Pi i Margall y la tradición republicana democrática española

Luchamos por la libertad, por la cuchilla niveladora de la democracia. Abdó Terradas.

Rescate y eclipse del federalismo

La figura de Francesc Pi i Margall (Barcelona, 1824 - Madrid, 1901) es la figura de uno de los grandes intelectuales y políticos catalanes y españoles. El reconocimiento, los elogios y la influencia de Pi se puede encontrar en las diferentes corrientes de izquierda del siglo XIX y del XX: socialistas, federalistas y anarquistas. Aquí pretendemos ofrecer una recuperación republicana de su pensamiento, puesto que entendemos que Pi es uno de los representantes de la mejor tradición política emancipatoria ibérica, y que esta tradición se encuentra, como diría el clásico, eclipsada.

Si atendemos a los estudios realizados a partir de la segunda mitad de los años sesenta y durante los años setenta que, de manera directa o indirecta, tratan la obra de Pi y la tradición federal española decimonónica, nos encontramos con una paradoja: el rescate de la figura de Pi por parte de estos autores -una cuestión, a nuestro entender, central- coincide con su anclaje dentro de la tan utilizada categoría de pequeño burgués. 

Grosso modo, en estos trabajos se vendría a afirmar que las diferentes familias políticas del republicanismo y la popularidad de algunas de ellas (en concreto la federal) se deberían a una “inmadurez” de las formaciones sociales en las que el capitalismo aún no habría “proletarizado” masivamente los componentes del antiguo “cuarto estado”, y el socialismo como ideología independiente de la clase obrera no se habría desarrollado. Visión que, sin duda, puede entenderse, pero de la que se desprende un cierto aroma estructural-etapista.

En esta línea, Antonio Elorza y Juan José Trías Vejarano han explicado el republicanismo federal español como un movimiento pequeño burgués cuyo objetivo era la manipulación de unas bases artesanales y obreras. A su juicio, los republicanos instrumentalizaron la problemática de los trabajadores con el objetivo de integrarlos en la “sociedad burguesa”. En posturas similares nos encontraríamos la visión de Eliseo Aja o de Clara Lida. Otro caso de renombre es el de Jordi Solé Tura, quien en su famoso Catalanismo y revolución burguesa (un libro más citado e injustamente criticado que leído) dirá sobre Pi que “su concepción revolucionaria no ultrapasa nunca el horizonte del reformismo burgués”, y además lo situará como un pensador “demasiado avanzado para la realidad económica y social de la España en que vivió”.[1] Trías Vejarano, esta vez en solitario, pese a apreciar y destacar los artículos escritos por Pi en abril y mayo de 1864 en el periódico La Discusión (puesto que él mismo se encargó de seleccionarlos para la edición que prologa) y sus planteamientos allí recogidos acerca de la democracia y el socialismo (artículos que comentaremos más adelante), suscribirá las palabras de Solé Tura e incidirá en que Pi nunca se llega a desprender de cierto “gradualismo” (cuestión esta última, todo sea dicho. que no deja de ser cierta aunque no la consideremos característica de un pensamiento “pequeño burgués”).[2]

Seguramente, el historiador que, durante los años setenta, mejor estudiara la tradición federal española sea Antoni Jutglar, quien se encargaría de prologar distintas reediciones de las obras de Pi i Margall. Su tesis doctoral publicada en dos volúmenes[3] sigue siendo un documento ineludible a la hora de aproximarse al federalismo decimonónico, aunque se mantuviera la etiquetación de éste en la línea argumental que comentamos.

Estas visiones estarían influenciadas por ese marxismo doctrinario que explicaba el cambio social en base a la superación de etapas históricas y el cumplimiento de unas supuestas “leyes rígidas de la evolución social”. Así, el movimiento federal no habría entendido que el carácter de su época implicaba aplicar un programa de transformación social concreto (léase aplicar las leyes de la evolución social, que en este caso era realizar la revolución burguesa), para poder transitar hacia otra fase histórica, el socialismo.[4] Al comprometerse con otro tipo de programa estaría desviándose de las rutas que permitirían el tránsito hacia otra sociedad, de ahí que éste sea “reformista” y “pequeñoburgués”.

