El anterior jefe del Estado, Juan Carlos I –huido en Abu Dabi desde el pasado mes de agosto–, sigue ostentando el título “honorífico” de rey de España y la condición de miembro de la “Familia Real” española, a pesar de las investigaciones fiscales de las que está siendo objeto tanto en España como fuera de España y de las publicaciones periodísticas que lo vinculan con presuntos delitos muy graves que habrían sido cometidos tanto antes como después de su abdicación en 2014. Es cierto que le asiste la presunción de inocencia, pero también es cierto que, tras la salida a la luz de sus numerosos escándalos, el actual jefe del Estado, su hijo Felipe VI, ha tomado medidas de distanciamiento de su padre que no casan del todo con que Juan Carlos I siga ostentando el título “honorífico” de rey de España y la condición de miembro de la “Familia Real” que encabeza el propio Felipe VI, dos condiciones –rey “honorífico” y miembro de la “Familia Real”– en la que no lo mantiene precisamente su hijo –el jefe del Estado–, sino curiosamente el Gobierno. Y es que el Gobierno lo incluyó en la “Familia Real” por el Real Decreto 2917/1981 –dictado por el Ejecutivo presidido por Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD)– y le concedió el título “honorífico” de rey por el Real Decreto 470/2014 –dictado por el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy (PP) y que entró en vigor al tiempo que Juan Carlos I abdicaba–, por lo que, según fuentes jurídicas consultadas por LUH, el Gobierno –y sólo el Gobierno– podría sacarlo de la “Familia Real” y retirarle el título “honorífico” de rey, modificando cada uno de esos dos reales decretos.

El título “honorífico” de rey de España no es un título nobiliario –otorgado por el jefe del Estado–, sino un título de honores protocolarios y militares otorgado por el Gobierno a través del Real Decreto 470/2014, por lo que no puede ser retirado por Felipe VI –como retiró el título nobiliario de Duquesa de Palma a Cristina de Borbón–, sino que tiene que ser retirado por el propio Gobierno a través de la modificación del Real Decreto 470/2014, que establece que “Don Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias, en el Real Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Honores Militares”.

Quién pertenece a la “Familia Real” –ente suprimido del ordenamiento jurídico español con la proclamación de la II República y recuperado a la muerte del general Franco y que cuenta con un Registro Civil propio, distinto del de los demás ciudadanos del Estado– está contemplado en el Real Decreto 2917/1981, que incluye en la misma “al Rey de España, su Augusta Consorte, sus ascendentes de primer grado, sus descendientes y al Príncipe heredero de la Corona”, es decir que hasta la abdicación de Juan Carlos I, la “Familia Real” estuvo formada por el propio Juan Carlos I, su esposa –Sofía de Grecia–, sus hijos –Felipe, Elena y Cristina de Borbón– y sus padres –Juan de Borbón y María de las Mercedes de Borbón–, y desde la abdicación de Juan Carlos I, está formada por Felipe VI, su esposa –Letizia Ortiz–, sus hijas –Leonor y Sofía de Borbón– y sus padres –el propio Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia–. Así pues, Juan Carlos I sigue formando parte de la “Familia Real” y el Gobierno podría sacarlo de ella con sólo modificar el Real Decreto 2917/1981, como podría retirarle el título “honorífico” de rey con sólo modificar el Real Decreto 470/2014. Aunque, al menos hasta el momento, no ha hecho ni una cosa ni la otra.