A LA MESA DE LAS CORTES

Estefanía Blanes León, portavoza adjunta del Grupo Parlamentario Unides Podem y al amparo de los artículos 164 y siguentes del RCV presenta esta Proposicíón no de ley de tramitación ordinaria por el Acceso a la Justicia de la víctimas de los crímenes de lesa humanidad del franquismo y de la Transición, para ser debatida en la Comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La política del silencio, el olvido y la amnesia institucional en el Estado español en relación con los crímenes contra la Humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la Transición, ha sido permanentemente denunciado por las organizaciones memorialistas, de derechos humanos, feministas, sindicalistas, etc.

Las víctimas directas o familiares de violaciones de derechos humanos tienen el derecho irrenunciable al esclarecimiento de la verdad sobre aquellos crímenes contra la Humanidad, una verdad que permita hacer justicia. Desde el Grupo Parlamentario de Unides Podem entendemos que esto ha de ser un principio básico que ha de presidir los valores y las actuaciones públicas de cualquier Estado Democrático y de Derecho.

Gracias al empuje del movimiento social, se ha conseguido introducir en el debate político y conseguir avances como el reconocimiento del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Todas ellas, reivindicaciones históricas de las víctimas de las graves violaciones de Derechos Humanos que se cometieron durante la dictadura franquista y la Transición.

No obstante, los procedimientos públicos de memoria abordados hasta hoy han excluido cualquier medida que favorezca que los tribunales españoles investiguen aquellos crímenes y establezcan un verdad judicial a partir de la cual se escclarezcan las violaciones derechos humanos cometidas, sean juzgados y condenados sus reponsables y que las víctimas sean reparadas adecuadamente.

Las políticas públicas memorialistas llevadas a término hasta ahora han estado orientadas a reconocimientos institucionales y a la implementación de medidas de carácter administrativo en el ámbito individual. Actuaciones insuficientes para revertir el modelo de impunidad judicial imperante.

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, aprobado por el Consejo de Ministros el día 15 de septiembre de 2020, supone un avance importante en algunos aspectos en este ámbito, pero no aborda los obstáculos que impiden la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista y la Transición.

Los tribunales españoles, en las más de 100 resoluciones judiciales en las que ha dado respuesta a las 80 querellas criminales presentadas en el Estado español, invocan a la Ley de Amnistía como la norma que consolida la impunidad y cuyos efectos impiden la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista. De esta forma, niegan que son crímenes contra la humanidad considerando los delitos hayados como prescritos, basándose así en las limitaciones de la normativa interna para oponerse a la persecución de los crímenes contra la humanidad, no aplicando los tratados internacionales ratificados por el Estado español.

Estos argumentos son absolutamente imporocedentes y contrarios al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tal y como se ha venido recordando al Estado español desde diferentes instancias internacionales (Consejo de Derechso Humanos de las Naciones Unidas y Consejo de Europa, entre otras).

Para avanzar en una auténtica política de reconciliación donde la sociedad recupere la confianza en el Estado y en sus instituciones, es necesario avanzar en medidas efectivas que reconozcan, de una vez para siempre, el derecho a la Justicia que comporta la investigación penal de los crímenes, el enjuiciamiento de los responsables de las atrocidades y la reparación integral que merecen sus víctimas.

En este sentido, desde Unides Podem creemos que ha llegado el momento de que la democracia del Estado español sea valiente y se impulsen y aprueben las iniciativas legislativas necesarias para garantizar, definitivamente, el derecho a la tutela judicia efectiva de todas aquellas personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos durante la dictadura y la Transición.

Por todo lo anterio, presentamos la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Las Cortes Valencianas instan al Consejo a instar, a su vez, al Gobierno del Estado español a iniciar y culminar los trámites encaminados a:

1. Modificar, derogar o anular la Ley de Amnistía para que permita la investigación y enjuiciamiento de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista.
2. Modificar la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, incorporando a nuestro drecho interno el Principio de Legalidad Internacional (contenido entre otros en el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
3. Impulsar la ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad que el Estado español no tiene ratificados.
4. Modificar la Ley de Enjuiciamiento criminal para que las resoluciones judiciales firmes de inadmisión a trámite de las querellas presentadas hasta hoy puedan ser revisadas.
5. Modificar la Ley de Tratados y de otros Acuerdos Internacionales para que haya un mecanismo concreto de reconocimiento y ejecución en nuestro país de los dictámenes de los órganos de Tratado de las Naciones Unidas.

El Consejo dará cuenta del cumplimiento de esta resolución en el término máximo de tres meses desde su aprobación.

Las Cortes, a 9 de diciembre de 2020