Por lo mismo, cuando este esquema se aplica al movimiento real de la sociedad, se llega a afirmar que las opciones de cambio social que existían antes de la consolidación del capitalismo industrial estaban condenadas al fracaso. Por eso se sostiene que el movimiento republicano federal era pequeñoburgués, reformista o inmaduro, y por eso mismo se explica su fracaso (“estaban adelantados a su tiempo”). Aquí no podemos dejar de recordar a otro historiador, en este caso inglés, que apuntó en una dirección opuesta a la hora de entender la historia. E. P. Thompson rechazaba aquellos estudios que “interpretan la historia a luz de las preocupaciones posteriores y no como de hecho ocurrieron”, esto se habría traducido en investigaciones que “solo recuerdan a los victoriosos: en el sentido de aquellos cuyas aspiraciones anticipaban la evolución subsiguiente”.[5] Así, si bien los estudios iniciales sentaron la base para una recuperación académica del republicanismo federal, acabaron por convertir en invisibles, o simplemente marginales y poco relevantes, otras partes y lecturas sociales del mismo.[6]

Nosotros, recogiendo ese espíritu thompsoniano, pretendemos “rescatar de la condescendencia de la posterioridad”,[7] en la medida de nuestras posibilidades, el republicanismo federal y el pensamiento de Pi i Margall. Como veremos, el republicanismo hispano estuvo decididamente marcado por su carácter federal. Además, lejos de ser una ideología inmadura, jugó un rol fundamental en la configuración de las propuestas políticas de las clases populares españolas, incluidas aquellas que se veían a sí mismas como más “maduras” o puramente proletarias;  solo la terrible derrota de la I República en 1873 (que al entender de Hennessy provocó que “el republicanismo dejara de ser una fuerza política efectiva durante más de dos generaciones”),[8] la desvirtuación del origen federal del Pacto de San Sebastián que trajo la II República y la derrota y represión sangrienta con la que acabó, consiguieron eclipsar esta tradición. 

Estableciendo cierto paralelismo y obviando algunos matices imprescindibles, esta derrota provocó algo similar a lo que Gramsci supo describir con precisión al respecto de lo que significó la derrota de la Comuna parisiense:

En el 70 y el 71 hubo en Francia dos terribles derrotas, la nacional, que modificó a los intelectuales burgueses, y la derrota popular de la Comuna, que modificó a los intelectuales revolucionarios. La primera creó tipos como Clemenceau, quintasencia del jacobinismo nacionalista francés, la segunda, creó al antijacobino Sorel y el movimiento sindicalista “apolítico”. El curioso antijacobino de Sorel, sectario, mezquino y antihistórico, es una consecuencia de la sangría popular del 71[…]. La sangría del 71 cortó el cordón umbilical entre el “nuevo pueblo” y la tradición de 1793.[9]

La sangría que provocó el franquismo consiguió precisamente esto. El federalismo se fue eclipsando hasta el punto que, con la recuperación de las libertades democráticas durante la transición, ya no nos encontraremos con esa fructífera ideología que había encarnado una alternativa al modelo de Estado liberal que se implantó, sino con tibias propuestas descentralizantes en materia competencial con pocos o ningún vínculo con el federalismo republicano-plebeyo original. 

La sombra de Pi i Margall es alargada. La herencia federal

El conflictivo siglo XIX español llamaría la atención en varias ocasiones de Karl Marx y Friedrich Engels. Fue este último quien, en 1873, definió a Pi como “el único socialista, el único que comprendía la necesidad de que la República tuviera su apoyo en los obreros”; según cuenta Federica Montseny, Anselmo Lorenzo, el abuelo del anarquismo español, decía que un artículo de Pi i Margall le abrió los ojos hacia el anarquismo; la Revista Blanca, revista publicada por Joan Montseny y Teresa Mañé, ambos anarquistas, reeditó el libro La reacción y la revolución con un prólogo de Federica Montseny donde comparaba a Pi con Hegel o Spinoza, y se consideraba al pensador político republicano un intelectual universal; Joan Peiró, uno de los fundadores de la Cooperativa Cristalerías de Mataró, fusilado por el franquismo en 1942, escribió:

La personalidad de Pi y Margall, uno de los grandes hombres del siglo pasado, no es indiferente a la conciencia de los trabajadores del siglo presente. […] quiero dedicarle mi recuerdo, que no será el de un correligionario suyo y sí el de un trabajador que quiere apreciar todos los valores y proporcionarlos a la distancia que los separa del Ideal universal: la Libertad.

