El rey emérito, Martín Villa y sus peones

La huida del rey emérito y el interrogatorio de Rodolfo Martín Villa (RMV) ante la jueza Servini por la querella argentina han provocado todo un despliegue mediático con altisonantes declaraciones, cartas y escritos de ex jefes de gobierno, ex ministros y altos cargos y representantes políticos. De entrada, es chocante la desproporción entre ese poderoso reflejo defensivo –que en algún caso parece más un ataque– y la realidad a la que responde. Porque Juan Carlos de Borbón se ha ido de España por propia voluntad, no le han echado, como ocurrió con su abuelo, y ahora se halla en un lejano resort de lujo, no de rodillas esperando la guillotina. Y a RMV no le van a meter en la cárcel mañana, pues no le faltarán los auxilios políticos y judiciales que le han venido asistiendo desde que la jueza le convocó por primera vez, sin éxito, en 2014. Lo demás, las críticas y comentarios en un sentido u otro, no son sino prácticas legítimas en un país donde reina la libertad de expresión.

Llama también la atención la inconsistencia política, moral y jurídica de esas tomas de posición. Véase, por ejemplo, lo dicho por Fernando Savater, uno de nuestros filósofos de guardia: “ha hecho mal [el ex rey], pero de quedar mal a ser un delincuente hay mucha diferencia. Aquí, realmente, hay mucha corrupción y no solo real” (El País de 23/8/2020). Así pues, se admite que el rey es corrupto (no solo el rey, ok, pero también el rey) y se cree que eso se justifica porque también otros son corruptos. Y este es el Savater que no hace tanto nos daba lecciones de ética para dar y tomar. Poco nos ilumina esta vez, realmente. Pues, como decía Valle, “triste es tener que consolarse con el mal ejemplo de los otros”, un absurdo moral que es “el pecado original de España” (La corte de los milagros).

Pero lo más notable en este juego de peones del rey ha sido el manifiesto de 75 ex ministros y altos cargos que presumen de servicios a la democracia (ignoramos por qué no se indican los meritorios servicios al régimen anterior de alguno de los firmantes, como es el caso de RMV, Sánchez Terán, Oreja Aguirre y algún otro). No vamos a entrar en lo que dice este manifiesto, que desbarra hasta invocar una inaudita “defensa de la integridad política y territorial de la nación”, supuestamente en peligro, lo mismo que “el legado del Rey (sic) Juan Carlos”, una vez más identificado como “motor” de la democracia y de esa maravillosa convivencia de que disfrutamos, tal como se puede apreciar en los debates parlamentarios de los últimos años.

Pues más bien destaca en el citado escrito no lo que dice –que poco tiene que ver con las posibles responsabilidades penales del ex rey­– sino lo que no dice y solo se alude mediante circunloquios lejanos al meollo de la cuestión. Pues, ¿de qué estamos hablando, sea en mester de clerecía o en lenguaje llano? De “determinadas actividades del rey, que han excitado la proliferación de condenas” (dice el manifiesto de los 75); y de “ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada” (reza la última carta de Juan Carlos de Borbón a su hijo), lo que nos recuerda aquello de “esa persona de la que usted me habla”, del inefable M. Rajoy y otros circunloquios cortesanos semejantes. Pero es de enriquecimiento ilegal, tráfico de influencias y cosas así las que señalan el vulgo y la prensa, y es eso lo que investigan los fiscales españoles y extranjeros, con un resultado que está por ver. (Con un curioso lapsus de permutación, el manifiesto relaciona la “proliferación de condenas” con la opinión pública, mientras que califica de “reprobación” el posible resultado de la acción judicial).

