A principios de los años 80, el movimiento estudiantil en España estaba en plena efervescencia. Alumnos y alumnas de todo el país se lanzaban a las calles para protestar contra la Ley de Autonomía Universitaria, con la que el gobierno de la UCD invitaba al capital privado a participar en las áreas de docencia e investigación, y por ende, a ceder el control educativo a los grandes monopolios y a sus intereses particulares.

En Madrid, las manifestaciones dejaron centenares de heridos y los asesinatos de dos jóvenes, José Luis Montañés y Emilio Martínez, abatidos por los disparos de la Policía Nacional. Destacados miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantenían vínculos con las organizaciones de extrema derecha que habían perpetrado atentados, como la bomba contra la sede del Club de Amigos de la UNESCO o la matanza de los abogados laboralistas de Atocha.

España presumía ante la comunidad internacional de una plácida incorporación a los procesos democráticos, pero la realidad que se vivía en las calles estaba muy alejada de aquella imagen aperturista, que unos y otros en el arco parlamentario, se afanan en trasladar más allá de las fronteras nacionales. La tan cacareada transición caminaba con los pies manchados de sangre y las instituciones plagadas de adeptos a la dictadura, que hacían valer su posición de privilegio para mantener vivos los principios del Movimiento.

En este contexto de reformulación de régimen se fraguó el secuestro y asesinato de Yolanda González, la conocida como "última víctima del franquismo", aunque esto, como la "modélica transición", es más bien una licencia histórica.

Yolanda González era una joven líder estudiantil de 19 años, nacida en Bilbao y estudiante de electrónica que ejercía como representante del Centro de Formación Profesional en la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media. Militaba activamente en el Partido Socialista de los Trabajadores, una escisión trotskista de la Liga Comunista Revolucionaria, y compagina sus estudios con trabajos eventuales como empleada de hogar.

Entre la noche del viernes 1 y la madrugada del sábado 2 de febrero de 1980, Yolanda se encontraba en su piso de estudiantes, en el barrio madrileño de Vallecas, cuando Emilio Hellín e Ignacio Abad, miembros de un comando de Fuerza Nueva llamado Grupo 41 y ligado al Batallón Vasco Español, irrumpieron por la fuerza haciéndose pasar por policías. Esa misma mañana ETA había perpetrado un atentado, con el resultado de la muerte de 6 guardias civiles. El origen vasco de Yolanda, unido a su activismo político, fueron motivos suficientes para ser elegida objetivo de la venganza.

Los captores la trasladaron maniatada en un coche hasta el kilómetro 3 de la carretera que circula en paralelo a San Martín de Valdeiglesias, a 16 kilómetros de Madrid. La bajaron del vehículo y le desgarraron 3 tiros a bocajarro que le provocaron una muerte instantánea. Aquella fue la primera vez que mataron a Yolanda.

La segunda ocurriría durante el transcurso de un proceso judicial plagado de irregularidades, cuya fase de instrucción estuvo a cargo de Ricardo Varón Cobos, un magistrado de ultraderecha que acumulaba denuncias por sus polémicas decisiones. El juez denegó la petición policial de registrar la sede de Fuerza Nueva, a pesar de que Emilio Hellín, autor confeso del crimen, declaró que David Martínez Loza, jefe de seguridad del partido de Blas Piñar, le dio la orden de secuestrar y asesinar a Yolanda González y le proporcionó las armas para tal fin. Tras el crimen, ambos mantuvieron conversaciones telefónicas donde se indicaba el lugar para esconder las pistolas y pautas sobre la redacción de un comunicado reivindicativo.

En su auto de inhibición en favor de la Audiencia Nacional, el juez eximió de cualquier responsabilidad al jefe de seguridad de Fuerza Nueva, aunque resultó finalmente condenado a 6 años de cárcel por inducción al secuestro, siendo defendido durante el juicio por el yerno de Blas Piñar.

La investigación policial descubrió un arsenal de armas y explosivos almacenados en varios pisos francos, pero la sentencia determinó que los condenados habían actuado por voluntad propia, por lo que no se les podía considerar miembros de una entidad organizada a efectos jurídicos penales, porque "para su nacimiento y existencia requiere una agrupación de personas más numerosa y una estructura organizativa más exitosa y compleja".

Con el cierre del caso se bloqueó cualquier intento de indagar en la relación de los implicados con miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a pesar de las muchas pruebas que apuntaban a una estrecha colaboración. Hellín tenía en su poder emisoras de la Policía y la Guardia Civil, y el ordenador que utilizó para redactar el comunicado, que desapareció misteriosamente, tenía una terminal como las que utilizan los servicios de seguridad. Además, gran parte del arsenal incautado estaba compuesto por armamento reglamentario del ejército, y cuando Hellín disfrutó por primera vez de la libertad condicional dispuso de varios DNI falsificados con otra identidad.

El autor de los primeros disparos que acabaron con la vida de Yolanda González fue condenado a 43 años y medio de prisión, de los cuales solo cumplió 14. Ignacio Abad, el segundo pistolero, fue sentenciado a una reclusión penitenciaria de 28 años, y Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto, los otros dos integrantes del grupo ultraderechista, a 6 años, los mismos que el ya mencionado David Martínez Loza.

El tercer asesinato de Yolanda González se perpetró décadas después, cuando el diario El País desveló que Emilio Hellín había trabajado para el Ministerio del Interior como asesor de la Policía, durante un período de 5 años, por los que habría percibido una cantidad aproximada a los 140.000 euros.

En 1998, el pistolero ultra fundó junto a su hermano, Guardia Civil, la empresa Net Computer Forensics SL, que en su página web se publicita como un "un grupo de Ingenieros y Técnicos con conocimientos al servicio del derecho y la justicia", cuyas actividades "son reclamadas tanto a nivel nacional como internacional por Universidades, Departamentos de Criminalística de Cuerpos Policiales, Poder Judicial y prestigiosos despachos de abogados". Net Computer Forensics SL ha sido la empresa contratada por la defensa legal de Cristina Cifuentes para hacer labores de peritaje en relación a la presunta falsificación del acta de un máster universitario, motivo por el que la ex presidenta de la Comunidad de Madrid está siendo juzgada.

Mientras tanto, el entorno más cercano a Yolanda González sigue luchando, 41 años después, para mantener viva su memoria. Exposiciones, libros y documentales recuerdan la figura de la joven líder estudiantil asesinada por la extrema derecha, al mismo tiempo que la familia reclama su reconocimiento como víctima del terrorismo, circunstancia que ha sido negada en numerosas ocasiones por los diferentes gobiernos.

Entre revés y revés, sus allegados pudieron disfrutar de una pequeña victoria en el año 2015, tras la decisión del Ayuntamiento de Madrid de bautizar con el nombre de Yolanda a uno de los jardines de la capital. En 2018, en ese mismo lugar, se instaló una placa en su memoria donde se puede leer un breve resumen de su vida y muerte, siempre y cundo no haya sido vandalizada con todo tipo de simbología nazi.

Yolanda es conocida popularmente como la última víctima del franquismo, pero solo 8 días después de su asesinato, dos militantes de la extrema derecha acabaron con la vida del estudiante de electrónica Vicente Cuervo, de tan solo 21 años, y la modélica transición continuó dejando su reguero de sangre.