“Un landelino-lavilla / y un calvo calvosotelo / pintaron azul
de cielo / su división amarilla. / Y a un villano martín-villa /
guardaron en su rincón / para mejor ocasión, / tan calva como pintada /
en que darle la patada / con borbón o sin borbón / con armada o sin
armada, / y ¡chitón! ¡chitón! ¡chitón!”, reza la silueta caricaturesca ‘Divisionarios azules’, de José Bergamín.
Rodolfo
Martín Villa (Santa María del Páramo, León; 1934) lo fue todo en el
franquismo desde que en 1962 accedió al cargo de jefe nacional del SEU
–el sindicato universitario franquista– hasta que en 1977 abandonó el de procurador por la disolución de las Cortes franquistas,
pasando por otros cargos, como el de director general de Industrias
Textiles del Ministerio de Industria, secretario general de la OSE –el
sindicato vertical franquista–, miembro del Consejo del Reino,
presidente del Banco de Crédito Industrial, gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento Nacional en Barcelona o ministro de Relaciones
Sindicales.
Y también lo fue todo en la Transición del franquismo
al régimen del 78, que ejemplifica como pocos: de FET y de las JONS –el
partido único franquista– pasó a la Unión de Centro Democrático, de la
UCD al Partido Demócrata Popular y del PDP al PP; procurador en las
Cortes franquistas de 1964 a 1977, senador por designación real de 1977 a
1979 y diputado en el Congreso de 1979 a 1983. Cogió el mando de las
fuerzas policiales en 1976 como ministro de Gobernación y lo dejó en
1979 como ministro del Interior –el Ministerio de la Gobernación pasó a
ser el Ministerio del Interior, el Cuerpo General de Policía pasó a ser
el Cuerpo Superior de Policía y la Policía Armada pasó a ser el Cuerpo
de Policía Nacional–, por eso, y por su brutal represión sobre numerosas
huelgas y manifestaciones, se le conoce como ‘la porra de la
Transición’. De aquella época datan también el ‘caso Scala’ o el intento
de asesinato del líder independentista canario Antonio Cubillo, en cuya
organización participaron algunos de los policías bajo su mando. Y
diversos autores lo han señalado también como responsable de
haber ordenado la destrucción de archivos de FET y de las JONS para
destruir posibles pruebas incriminatorias contra él y los suyos.
Ya en pleno régimen del 78, ha sido ministro de Administración
Territorial de 1980 a 1981, vicepresidente del Gobierno de 1981 a 1982 y
otra vez diputado en el Congreso de 1989 a 1997.
Precisamente en
1997 –ya con José María Aznar al frente del Gobierno y, curiosamente, 20
años después de haber abandonado las Cortes franquistas por la
disolución de estas–, Martín Villa abandonó el Congreso de los Diputados
para dedicarse plenamente al ‘mundo de la empresa’; por más de 40
grandes empresas de diversos sectores ha pasado sólo durante el régimen
del 78. Aquel mismo año de 1997 –cuando más de dos tercios de ENDESA
(Empresa Nacional De Electricidad, Sociedad) eran propiedad del Estado–,
Aznar lo nombró presidente de ENDESA, cargo que abandonaría en 2002
tras haber completado la privatización de la empresa pública. El propio
Aznar lo nombró en 2003 “Comisionado del Gobierno para las actuaciones
derivadas de la catástrofe del buque ‘Prestige’”, con rango de
secretario de Estado. El empresario Jesús de Polanco lo nombró en 2004
presidente de SOGECABLE, cargo en el que lo sustituyó en 2010 por su
hijo por su hijo Manuel Polanco. En 2012, el entonces ministro de
Economía, Luis de Guindos, lo nombró consejero de la SAREB (Sociedad de
gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), el
‘banco malo’ español. En 2013, ingresó en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
pronunciando el discurso ‘Claves de la Transición. El cambio de
sociedad, la reforma en la política y la reconciliación entre los
españoles’.
La ‘Masacre del 3 de marzo’ en Vitoria-Gasteiz
Pero
la ‘extraordinaria placidez’ con la Martín Villa vivió tanto en el
franquismo como en el régimen del 78 acabaría, al menos parcialmente, al
año siguiente, cuando la juez argentina María Servini –instructora de
la causa penal por posibles delitos de genocidio y/o crímenes de lesa
humanidad cometidos por el franquismo en España entre el 17 de julio de
1936 y el 15 de junio de 1977– emitió, basándose en el principio de
justicia universal, una orden internacional de detención contra él y
otros 19 capitostes del franquismo, en su caso por posibles delitos de
homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad
durante la Transición. El principal, el cometido el 3 de marzo de 1976
en Vitoria-Gasteiz durante la represión de una huelga de trabajadores
“en la que fueron asesinados Pedro Martínez Ocio, Francisco Aznar
Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido
Pereda Moral, y en la que hubo más de cien heridos, muchos de ellos por armas de fuego”.
Servini retiró la orden de detención en 2018, después de que Martín
Villa depositara la fianza que le permitirá declarar, el próximo 3 de
septiembre, en libertad.
Martín Villa acudió al hospital a visitar
a los heridos en los ‘Sucesos de Vitoria’ o ‘Masacre del 3 de marzo’,
pero sus familiares se negaron a hablar con él. Uno de ellos sí se
dirigió al entonces ministro, pero sólo para preguntarle si había acudido allí para “rematar” a sus familiares heridos.
Posteriormente, Martín Villa relataría los hechos –murieron tiroteados
por la policía franquista cinco trabajadores: tres de ellos, uno de los
cuales tenía sólo 17 años, en el acto, y los otros dos, pocas horas
después– con una frialdad estremecedora que sólo se quebró cuando, con
los ojos humedecidos, recordó precisamente que los familiares de los
heridos le negaron el saludo en el hospital.
Además de por la
masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, Martín Villa deberá
declarar ante Servini por varios casos más, todos ellos con resultado de
muerte. Además de por las defunciones de Pedro María Martínez,
Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda en
Vitoria-Gasteiz, deberá responder por las de Vicente Antón en Basauri y
Juan Gabriel Rodrigo en Tarragona –precisamente, cuando se manifestaban
en protesta contra la masacre del 3 de marzo de 1976 en
Vitoria-Gasteiz–, Normi Mentxaka en Santurtzi, Josu Zabala en
Hondarribia, Arturo Ruiz en Madrid, Rafael Gómez en Orereta, José Luis
Cano en Pamplona, Francisco Javier Núñez en Bilbao, Germán Rodríguez en
Pamplona y Joseba Barandiaran en Donostia. La juez argentina investiga
si esas muertes son “hechos puntuales” o delitos cometidos “en el marco de un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”.
Fuente → laultimahora.es
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