El pensamiento político de Salvador Seguí ha sido catalogado como un pensamiento de clara influencia pimargalliana; el federal y galleguista Aureliano Pereira sería un firme defensor de la soberanía popular pimargalliana, es decir, una soberanía que por delegación desemboca en su único propietario: el pueblo, que en el caso de Pereira sería el pueblo gallego; uno de los padres del nacionalismo gallego como Castelao, a pesar de discrepar con el “federalismo regionalista” de los federales españoles (quienes, según este gran republicano gallego, “no tenían ni idea de qué se tenía que federar”), dejó escrito que de Pi quedaba “o suyo exemplo de vida, a súa limpeza de miras e de conduta”; para andalucistas como Blas Infante o catalanistas como Lluís Companys, la República Federal entendida como asociación de Estados soberanos fue una hoja de ruta de su actuación política.[10]

La obra y la práctica política de Pi influenció decisivamente a una parte del movimiento obrero y de los movimientos nacionales del siglo XX. Como dejaría escrito el brillante historiador Pere Gabriel Sirvent, es indudable la existencia de puentes bastante más de fondo que unas simples coincidencias de estrategia política del día a día entre el anarcosindicalismo, el republicanismo catalán, el gallego o el socialismo marxista, con el republicanismo pimargalliano.[11]

Por otro lado, este pensamiento es heredero de las luchas democráticas del siglo XIX.  Por decirlo así, es Pi i Margall (aunque no solo) quien sintetiza toda la tradición revolucionaria española y la dota de un contenido novedoso y orgánico. En Pi i Margall culmina toda la anterior tradición progresista que, sin saberlo, había ido definiendo una concreta manera federalizante de llevar a cabo sus actuaciones.

Para los republicanos, las Juntas que emergieron en la Guerra del Francés eran una clara expresión de la distancia existente entre Estado y sociedad. Ni siquiera habiendo pasado un siglo desde la Guerra de Sucesión (1701-1715) que conformó el Estado centralista y homogeneizante (por “justo derecho de conquista”), se pudo revertir la heterogénea composición social y los diferentes pueblos que poblaban la península. Es esta configuración cerrada y excluyente, una configuración monárquica, centralista y antidemocrática del Estado-nación hispano que Pi es de los primeros en ver, la que explica que se conformara una alternativa republicana, federal y socializante.

Al desaparecer el Estado y su soberano con la invasión napoleónica, quien apareció no fue otro que el pueblo en armas. Y no cualquier pueblo. Se formaron Juntas a partir de las provincias históricas (aquellas que ayer fueron naciones, como diría Pi) y que después se federaban en una Junta Central.

Ya en los años 30 del siglo XIX nos encontraremos con un federalismo primigenio, sobre todo en Cataluña, donde la muerte de Fernando VII en 1833 daría lugar a un ciclo de protestas que culminará con las “bullangas” de 1835-1837. Estas revueltas serán la escuela de formación del primer federalismo del que beberá Pi. En este contexto, una serie de liberales exaltados politizados al calor del Trienio Liberal, iniciarán la transición hacia el republicanismo, el cual en su propuesta programática irá acompañado del federalismo. Así, nos encontraremos con Ramón Xaudaró, el Marat Barcelonés, promotor de muchas de las revueltas antiabsolutistas y uno de los primeros en asumir el federalismo, escribiendo un proyecto de constitución federal en su libro Bases de una constitución política o principios fundamentales de un sistema republicano.[12]

Este primer republicanismo entrará en contacto con las clases populares iniciando una coalición social que marcará el siglo XIX, siendo Xaudaró y su periodico El Catalán los que darán paso a personajes como el propio Pi i Margall o Abdó Terrades, alcalde de Figueras y caracterizado por un republicanismo de impronta socialista, en contacto permanente con diversas corrientes del socialismo utópico catalán.[13] Este federal dejó dicha una frase que puede servir bien para ilustrar la imbricación profunda que había entre el republicanismo y las clases populares. Refiriéndose a la concepción de la democracia, diría que la misma solo podía ser entendida como “una cuchilla niveladora”. Los republicanos federales eran el semblante español de los jacobinos franceses o los levellers ingleses, y el socialismo y las diversas familias políticas que lo componían, como bien supo ver Antoni Domènech, fueron los hijos de estas tradiciones republicano-plebeyas. Los diversos socialismos posteriores sólo podían ser la actualización moderna de los viejos republicanismos.[14]

