Proyecto Faq Señalar judicialmente la X de los GAL

domingo, 24 de enero de 2021

Señalar judicialmente la X de los GAL

Tres lustros más tarde de la entrada en prisión del ex ministro de Interior, José Barrionuevo, y del ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, ambos del PSOE, por los GAL, la CIA desclasificó unos papeles en los que se señalaba que el ex presidente del Gobierno español, Felipe González, «había acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir a terroristas fuera de la ley». Aquella revelación impulsó a Pilar Zabala, hermana del presunto miembro de ETA asesinado por la guerra sucia y el ex dirigente de Podemos en el País Vasco, a impulsar una plataforma para investigar los crímenes de los GAL sin resolver y «señalar judicialmente» la X del terrorismo de estado. Entre las primeras acciones, está el registro de un escrito a la Fiscalía de San Sebastián para investigar a González.

Señalar judicialmente la X de los GAL
Moisés Pérez

A las puertas de la cárcel de Guadalajara, el ruido de los simpatizantes socialistas era bastante notable. Con los cánticos de «inocentes» y «libertad», cerca de 7.000 seguidores del PSOE se habían concentrado para otorgar calor a José Barrionuevo, ex ministro de Interior, y Rafael Vera, ex secretario de Estado, los cuales debían ingresar a rejas aquel 10 de septiembre de 1998 como responsables del secuestro del ciudadano Segundo Marey 1983. Vendedor inmobiliario e hijo de un exiliado socialista en Francia a raíz del golpe de Estado fascista del dictador Francisco Franco en 1936, había sido capturado por mercenarios financiados por el Gobierno español de Felipe González. Los miembros de la guerrilla terrorista lo habían apresurado confundiéndolo con el supuesto dirigente de la banda criminal ETA, Mikel Lujua.

Antes de que Vera y Barrionuevo accedieron a la prisión, se abrazaran efusivamente con González, quien estaba acompañado, según la crónica elaborada entonces por el diario El País, por dirigentes de la formación del puño y la rosa como Joaquín Almunia y Josep Borrell, así como referentes del socialismo español como, por ejemplo, Alfonso Guerra. «El PSOE seguirá luchando para España tenga un futuro de paz y no de rencor», expresó Almunia. Ambos ex dirigentes entrarían en sus celdas como responsables gubernamentales de autorizar esa operación, aunque su estancia entre rejas fue inferior a los tres meses gracias a un indulto parcial del neoconservador. José María Aznar. La sombra de los GAL persiguió durante aquella investigación a González, a quien la junta de fiscales del Tribunal Supremo decidió por unanimidad en 1996 no citar como imputado.

Décadas más tarde, sin embargo, la CIA desclasificó unos documentos que reavivaron las sospechas respecto de la implicación del ex dirigente del PSOE en la guerra sucia contra el terrorismo de ETA. Según el informe de la agencia de inteligencia estadounidense, el cual fue destapado completamente por el diario La Razón, «González acordó la creación de un grupo de mercenarios, controlado por el ejército, para combatir terroristas fuera de la ley ». «El Gobierno español está dispuesto a adoptar una estrategia poco ortodoxa en relación con ETA», se añade a un documento que tiene rayado en blanco las frases anteriores y posteriores a la afirmación sobre González, y que fue elaborado por un analista de 'inteligencia, tal como analizó eldiario.es.

A raíz de aquella revelación, ERC, EH Bildu, PNV, Juntos por Cataluña, BNG o Compromiso pidieron la creación de una comisión de investigación que fue rechazada gracias a los votos del PP, PSOE, Ciudadanos y la extrema derecha Vox . Unidas Podemos, quien en un primer momento adoptó una posición de rechazo a la iniciativa, se sumó a la petición después de la llamada de Pilar Zabala, dirigente de los morados en el País Vasco y hermana del presunto miembro de ETA secuestrado, torturado y asesinado por los GAL, el vicepresidente segundo español, Pablo Iglesias. En la solicitud registrada en el Senado, las fuerzas políticas impulsoras argumentaban que el nacimiento de esta comisión serviría «para actuar con transparencia y esclarecer los diversos aspectos que hasta el momento siguen sin ser investigados». 

