Borbonato y proceso constituyente

Con gestos, con discursos, con demagogia apuntala el borbonato su clave de bóveda, la jefatura del Estado encarnada en la casa de Borbón. Habrá que aclarar qué entiendo por “borbonato”: un meta-sistema político con más de 200 años de presencia en el que convergen el poder económico, el ejército, la iglesia y el poder judicial, y que desde la restauración borbónica de 1975 (tres años antes del llamado régimen del 78) se instrumentaliza a través de los dos grandes partidos de dicho régimen PP y PSOE.

La trayectoria del borbonato ha tenido altibajos, atravesando dos repúblicas y sumergiéndose en la dictadura, encargada por otra parte de devolver al borbonato todo su esplendor. Pero su arquitectura no ha mudado, por más que sus componentes hayan tenido adaptaciones; hoy un pilar de esa arquitectura es lo que comúnmente llamamos IBEX 35, expresión del capitalismo transnacional con base operativa local, pero no hay que minusvalorar las grandes fortunas y otras menos grandes que se atrincheran en las SICAV, un conjunto que conforma el poder económico español. Solo como anécdota, el interés por los títulos nobiliarios muestra la intrínseca vinculación del capital con la monarquía; banqueros, dirigentes de la gran industria –energía, construcción- medios de comunicación, profesionales del derecho y académicos de relieve han aumentado la nomina de condes, duques y marqueses en los últimos años.

El ejército sigue siendo otro pilar y no lo disimula, sino que adula a su jefe supremo, el rey de España. Qué decir de la jerarquía católica, tan falta de cobijo. El poder judicial habla por sí mismo, cuando afirma que los despachos de los nuevos magistrados proceden de la autoridad del rey que les transmite su facultad de impartir justicia; facultad que le surge al rey como el aura púrpura, el cetro, o la corona. A los partidos tradicionales monárquicos vienen a sumarse ahora un desaforado Vox, y un diletante Ciudadanos, mientras que el PSOE se desconcha por su base, aguantando en su capitel con cara de guasona figura medieval, como diciendo un no me lo creo pero aquí estoy porque soy parte del paisaje.

Como declararon algunos defensores del borbonato, entre ellos Felipe González, la monarquía es la clave de bóveda (sic) de nuestro sistema democrático. La función de la clave de bóveda es estar quieta donde la pusieron, cuanto menos se mueva mejor. Precisamente sus movimientos, sea por su tibieza democrática, sea por su pasión carnal o por su apetito de riquezas, hacen tambalearse el arco de triunfo de la arquitectura política a la que se debe. Esperar o sugerir que el rey y jefe del estado salga en defensa de la democracia frente al fascismo es suponer o sugerir que la monarquía parlamentaria es una forma de defensa de la democracia. Imaginemos que lo hace que efectivamente el rey y jefe del estado hace una encendida defensa de la democracia y denosta a los militares golpistas; para toda la derecha y parte de la izquierda rosa el monarca reencuentra la legitimidad que su padre, Juan Carlos de Borbón, encontró con el relato del golpe de estado del 23F.

El borbonato sabe que no puede pedir la aquiescencia popular de sus componentes, por eso está empeñado en conseguir el apoyo singular a la monarquía; sabe bien que un gran apoyo popular al rey Felipe VI rebosaría derramándose generosamente entre los demás componentes del sistema, precisamente los componentes reales donde descansa el poder. El instrumento de legitimación, -puesto que no se atreven a un referendum ni aunque lo ganaran, pues el mero hecho de preguntar normativamente sobre el jefe del estado supone romper la magia de ese mítico poder irreal que encarnan los Borbones- el instrumento de legitimación, decía, son las encuestas, nunca comprobables, siempre sometidas a la manipulación de la pregunta, pero en todo caso eficaces para mantener la ficción.

A falta de esta legitimidad se piensa en una reforma constitucional, remedo de una segunda transición que mediante el apuntalamiento de la corona como clave de bóveda del sistema busca el afianzamiento del poder oligárquico y la conjura contra la ruptura con el consenso de 78. Esta hipotética e inviable segunda transición (¿de dónde a dónde?) es la que reclama una modernizadora reforma de la Constitución actual, involucrando en su aprobación a las generaciones que no la votaron.

En la obra colectiva “Llamamiento a un proceso constituyente”(Icaria 2017) señalábamos que las posibles reformas que se planteen desde los poderes reales del país se centrarían en los dos aspectos más controvertidos, en positivo la monarquía y en negativo el federalismo; reformas que tenderían a afianzar la monarquía mediante la reforma de la ley sucesoria y algunos elementos complementarios respecto a la transparencia o competencias de la jefatura del Estado, y a bloquear el Estado federal mediante algunas concesiones a las Comunidades Autónomas.

Tal como señalan los ex ministros de la Fundación España Constitucional (donde se coordinan ex ministros del PP y del PSOE) se debería abordar «por consenso una reforma de la Constitución, en principio limitada a la sucesión a la Corona y el Título VIII, referido a la organización territorial del Estado, a través de una comisión que acabaría su labor antes de dos años”. Una línea reformista que al no cambiar nada, dejará ambas cuestiones –República y cuestión nacional- sin solución, aunque desactivadas para las siguientes legislaturas.

