Franco, con uniforme de Aviación, pasa revista a las tropas alemanas el 22 de mayo de 1939. A su lado va el general Wolfram von Richthofen, jefe de la Legión Cóndor, que destruyó Gernika el 26 de abril de 1937.

Cada año, muchos historiadores españoles esperan la desclasificación de documentos secretos en poder del Estado español que, por el contrario, por ejemplo, aplica de forma automática el Gobierno británico. Sus leyes contemplan que todos los archivos son públicos a partir de 30 años.

Gracias a esos documentos se sabe que Franco censuró el accidente nuclear de Palomares, se supo de la cooperación del franquismo con Hitler, y se desvelaron los lazos con la dictadura argentina de Videla o las tácticas de represión durante las huelgas de Vitoria en 1976.

Hace ya algunos años más de 300 investigadores de 16 países firmaron un manifiesto para reclamar que España adapte su Ley de Secretos Oficiales de 1968, a la situación democrática actual. Desde la Transición al franquismo todos los documentos deberían ser públicos, en opinión de historiadores e investigadores.

A juicio de los expertos, los documentos que se encuentran bajo llave no se hacen públicos porque muchos tienen miedo a que se conozca la historia real. Los mismos especialistas se muestran favorables a que la propuesta del PNV que presentó en su momento en el Congreso de los Diputados, que fijaba en 25 años la custodia de todos los documentos, salga adelante.

El mismo colectivo mantiene la necesidad de un procedimiento para la desclasificación que sea automático, cronológico, porque en una democracia moderna los poderes pueden ser discrecionales, pero no arbitrarios. Exigen un procedimiento similar a los que tienen en Francia, EE UU, Gran Bretaña, Italia y Suecia.

Después de la muerte del dictador, la Transición supuso en la práctica una “ley del silencio”, un “punto y final” aceptado por la izquierda del momento con respecto a las complicidades con el régimen. Se pagó un precio muy alto para alcanzar una democracia equiparable a nuestros vecinos europeos, hubo concesiones y leyes de amnistía que borraron el pasado.

Los responsables del equipo investigador del Fondo de Memoria Histórica de Navarra se lamentaron hace muy pocas semanas en el Congreso de los Diputados del “importante obstáculo” que les supone para la investigación la referida Ley de Secretos Oficiales, una legislación de 1968, modificada parcialmente en 1978.

También hace muy poco tiempo que Greenpeace acusó al Gobierno de aplicar la ley de Secretos Oficiales franquista para ocultar de forma sistemática información que determinaría si las exportaciones de armas cumplen la ley y los compromisos internacionales.

En definitiva, la posición de España en la guerra de las Malvinas, el accidente de Palomares, la descolonización del Sáhara occidental, el 23-F o el asunto de los GAL, son episodios de la historia de España que sigue cubriendo una opaca cortina gracias a una norma heredada del franquismo que ningún Gobierno se ha atrevido a cambiar. Inteligencia, relaciones exteriores, política militar e interior, industria o energía son materias blindadas. El poder legislativo es el único que puede remediar la situación.