidatos en este momento. Con toda probabilidad los partidos situados en el extremo del arco político partidista acabaron penalizados por el elector. Falange, por ejemplo, apenas obtuvo entre 40 000 y 60 000 votos sobre un electorado de trece millones de personas. Incluso es probable que los comunistas no hubieran obtenido ningún escaño de no haber ido sus candidatos incluidos en las listas del Frente Popular; lo mismo puede decirse, por supuesto, de los grupúsculos situados más a la izquierda: no hubieran tenido presencia en el Parlamento. La aparente desaparición del centro no era real porque estaba provocada por la Ley electoral y porque había moderados tanto en las listas del Frente Popular como en las de la derecha. Además, la salvación de la República dependía de personas como Prieto o Giménez Fernández, mucho más que de Pórtela. En definitiva, la victoria en las elecciones no había correspondido a una subversión por la derecha o la izquierda sino a la postura de Azaña, que, a fin de cuentas, durante la campaña electoral se había definido a sí mismo como persona de talante moderado y reformista.

Enrique Moradiellos llega a las siguientes conclusiones sobre las elecciones de 1936 y el supuesto fraude:

La violencia, aunque existió, no tuvo la envergadura ni la intensidad suficiente para alterar gravemente el desarrollo normal del proceso electoral en su conjunto. Hubo, así pues, casos de violencia episódica recurrente, pero también una mayoría sustancial de conductas cívicas regulares y competencia libre y equilibrada entre alternativas políticas diferenciadas, como corresponde a una consulta democrática válida.
Aunque en el proceso de escrutinio parece que hubo episodios de fraude en algunas provincias, no hubo fraude generalizado y orquestado (un atisbo de «pucherazo» general y sistémico) y el triunfo del Frente Popular fue principalmente producto de la mayor movilización de sus votantes a la hora de acudir a las urnas y del efecto de un sistema electoral hipermayoritario en la distribución de escaños, aun cuando su mayoría parlamentaria final fue de hecho amplificada muy sensiblemente por esos episodios localizados de fraude.
El acceso al poder del nuevo Gobierno de Frente Popular presidido por Manuel Azaña desde la tarde-noche del 19 de febrero fue un fenómeno excepcional y sorprendente y sólo comprensible en el contexto de emergencia creado por la deserción y huida del Gobierno de Portela Valladares y la movilización de las masas frentepopulistas, que reivindicaban la puesta en práctica del programa electoral del triunfador. Pero no fue un golpe de Estado, ni violento, ni armado, ni electoral, porque Azaña fue nombrado por el presidente de la República, que tenía competencias para ello y consideró todas las alternativas posibles antes de tomar su decisión y después de consultar con los partidos pertinentes.
No existe material probatorio para impugnar el hecho cierto de que hubo unas elecciones básicamente limpias y un resultado claro en forma de victoria electoral del Frente Popular, aunque no fuera con la mayoría abultada que finalmente se proclamó de manera oficial.

En otras palabras: en febrero de 1936 no hubo golpe de Estado del Frente Popular (Pablo Gea Congosto), ni su triunfo fue resultado de una combinación de violencia y fraude generalizados (César Vidal), ni sus «manejos» robaron a las derechas su clara victoria electoral (Alfonso Bullón de Mendoza), ni su triunfo fraudulento y viciado por la violencia sirve de justificación del 18 de julio como mera reacción defensiva (Juan Robles). Todo lo contrario. Hay que recordar que lo que finalmente acabó con la democracia republicana, a la postre, no fue una revolución prohijada por las autoridades frentepopulistas, que destruyeron así internamente la pacífica normalidad constitucional (lo que, por cierto, evitaron entre el 19 y 20 de febrero). Lo que terminó con ella fue un golpe militar de perfil reaccionario que tenía en su punto de mira letal tanto el peligro de revolución social como la evidencia de la reforma democrática gubernativa en acción resuelta e imparable. Olvidar estas circunstancias es sumamente peligroso desde el punto de vista histórico. Casi tanto como desde el punto de vista cívico.