En España, Blackstone está considerado como “el mayor casero”, el principal propietario de vivienda, la especulación sublimada a su máximo grado. Su desembarco en el país comenzó en 2012, el año que fichó a Claudio Boada Pallerés, Senior Advisor para España y Portugal de Blackstone y presidente de Anticipa Real Estate, inmobiliaria perteneciente a la compañía. Está considerado el máximo representante del fondo en el Estado, según señalan desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, y la cara visible de la especulación inmobiliaria de Blackstone en España, que tuvo su puesta de largo en 2013 con la compra de más de 1.800 viviendas del Ayuntamiento de Madrid que estaban destinadas al alquiler social. Seis años más tarde, la entonces alcaldesa Ana Botella (PP) fue condenada por el Tribunal de Cuentas por provocar “un menoscabo injustificado en el patrimonio público”. La condena posteriormente fue revocada por dos votos –uno de Margarita Mariscal de Gante, exministra de Justicia de José María Aznar, marido de Ana Botella– contra uno.

Según explica el escritor Manuel Gabarre, autor del libro Tocar fondo: la mano invisible detrás de la subida del alquiler, es imposible conocer la cartera inmobiliaria de Blackstone ya que “no ha publicado el dato de las viviendas que tiene en España y rara vez especifica cuántas viviendas tiene cada una de sus sociedades en las cuentas anuales”. Determinadas fuentes lo cifran en 30.000 inmuebles mientras otras hablan de 55.000. La única certeza es que nadie controla más ladrillo que Blackstone.

Boada, un hombre de finanzas

Boada Pallerés ha estado ligado al sector financiero y fue durante casi 15 años responsable del negocio de Lehman Brothers en España y Portugal, llegando a ocupar la presidencia en España entre 2000 hasta 2004. Presidente del Círculo de Empresarios (2004-2012), después de que el Partido Popular de Mariano Rajoy ganase las elecciones de 2011 con mayoría absoluta en 2011, aseguró que «el mercado laboral necesita flexibilidad»; una petición que acabó convirtiéndose en realidad con la reforma laboral del PP.

También ha sido consejero de PRISA, editora de El País, en representación del HSBC y, en 2017, fue nombrado senior advisor de Natixis en España y Portugal. Un año después, se convirtió en presidente de la aseguradora Aegon España.

Un gusto por el mundo de los negocios que le viene heredado de su padre, Claudio Boada Villalonga (1920-2006), uno de los empresarios más prolíficos del franquismo y la Transición. Presidente del Instituto Nacional de Industria (INI) y del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), fue el encargado privatizar los activos eléctricos públicos y una parte de la Seat. Como recoge Mariano Sánchez Soler en su libro Los ricos de Franco (Rocaeditorial, 2020), fue presidente de Ford España, de Altos Hornos de Vizcaya, además de vicepresidente de Telefónica o consejero de Ferrovial. Como su hijo, también se sintió atraído por el mundo financiero, llegando a la presidencia del Banco Catalán de Desarrollo, del Banco de Madrid o, más tarde, del Banco Hispano Americano.

Boada Villalonga formó parte de lo que se conoce como El Clan de la Dehesilla, un grupo clave para la Transición y que posteriormente acabó derivando en lo que se llamó la beautiful people alrededor de Felipe González. Como explica el sociólogo y periodista Andrés Villena en su libro Las redes de poder en España, allí coincidió con Miguel Boyer, con los exministros franquistas José María López de Letona y Alberto Monreal Luque, con el futuro ministro de UCD Carlos Bustelo o con los hermanos Entrecanales (Acciona), entre otros.

En un artículo publicado en El País el 16 de junio de 1983, Xavier Vidal-Folch definió a Claudio Boada Villalonga como “un hábil administrador del régimen de Franco” y “uno de los hombres que concentra mayor capacidad de decisión de la nueva España socialista”. Tanto es así que durante el régimen de Felipe González, consiguió colocar a “antiguos y fieles colaboradores” al frente de algunos de los principales cargos, reservándose para sí mismo la presidencia del INH. Los encargados de este nombramiento eran dos antiguos colaboradores suyos en el INI y que en ese momento se sentaban el consejo de ministros: Miguel Boyer y Carlos Solchaga. Boada Villalonga se aseguraba mantener su cuota de poder y González atraer “la confianza de los sectores económicos tradicionales”, en palabras de Vidal Folch.

Para Villena, “en los Boada se ve la reproducción social de las elites del capitalismo español: del padre industrial al hijo financiero”. Una herencia de capital económico y social que transmuta de una época a otra: de dictadura a democracia, de derecha a izquierda. Una familia primero sentada a la derecha de Franco y a la izquierda de Felipe González y, ahora, al frente del gran poder especulativo. Meritocracia a la española.