Tres decenas de personas condenadas por actos violentos relacionados con la extrema derecha en los últimos 20 años, y con penas que van del año a los tres años y medio. Es el resultado de las operaciones realizadas contra el terrorismo de extrema derecha que se han contado en España, según señala un informe que la Fundación Rosa Luxemburgo publicará en las próximas semanas y al que ha tenido acceso El Salto, y en el que se resalta que en ninguno de los casos estas personas han sido procesadas por terrorismo.

Uno de los capítulos de este informe, elaborado para la fundación por los periodistas Miquel Ramos y Nora Rodríguez, detalla las operaciones que los cuerpos de seguridad del Estado han emprendido contra organizaciones de extrema derecha, muy pocas y con leves consecuencias penales, a pesar de los avisos que a nivel internacional se han dado sobre la peligrosidad de estos grupos.

“A pesar de que todos los organismos internacionales expertos en seguridad y terrorismo advierten de que el terrorismo de extrema derecha es una amenaza potencial al nivel del yihadismo, en España no se ha considerado juzgar por terrorismo la actividad de los grupos neonazis armados”, explica Ramos, uno de las personas responsables del estudio, especializado en monitorear a grupos de extrema derecha y en investigar crímenes de odio. “Ni siquiera consideraron terrorismo el caso del francotirador, del que la Audiencia Nacional rechazó el caso al no considerar que el terrorismo de extrema derecha sea una amenaza en España”, añade en referencia a Manuel Murillo, simpatizante de la extrema derecha que en 2018 fue detenido después de intentar un atentado contra el presidente Pedro Sánchez por la exhumación del cuerpo de Franco del Valle de los Caídos y cuyo proceso judicial, aún en curso, se sigue en los juzgados de Terrassa. “A lo largo del informe se puede ver como en el Estado existen partidos legales abiertamente neonazis, que exhiben simbología nazi en sus actos, organizaciones que hacen continua apología del franquismo y regímenes genocidas sin consecuencias legales”, añade Nora Rodríguez. 

Operaciones policiales contra grupos y activistas neonazis

El informe de la fundación Rosa Luxemburgo recopila una serie de advertencias sobre la peligrosidad de estos grupos de extrema derecha. El último de los informes internacionales que alertan sobre la peligrosidad del terrorismo de extrema derecha es el Índice Global de Terrorismo 2020, publicado por el Instituto para la Economía y la Paz y presentado en noviembre de 2020. Este informe señala que los atentados de extrema derecha han aumentado un 320% en todo el mundo en los últimos cinco años y cifra en 89 las muertes ocurridas en 2019 por este tipo de ataques sobre el total de las 108 muertes registradas en total por atentados terroristas de toda índole en Occidente —59 de ellas en el ataque a dos mezquitas en Christchurch, en Nueva Zelanda—. Según este informe, el 17,2% de los atentados terroristas en 2019 fueron de extrema derecha, frente al 6,8% relacionado con el yihadismo.

Pero los organismos internacionales llevan varios años avisando. En junio de 2018, fue el informe anual de Europol, que ya entonces advertía en la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo del aumento de la extrema derecha violenta en la Unión Europea. Un año después, el relator especial de Naciones Unidas contra el Genocidio, Adama Dieng, expresó también su preocupación por el resurgimiento de la extrema derecha en Europa, que comparó con el ascenso nazi de los años 30 del siglo XX. En junio de 2020, un nuevo informe de Europol advertía del incremento de ataques violentos de extrema derecha contra grupos minoritarios y del aumento de la xenofobia, odio a los judíos y musulmanes, a la vez que recalcaba el uso de redes sociales y WhatsApp por parte de estos grupos de extrema derecha. En este informe, Europol recogía atentados de la extrema derecha cometidos en la Unión Europea en 2019. En total cuatro ataques en Reino Unido, otro en Polonia y uno más en Lituania. Pero el informe, según subrayaba el eurodiputado Miguel Urbán en La Marea, no menciona los ataques sufridos ese año por el centro de menores de Hortaleza, en Madrid, donde en diciembre de ese año encontraron una granada sin detonar después de que el centro recibiera una llamada en la que amenazaban con la frase “este es solo el principio de la nueva España”. Tampoco el caso del francotirador que planeó atentar contra Pedro Sánchez, ni los talleres en los que la Guardia Civil encontró ese mismo año explosivos y material con simbología nazi.

