El objetivo confeso de Pablo Iglesias tras las Elecciones del
28-A era la formación de un Gobierno de Cambio PSOE-Unidas Podemos que
diera prioridad a la implementación del llamado Estado social y
democrático de Derecho ya una regeneración democrática (mediante la
extirpación del cáncer metastásico de la corrupción que habría
fagocitado todos los estamentos del Estado español), unido con una
reforma posibilista de la Constitución del 78. Sin embargo, tras la
irrupción de la pandemia del coronavirus, la mass media del
establishment habría iniciado una feroz cruzada mediática para
desprestigiarlo sirviéndose de la dictadura invisible del miedo de la
supresión de la propiedad privada ante medidas colectivistas
presuntamente impulsadas por Pablo Iglesias (implementación de la renta
mínima vital y nacionalización de empresas eléctricas y medios de
comunicación).
Esta campaña de la mass media del establishment haría énfasis que
Podemos estaría considerado por EEUU como de «filiación chavista» y que
la adopción de estas medidas por el Gobierno podría reeditar «el caos
económico de Grecia y Venezuela» con el objetivo confeso de provocar la
salida de Podemos de Gobierno presidido por Pedro Sánchez y la posterior
formación de un Gobierno de Salvación PSOE-PP. Así, la estrategia del
Bipartidismo español sería mantener vigente el Régimen del 78 frente al
vértigo que suscita la utopía propugnada por Podemos, con el objetivo
confeso de formar un Gobierno de Salvación PSOE-PP que se encargará de
implementar un Estado monárquico, bonapartista y eurocéntrico, siguiendo
la máxima del gatopardismo (“Cambiar todo para que nada cambie”) al estar la sociedad española integrada por individuos unidimensionales que no dudan en primar el “panem et circenses”.
El siguiente paso en la estrategia para descabalgar a Unidas Podemos del actual Gobierno será recurrir
al lawfare jurídico sirviéndose del Tardofranquismo judicial que
tendría a la Audiencia nacional y el Tribunal Supremo como brazos
ejecutores, a los jueces Lamela y Llarena como su más destacados peones y
al juez Marchena como Sumo Sacerdote de unos tribunales que estarían
controlados por el llamado “clan de los políticos” en palabras del
ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, descollando la Presidenta de
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel,
condecorada en su día por la Presidenta del PP de Castilla la Mancha,
María Dolores de Cospedal).
¿Lawfare contra Unidas Podemos?
Susan W. Tiefenbrun en su tesis “Semiotic Definition of Lawfare”
publicada en Case Wester Reserve University, indica que el término
Lawfare ( en castellano Guerra Judicial). habría surgido de la mezcla de
las palabras Law (Ley) y Warfare (Guerra) y sería una expresión cuyo
uso se ha generalizado en los medios anglosajones en la primera década
de este siglo. Con dicho término nos referimos al “abuso de los
procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio
popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad”.
Así, estaríamos hablando de violaciones de las reglas del proceso penal
tales como la falta de imparcialidad del Jurado, la violación del
principio de proporcionalidad, la “investigación prospectiva” (
prohibida en España) así como crear indefensión.
En el sumario abierto por la nueva estrella mediática del
Tardofranquismo Judicial, el juez Escalonilla contra la cúpula de
Podemos tras una denuncia presentada por el ex-abogado de Podemos,
Jose´Manuel Calvente por “presunta financiación irregular”, se darían
los supuestos antes mencionados de investigación prospectiva e
indefensión de la parte acusada. Así, el juez Escalonilla habría
iniciado el sumario basándose tan sólo en sospechas al no haber
encontrado indicios penales ni pruebas aportadas, aplicando en
consecuencia la llamada “investigación prospectiva” (prohibida en
España).
En la jurisprudencia española podemos citar el Auto de la Sal Penal
del Tribunal Supremo de 1 de Julio de 2014 en el caso conocido como
“chalet de Estepona del Presidente de la Comunidad de Madrid” en el que
manifiesta rotundamente que “no puede pretenderse el inicio por este
Tribunal de una investigación meramente Prospectiva para tratar de
averiguar si una persona o ente jurídico ha cometido en algún momento
algún delito en relación a los hechos que se le imputan en ausencia de
cualquier dato o elemento objetivo que apoye esta posibilidad”. jlcasajuanaabogados.com
Asimismo,habrían desaparecido más de 2 horas de la declaración del
citado Calvente ante el juez en las que aparecían las preguntas de la
Fiscalía y de los abogados de Podemos a Calvente en las que se
desmontaban todas las premisas acusatorias del citado ex-abogado de
Podemos, lo que crea indefensión para los abogados defensores de
Podemos. Aunque será un proceso judicial de escaso recorrido jurídico,
el verdadero objetivo de tal proceso sería dinamitar el Gobierno de
coalición PSOE- Unidas Podemos para implementar un Gobierno de Salvación
PSOE-PP que contará con las bendiciones del establishment e
implementará los drásticos recortes sociales en educación, sanidad,
pensiones y sueldos de funcionarios exigidos por la Troika europea para
evitar el rescate de la economía española.
Fuente → eltambor.es
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