Los defensores de RMV tampoco van muy finos en su argumentario, en nuestra opinión. Véase, por ejemplo, el artículo de I. Sánchez Cuenca en CTXT del pasado día nueve de septiembre. (“¿Juicio a la Transición?”). Comienza haciendo una aguda observación analógica: del mismo modo que la derecha no debe seguir acusando a Otegui y a otros ex etarras una vez que han dejado la vía violenta y ETA se ha disuelto, tampoco cabe denunciar a RMV y otros ex franquistas por su ejecutoria antes de convertirse en demócratas. Unos y otros comparten al final la fe del converso en la democracia y la convivencia, y con eso se redimen de pasados pecados. Sin embargo, Sánchez Cuenca olvida un pequeño detalle o, mejor dicho, no se le olvida, pero no lo tiene en cuenta: Otegui ha sido juzgado, perseguido y encarcelado reiteradamente (incluso, dice Ignacio, excesivamente) por esa ejecutoria anterior, cosa que no ocurre por la otra parte.

Y lo que hay en ese pasado no es moco de pavo. Por seguir con las propias palabras de Sánchez Cuenca, RMV “en ocasiones dejó hacer, (…) no quiso enfrentarse a las tramas policiales, o  (…) en algún caso pudo dar su aprobación a operaciones que eran crímenes de Estado, parece claro, pero eso queda bastante lejos de lo que se entiende por crímenes de lesa humanidad”. Tal conducta criminal quedaría en una “zona gris” que es valorada en esa misma tonalidad moral e intelectual, sin que el autor llegue a ninguna calificación delictiva y, por tanto, cabría pensar en la exculpación.

El análisis que comentamos se refiere preferentemente al periodo de la Transición hasta 1981, sin olvidar los sucesos de  Pamplona, San Sebastián y Rentería de 1978, con dos paisanos muertos y muchos otros heridos por balas de la policía en el curso de sendas manifestaciones, siendo ministro de Interior RMV. Como Fraga tras los muertos de Vitoria, RMV hizo en esa ocasión declaraciones que retratan su talante: “al fin y al cabo, lo nuestro serán errores, lo otro son crímenes”. Y “a nadie debe extrañar que pierdan la serenidad en raras y muy contadas ocasiones quienes debieran ser servidores de la serenidad”. (La Vanguardia, 8-11-1978). La alusión implícita es a ETA, cuya actividad mortífera parecería justificar, según el ministro, la violencia policial contra la población civil manifestante. (Huelga decir que no hubo investigación alguna de los hechos).

Por lo demás, el propio Sánchez Cuenca, en un trabajo hecho con Paloma Aguilar,  registra 231 muertos entre los finales de 1975 y 1982 a manos de fuerzas de seguridad o de grupos de ultraderecha con ellas relacionados (casi la mitad, ciudadanos manifestantes o en altercados con la policía); datos que pueden ser completados con los de la sólida tesis doctoral de Sophie Baby, Le mythe de la transition pacifique. Violence et politique en Espagne (1975-1982), de 2012.  Esta autora señala las extraordinarias dificultades en las que avanzó la transición, así como el afán democrático de RMV, Suárez, Osorio y demás agentes del Movimiento reformista, cosa que nadie discute, pero, por otro lado, no obvia la referencia a su laissez faire (sic) o, al menos, a cierta inhibición respecto de la violencia de extrema derecha (no perseguida a fondo hasta después del 23-F), la práctica ocasional de la tortura en comisarías y cárceles (documentada en los informes de Amnistía Internacional de esos años) y el ningún escrúpulo a la hora de seguir echando mano de policías carniceros como Roberto Conesa, González Pacheco o Manuel Ballesteros, a los que RMV atribuía una “competencia profesional excepcional”, según su testimonio a la autora (razón por la cual, suponemos, algunos de ellos fueron condecorados).

Pero Sánchez Cuenca pasa sobre ascuas sobre otro periodo clave. Antes de ministro en la transición, RMV fue mando destacado del Movimiento Nacional: jefe nacional SEU, secretario general del sindicato vertical, consejero del reino, gobernador civil… todo lo cual, al parecer, no serían sino pecata minuta teniendo en cuenta su posterior conversión a la democracia y sus servicios prestados a la transición. Y en este punto Sánchez Cuenca vuelve a desafinar, al rechazar la tesis de Pérez Royo (expresada en un artículo reciente en El Diario), según la cual “hubo un pacto para encubrir el genocidio franquista, llegando a concluir que en tal operación de encubrimiento sí tuvo responsabilidades políticas Rodolfo Martín Villa”.

