Antipolítica judicial
César Manzanos Bilbao
El debate sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial es la disputa sobre el control partidista y tecnocrático-corporativo de un ámbito del Estado cuya función histórica no ha sido garantizar derechos y libertades para todas las personas, sino la de legitimar y avalar las decisiones tomadas por instancias externas al propio Estado, a quienes este rinde pleitesía.
Instancias que han puesto permanentemente la justicia, al igual que el poder legislativo y ejecutivo, al servicio de un poder que no reside en las instituciones formales “democráticas”, sino en corporaciones supraestatales y mercantiles controladas por élites informales de poder. En definitiva, un poder judicial dedicado a reproducir un modelo socioeconómico cuyo desarrollo ha sido favorecido por un peculiar “garantismo”, cual es garantizar que el ánimo de lucro, la concentración patrimonial y la acumulación de capital sean los motores de la vida social, a cualquier precio.
Jueces, políticos y legisladores han instrumentalizado y se han pasado por el forro los derechos constitucionales, han privatizado el estado y la justicia, consolidado y expandido sus privilegios de clase. Han instaurado una justicia vengativa y legitimadora de una normatividad fundamentada en el derecho de imposición, no de convicción o de justicia social. No nos olvidemos que, en cuanto a su extracción social, pertenecen de un modo aplastante a las clases ricas o enriquecidas mediante el estatus, prestigio y riqueza que les ha conferido su posición dominante.
Solo desde aquí se entiende que lejos de avalar la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, salvo honrosas excepciones, la judicatura haya sido la que con mayor profusión ha potenciado su uso bélico e implantado un derecho, en todos los ámbitos jurisdiccionales, adherido a grupos de presión contrarios a la defensa de los principios formales que habrían de hacer valer. Han pasado más de 40 años de la apodada “reforma política” y la devaluación de los derechos laborales y sociales de las clases populares sigue en alza, a la par que sus condiciones de vida jamás han sido tan paupérrimas y precarias, todo ello gracias a la inacción de la justica. Cómo transformar esta dependencia y supeditación del denominado Poder Judicial habría de ser el auténtico debate, de lo contrario lo que va a ocurrir es que finalmente serán los mismos jueces, con distintos collares.
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