Un camión falangista llega, en silencio, al pueblo, que
amanece en calma. Sus ocupantes se dispersan por las calles, como la
sangre por las venas, en busca de concejales, sindicalistas y
“agitadores sociales”. Las tropas, entre amenazas y golpes a los nuevos
prisioneros, salen del pueblo. Pocos kilómetros después, en un desvío
menor, el vehículo abandona la carretera principal para avanzar por los
caminos. El destino elegido no se parece en nada a la ciudad a la que,
teóricamente, se dirigían. En un barranco se pone en fila a los recién
capturados. Nadie escucha el estallido de la pólvora, el silbido de las
balas o el impacto de los cuerpos yermos en la tierra. No hay
supervivientes. El camión vacío, en silencio, abandona el barranco y
viaja para perturbar la calma de otra localidad. Todo esto ocurrió en
España durante la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra.
En
los años 70 ya no se disparaban fusiles ni se abandonaban cuerpos en
cunetas. El mundo de los capturados era mucho más privado. Pequeñas
habitaciones, con bloques de piedra como cama, con una oscuridad
infinita o con una luz insoportable. Las amenazas y los golpes seguían
siendo los mismos. Las armas de fuego, sin embargo, habían cambiado por
porras y palos; un dolor menos letal, pero más duradero. Las víctimas
—sindicalistas, miembros de partidos clandestinos y “agitadores
sociales”— tenían otro nombre y menos relevancia social, pero eran
acusadas de los mismos delitos. Casi cuarenta años después de la Guerra
Civil, a poco de la llegada de la democracia, el régimen continuaba
con su violencia.
La historia a juicio
La
Asociación Libre de Abogadas y Abogados de Zaragoza (ALAZ) se encargó
de presentar una querella criminal contra los responsables de los
asesinatos, las torturas y las detenciones ilegales producidas por el
régimen franquista en la provincia de Zaragoza. “En junio del 18
abrimos la Oficina de Atención a Víctimas del Franquismo, de lunes a
jueves por la tarde y viernes por la mañana a puerta abierta, para
quien quisiera contar su historia”, explica el abogado Javier Checa.
Los testimonios de 33 familias de víctimas son la muestra de las
atrocidades que ocurrieron desde la Guerra Civil hasta los últimos días
del régimen franquista (1936-1977).
Prisioneros del Sector del Ebro en la Estación de Caspe para ser
evacuados hacia Zaragoza. Fuente: Biblioteca Nacional de España
La represión ejercida durante esta etapa supuso la mayor parte
de las ejecuciones por motivos políticos, principalmente. “Una vez que
se ha depurado la sociedad, que ha habido esa profilaxis social en la
que se ha ejecutado a muchos de los dirigentes políticos sindicales,
que si no están muertos están exiliados, el enemigo dentro del país es
menor, más controlado, entonces la intensidad de los crímenes es más
baja”, explica el historiador Iván Heredia. Pese a ello, la segunda
etapa del franquismo trajo consigo una gran falta de libertad, y
torturas para todos los que fueron en contra del régimen.
La
pesadilla para miles de ciudadanos de las zonas rurales y de la propia
capital comenzó la noche del 18 de julio de 1936. La cárcel de Torrero
se convirtió en uno de los destinos de todas aquellas personas que
luchaban en el bando contrario. Los presos eran conducidos hasta
diferentes puntos de ejecución, principalmente tapias, donde eran
fusilados sin un juicio previo. “El momento en el que más fusilamientos
hay es ese verano del terror caliente, tal y como lo denomina el
historiador Julián Casanova, cuando se producen el 70 u 80%. Luego,
entre 1937 y 39, el número de sacas va a ser también muy importante,
aunque no tan intensas”, afirma Heredia. A partir de ese momento, la
mayoría fueron ejecutados basándose en una condena firme,
principalmente por rebelión.
Estos crímenes no
cesaron al finalizar la Guerra Civil. El régimen franquista se
caracterizó por las innumerables torturas producidas en las comisarías y
cárceles del país, incluidas la de Zaragoza. Los años 70 fueron un
periodo de reivindicación, impulsado por todas aquellas personas que
formaban parte de los sindicatos contrarios al régimen, que luchaban por
sus derechos.
Los doce de Ateca: el vivo recuerdo de un destino olvidado
“Sé que esta historia es muy parecida a la que vivieron cientos y cientos de personas en España”, comenta Paco Cansado segundos antes de narrar los últimos días de su abuelo.
A
José Cansado, concejal en Ateca en 1936 y fundador de la sede de UGT
en el pueblo, le reclamaron en el ayuntamiento una tarde en la que
estaba trabajando en sus campos. Una extraña orden que adquirió un
carácter inverosímil cuando se vio forzado a dormir en el ayuntamiento,
junto a todos los miembros de la corporación municipal. A la mañana
siguiente, un camión se los llevó a todos hasta Calatayud. El drama se
cebó con la familia Cansado: un hermano de José, “sin ninguna
afiliación política”, fue obligado a subir al mismo transporte que los
miembros del consistorio. Por delante, más de un mes encerrados en la
Plaza de Abastos de Calatayud, improvisada prisión durante la Guerra
Civil. Solo las visitas periódicas de algún familiar les permitían
tener contacto con el exterior.