Porque si no hubo un pacto expreso de silencio, como se suele decir, sí se tomaron algunas decisiones políticas de alto nivel en el primer gobierno de Suárez, encaminadas en el mismo sentido (y se dejaron de tomar otras, retrasadas a décadas posteriores, acerca de la memoria democrática). A RMV le faltó tiempo, siendo ya ministro de Interior y una vez que Suárez decretó la disolución del Movimiento, para ordenar la destrucción de sus archivos, cómo recordaría Sánchez Terán, entonces gobernador Civil de Barcelona. Este, tras describir la eliminación de todo el papelamen archivado de su departamento, entre el que se hallaban miles de fichas de antecedentes de antifranquistas, hace la siguiente reflexión: “Hacer un trabajo de investigación hubiera resultado arduo y tal vez inútil. Por eso decidimos destruirlo todo”. (S. Sánchez Terán, La transición. Síntesis y claves. Recordemos que los gobernadores civiles eran los jefes provinciales del Movimiento y mandaban en las fuerzas policiales, siendo el epicentro de la represión franquista).

Todavía hoy, más de cuarenta años después, los investigadores tienen problemas de acceso a determinados fondos de las fuerzas de seguridad, Asuntos Exteriores, ejércitos, servicios de inteligencia, etc., siendo operante una Ley de secretos oficiales formulada en 1968. Y no solo la Fundación Nacional Francisco Franco tiene parte de la documentación del dictador, sino que todos los jefes de gobierno posteriores, desde Suárez hasta Rajoy, conservan en su poder buena parte de la documentación que se generó en el ejercicio de su función pública. Y no solo ellos. Y, sin embargo, circula desde hace décadas la opinión mostrenca de historiadores áulicos y publicistas de que desde la transición no hubo veto para hablar, debatir y publicar cuanto se quisiera acerca de la Guerra civil y del franquismo. Por eso buena parte de los libros que se han escrito acerca de la represión franquista desde entonces han tenido que recurrir principalmente a los testimonios personales de víctimas y familiares, algo que no acaba de gustar a ese gremio académico, que obedece más a los supuestos requisitos “científicos” de la historia que a las derivaciones siempre subjetivas de la memoria.

En las de RMV (Al servicio del Estado), a propósito de esto, se lee que “sería injusto, radicalmente injusto, política y moralmente, un proceso como el que nosotros conducíamos permitiera más mínima depuración”. Aun así, por si acaso, se gestó la Ley de “punto final” (léase de amnistía) y se trató de destruir posibles pruebas de cargo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo, descartando de antemano que la democracia en ciernes tuviera el más mínimo prurito de justicia histórica o de referencia positiva a la II República, a la que solo mucho más tarde el congreso español reconocería como principal, si no único, antecedente de la democracia actual. Como ha repetido después Felipe González, “decidimos no hablar del pasado” (El País, 22-4-2001). Y ese fue el comienzo de la larga impunidad por los crímenes del franquismo y de la desatención a sus víctimas, que aún hoy está pendiente de una adecuada reparación.

Y no es de extrañar que haya sido precisamente Felipe González uno de los más ardorosos defensores de RMV ante la justicia argentina. Como una buena defensa es un ataque, ha dicho que quienes deberían depurar responsabilidades ante la justicia son los que iniciaron esta querella “de mala fe y sin sentido”, no RMV, cuya conducta fue “impecable y fuertemente comprometida con el Estado de Derecho”. Veamos en esta actitud, más allá de las ganas de épater y de pontificar que a veces le pierden, la mano que se echa a un viejo amigo al que se agradecen los servicios prestados, lo que nos lleva a recordar las especiales relaciones que los jóvenes “socialistas del interior” tuvieron con los últimos gobiernos del franquismo y los primeros de la transición y, por asociación de ideas, algunos vicios secretos que luego se vendieron como públicas virtudes de una supuesta transición modélica.