En España, a la variante “popular” o “socializante” del republicanismo, debemos añadir la variante federal. Así, la “revolución centralista” de 1840-1843 respondía también a esta dinámica de juntas que se federaban en una Junta Central (de ahí el nombre que le pusieron los republicanos a dicha insurrección) cuyo propósito no era otro que el de suplir al Estado. Volvieron a emerger estas juntas en la revolución de 1854 y qué decir de la insurrección federal de 1869, o la Revuelta Cantonal de 1873 en que, llevando esta lógica juntista al extremo, cada cantón se declaró soberano e independiente en espera de un proceso de libre asociación federal que edificara la república de abajo-arriba (siguiendo el principio de federación pimargalliano de municipio-Estado-federación, en este caso contra el propio Pi).

La figura de Pi queda así enmarcada como un inspirador de las diferentes familias políticas emancipadoras del siglo XIX y el siglo XX y como una síntesis de lo que fueron las luchas populares y federales del XIX. Este segundo elemento conviene retenerlo puesto que la constante referencia a la influencia externa que Pi recibió tanto de los republicanos norteamericanos como de Proudhon, parece olvidar o pasar por alto la implantación popular del federalismo en España, que se llegó a conformar -al menos hasta la Primera República- como el gran “otro” del régimen monárquico y centralista.[15] Por decirlo con Pi, si el federalismo fuese una idea exótica, no se habría difundido tan rápidamente.[16]

Propiedad y democracia. La economía política del republicanismo

Si hay un elemento que unifica a la milenaria tradición republicana y que permite trazar un hilo común tanto por diferentes experiencias políticas como por diferentes pensadores, es la noción de libertad. Antoni Domènech dejó meridianamente clara la vinculación histórica entre libertad política y propiedad, vinculación que se podría sintetizar como sigue: la garantía institucional de las condiciones materiales de existencia con tal de limitar y disminuir la intervención arbitraria de un tercero (tanto privado como público) es condición necesaria para poder ser libre. Dentro de quienes compartían dicha concepción de libertad, encontramos un grupo -el ala plebeya- que pretendió expandir la condición indispensable de la libertad, esto es, la propiedad, al conjunto de la población. A este grupo lo denominamos republicanismo democrático.

Por contra, existe una noción muy extendida de libertad que bebe de la sociedad postnapoleónica decimonónica, que viene a crear una ilusión por la cual existe igualdad civil entre individuos propietarios y no propietarios, entendiendo que la posesión de los segundos de su fuerza de trabajo y la venta de ésta en un mercado, los convertiría en propietarios (extraña mercancía la del trabajo que, junto con la tierra y el dinero, fue sobradamente estudiada por Karl Polanyi). Esta libertad que denominamos liberal está sustentada, por tanto, sobre la ficción jurídica de la igualdad entre individuos por el mero hecho de estar ésta reconocida formalmente, despojando así la vinculación histórica entre reconocimiento y garantía institucional (social y material). 

Aquellos que en la España del XIX se identificaban como liberales no siempre compartieron esta segunda acepción de libertad que acabamos de describir. Y es que, el ala democrática y plebeya del republicanismo en España no dejó de verse nunca como una escisión del liberalismo, y tenían sus razones. El primer gran partido que fundaron los republicanos democráticos, el Partido Democrático, nace como una escisión del Partido Progresista (el ala reformista del liberalismo) en 1849, defendiendo el sufragio universal masculino, la abolición de las quintas, la libertad de asociación y la democracia como fin último de su existencia. Esta ala podría ser encajada dentro de un liberalismo exaltado republicanizante, heredero de Rafael del Riego, que en muchos aspectos podría considerarse una suerte de estandarte protorepublicano.[17] Del Partido Democrático nacerá años más tarde el Partido Republicano Federal. 