La desclasificación del documento de inteligencia, así como el revuelo por el posicionamiento parlamentario de Unidas Podemos, ha motivado a Zabala para crear una plataforma civil con la que investigar las 482 acciones criminales de los GAL sin resolver, que suponen un 37% de todos los asesinatos cometidos por estos mercenarios a sueldo del Estado español. Llamada B-Egiaz, el proyecto de investigación objetiva y científica de estos episodios oscuros de la historia de España arrancó en septiembre de 2020. En las últimas semanas, sin embargo, se ha habilitado una página web que actuará como una llamada para todas las personas que quieran colaborar y aportar sus conocimientos a la tarea de rastreo. «En un principio, nos proponemos un plazo de dos años para realizar esta investigación, en la que queremos explorar todo tipo de fuentes y documentos que nos permiten poner luz a episodios aún rodeados de oscuridad», apunta Jesús María Garate, una de las voces de la plataforma. 

El objetivo, tal como explica el activista, «no es otro que conseguir información fidedigna para demostrar lo que siempre se ha intentado ocultar: la vinculación que han tenido determinadas personas con los GAL, que, en vez de ser garantes de el estado democrático y de derecho, se han primado del carácter público para acometer, ordenar o ocultar graves vulneraciones de derechos humanos ». «Para muchas víctimas de vulneraciones de derechos humanos que no saben lo que ocurrió, incluso aquellas de los GAL, el realmente lenitivo, al margen del reconocimiento y la reparación, es la búsqueda de la verdad, con mayúsculas. Sin verdad, no es posible realizar un duelo para pacificar la memoria », recuerda.


Esta tarea sin embargo, «no es un asunto exclusivo de las víctimas». «La memoria colectiva sólo puede sanarse si se describen y publicitan, de manera objetiva, todas las violencias causadas y sufridas, interpersonales y políticas, individuales y estructurales, civiles y militares. Impulsar una verdad lo más científico e independiente posible nos permitirá reparar y rehistoriar nuestras memorias colectivas e individuales. Y para elaborar un relato verosímil, la narración debe partir de unos datos objetivos que sean admitidas por el conjunto de la ciudadanía », resalta.
 
La plataforma, la cual cuenta, en estos momentos, con varias personas de renombre como exmagistrados/as, aspira a contar con personas de reconocido prestigio en los campos de la defensa de los derechos humanos, así como con expertos en áreas como la historiografía, la sociología, el derecho, la medicina y el periodismo. «Con la pandemia del coronavirus, la puesta en marcha está siendo un poco más lenta. Con todo, tendremos una página web más elaborada entre febrero y marzo. Una de nuestras prioridades es recopilar todo el material documental posible y contactar con aquellas fuentes que tienen conocimientos de estos hechos. El siguiente paso será profundizar en los hechos, especialmente poniendo el foco en el territorio francés. No en vano, investigó a menos », indica, para incorporar:« El propósito de esta iniciativa es también trasladar toda esta información a los tribunales. Queremos señalar la X de los GAL en los juzgados, aunque los delitos puedan ser prescritos en España. No descartamos, de hecho, acudir a la justicia universal, tal como han hecho las víctimas de la dictadura franquista ».
 
Mientras la plataforma arranca su búsqueda para alumbrar la opacidad en torno al terrorismo emanado desde las mismas instituciones estatales, Zabala presentó a principios de este mes un escrito a la Fiscalía de San Sebastián. En la denuncia, solicitaban que la justicia «dilucide si el señor Felipe González Márquez debe ser objeto de denuncia por haber incurrido presuntamente en el delito de inducir a cometer atentados y desapariciones forzadas a través de los GAL o en el delito de, en vez de ser garante del estado democrático y de derecho, haberse primado de su cargo público de presidente del Gobierno español para tolerar, financiar o encubrir graves vulneraciones de derechos humanos por medio de los fondos reservados, tal como evidencian innumerables testigos e informaciones ».
 