Es el propio RMV quien recuerda en sus memorias “el singular trato de favor” que recibió el PSOE “renovado” por parte del gobierno en la transición (y, más en concreto, de los titulares de Gobernación/Interior, Fraga y RMV). Pero la historia comienza un poco antes, cuando los planes políticos previstos para la España posterior a la muerte de Franco empezaban a concretarse y ya se repartían papeles en la futura función. Ahí no todos iban a jugar con las mismas cartas y al PSOE se le otorgaron de entrada unas buenas bazas. El Servicio Central de Documentación (SECED), creado poco antes por  el almirante Carrero, ayudó a los líderes socialistas a acudir al Congreso de Suresnes (octubre de 1974), otorgándoles protección policial y pasaportes. Es sabida la importancia crucial de ese encuentro, que contó con el respaldo del presidente Mitterrand y de la Internacional Socialista, así como el visto bueno de la Secretaría de Estado norteamericana. Está de más recordar, por otro lado, la dependencia directa del SECED respecto de Presidencia y del Estado Mayor del Ejército. (Antonio Díaz Fernández, “”El Servicio de inteligencia. Un actor político en la transición española”, en Studia Historica, vol. 23, 2006).

Más adelante se autorizó la celebración del XXX Congreso de la UGT en Madrid (abril de 1976) y el XVII Congreso del PSOE a primeros de diciembre del  mismo año, mientras sus dirigentes alternaban las reuniones con la Platajunta Democrática y los contactos con miembros del gobierno y de los servicios secretos. Así, por ejemplo, en octubre de 1976 Felipe González tuvo entrevistas con mandos del SEDED (entre ellos probablemente su jefe, el teniente coronel Juan Valverde), a instancias del gobierno y de Zarzuela, para intercambiar opiniones acerca de los planes de futuro del PSOE, que en ese momento era asumido como agente destacado en la reforma política prevista por Suárez. (La referencia puede verse entre los muy escasos documentos que la Fundación Felipe González ha hecho públicos en su página web. En ella, como suele ser habitual en los últimos años, los nombres de los agentes vienen tachados, “despersonalizados”).

Estas atenciones hacia un partido que aún no estaba legalizado contrastan con el trato que el gobierno venía dando a otros agentes políticos de la oposición.  CC.OO., sindicato ampliamente mayoritario en los centros de trabajo y en las movilizaciones (y entre los presos políticos, de los que casi ninguno era de la familia PSOE/UGT), debió esperar hasta abril de 1977 para celebrar su congreso –un año después del de la UGT–, lo mismo que el PCE, legalizado poco antes de las primeras elecciones generales. 

Aunque sea una anécdota, conviene recordar que Santiago Carrillo fue detenido y encarcelado durante unos días pocas semanas después de que el PSOE celebrase en Madrid XVII su congreso a bombo y platillo, con asistencia de Willy Brandt, entonces secretario de la Internacional Socialista, Pietro Nenni, Olof Palme y otros líderes europeos. Lo que no es una anécdota, y está ampliamente documentado, es la dureza represiva frente a las movilizaciones populares y, muy especialmente, a las huelgas obreras y los líderes de CC.OO, que apecharon con la mayor parte de los castigos gubernativos. Así mismo, conviene recordar el veto legal inicial a todos los grupos a la izquierda del PCE/PSUC: MCE, ORT, PTE, trotskistas, etc., así como a republicanos y abertzales vascos, todos los cuales habían tenido un papel relevante a la hora de canalizar las aspiraciones políticas de la ciudadanía.

