Retirar la inviolabilidad del Rey Juan Carlos «no está en la agenda del Gobierno». Así lo ha asegurado este viernes el titular de Justicia, Juan Carlos Campo. En una entrevista en el programa Más de uno de Onda Cero, el ministro ha insistido en que «no está en la cartera» del Ejecutivo modificar la Constitución para cambiar el estatus del jefe del Estado. «Todo lo que sea clarificar las situaciones me parece bueno, pero no hago referencias sobre procedimientos vivos», ha añadido.

Juan Ignacio Campos, al que la fiscal general del Estado encomendó la investigación a Juan Carlos I por la cuenta abierta en Suiza y la posible relación que pudieran tener esos fondos con la adjudicación de un contrato de ampliación del AVE a la Meca a empresas españolas, rechazó las querellas contra él pero admitió que debía continuar con la investigación que afectaba directamente al emérito.

«Saben y me han oído que nunca hago pronunciamientos sobre temas judiciales vivos», ha explicado el titular de Justicia que, con todo, ha asegurado que «todo lo que sea clarificar la situación» del monarca le «parece bueno». «Y creo que hasta ese sentido voy a llegar», ha añadido.

Campo, que ha dejado claro que la reforma de la inviolabilidad del Rey no está encima de la mesa, se ha expresado así después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostrase partidario el pasado mes de julio de afrontar un cambio en la Constitución para limitar la inviolabilidad del monarca.

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La Fiscalía de la Corte Suprema eximirá a una denuncia penal contra Juan Carlos I por presuntos delitos de blanqueo de capitales e infracción fiscal, entre otros, a pesar de considerar que hay indicios de que el rey emérito los cometió al ocupar el cargo de Jefe de Estado. La razón de esta exoneración es, a medida que el Confidencialavanza, que la Fiscalía considera que su inviolabilidad le impide continuar la investigación.

Según el mencionado medio, el fiscal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos,ya ha terminado las investigaciones perjudiciales sobre los presuntos delitos de Juan Carlos y la conclusión es, no menos, que los eméritos disfrutaron de la inviolabilidad hasta la fecha de su abdicación, el 19 de junio de 2014, gracias a la protección prevista por la Constitución española en el artículo 56.3.

El punto es que la propia Fiscalía sospecha que Juan Carlos fue capaz de mantener un comportamiento criminal durante su mandato, pero no ha encontrado ningún indicio de que pudiera continuar con ellos después de su abdicación.

En esta situación, el Ministerio Público recuerda el blindaje de la figura del Jefe de Estado, aunque indica que a pesar de ello ofrecerá un relato detallado de la investigación preliminar sobre Juan Carlos sobre la base de las revelaciones puestas en conocer en su momento por el ex comisario Villarejo.

Se señala que la historia podría incorporar muchos episodios que justificarían la incoación de una causa penal contra el padre del actual rey y mostrarían que Juan Carlos debía ser juzgado y, cuando llegó el caso, condenado, si no fuera por el privilegio de la inviolabilidad.

Sin embargo, la postura del Ministerio Público coincide con la de los abogados del Congreso de los Diputados, quienes en junio defendieron las prerrogativas de inviolabilidad con carácter «absoluto» y «permanente», una interpretación en la que se basó el PSOE para impedir una comisión de investigación sobre los viajes de Juan Carlos. Además, la posibilidad de que todo el asunto se archivara finalmente abriría la posibilidad de que los eméritos regresaran del exilio causado, precisamente, por estas mismas investigaciones. Juan Carlos permanece en Abu Dabi.

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