Las madres que sospechan haber sido víctimas de la sustracción de sus niños recién nacidos recibieron una recompensa, una noticia esperanzadora, antes del Día de Reyes. La Fiscalía General del Estado admitió la investigación de los 56 casos de supuestos bebés robados que varias asociaciones habían denunciado colectivamente en noviembre. Es la primera vez que se llevará a cabo una investigación coordinada de varios supuestos casos de “robo de bebés” basada en una denuncia con perspectiva de género en España.

La denuncia de estas familias apunta a “un móvil ideológico o discriminatorio por la condición social de la mujer”, además de un móvil económico. Son casos ya investigados judicialmente, que no han obtenido respuestas, del País Vasco, La Rioja, Andalucía, Cataluña, Madrid y Galicia, que ocurrieron entre 1952 y 1987. Diferentes épocas, la dictadura y la democracia, en diferentes lugares, pero existen nexos en común entre las víctimas, como los hospitales o maternidades donde dieron a luz, las casas-cuna o las personas que las atendieron. La Fiscalía General no pierde de vista los detalles que presentan estos casos en común, aunque entiende que es necesario abordar la investigación “de manera individualizada”.

“Ahora no solo tenemos la convicción de que toda nuestra lucha tiene sentido, ahora tenemos la esperanza de conseguirlo”, manifiesta a cuartopoder María Bueno, presidenta de la Asociación de Lucha de las Madres de Bebés Robados Andalucía (Alumbra) y quien recibió la notificación de la Fiscalía. En la denuncia participa su asociación, además de SOS Bebés Robados, SOS Haur Lapurtuak, Asociación Sin Identidad Biológica, SOS Bebés Robados Catalunya, SOS Bebés Robados Comunitat Valenciana y SOS Bebés Robados Navarra. Todas ellas están englobadas en la Plataforma Foro Internacional de Desapariciones Forzadas Infantiles 'Te estamos buscando', de la que Bueno es coordinadora general.

Se trata de madres, pero también padres, hermanas e hijos que tienen a familiares desaparecidos. Llevan una década a la espera de que juzgados y fiscalías de todo el país logren explicar por qué no encuentran documentación que certifique los partos de esos bebés o sus entierros. Creen que alguien los entregó o vendió a otras familias porque ha sucedido en otros países del mundo. En Irlanda, una exhaustiva investigación de 60.000 casos ha confirmado los peores presagios. El Gobierno irlandés pidió perdón hace unos días a las madres solteras recluidas en instituciones católicas que, discriminadas, fueron separadas de sus bebés, dados en adopción o muertos en un contexto de pobreza severa.

María Bueno: “Pedir perdón consiste en dar a los que sufren un pedacito de paz”

María Bueno es una de las madres referentes en esta batalla. “Estamos ya muy cansadas después de 10 años de lucha”, cuenta la presidenta de la Asociación Lucha de Madres de Bebés Robados Andalucía (Alumbra) y coordinadora de la Plataforma Internacional de Desapariciones Infantiles 'Te estamos buscando'. Se indigna cuando compara la disculpa oficial a las madres solteras de Irlanda con el silencio impuesto en España: “Señor Pedro Sánchez, ¿cuándo nos pedirá perdón el Estado a las madres y a nuestros hijos desaparecidos? Le lanzo esta pregunta al presidente".

Para entender su indignación hay que remontarse 1981. María Bueno tenía 20 años, era soltera y estaba embarazada de nueve meses de un bebé que deseaba tener. A causa de un fuerte dolor, cuando faltaban unos días para fecha del parto, acudió a un ginecólogo privado. Él le dijo que su bebé “tenía un 99% de probabilidad de estar muerto”, cuenta a este medio. La envió Hospital Municipal de La Línea de la Concepción para que le provocaron el parto de urgencia al día siguiente. Era 24 de diciembre. Después de varias horas de sufrimiento, la durmieron. Cuando despertó el día de Navidad, una monja le preguntó: “¿Te han traído ya al bebé?”. Ella se extrañó y la monja regresó al rato con un Niño Jesús de porcelana: “Dale un beso al niño Jesús, él te consolará”, recuerda que le dijo.

María era muy joven, no era capaz de imaginar algo tan atroz, pero siempre le extrañó que no le dejaran ver a su hija fallecida. Años después, le diagnosticaron un problema crónico de salud y le pidieron que recabara todo su historial médico. Entonces quiso recuperar la información sobre ese parto y buscó en Internet al ginecólogo que la atendió. Su sorpresa fue enorme al descubrir muchos comentarios que vinculaban a ese doctor con una supuesta trama de robo de bebés. Descubrió que no había ninguna documentación sobre su parto ni ningún entierro registrado en el cementerio. Cuando denunció, se enteró de que había 70 casos similares en la Línea de la Concepción. Su caso llegó hace diez años al juzgado y María lleva sin recibir noticias desde entonces.

Adelina Ruiz: “Mentalmente es agotador y la investigación de la Fiscalía supone una esperanza”

El caso de Adelina Ruiz Santos es otro de los 56 que investigará la Fiscalía General del Estado. La noticia supone un pequeño aliciente para continuar. “Necesitamos más pasos y uno es que nos pidan perdón. No supone tantísimo esfuerzo reconocer que estamos ahí, que somos miles de víctimas en España”, señala.

