La recuperación de la Memoria Histórica fue uno de los principales compromisos que contrajeron los socios de Gobierno al formar coalición. Nueve meses después de la investidura de Pedro Sánchez, el 15 de septiembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática.
El texto, que pretende actualizar la Ley de Memoria Histórica de 2007, tiene dos grandes objetivos: “la defensa y el conocimiento de la historia democrática de España”, y el “reconocimiento, la reparación, la dignidad y la justicia para las víctimas de la dictadura y la represión”, en palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.
Lo más importante
Tras la aprobación del anteproyecto, este debe pasar por los correspondientes órganos consultivos (Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, entre otros) antes de llegar al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. Calvo se ha marcado como objetivo para el primer semestre de 2021 la aprobación de la norma. Entre los puntos a destacar del texto están:
- La declaración de los juicios franquistas “nulos de pleno derecho”.
- Ilegalización de las asociaciones y fundaciones que hagan apología del franquismo.
- Régimen sancionador con multas de entre 200 y 150.000 euros por el traslado de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura sin autorización o la destrucción de fosas o lugares de memoria.
- Creación de un censo oficial de víctimas de la guerra y el franquismo, así como un banco de ADN nacional.
- Puesta en marcha de un plan de exhumaciones sufragado con recursos públicos que reconocerá el derecho de las víctimas y sus familiares a investigar lo sucedido.
- Inclusión de la norma en el currículum de la ESO y el Bachillerato, y la formación del profesorado bajo el paradigma del «nunca más».
¿Cuál es el contexto?
El 31 de octubre de 2007, el Congreso aprobó la Ley de Memoria Histórica impulsada por el Ejecutivo socialista de José Luís Rodríguez Zapatero. Contó con el apoyo de todos los grupos políticos, a excepción de ERC y el PP, que sí votó a favor de siete preceptos del dictamen, como la despolitización del Valle de los Caídos y las ayudas a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.
Con la entrada de Mariano Rajoy en la Moncloa, la ley quedó en desuso, pues el Gobierno popular eliminó esta partida de sus presupuestos en 2013.
Tras la moción de censura que otorgó a Sánchez la presidencia, el primer paso para la adopción de una agenda de recuperación de la memoria histórica fue la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, llevada a cabo el 24 de octubre de 2019
Para 2021, el Gobierno ha retomado la partida del presupuesto para memoria histórica con 11,35 millones de euros, de los que un 60% se dedicarán a exhumaciones, según el Ministerio de la Presidencia.
¿Qué hay que tener en cuenta?
Por norma general el Ejecutivo tiene que cumplir con varios pasos previos antes de remitir la norma a la Cámara:
- Realizar una consulta para recabar la opinión de las personas “potencialmente afectadas por la futura norma” y de las organizaciones más representativas de ese ámbito.
- Redactar una Memoria del Análisis de Impacto Normativo donde se justifica la necesidad de aprobarla, se desgrana su contenido y se hace una previsión del impacto económico que tendrá.
- Reunir informes durante todo el proceso de elaboración de aquellos órganos que se consideren oportunos, como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o el Ministerio de Hacienda y las Administraciones Públicas.
- El Gobierno remite el proyecto de ley a la Mesa del Congreso, que ordena la publicación del texto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y abre un plazo de 15 días para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas.
- Si algún partido presenta enmiendas a la totalidad, se celebra un pleno donde los diputados se pronunciarán sobre ellas.
- Una vez celebrado el debate de totalidad (si lo hay), se elige a una serie de representantes de todos los grupos para que en 15 días redacten un informe en relación con el texto del proyecto de ley y las enmiendas presentadas, que deberán debatirse con el Gobierno.
Por el momento, el Ejecutivo ha cumplimentado los dos primeros trámites. Tras acabar de reunir los informes correspondientes, el proyecto de ley tendrá que pasar una segunda vez por el Consejo de Ministros antes de ser remitido a las Cortes, según informó Presidencia a Newtral.es.
[¿Cómo se elabora una ley? El proceso, en 5 pasos]
#Fact
Según un monográfico sobre las exhumaciones en España publicado en diciembre por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, sólo han podido ser identificados genéticamente el 0,2% de los 130.199 individuos que se estiman asesinados por el franquismo, es decir, unos 260. Este dato ha sido extraído de la tesis doctoral del médico forense Fernando Serrulla.
Fuente → newtral.es
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