«El pasado mes de junio salía a la luz un informe redactado por la CIA en enero de 1984 en el que se asevera textualmente que Felipe González ha acordado la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas '. La frase sobre el presunto papel del ex presidente del Gobierno en la creación de los GAL queda suspendida entre dos grandes huecos en blanco censurados por la agencia de inteligencia estadounidense antes de desclasificar el citado informe, por lo que no se 'identifica la fuente de la información que permite hacer esta afirmación. Sin embargo, que tanto la frase anterior como la siguiente estén rayadas denota un claro indicio de que no se trata de declaraciones indirectas, sino de la revelación categórica de una o de varias personas con información fidedigna, directa y privilegiada », argumenta en el escrito judicial, donde refuerzan: «Cuando el documento sigue señalando que 'la prensa española está plagada de especulaciones respecto de si las autoridades están tras los GAL [...], sí se remarca claramente que las fuentes provienen de informaciones periodísticas, al contrario que en el caso anterior ». «Es sorprendente que la fecha de redacción del informe de la CIA (enero de 1984) se produzca en un momento incluso anterior a las primeras publicaciones que apuntaban a que el Gobierno español estaba tras los GAL», incide .

El escrito judicial, con todo, incorpora más testigos de la presunta responsabilidad del expresidente español. «El 6 de julio de 1983, tres meses antes de que los GAL comenzarán a actuar en territorio francés (Joxean Lassa Arostegi y mi hermano fueron secuestrados el 16 de octubre en Bayona), el CESID [el antiguo CNI] redactaba una 'nota de despacho', el encabezamiento decía: 'Acciones en Francia'. Este informe [...] recogía cómo y de qué manera se tenía que actuar contra los presuntos miembros de ETA y concluía que 'la forma de acción más aconsejable es la desaparición por secuestro'; eso sí, subraya que 'sólo quien está conduciendo la lucha contra el terrorismo en su conjunto, puede decidir o no este tipo de acciones'. Con posterioridad, esta 'nota de despacho' fue conocida popularmente como el acta fundacional de los GAL », aporta Zabala.
 
«El ministro de Defensa del primer gobierno de José María Aznar, Eduardo Serra, en un programa de Salvados (La Sexta) se jactaba de ser 'el protagonista de no desclasificar unos papeles de los servicios de inteligencia que presuntamente inculpaban al anterior presidente del gobierno de haber colaborado de manera poco legítima en la lucha contra ETA '. Sierra argumentaba que 'en el fondo estoy protegiendo el bien que me encarga la comunidad, la sociedad española, que es que el terrorismo no siga haciendo estragos' », se incorpora a la denuncia, y también incluye las palabras de Robert Pandreau, ministro delegado para la seguridad del gobierno francés del conservador Jacques Chirac entre los años 1986 y 1988, expresadas a las autoridades españolas: «Yo os daré cuando sé, y procederé a las extradiciones, pero lo voy a parar todo si se producen en Francia atentados antiindependentistas de los GAL ». Estas afirmaciones se produjeron originalmente «cuando Pandreau visitaba oficialmente Madrid para entrevistarse con el ministro de lnterior de la época, José Barrionuevo, y con Felipe González, que interrumpió expresamente sus vacaciones estivales para acudir al encuentro ».
 
A partir de ese momento, según se describe en el escrito judicial, «no se produjeron ningún atentado de los GAL, excepto el asesinato de Juan Carlos Garcia Goena, sobre el que el gobierno francés pidió inmediatamente información y explicaciones». «En París, nadie dudaba de que los GAL eran una emanación del Gobierno español», se remarca en la denuncia, que concluye: «A raíz de los hechos expuestos, se desprende tácitamente que los servicios secretos, tanto franceses como españoles, están en posesión de información que apunta a que sus gobiernos poseen más que sospechas respecto de si el señor Felipe González Márquez habría impulsado los GAL o, al menos, habría autorizado su creación ». «Esta suposición se corrobora de manera directa en los documentos desclasificados de la CLA, donde se asegura categóricamente que el expresidente acordó la creación de un grupo de mercenarios para combatir fuera de la ley a terroristas», cierra la denuncia del la ex dirigente vasca de Unidas Podemos y víctima de los GAL, la sombra de la que vuelve a planear con fuerza por encima de González.  
  


Fuente → eltemps.cat

banner distribuidora

Señalar judicialmente la X de los GAL Rating: 4.5 Diposkan Oleh: La Voz de la República
Publicar un comentario
Gracias por comentar
 
  • BR