Que estos republicanos no dejen de verse como un ala del liberalismo no impedirá ni a Pi i Margall ni a otros compañeros suyos vincular democracia y socialismo. En 1860, Fernando Garrido mantendrá una fuerte discusión con José María Orense, el marqués de Albaida (“¡Un aristócrata partidario de la democracia es irresistible!”, escribió Dostoievski), sobre el socialismo.[18] En esta discusión, Orense sostendría que el socialismo suponía la asimilación del individuo en el Estado, a lo que Garrido responderá argumentando que el socialismo simple y llanamente consistía en la traslación del principio asociativo a la producción y al consumo. 

La desconfianza con respecto a los gobernantes, el Estado y la posible interferencia de éstos en los derechos naturales del hombre, era un punto compartido por todos los republicanos demócratas. El propio Garrido sentenció fiduciariamente que “los ciudadanos a quienes [se] nombra para ejercer los cargos públicos, son sólo administradores, que nada pueden mandar por sí (...). En una palabra, el Pueblo no delega su Soberanía, se gobierna por sí mismo; los administradores no son más que los ejecutores de su voluntad.”[19]

El debate en el seno de los republicanos entre “socialistas” e “individualistas” lo retomarían Emilio Castelar y Pi i Margall en 1864.[20] Los artículos escritos por Pi en La Discusión son muy esclarecedores respecto a cómo entiende nuestro autor la democracia, la propiedad y el socialismo, y contrasta con algunas posturas que él mismo había mantenido en referencia a la pasividad estatal por lo que hace a las relaciones sociales y económicas.

Pi partirá de una íntima relación entre democracia y socialismo, cuestión que no la entenderá de exclusividad española. Uno de sus artículos empezada así:

No hay elocuencia como la de los hechos. Hemos demostrado con hechos que la democracia ha sido desde el año 1793 acá socialista en Francia, y desde el año 1849 [año de la fundación del Partido Democrático] en España; y no podrán menos de reconocerlo nuestros adversarios.

La argumentación que dará al respecto es la siguiente:

La democracia fue la generadora del socialismo, y se comprende fácilmente la causa. Proclamada la emancipación política de las últimas clases del pueblo, no podía menos que surgir la idea de su emancipación social. La emancipación social del proletariado no pudo realizarse ni aun consignarse en la Constitución del [17]93, y nació naturalmente de la necesidad de estudiar los medios para realizarla. Salió el socialismo de la democracia, como consecuencia de su premisa; y así aún vencida la democracia, continuó el socialismo ganando terreno y dominando poderosas inteligencias. [...] y la democracia o será socialista o morirá en manos de los mismos que políticamente emancipe.[21]

Destacan al menos dos elementos en esta cita. El primero es la ya mencionada vinculación histórica entre socialismo y democracia. El socialismo como continuador del proyecto democrático -cuestión de obvia compresión para Pi-, responde a -segundo elemento- la propia premisa democrática de emancipación política (la loi politique), es decir, a la voluntad de extender el programa civilizatorio empleado para desabsolutizar el viejo poder Estatal a la también muy vieja loi de famille que impedía a las clases subalternas emerger a la vida civil plena.

En un artículo publicado casi dos meses antes del citado, Pi se referirá a las diferencias entre los demócratas y el Partido Progresista del que provenían. Allí, definirá las revoluciones como “guerras de clases a clase”, siendo la revolución española hasta el momento una revolución de las clases medias. Ante esta circunstancia, Pi enarbolará la “revolución democrática”, la cual

extenderá desde luego el sufragio a las clases jornaleras, y las armará lo mismo que a las demás de todos los derechos inherentes a la naturaleza del hombre. La revolución democrática volverá por este medio a sentar en la totalidad de la nación la soberanía política. La revolución democrática cambiará además la base de la desamortización y deducirá de los principios sociales sentados por la misma clase media sus naturales y legítimas consecuencias. La revolución democrática irá llamando por este medio al festín de la vida a esas clases jornaleras hoy tan desaparecidas y abatidas, y fundirá todas las clases en una sola.

Como la revolución ha sido hasta aquí la emancipación política y social de la clase media, la revolución democrática será, en una palabra, la emancipación política y social de las clases jornaleras.

