La Ley de Memoria Democrática estará en vigor en el primer semestre del año
próximo para dar reparación, justicia y dignidad a las víctimas del
franquismo y sus familiares. Sin embargo, son muchas las dudas,
cuestiones e interrogantes pendientes que tendrán que ir aclarándose
conforme el nuevo texto legal vaya aplicándose a cada supuesto. Unas de
las principales incógnitas sigue siendo qué va a pasar con la Cruz del
Valle de los Caídos. El Gobierno ha informado que en estos momentos se
encuentra en un “marco de reflexión” respecto a este símbolo de la
dictadura, la expresión más viva del nacionalcatolicismo en España.
Historiadores como Ian Gibson, quien en su día llegó a
afirmar categóricamente que “la cruz del Valle es un insulto a
Jesucristo y debe ser demolida”, optan por su derribo total. No
obstante, el Gobierno parece más partidario de “resignificar”, es decir,
mantenerla en pie para explicar a las nuevas generaciones el contexto
histórico del fascismo español.
Otra incógnita es desvelar cómo los 33.000 cadáveres enterrados en el Valle de los Caídos
llegaron a su destino. Se sabe que una parte procedía del bando
nacional y otra de fosas comunes republicanas. Todo ello habrá que
investigarlo minuciosamente porque los restos que teóricamente proceden
del ejército franquista figuran con nombres y apellidos mientras que en
la actualidad hay más de 12.000 personas de filiación y origen
desconocido. Como también se tendrá que indagar en qué empresas
construyeron el Valle de los Caídos, cómo se construyó (se sabe que se
empleó mano de obra forzada como en cualquier campo de concentración), y
qué ocurría con los poblados ocupados por los obreros que trabajaban en
Cuelgamuros. En esa línea, el Gobierno confeccionará
un exhaustivo inventario sobre las empresas beneficiarias que se
lucraron con el trabajo esclavo de los presos internados en el Valle. La
idea es que haya una posibilidad de conocimiento de la trama
empresarial que floreció alrededor del régimen franquista y una posible
reparación a las víctimas mediante algún tipo de compensación o
indemnización. Pero todo eso está por ver. Esta tarea de indagación en
las industrias afines al fascismo, aquellas fábricas que colaboraron con
importantes cantidades al sostenimiento del totalitarismo, ya se abordó
en Alemania, donde la aportación de las grandes
empresas al régimen nazi fue todavía mayor que en España. “Ya iremos
viendo los reconocimientos que se podrían hacer”, asegura Fernando Martínez López, secretario de Estado de Memoria Democrática,
en alusión a las posibles reparaciones para las familias de los
“esclavos de Cuelgamuros”. Por supuesto, queda en el aire otra
importante cuestión: saber qué pasará con el expolio a las familias
republicanas, todo el inmenso patrimonio que el régimen franquista robó a
los represaliados del bando perdedor.
La tarea que queda por delante es larga. Está por analizar, por ejemplo, toda la simbología del Valle de los Caídos
e incluso los estudios paisajísticos de la zona. Sin duda, será
necesario profundizar en un mayor conocimiento sobre lo que supuso para
la sociedad española el mausoleo a mayor gloria del dictador. El
Gobierno ha pensado poner en marcha una nueva página web sobre
Cuelgamuros que marcará el tránsito entre el discurso franquista y el
relato en clave de memoria democrática. Todo ello indica que nos
encontramos todavía en una fase de análisis y reflexión en la que la
aportación de historiadores y expertos será fundamental.
Sobre el Panteón de España, el llamado “Panteón de
hombres ilustres”, recogerá personajes masculinos y femeninos que han
destacado en la lucha por las libertades y que han desempeñado un papel
importante en la historia del país. También ese proyecto está por
concretar.
Lo que sí parece determinante es la intención del Gobierno de castigar durante cualquier infracción a una ley que nace con vocación de decisiva, no de simple papel mojado. Las infracciones muy graves como el traslado de los restos de represaliados sin la autorización administrativa,
la destrucción de fosas de la guerra civil y la dictadura, la
destrucción o menoscabo de lugares relacionados con la memoria
democrática y elementos simbólicos o de homenaje a las víctimas y
determinadas conductas como no poner fin a actos vandálicos o de
exaltación de la dictadura o que supongan menosprecio o humillación de
las víctimas o sus familiares serán castigadas con multas de entre
10.000 y 150.000 euros). Ahí se incluye cualquier campaña de publicidad
contraria a la normativa sobre memoria histórica que incite a la
exaltación de la guerra civil o la dictadura. Las infracciones graves se
castigarán con multas de 2.000 a 10.000 euros y las leves entre 200 y
2.000.
El Gobierno cree que las dotaciones presupuestarias que se han
adjudicado a la Ley de Memoria Democrática son suficientes para cumplir
los objetivos en los próximos cuatro años. De los más de 750.000 euros
inicialmente previstos, el 60 por ciento irá a exhumación de fosas y el
40 por ciento restante a investigación y otras actividades. En cualquier
caso, la intención del Ejecutivo Sánchez es ir ampliando cantidades
porque existe un compromiso “inequívoco” para ir dotando de financiación
a la ley.
En relación con la Comisión de la Verdad se
garantizará la investigación sobre las violaciones de los derechos
humanos durante el golpe, la guerra y la dictadura. En ese sentido, el Consejo Nacional de Memoria Democrática
podrá solicitar informes a expertos españoles y de otros países para
que aporten sus conocimientos a los casos de genocidio que se produjeron
en esos años. A su vez, la ley lleva implícito un reconocimiento al movimiento memorialista,que se ha distinguido a lo largo de los últimos años por reivindicar la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Todo
ese esfuerzo de las asociaciones ha cristalizado en un conjunto de
leyes autonómicas promulgadas en los últimos años e incluso en la ley de 2007 de Zapatero.
El Censo de Víctimas es otro capítulo importante de
la ley que está por concretar. Este organismo incluirá los nombres de
todos los desaparecidos de uno y otro bando. “En este país todavía nos
seguimos moviendo por estimaciones. Aquí cada uno da una cifra. El
Estado democrático debe tener un censo oficial de víctimas. No se
conocen los datos de los caídos en combate durante la Guerra Civil
Española. Ese es un deber democrático. Yo estoy acostumbrado a ir a
otros países y encontrarme con censos de víctimas que no me encuentro
aquí”, asegura el secretario de Estado. La estimación es que se podrían exhumar entre 20.000 y 25.000 cadáveres pero
aquí el Gobierno solo puede garantizar que se va a hacer “todo lo
posible” por identificar la mayor cantidad de restos mortales y
entregarlos a sus familias, aunque advierte que la tarea será compleja
al haber transcurrido 80 años desde el final de la contienda bélica. Por
eso el trabajo se abordará desde un planteamiento realista que abarque
una legislatura o incluso dos. “Esto lo irá marcando el propio proceso
de exhumaciones y colaboración entre administraciones”, añade Martínez.
En cualquier caso, según el Gobierno la ley “no reabre viejas
heridas” sino que “contribuye a cerrar las heridas abiertas”. La ley es
un deber de memoria, una obligación moral y política del Estado español
respecto a las víctimas y su dignidad. “La historia no se hace con el
olvido o el silencio de los vencidos. El olvido no es una opción en
democracia”, insiste el encargado de la Memoria Democrática.
Fuente → diario16.com
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