Su marido, que la acompañó en esta lucha, murió hace siete años y se quedó “con las ganas de saber donde están nuestras hijas”. Adelina dio a luz a dos gemelas en la Maternidad de Barcelona hace 40 años. La durmieron después del parto. “Cuando desperté me dijeron que habían muerto. No me dejaban verlas”, rememora. “Yo no estaba sola como otras madres. También estaban mi marido, mis padres y mi suegra. A ellos tampoco les dejaron verlas”, cuenta. Su marido se encaró con el personal y le expulsaron del hospital. La explicación que le dieron fue que “las niñas habían nacido con vida, pero que no habían considerado ponerlas en la incubadora” y que “ellos se encargaban de todo”, en alusión al entierro. Les prometieron un informe médico de lo sucedido que nunca llegó.

Tras años de investigación por su cuenta, descubrieron que una de las niñas estaba supuestamente enterrada en el Cementerio de Montjüic. De la otra, no lograron averiguar nada. El número de historia de Adelina en la Maternidad se había confundido con el de otra mujer, aunque la investigación judicial no encontró relación en este hecho con el supuesto delito. “¡Qué casualidad que todos los que estamos reclamando nos encontramos falsificaciones, documentaciones cambiadas...”, indica esta madre. “Cuando te escuchas piensas que parece una película de terror, pero lamentablemente no lo es”, dice emocionada. “Sabemos que los hijos que tuvimos no son los que vamos a encontrar, pero al menos que sepan la verdad, que no los abandonamos”, manifiesta.

Sofía Jiménez, adoptada en Cádiz: “Tengo esperanza”

A sus 45 años, Sofía Jiménez, de San Fernando (Cádiz), sospecha que su adopción fue ilegal. Está vinculada a la asociación Alumbra, que la ha ayudado a investigar sobre su origen biológico. Su caso no está entre los que se investigarán. Ella todavía no ha denunciado, pero confía en que esta investigación siente un precedente que le abra el camino. “Me alegré muchísimo. Tengo esperanza”, indica.

A los veinte años, fue a estudiar a Sevilla. Allí una monja de la residencia donde vivía le dijo por primera vez que era adoptada, aunque después rectificó. “Empecé a sospechar. Ya había algo dentro de mí, me sentía desacoplada a mi familia”. Su padre le prohibió a su madre hablar del tema y, cuando él falleció, su madre se lo confirmó. “Le contaron que mi madre biológica se casó con un hombre que se fue a trabajar a Alemania y se quedó embarazada de otro, y que no me querían”, cuenta Sofía. Es una historia que no ha podido comprobar. Sí ha averiguado que una “persona desconocida” la llevó al Asilo Gaditano de la Infancia y Casa de la Maternidad y “otra persona desconocida” la trasladó a la Casa Cuna de Puerto Real, según consta en archivos y registros. Las informaciones que recaba de este complejo “puzzle” se contradicen y no encajan.

Flor Díaz: “Si mis hermanos están fallecidos, que me lo demuestren”

“A día de hoy tengo un documento que demuestra que mis hermanos han nacido, pero ninguno que diga que mis hermanos fallecieron”, cuenta Flor Díaz Carrasco, presidenta de SOS Bebés Robados Euskadi. Desconoce si su denuncia se archivó o duerme en un cajón. “Es muy frustrante. Yo sé que me han desaparecido dos hermanos y nadie me da ninguna explicación...”, indica. Por eso, alberga “muchas esperanzas” en la investigación de la Fiscalía. “En Guipúzcoa tenemos casi 200 familias que no han enterrado a sus hijos, aunque tienen certificado de inhumación”, comenta.

Flor cuenta que su mellizo desapareció en el año 62. “A mi madre le dijeron que solo había tenido un hijo y que lo demás era porquería”, relata. En el año 67 su madre tuvo otro bebé, pero según cuenta, le enseñaron un cadáver que no correspondía con un recién nacido. Sucedió también en La Línea de la Concepción, al igual que el caso de María Bueno, solo que más de una década antes. “Mi madre sabía que le habían quitado el niño. Ella nunca habló. Pero cuando íbamos al cementerio donde supuestamente estaba enterrado nuestro hermano le pedíamos ir a su tumba y ella decía 'ahí no hay nada'”. El enterrador así se lo confirmó a Flor años más tarde, según ella relata.

“Lo peor es que dejen pasar el tiempo, que no hagan nada. Eso duele muchísimo”, indica. “Si pueden probar que están fallecidos, que nos demuestren dónde están enterrados ”, indica. “Igual no hubo ninguna trama, pero demuéstrame qué pasó con esos niños muertos al nacer, por qué no se siguió el protocolo. Los hospitales normalmente entregaban los cadáveres a las familias, por qué en nuestros casos no. Yo creo que esos niños se han vendido o se han dado en adopción, pero que me demuestren ellos que todo se hizo de manera correcta”, reta al poder Judicial.

El Primer DNI Republicano