“Los que llevamos monitorizando muchos años a la extrema derecha, llevamos tiempo alertando de la capacidad de acción y la voluntad de estos grupos terroristas. Y no es especulación, ya ha ocurrido”, alerta Miquel Ramos 

“Los que llevamos monitorizando muchos años a la extrema derecha, llevamos tiempo alertando de la capacidad de acción y la voluntad de estos grupos terroristas. Y no es especulación, ya ha ocurrido, hay muchos casos de extrema derecha en el País Valencià, más de 20 atentados, y no se ha detenido nunca a nadie”, subraya Ramos, que recuerda también el caso del centro de primera acogida de menores de Hortaleza donde encontraron una granada. En el mismo centro, dos meses antes un grupo de 30 personas intentaron saltar la valla para vengarse del supuesto atraco que había cometido uno de los menores y, en noviembre, las organizaciones de extrema derecha Hogar Social Madrid y Democracia Nacional convocaron una concentraron en el parque ubicado junto al centro, contra el que dirigentes de Vox hicieron campaña en las elecciones del 10 de noviembre. Aun así, no hubo ningún detenido por los ataques al centro de menores de Hortaleza. “Lo banalizan, como si fueran gamberradas”, lamenta Ramos.

“En los casos en los que se les termina condenando es por asociación ilícita y no por terrorismo, a pesar de contar con estructuras jerarquizadas, cometer delitos graves contra la vida de personas, así como disponer de armas, munición y explosivos, con objetivo de atacar a determinados grupos considerados como enemigos”, explica Nora Rodríguez 

A pesar de los avisos internacionales, en España solo se han realizado diez operaciones policiales contra organizaciones de extrema derecha, y el saldo hasta ahora ha sido de 30 condenados, pero con condenas que van del año a los tres años y medio de prisión, otros 16 absueltos y 31 más que siguen con el proceso judicial en curso. “En los casos en los que se les termina condenando es por asociación ilícita y no por terrorismo, a pesar de contar con estructuras jerarquizadas, cometer delitos graves contra la vida de personas, así como disponer de armas, munición y explosivos, con objetivo de atacar a determinados grupos considerados como enemigos”, alerta Rodríguez. Unas condenas ridículas, aún más en comparación a las impuestas a los jóvenes de Altsasu, que, aunque finalmente no fueron condenados por terrorismo, sufren penas de hasta 13 años impuestas por la Audiencia Nacional, hasta nueve años y seis meses tras la la pequeña rebaja dictada por el Tribunal Supremo.

El único condenado con mayor pena, el conocido como el ‘Rambo del Bierzo’, que recibió una condena de cuatro años de cárcel por posesión de armas de guerra y explosivos, no llegó a entrar en prisión al sustituir el juez la pena por diez meses de trabajos en beneficio de la comunidad que finalmente realizó en Cáritas de Cacabelos, en León, bajo las órdenes del párroco Jesús Álvarez, cercano al PP y a la COPE y quien poco antes había predicado en contra de su entrada en prisión en las misas que oficiaba.

Algunos operativos sí consiguieron la desarticulación de un par de grandes organizaciones neonazis. En marzo de 2004, la Guardia Civil desarticuló el grupo neonazi Hammerskin España en el marco de la operación Puñal, con la detención de 15 personas en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia y Guadalajara. La operación se desarrolló como respuesta a diversos ataques racistas en la Universidad Complutense y en varias localidades madrileñas en meses anteriores. Desde 2000, Hammerskin organizaba conciertos en la Comunidad de Madrid en los que se promulgaba la supremacía de la raza blanca y se promovía la discriminación, el odio y la violencia contra determinados colectivos. También disponía de dos revistas, El Martillo y Extremo. En el registro de sus domicilios se requisó material con simbología nazi, pasamontañas, puños americanos, navajas, bates de béisbol, hachas, pistolas de aire comprimido, sprays de defensa y pistolas de fogueo.

En 2009 la Audiencia Provincial de Madrid condenó a trece de los acusados a un año y medio de cárcel y 2.700 euros de multa por asociación ilícita; a José Eduardo C.H., considerado el líder, a dos años y seis meses; y al restante, también a dos años y seis meses, por asociación ilícita y tenencia de armas. También ordenó la disolución de la organización por difundir la doctrina nacional socialista y tener como objetivo implantar el IV Reich en España. La sentencia fue ratificada en 2011 por el Tribunal Supremo. Sin embargo, aunque se la daba por desaparecida, en octubre de 2013, en el marco de una operación para impedir un concierto neonazi en San Sebastián de los Reyes, la policía detiene a dos personas identificadas como miembros de Hammerskin por enfrentarse a los agentes.