¿Hay o no hay un abismo entre nosotros y los partidos medios?[22]

A esta concepción de la democracia como emancipación de las últimas clases del pueblo, se le añade la voluntad generalizadora de la propiedad como vía para extinguir la servidumbre:

La propiedad, lejos de pretender destruirla, quiere la democracia generalizarla. Aspira con todas sus fuerzas a extinguir el proletariado, última forma de servidumbre; [...] Tienden principalmente las leyes desde la revolución acá, a impedir la concentración de la propiedad en pocas manos; a hacer esta concentración completamente imposible tiende pura y exclusivamente la democracia.[23]

De esta forma, encontramos en Pi i Margall el viejo programa republicano bien definido. La cuestión de la propiedad deviene a toda vista el centro del programa político, al articular y levantar mecanismos e instituciones de lucha contra la dominación que repartan los recursos entre el demos. A su vez, de esta forma, se protege a las instituciones republicanas de su degeneración despótica, puesto que si no se eliminan las condiciones que crean esta concentración de la propiedad en pocas manos, nos encontraremos con dispositivos que corromperán la República: la existencia de actores privados poderosos que pueden poner en jaque a la República chantajeando a los representantes de diversas formas.[24] Este fenómeno tan conocido fue también la punta de lanza del proyecto de Pi i Margall, cuyo reverso en el caso de España se traducirá durante la Restauración en un caciquismo que convertía el derecho al sufragio (universal masculino desde 1890) en una ilusión, y en un parlamento sometido a los poderes de veto del monarca.

Si nos fijamos en el género de quién estaba llamado a emanciparse, encontramos sin embargo, una clara limitación en Pi. En su conferencia sobre “La misión de la mujer en la sociedad”, fechada el 23 de mayo de 1869, Pi ubicará de manera clara a la mujer en un espacio subcivil, cuya misión no sería otra que la de alimentar el sentimiento del hombre (facultad que, junto a la inteligencia y la actividad, conformarían los tres atributos del hombre). En esta misión, el hogar sería su espacio de referencia, aunque también se requeriría una mínima instrucción, no tan elevada como para participar en las “luchas civiles”, pero sí para cumplir su función.[25]

República federal o monarquía con gorro frigio

Como ha sostenido Xavi Domènech,[26] el pensamiento de Pi puede calificarse como holístico si atendemos a la contradicción que sitúa como principal y que ordena el resto de contradicciones existentes en la sociedad. Esta contradicción es autoridad vs libertad.[27] Este binomio ya se encuentra en su primera gran obra, La reacción y la revolución, publicada en 1854, donde contrapondrá poder a libertad, y lo mantendrá hasta el final de su vida. Hasta tal punto ordena su pensamiento esta contradicción, que le permite concebir la revolución como la paz y la reacción como la guerra, siendo esta última “el brazo de la idea de poder, la espada de la propiedad, de la monarquía y de la Iglesia”.[28]

Para Pi, y aquí encontramos una explicación de su influencia en el movimiento anarquista, la constitución de una sociedad sin poder, es decir, sin autoridad, es la última de sus aspiraciones revolucionarias. El poder se debería reducir a la más mínima expresión posible,

¿Le da fuerza la centralización? Debo descentralizarle. ¿Se la dan las armas? Debo arrebatárselas. ¿Se la dan el principio religioso y la actual organización económica? Debo destruirlo y transformarla. Entre la monarquía y la república, optaré por la república; entre la república unitaria y la federativa, optaré por la federativa; entre la federativa por provincias o por categorías sociales, optaré por la de categorías. Ya que no pueda prescindir del sistema de votaciones, universalizaré el sufragio; ya que no pueda prescindir de magistraturas supremas, las declararé en cuanto quepa revocables. Dividiré y subdividiré el poder, le movilizaré y le iré seguro destruyendo.[29]

En esta cita encontramos la descentralización como un elemento central en su pensamiento. La libertad implicaría la división y destrucción del poder centralizado, y es con el objetivo de conseguir este fin donde cobran sentido el resto de elementos: la república, el sufragio, la federación, etc. La forma política que cosifica esta centralización absoluta de poder, no es otra que la monarquía. La monarquía para Pi no es cuestionable únicamente desde el punto de vista ético o de las convicciones, es criticable en tanto expresión política que representa en esencia la centralización política. Por tanto, puesto que se contrapone -también en esencia- a la libertad, para Pi se opone al orden natural de las cosas: a la asociación, al pacto.

