Los Franco llevan a juicio a los periodistas que investigan su fortuna por generar "odio" contra la familia


El 17 de marzo se dirimirá la demanda civil contra un programa de Cuatro y los expertos que intervenían. Los mismos periodistas se enfrentan también a la vía penal, después de que la Audiencia de Madrid ordenara reabrir la querella presentada contra ellos por los nietos del dictador

Los nietos de Franco llevan a juicio a los periodistas que investigan su fortuna por generar "odio" contra la familia / Pedro Águeda

Un juzgado de Madrid dirimirá el próximo 17 de marzo la demanda civil presentada por familiares de Francisco Franco contra un grupo de periodistas y expertos que aparecían en un programa de televisión sobre los negocios de los herederos del dictador, así como contra la cadena que lo emitió, Cuatro, perteneciente a Mediaset. 

En una audiencia previa celebrada la semana pasada, los demandantes insistieron en que el programa En el punto de mira promovió contra ellos "una situación de hostilidad, incitando a la discriminación, el odio o la violencia" que desde su emisión habrían venido sufriendo, y reclaman por ello 50.000 euros de indemnización a satisfacer solidariamente por todos los demandados.

En el programa La herencia de los Franco, según el abogado que los representa, se intenta "justificar un interés informativo" y lo que realmente se hace es generar "odio" y "descalificación", así como promover "el enfrentamiento que hacia el anterior jefe del Estado se ha establecido en fechas en que la memoria de aquellos acontecimientos resultaba una pacífica concesión al pasado y un necesario olvido del conflicto que en aquella operación se genera".

Los nietos del dictador dirigen su demanda contra los dos directores del programa, tres reporteros, los periodistas de investigación Mariano Sánchez Soler y Jorge Otero Bada, el exconcejal de Sada Carlos Babío y Jimmy Giménez Arnau, quien estuvo casado con una de las nietas de Franco. El programa en el que participaron, aseguran los demandantes, trasladó "reprobaciones, enfrentamientos y manipulaciones, contrarias a la convivencia y a la paz obtenidas".

Los nietos de Franco se quejan además de que en la emisión se excluye "cualquier connotación que pueda resultar propicia al régimen anterior, se discriminan los daños y consecuencias de actuaciones de los bandos y las circunstancias que dieron lugar a la Guerra civil, en una anacrónica e inadecuada utilización parcial de la memoria" y que todo ello es parte de una "campaña de desprestigio" contra ellos.

Entre los testimonios de ese programa se encuentra el del veterano periodista Mariano Sánchez Soler, autor de una prolífica obra sobre la dictadura, el fascismo y los negocios de la familia Franco. Su última obra sobre el patrimonio del dictador y sus descendientes es Los ricos de Franco (Roca Editorial), que vio la luz el mes pasado. En el programa de Cuatro, Sánchez Soler asegura que "el apellido les sirvió para hacerse multimillonarios" y que el cálculo de su patrimonio puede ascender a los 500 millones de euros. Sánchez Soler describe los regalos que dos veces por semana, en audiencia, recibió el dictador durante cuatro décadas, las posesiones en el extranjero, la aparición de sus familiares en los Papeles de Panamá o en la amnistía fiscal.

Para rebatir tales afirmaciones, el abogado de la familia dice que se ha difundido recientemente el testamento del dictador, abuelo de sus mandantes, y que éste dejó en herencia oficialmente a su viuda e hija 28,5 millones de pesetas, apenas 171.290 euros. Otro de los demandados es el periodista Javier Otero Bada, quien cuestionaba en el programa el origen de los 12 millones de pesetas con los que Franco compró "una única finca" y apuntaba al desvío para uso personal del dictador de donativos de guerra o para la reconstrucción del Alcázar, o ayudas a huérfanos, "afirmaciones tan miserables como inciertas".

El letrado Enrique Botella, en representación de Mariano Sánchez, cuestiona la legimitidad de los demandantes para ejercitar la misma porque ni siquiera demuestran que son los herederos del dictador y carecerían por tanto de "legitimación activa", ya que ni han presentado testamento ni documento alguno que les identifique como familiares de Franco. 

El mismo letrado destaca jurisprudencia del Tribunal Supremo según la cual no cabe actuar contra las citas, como las que se hacen en el programa, de informaciones ya publicadas y que no fueron objeto de demanda en su momento. Además, alega que su representado, al igual que el resto, en ningún momento aludieron con sus comentarios a la "esfera privada" de los demandantes. Tanto el abogado de Sánchez Soler como las representaciones legales del resto de los demandados destacan el ataque a la libertad de expresión y el derecho a la información que supone la demanda civil de los Franco. Firman la misma un total de siete nietos del dictador. El programa no está disponible en la web de la cadena.

La querella por injurias y calumnias, segunda vía de la ofensiva judicial

La demanda civil es una segunda vía abierta por la familia de Franco mientras sigue adelante la querella por injurias y calumnias que presentaron en la vía penal. Tanto el citado programa de Cuatro como otro de La Sexta, Equipo de Investigación, fueron objeto de sendas querellas que dos juzgados de Madrid archivaron. Sin embargo, el pasado mes de agosto, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su reapertura. 

Los jueces de la Sección Segunda estimaron el pasado 15 de junio pasado un recurso presentado por seis de los nietos de Francisco Franco y dejaron sin efecto el archivo de la querella presentada un año antes, el 10 de julio de 2019, el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid. Tras la resolución de la Audiencia Provincial, ese mismo juzgado acordó citarles para el pasado 27 de agosto en calidad de querellados, aunque la citación quedó aplazada después. 

El pasado 3 de diciembre prestaron declaración todos ellos en el Juzgado de Instrucción número 39. Es previsible que el juicio por la demanda civil se celebre antes de que se agote la instrucción en vía penal, pero el juzgado no podrá resolver sobre la demanda antes de que haya una sentencia de la Audiencia Provincial por injurias y calumnias que determine si cabe continuar o no con la demanda por intromisión en el derecho al honor, explican fuentes jurídicas.


Fuente → eldiario.es

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