Un año después del operativo Puñal, la Guardia Civil detuvo a 21 personas de la rama española de esta organización en las provincias de Madrid, Sevilla, Jaén, Burgos y Zaragoza en el marco de la operación Espada. Fueron acusadas de delitos contra los derechos y libertades fundamentales, apología del genocidio, tenencia y tráfico de armas y asociación ilícita. Uno de los detenidos, Jorge Vivar Casal, era policía local en San Sebastián de los Reyes (Madrid) y formó parte de la lista electoral del partido neonazi Movimiento Social Republicano (MSR) en 2004, junto a otros 16 de los detenidos. Otro de los imputados declaró durante el juicio que la organización compraba armas a un vigilante de seguridad privada por encargo de otros trabajadores de seguridad privada, policías y guardias civiles. En 2010, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la disolución de la organización y condenó a 14 de los acusados a penas de fueron de uno a tres años y seis meses de prisión por asociación ilícita y tenencia de armas, sentencia que fue ratificada en 2011 por el Tribunal Supremo, que consideró que esta organización difundía la ideología nacionalsocialista para recuperar la Europa de Adolf Hitler y que se financiaba con la compra-venta de armas, de parafernalia neonazi y con la organización de conciertos. En 2014, Periódico Diagonal desveló que Roberto L.U. poseía a la fecha dos tiendas de parafernalia nazi en Madrid.

Blood&Honour fue fundada en Reino Unido en 1987 y llegó a España en 1990. Tiene facciones también en Francia, Estados Unidos, Alemania, Italia, Portugal y Hungría. La rama española fue fundada por Francisco José L.P. y Roberto L.U., militar en reserva y en 2005 vigilante jurado en una estación de metro, condenado a tres años de cárcel. Estaba inscrita como asociación cultural y tenía como fines en su acta fundacional la conservación de la cultura europea y el fomento de un activismo que separase a los jóvenes de la marginalidad y la droga. Se financiaban con la compra-venta de armas.

“En 2005 hubo tres operaciones muy buenas, que en dos casos desarticularon a grupos de extrema derecha”, resalta Ramos. “Sabemos que desde 2003 o 2004 se estaban monitorizando porque eran grupos muy activos y estaban siendo investigados, y eso resultó en las tres operaciones de la Guardia Civil”, continúa Ramos en referencia a la operación Puñal contra Hammerskin, la Espada contra Blood&Honour y, en último lugar, contra la operación Panzer contra el Frente Antisistema. Pero en este último caso, el juzgado se puso de parte de los acusados. “El juez los absolvió porque, en total, vender armas por internet no era motivo para intervenir teléfonos e incluso le mete caña a la Guardia Civil y ordenó a la acusación popular a pagar las costas, acusación popular formada por entidades sociales del País Valecià que decidieron presentarse ante la impunidad de la extrema derecha que, en esos años, estaba atentando con explosivos y organizando acciones de boicot y violencia constantemente”.

En septiembre de 2005, la Guardia Civil detiene a 22 personas en la provincia de Valencia en el marco de la operación Panzer como presuntos miembros del Frente Antisistema desde 2003, cuyos objetivos, según la Guardia Civil, eran el proselitismo y adoctrinamiento de la ideología nazi, y se financiaba con la venta por itnernet de objetos nazis y armas prohibidas. De los detenidos, finalmente fueron encausadas 16 personas, una más se declaró en rebeldía y otra huyó. Entre los encausados había dos militares, un concejal de España2000 de Silla, y Pedro Cuevas, asesino confeso de Guillem Agulló, quien había cumplido solo cuatro años de prisión de los 16 a los que fue condenado por este crimen.

Durante la investigación, la Guardia Civil captó conversaciones que demostraban que Cuevas presumía de participar en cacerías humanas, pero, en 2014, durante la celebración del juicio, celebrado casi diez años después, los abogados de los acusados pidieron la nulidad de las grabaciones de las conversaciones telefónicas y el tribunal lo hizo con el argumento de que, cuando se autorizaron, no existían indicios objetivos de comisión de delitos suficientemente graves como para vulnerar el secreto de las comunicaciones. Los 16 encausados fueron absueltos y en 2015, ante los recursos presentados por Fiscalía y la acusación popular, el Tribunal Supremo confirmó la absolución y condenó al pago de las costas a la acusación popular, estimadas en más de 43.000 euros. 