Esta centralización del poder que es la monarquía será, además, sinónimo de ineficiencia, acusación de la que no se librarán ni la monarquía borbónica ni los jacobinos franceses, ya que para Pi comparten el mismo principio unitario.[30] Por eso mismo, el dirigente federal llegaría a decir que “una república centralista” no era más que “una monarquía con gorro frigio.”[31]

Pi entenderá que la ineficiente centralización en el caso de España se manifiesta en el fracaso de unificar políticamente a los diferentes pueblos, en la deuda que dejó Fernando el Católico a su hijo, en los problemas militares, y un etcétera de enumeraciones que irá desengranando con argumentos históricos. 

En la vindicación que realiza después de la caída de la Primera República, Pi atacará también a los montañeses y a las consecuencias de su modelo de Estado. Allí afirmará, en referencia al golpe thermidoriano, que “Esclavo París, esclava Francia. El vencedor dictaba su voluntad desde el Palacio de los antiguos reyes y la nación obedecía. La centralización era, a no dudarlo, la causa de tan extraño fenómeno”.[32] En su libro Las luchas de nuestros días, Leoncio, el personaje que habla por Pi, le dirá a Santiago:

Aquellos republicanos de 1793, que sin duda tendrá usted por unos ogros, decapitaron a sus monarcas, no la monarquía. Dejaron en pié y aun exageraron la centralización del poder, vida y fuerza de los reyes. Dueño del poder un soldado ambicioso, ha logrado sin esfuerzo imponerse desde París a todos sus conciudadanos. Se quiso una é indivisible la república, se mató las regiones; y, cuando sonó la hora de la tiranía, no hubo ni donde reunir las disgregadas asambleas ni donde organizar contra los dictadores las fuerzas del pueblo.[33]

El modelo alternativo a este centralismo ineficiente, no es otro que la federación. En sus textos sobre la “cuestión social”, Pi establece cuál es el núcleo fundamental desde el cual establecer la personalidad del nuevo Estado por construir: el asociacionismo obrero, concretamente el modelo de resistencia frente al despotismo del patrón de los sectores industriales catalanes. 

Pi ve en las asociaciones un proceso muy similar al de las Juntas, 

Unidas entre sí y centralizadas en un gran comité directivo, podrían ir absorbiendo lentamente todas las funciones que ejerce el gobierno con relación a los intereses industriales. [...] La materia administrativa iría naturalmente desparramándose y perdiéndose en el seno de tan vasto organismo. La administración descansaría sobre una ancha base económica.[34]

Aún con esta sentencia, Pi no pretende prescindir del poder estatal, en tanto que “el Estado no es más que un organismo de las sociedades, y no hay ser sin organismo. Cabe simplificarlo, reducirlo, confundirlo con la sociedad: nunca destruirlo”.[35]

La federación implicaría un proceso de refundación estatal de abajo arriba. Este término no es únicamente una expresión, sino una metodología de transformación del federalismo de Pi, en tanto que se establecen tres niveles políticos los cuales se irían conformando en el siguiente orden: municipio, provincia y nación. Los términos para referirse a los dos últimos pueden variar, ya que las provincias (las anteriores 1833, las históricas) estarían consolidadas como estados, y la última asociación no sería otra cosa que una federación. Esta federación no sería más que “la triple autonomía del municipio, la província y la nación dentro del círculo de sus respectivos intereses.”[36]

La voluntad, el pacto (del latín foedus), es el pegamento que mantiene unidas las instancias tanto internamente como entre ellas. La elección de las provincias históricas como Estados tiene que ver con la consideración de éstas como naciones, como comunidad de intereses compartidos (ley y costumbre). La denominación de nación exclusivamente a la última instancia (a la federación) responderá únicamente a la voluntad de facilitar la comprensión, pero Pi entenderá que las provincias históricas forman naciones de primer grado y la federación una nación de segundo grado.[37]

La ruptura del Estado centralista la plantearía también Pi en la “cuestión social” por excelencia durante el siglo XIX y el siglo XX: la propiedad de la tierra. La solución propuesta para hacer frente a los grandes propietarios y oligarcas de la tierra sigue, como no podía ser de otra forma, el principio federativo:

Latifundios cultivados por asociaciones, tal es á mi juicio la resolución del problema. Latifundios hay aún en toda Andalucía, pero generalmente en manos de colonos y azadón de braceros que por lo mísero de sus jornales y la penuria en que viven miran con mal disimulado enojo la misma tierra que labran. Supriman VV. el colono, conviertan los braceros en copartícipes, y el común interés y el común amor á la tierra harán prodigios.[38]

A modo de síntesis, diríamos que el principio federativo en tanto que forma de estado parte de la construcción de la federación de abajo arriba, empezando por el municipio (primera instancia de asociación política), siguiendo por las naciones de primer orden que llamamos provincias y concluyendo con la federación de estas provincias en una nación de segundo orden. El federalismo pimargalliano, por tanto, proponía romper el modelo de Estado centralista liberal que se había instituido en España, así como la defensa acérrima de la democracia entendida como la extensión de la propiedad y, por ende, la incorporación a la vida civil de las últimas clases del pueblo. La democracia de pequeños propietarios que proponía Pi como solución al problema de la tierra, lo acerca, dicho sea de paso, al modelo defendido por los sans-coulottes franceses o al de los founders norteamericanos como Jefferson.

A modo de conclusión

Con este artículo hemos pretendido realizar una reivindicación republicana de Pi i Margall, asumiendo que la derrota del programa federal o sus propias incongruencias no son la excusa para categorizarlo como un pensamiento pequeñoburgués. Hemos demostrado que este republicanismo federal representa fidedignamente la tradición política de las clases subalternas españolas, que en su larga lucha por la democratización social levantaron toda una serie de repertorios de acción colectiva basados en la descentralización y la acción centrífuga para hacer frente a las estructuras centralistas del Estado liberal. Finalmente se ha expuesto la doctrina federal y republicana de Pi i Margall, una síntesis de la tradición revolucionaria decimonónica española. 

Esa exposición de su pensamiento nos sirve para ver las firmes conexiones entre este republicanismo y sus semblantes ingleses, franceses o norteamericanos, conformando así una “economía política republicana” compuesta, a su vez, según Casassas y De Wispelaere,[39] por tres niveles: el político-institucional, el jurídico-legal y el económico-distributivo. De esta forma el republicanismo ha pretendido levantar instituciones que eliminen las asimetrías de poder que se encuentran en una vida social henchida de relaciones de dominación. 

En esta línea se sitúa incuestionablemente Pi i Margall y su programa para la democratización social, heredando a su vez de la doctrina iusnaturalista los preceptos con los que la República debía trabajar para garantizar a todo individuo sus derechos. Levantando toda una doctrina de cuño federal marcadamente fideicomisaria para dividir el poder y garantizar la virtuosidad republicana, puesto que se entendía que era la mejor garantía para la libertad de los ciudadanos en cuanto que permite controlar mejor y de más cerca los actos de gobierno de los representantes escogidos por el pueblo. Como bien sabía Ramón Xaudaró, no podían cortarse los abusos de los representantes en el poder si estos ejercían sus funciones a largas distancias, es decir, si los principales no podían ejercer una intervención directa sobre sus agentes. Así, vemos como en el ámbito político y el jurídico, siguiendo la economía política republicana, se buscaba disponer las condiciones institucionales y jurídico-formales gracias a las cuales los ciudadanos podían ejercer su libertad y su autogobierno en igualdad de condiciones.[40]

Por otro lado, su federalismo, como hemos visto, aparecía de forma transversal en todo su programa, quedando lejos de las doctrinas actuales que lo entienden como un simple ejercicio de distribución del poder competencial por el territorio, el cual, como bien ha indicado Ramón Máiz (uno de los mejores estudiosos del tema) desborda la “‘mera forma de gobierno’ [y] se prolonga como un sistema social en su conjunto, extensible al ámbito de la economía y la sociedad.”[41] Y de esta forma, la propiedad y el asociacionismo obrero conformaban la pata “económico-distributiva” de su programa republicano.

Todo esto hace a Pi un clásico, incluible en el panteón de autores republicanos, al lado quizás de un Robespierre, un Harrington o un Jefferson, un autor vivo que aún hoy nos interpela.