El vestido nuevo de Felipe VI

Cuarenta y cinco años después de la II Restauración borbónica, parece ser que, como al final del cuento de Hans Christian Andersen ‘El vestido nuevo del emperador’, ya se puede decir abiertamente –o casi– lo que todo el mundo sabía pero pocos decían públicamente: que la monarquía la puso el general Franco, tras un proceso que empezó en 1936 con el golpe de Estado contra la II República, siguió en 1947 con la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, continuó en 1969 con la designación de Juan Carlos de Borbón como su sucesor en la Jefatura del Estado y finalizó en 1975 con su testamento político (“os pido que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido”) y la coronación de Juan Carlos I. Atado y bien atado.

Después vinieron la Transición y la Constitución de 1978, que fue aprobada bajo la continua amenaza de una involución política y que –tras haber evitado un referéndum sobre la forma de Estado– no sólo incluyó en el ‘pack’ la monarquía borbónica hereditaria restaurada por Franco –manteniendo en la persona del rey tanto la Jefatura del Estado como el mando supremo de las Fuerzas Armadas– sino que también le otorgó impunidad (“la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”). También es verdad que –como era preceptivo para homologar el Estado español a los Estados del entorno de cara a su admisión en las estructuras del capitalismo europeo e internacional–, la Constitución introdujo elementos como un poder legislativo emanado directamente de las urnas, un poder ejecutivo emanado directamente del legislativo o un poder judicial ‘independiente’.

El relato oficial de una Transición ‘modélica’ y una democracia ‘ejemplar’, difundido hasta la saciedad por el poder político y mediático del régimen del 78, hizo el resto, hasta que el ‘consenso’ ha saltado por los aires con la crisis económica de 2008, los escándalos económicos y judiciales de Iñaki Urdangarin, los escándalos económicos y judiciales de Juan Carlos I y su abdicación en su hijo Felipe VI, la puesta en marcha del primer Gobierno de coalición del régimen del 78 –que de alguna manera acaba con más de cuatro décadas ininterrumpidas de turnismo bipartidista– y la huida de España del anterior jefe del Estado, que sigue en el emirato árabe de Abu Dabi.

Tras más de cuatro décadas de consenso –y de letargo– político, cada vez son más numerosos y más diversos los sectores que recuerdan abiertamente que la monarquía es obra de Franco; tan diversos, que van desde ERC o EH Bildu en el Congreso, que lo recuerdan para denunciarlo, hasta la Fundación Nacional Francisco Franco en su web, que lo recuerda para reivindicarlo. La monarquía es obra de Franco; no es una opinión, es un hecho. El régimen del 78 es heredero del franquismo (“de la ley a la ley, a través de la ley”, Torcuato Fernández Miranda ‘dixit’); tampoco es una opinión, es otro hecho. Y la monarquía del “atado y bien atado” es uno de los principales obstáculos para la profundización democrática en el Estado español, algo de lo que son conscientes cada vez más sectores y más diversos. Y en esos hechos se enmarcan los choques entre Felipe VI y el Gobierno de coalición pactado por PSOE y Unidas Podemos tras el 10N y aupado por el bloque de investidura.

Desde que el ‘consenso’ de la Transición ‘modélica’ y la democracia ‘ejemplar’ ha saltado por los aires, se vislumbran dos opciones: una, la de los defensores de la república como forma de Estado; otra, la de los defensores de la monarquía obra de Franco –Fundación Nacional Francisco Franco ‘dixit’–, en el que se encuadran desde la propia Fundación Nacional Francisco Franco hasta el poder económico que sostuvo a Juan Carlos I hasta que en 2014 le obligó a abdicar precisamente para salvar la monarquía –poder económico con presencia en consejos de administración de bancos, industrias y medios de comunicación y en buena medida heredero del que financió el golpe de Estado de 1936 y sostuvo a Franco hasta su muerte en 1975–, pasando por Vox y un PP empeñado en seguir sosteniendo que la II Restauración borbónica no es obra de Franco, por mucho que fuera incluida en una Constitución aprobada bajo la amenaza de una involución. Ya sin Transición ‘modélica’ y sin democracia ‘ejemplar’ y con el sucesor de Franco huido en Abu Dabi, las tensiones entre ambos bloques están servidas y ni el poder legislativo ni el poder ejecutivo ni un poder judicial que, según la Constitución, administra la justicia “en nombre del rey” son ajenos a ellas.