La reforma de la Constitución propuesta desde el borbonato será un nuevo consenso de las élites, producido burocráticamente, que buscará la legitimación social mediante los múltiples resortes del marketing político. Señalaba Javier Pérez Royo en La reforma constitucional inviable, (La Catarata, 2015) que “para sobrevivir, la monarquía necesita un Estado democrático y políticamente descentralizado que funcione, en el que la sociedad española se reconozca. El desmoronamiento de las instituciones representativas y el desbarajuste de la estructura territorial acabarían llevándose por delante la monarquía”. De la misma manera la arquitectura institucional del régimen del 78 necesita para mantenerse que la monarquía siga cumpliendo su función protectora.

Esta es una buena razón para una reforma cosmética de la constitución, que garantizara la gobernanza y la monarquía por unos cuantos lustros más. Gobernanza no es un concepto neutro, está pensado, elaborado y difundido por el poder oligárquico con una pretensión clara: garantizar su dominación con la mayor estabilidad y el menor coste posible, lo que demanda legitimidad social y hegemonía política; gobernanza es hoy la alianza público-privada, bajo la hegemonía del poder económico. Lo público al servicio de los privilegios privados.

Reformar la constitución es hoy una operación interesante para la monarquía, para el IBEX 35 y para la comunidad de evasores fiscales, si con ello consiguen legitimar su modelo de sociedad y ahuyentar el riesgo de la ruptura politica. Felipe VI sería entonces un monarca constitucional, y no preconstitucional como lo fue su padre. Una reforma cosmética sometida a referendum sería una forma indirecta –otra vez- de legitimar la monarquía sin someterla de forma clara y directa al escrutinio popular.

El camino del proceso constituyente

¿Puede seguir funcionando el borbonato sin la casa de Borbón? ¿puede seguir vigente este meta-sistema político prescindiendo de la monarquía? En principio sí, pero bajo alguna de estas dos condiciones, o sustituyendo la monarquía por un autócrata golpista –que no sea probable no quiere decir que no pueda ocurrir, tal como evoluciona el fascismo en el mundo- o cambiando la pieza borbónica por una república a su medida. Esta segunda hipótesis parece el desenlace natural del devenir político a medio plazo, pero no carente de riesgos para el sistema, que intentará impedirlo o aplazarlo a toda costa para evitar cambios indeseables en la arquitectura del poder.

El dilema monarquía o república no recoge la amplitud del problema; la contradicción es entre capitalismo o socialismo, o como quiera llamarse a ese momento de superación del capitalismo. El borbonato nunca será el camino, pero tampoco una república cocinada desde las élites, que se limitaría a modificar el artículo 3 de la constitución – “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”– sustituyendo Monarquía parlamentaria por República.

Remedando la canción chilena, ahora ya no se trata de cambiar un jefe de Estado, sino de defender la soberanía popular, la recomposición del poder territorial acorde con dicha soberanía, limitar el poder de las grandes corporaciones tecnológicas, financieras e industriales y, sobre todo, abordar el metabolismo económico y social que demanda la crisis ecológica planetaria.

No es tarea para una legislatura, pero como decía Keynes más allá de 20 años nadie conoce el futuro. La tarea para ésta y las próximas legislaturas es prepararse para los dos grandes retos que ya están aquí, democracia y ecología, o bien afrontar la gran involución autoritaria. Ésta es la tarea de este minuto, se trata de construir mayorías, no de hacerse con la mayor porción del electorado como si fuese una veta de mineral, y los partidos empresas mineras en competencia. La mayoría que hay que construir pasa por círculos concéntricos que se van ensanchado al paso de movimientos sociales, organizaciones sindicales, gente dispuesta que estén en condiciones de crear alternativas de producción, de intercambio, de redes solidarias; que vayan construyendo la base social necesaria para dar el salto electoral para ganar; este primer círculo, una masa crítica aunque minoritaria, debería ganarse la confianza o la simpatía de la mayoría social. ¿Cómo? Viendo resultados. Todo un campo para la acción política de los partidos que quieran superar el capitalismo, si los hubiere. Tal como la revolución de los claveles planteó la función política de sus partidos progresistas, acompañando los movimientos sociales, facilitando la comunicación y coordinación, impulsando la democracia participativa y deliberativa, canalizando propuestas. Esto estaba implícito ya en la eclosión del 15M.

Hacer de la mayoría un actor político, un sujeto constituyente que discute la hegemonía del poder con un proyecto de país fruto de las diversas experiencias, de la comunicación enriquecedora entre ellas hasta llegar a consensos, imaginando nuevos modelos. Como afirmaba el “Llamamiento” citado, un proceso constituyente no persigue otra cosa que subrayar la necesidad de elaborar colectivamente otro proyecto de país; un proyecto que no puede esperar a que tengamos la fuerza y la capacidad suficiente para llevarlo a cabo, sino que se anuncia y se construye desde ahora mismo, pues solo la confluencia de muchos creará la fuerza suficiente para que un nuevo país vea la luz.

El Primer DNI Republicano