De este modo, RMV y, más en general, los gobiernos de Arias y Suárez y el rey Juan Carlos trataban de marginar a todo ese espectro político –y a las organizaciones cívicas y de masas por  él influidas– con el fin de erosionar lo menos posible el statu quo en el Occidente liberal capitalista y no suscitar la enemiga de las oligarquías civiles y militares franquistas, aun ampliamente dominantes. (Por lo que al rey emérito se refiere, puede verse mi artículo “Los dudosos inicios del rey emérito”, en el blog Conversación sobre historia). El plan respondía al diseño político que había elaborado Fraga cuando se había vuelto “liberal”, como Areilza, y que contaba con la aquiescencia del Departamento de Estado de EE.UU., entonces ocupado por el halcón Henry Kissinger, y con el patronazgo de la socialdemocracia alemana. Así lo reconoció von Brauchitsch, representante de Friedrich K. Frick, ante una comisión del congreso español, cuando Santiago Carrillo le preguntó la razón por la que los sindicatos socialdemócratas alemanes habían financiado el PSOE: “tratábamos de cerrar el paso al comunismo –respondió–. Y el partido mejor situado era el PSOE”. (S. Carrillo, Memorias, p. 608).

Mediante asesoramiento y mucho dinero (unos 3.000 millones de pesetas entre 1975 y 1985) el “amigo alemán” consiguió extender la organización socialista, que pasó a tener presencia en casi todas las provincias a finales de 1976 (a comienzos de ese año solo la tenía en 27); crear y formar cuadros mediante seminarios; poner en pie una poderosa oficina de propaganda, dirigida por Julio Feo, Guerra y Félix Tezanos, y proyectar la imagen moderna del PSOE en el exterior organizando actos públicos y contactos con la prensa a Felipe González y otros líderes socialistas. (Ver Antonio Muñoz Sánchez, El amigo alemán. El SPD y el PSOE, de la dictadura a la democracia, 2012). Es evidente que en un país como España, el PSOE iba a tener tarde o temprano su importante “parte alícuota” de participación en el juego político, pero no es menos claro que los neofranquistas como RMV pusieron su grano de arena para facilitar el camino. Y de bien nacidos es ser agradecidos.

Quizá no viene al caso aquí explicar cómo y por qué, a partir del inicio de 1977, las cosas se pusieron de tal manera que los planes de marginar a la izquierda comunista y de montar una democracia tullida quedaron frustrados y fue necesario ampliar el espectro político al menos hacia el PCE y el PSUC. Ni de qué modo ese trato de favor fue uno de los factores clave para que el PSOE se convirtiera, casi de la noche a la mañana, en el principal partido de la oposición, logrando una representación parlamentaria que hubiera sido inimaginable  uno o dos años antes.

Al final, resulta que en los alegatos a favor del rey y de RMV hay mucha logomaquia y rasgado de vestiduras, pero no se entra en la realidad concreta de los hechos y de los antecedentes. De modo que todo parece más bien una excusatio non petita de la que deriva una manifiesta acusación, ya no solo al emérito y a RMV, sino a cuantos tratan de exculpar posibles conductas delictivas y/o criminales contándonos otra vez el cuento de hadas de la transición modélica all over the world. Lo más lamentable es que los caballeros y damas declarantes otorguen la paternidad de nuestra democracia a sujetos como los mencionados en los procesos judiciales: es como hacerla un tanto bastarda e indecente.

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*Historiador. Investigador e impulsor del movimiento memorialista. De sus obras destacan: “Burgos. La capital de la Cruzada” (Crítica, 2006) . “Héroes y caídos. Políticas de la memoria en la España Contemporánea” (Catarata, 2008).“La bomba española. La energía nuclear en la Transición” (2015)

Fuente: Este artículo se publicó de forma abreviada en CTXT el 15 de septiembre de 2020

Portada: Rodolfo Martín Villa con Juan Carlos I en febrero de 1977 (foto publicada en su libro ‘Al servicio del estado’, Planeta, 1984)

Ilustraciones: Conversación sobre la historia

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