Militares jubilados y ultraderecha

Los autores de los manifiestos golpistas pertenecen al sector mejor situado frente a la crisis, con sus pensiones elevadas a cargo del Estado sin estar sujetos a las consecuencias penosas de paro, subempleo, inestabilidad o ruina de otros. Su queja no tiene nada que ver con su realidad, sino con sus delirios extremistas.

Militares jubilados y ultraderecha
Alberto García

Sumándose a la estrategia de la tensión promovida por la ultraderecha y vista con condescendencia por el Partido Popular, una serie de grupos de militares jubilados han lanzado al Rey y a la opinión pública sus manifiestos, rasgándose las vestiduras sobre los peligrosos caminos por lo que transita el gobierno social comunista, y llamando a impedir sus objetivos. Ruptura de España, de la Constitución, de las libertades, que ellos están dispuestos a impedir, en concurso presumiblemente con los  españoles restantes que suscribirían sus tesis,  tras los planes depurativos expuestos en el chat de los aviadores de la XIX promoción del Ejército del Aire.

Las tesis de Vox aparecen nítidamente en estos manifiestos, ya sabemos a qué se dedicaban sus diputados, erróneamente calificados de inactivos por otras fuerzas parlamentarias, pero Pablo Casado también se mostraba dispuesto a derramar su sangre en defensa de un país como Dios manda, tal y como expuso recientemente, pidiendo imitar a los «héroes» cubanos y venezolanos. [i]

Por mucha que sea la histeria promovida por los medios de la caverna, nunca encontrará el lector un manifiesto de asociaciones de jubilados panaderos,  mecánicos, ni siquiera de licenciados en estudios clásicos, de médicos… llamando a salvar a la patria. Siempre son ex militares los que se manifiestan en este sentido, utilizando los equívocos constitucionales que evocan estatutos de «autonomía militar», al margen del poder civil, derivados quizás de su limpieza de sangre no contaminada por los preceptos constitucionales, depurada por su exclusiva subordinación al Rey, y habría que preguntarse cuál es la causa de tan especializada actuación.

Cuando en los inicios de la democracia prodigaron estas actuaciones, prólogo de otras peores, se decía que no eran de extrañar porque la democracia era joven, estaba echando a andar, los autores de los manifiestos eran nostálgicos… esas afirmaciones hoy ya no son de recibo, el Régimen del 78 está muy madurito, los firmantes apenas pueden ser nostálgicos de épocas que apenas han conocido, luego hay que pensar en otras causas de su desazón.

Y aparece sin necesidad de demasiadas reflexiones, la causa de siempre, a saber, la capacidad de tutela que se atribuyen sobre la sociedad civil, hilo conductor de la larga serie de pronunciamientos con la que han dañado gravemente la historia de nuestro País, sin ir más lejos provocando la dictadura de Primo de Rivera, y la sublevación franquista, aparte de los intentos recientes de Tejero, Milans y otros.

Esta atribución, que pretenden justificar en su supuesto «constitucionalismo», niega la esencia de los postulados básicos de éste, a saber, el reconocimiento y respeto de la soberanía popular y su correlato, el del acatamiento a los resultados de las elecciones celebradas bajo el sistema de sufragio universal, libre, directo y secreto, que es lo que odian, lo que quieren perturbar en la medida que les sea posible.

Porque resulta muy llamativo que estos grandes patriotas nunca manifiesten su pesar porque tengamos un Rey emérito cleptócrata, que lleva más de 40 años lucrándose a costa del Estado cobrando comisiones que ni siquiera se declaran ante la Hacienda española, obtenidas presuntamente mediante su influencia a favor de intereses extraños, de los que le pagan.

Tampoco les hemos visto quejarse de la sistemática corrupción del Partido Popular, verdadera asociación para delinquir como se ha puesto de manifiesto en múltiples procesos judiciales, ni por los resultados de la pandemia que nos asola, ni en fin, por tantos y tan gravísimos problemas de desigualdad, paro y pobreza de los ciudadanos españoles. Su dolor y aflicción aparece ante la presencia de un gobierno progresista, que establece tímidas medidas en ese sentido, y al que quiere derribar por todos los medios. 

Y resulta especialmente despreciable esta diatriba, nacida del puro fanatismo, si tenemos en cuenta que en las dificilísimas situaciones por las que está atravesando la población española con la pandemia y sus consecuencias. Precisamente los autores del manifiesto pertenecen al sector mejor situado frente a la crisis, con sus pensiones elevadas a cargo del Estado que perciben contra viento y marea sin estar sujetos, como amplísimos sectores de la población, a las consecuencias penosas de paro, subempleo, inestabilidad o ruina. Su queja no tiene nada que ver con su realidad, sino con sus delirios extremistas.

El golpista del 23-F Pardo Zancada firma como militar el manifiesto contra el Gobierno pese a estar expulsado del Ejército

Y resulta penoso que tras 40 años de democracia, establecida con nuestra ejemplar transición, sigan manifestándose las mismas opiniones franquistas en tan amplia selección de ex militares como la que reflejan estos manifiestos, acordes a las que mantiene en general la derecha/ultraderecha española, que persiste tras generaciones educadas y socializadas en los colegios que operan en nuestra democracia, y tras los cursos y enseñanzas de las doctrinas militares que se prodigan en sus academias.

Por cierto, que dado que reclaman su derecho a usar de su libertad de expresión, en igualdad de derechos con todos los españoles, y mientras que se corrobora en la práctica el resultado de las medidas que eventualmente adopten las autoridades frente a este desafío, yo pediría simplemente que se les retiraran las armas que, sin duda, en su inmensa mayoría, guardan en sus domicilios, no obstante su jubilación, hecho que se conoce  por saber común y se corrobora por la laxitud de la aplicación de las medidas reales al respecto de la devolución de las mismas, una vez jubilados,    según se desprende por ejemplo, de la información que proporcionaba el diario el País en su edición de 27 de junio de 1993.


Fuente → hojasdebate.es

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