A uno de los acusados, y después absuelto, el CGPJ ordenó que se le indemnizara por el armamento destruido, que incluía hasta un lanzagranadas 

En 2017, el Consejo General del Poder Judicial reconoció el derecho de uno de los acusados, el militar José Antonio Andrés Orts, a ser indemnizado con 16.531 euros por el arsenal que le fue destruido durante el proceso: un lanzagranadas, cuatro revólveres, una pistola, varias escopetas, rifles, carabinas y armas cortas. Pedro Cuevas también solicitó que le devolvieran el material incautado: una pistola simulada, un puño americano, una daga-puñal, dos navajas de mariposa y una navaja rota, un machete, un hacha de doble hoja y una bola metálica con pinchos, además de libros de ideología nazi y hasta un busto metálico de Hitler.

La extrema derecha en los cuerpos de seguridad del Estado

“Hemos visto casos en las fuerzas armadas, casos en guardias de seguridad, militares llamando a dar un golpe de Estado, que son personas con acceso a armas; operaciones en las que se han decomisado talleres clandestinos de fabricación de explosivos, donde se han requisado auténticos arsenales de armas, sin que tome en serio, creyendo que son actos aislados sin una importancia real”, explica Rodríguez. “Recientemente hemos visto lo que ocurre en otros países cuando no se toma en serio esta amenaza, como ha pasado en el asalto al Capitolio de Estados Unidos”, añade.

Hasta 20 de las personas detenidas por los operativos contra la extrema derecha son miembros del Ejército o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Uno de los detenidos contra la organización Blood&Honour era militar y otro policía local. También entre los 15 detenidos en la operación Panzer, finalmente absueltos, se contaban dos militares. Pero la mayoría de estas 20 personas están implicadas en la red de tráfico de armas que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares y de la que uno de sus protagonistas es Rodolfo Sanz Sánchez, coronel de la Guardia Civil.

En mayo de 2015, detienen a Rodolfo Sanz Sánchez, coronel de la Guardia Civil conocido como ‘el nazi’ o ‘Rudolf’, de ideología falangista, por su supuesta implicación en una red de tráfico de armas investigada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Alcalá de Henares. La red, a la que le suministraba las armas un subteniente del Ejército de Tierra en reserva, habría facilitado un arma a Manuel Andrino, líder de Falange condenado por el Tribunal Supremo a dos años y siete meses por el ataque al centro cultural Blanquerna en 2013. Según publica El País, la red también estaba relacionada con otro falangista condenado por apuñalar a un joven en Guadalajara y también habría vendido una ametralladora valorada en 5.000 euros a un candidato de Falange Española Independiente y en 2015 entregó un paquete sospechoso de contener armas a la neonazi Alianza Nacional.

La organización criminal almacenaba las armas en varios trasteros en los que se encontraron 24 kilos de explosivo, 12.500 cartuchos y armas de guerra. Otro de los investigados, el subteniente del Ejército Francisco C.M., almacenaba en otros dos trasteros en Meco y Alcalá de Henares cinco fusiles, dos subfusiles, 18 pistolas y revólveres, decenas de cañones y una mina contra carros. En 2016, la investigación de la red, que sigue en curso, ya se había ampliado a 16 militares y guardias civiles.

“Una cosa es que compartan esta ideología, y otra es que hagan apología y pertenezcan o estén vinculados a grupos que son directamente ilegales. Esto demuestra que no existen filtros dentro de estos cuerpos para depurar personas que puedan tener relación con grupos de odio, como sí existen en otros países en los que, cuando se les descubre, se les expulsa”, señala Ramos.

“Banalizar los discursos de odio y el peligro de estas ideas genocidas, normalizar el racismo, el machismo o la homofobia como opiniones válidas que se deben respetar, solo contribuye a legitimar y aumentar esta violencia, y más si estos discursos son alentados desde medios de comunicación y desde los poderes públicos no se toman medidas reales para combatirlas y depurarlas”, afirma, por su parte, Rodríguez. “Para cualquier sociedad y para cualquier Gobierno que se considere democrático debería ser una prioridad combatir la extrema derecha en todas las formas en las que se manifieste”, concluye.