“Uno de sus
hijos iba tres veces por semana a llevarle algún paquete y ropa”, cuenta
Paco Cansado. “Hasta que un día, en la puerta, un guardia le dijo:
Llévate eso y no vuelvas, que ya no necesita nada”.
Los
conocidos como ‘Doce de Ateca’ salieron de la prisión como de su
pueblo: sin aviso previo y en la parte trasera de un camión. Su viaje a
Zaragoza tomó un desvío hacia Morata de Jalón, a poco más de veinte
kilómetros de Calatayud. Y allí, en una fosa bajo un cerro, todos los
miembros del ayuntamiento de Ateca fueron fusilados. La vida de José
Cansado se apagó en la década de los 30 pero no ha sido hasta el siglo
XXI cuando su nombre ha vuelto a ser recordado. “Yo todo esto lo he
empezado a saber hace diez años”, comenta su nieto Paco, que reconoce
que la Ley de Memoria Histórica de 2007 sirvió para comenzar a
investigar qué pasó con su abuelo. “Yo con mi padre no puedo hablar
casi de este tema, porque se me pone a llorar”. En Ateca, confiesa,
todos conocen la historia de ‘los Doce”, pero son muy pocos los
interesados por el tema. “En mi familia soy el único, por ejemplo”.
El
caso de estos doce malogrados atecanos se enrevesa aún más con el
traslado de sus restos al Valle de los Caídos. “Mi abuela le contó en
el año 59 a sus hijos que se habían llevado a su padre al Valle”,
cuenta Paco, “pero no sabemos cómo se enteró ella. Nunca nos lo dijo”.
Lo que sí sabe toda la familia es que el padre de Paco encontró restos
en el lugar donde asesinaron a José: “Él recuerda la tierra removida,
abombada. Encontró unos huesecillos, que podían ser de manos o pies. Mi
abuela guardó esos restos hasta el día de su muerte”.
José Cansado. Fuente: Blog personal
Paco siente cómo algunos políticos sí se esfuerzan en
reconocer la memoria histórica, pero también cree que sin cambios en el
aparato judicial será difícil conseguir que las sentencias favorables a
las víctimas del franquismo comiencen a aparecer. “Mi padre siente
tristeza, porque se hacen pequeños reconocimientos, pero lo que
queremos, no”.
En el caso de la familia Cansado, como en el de muchas otras, el objetivo es recuperar los restos de sus antepasados,
por encima de la condena de los crímenes. “Ninguna de las personas
sentimos rencor o ganas de venganza. Lo único que queremos es que
nuestros familiares no estén en el Valle de los Caídos, porque no tienen
que estar enterrados bajo una cruz ni para la mayor gloria de su
asesino”. Además, en el caso de los concejales de Ateca, Paco lo tiene
claro: “Lo que queremos es la caja entera, con los ‘Doce de Ateca’,
para que vuelva al cementerio de nuestro pueblo”.
“Mi
padre no había llevado nunca flores al cementerio del pueblo. Desde
que tenemos una placa conmemorativa, en la que se incluye a los ‘Doce’,
nos acercamos dos veces al año”, concluye Paco. Los muertos que fueron
olvidados durante el franquismo y los primeros años de la democracia
son recordados, todavía, por sus familiares.
Las más olvidadas
Con
una capacidad para 10 mujeres, la cárcel zaragozana de Torrero llegó
albergar hasta 500 durante la Guerra Civil. Ellas se convirtieron en
uno de los blancos de la represión. Fueron detenidas, humilladas,
torturadas y fusiladas. El Padre Gumersindo de Estella
relató en sus memorias algunos de estos casos, como el de Selina Casas
y Margarita Navascués. En la oscuridad de la noche, las dos mujeres
fueron arrastradas al exterior y, después de que les arrancaran a sus
hijas de las manos, fueron fusiladas.
Manifestación del Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo de 1936 en Zaragoza. /Fuente: Zero Grados
Transición: de las últimas torturas al silencio de la democracia
Si
bien las víctimas del franquismo parecen haber caído en el olvido, las
de la última etapa son quizás las más marginadas por el recuerdo
colectivo. Muchas de estas víctimas aún tienen voz propia para contar
sus casos y denunciar el silencio que la llegada de la democracia
aplicó a su sufrimiento. “Ha habido gente que lo ha pasado bastante
peor que yo, y lo mío, comparado con ellos, no es nada”, lamenta David
Ubico al recordar una vez más el tormento con el que carga desde hace
casi 50 años.
La necesidad de una organización
sindical al margen del sindicato único dirigido por el régimen llevó a
los trabajadores a reunirse de forma clandestina para planificar
huelgas que serían fundamentales en los años 70 para empujar a la
dictadura hacia la democracia. “No estábamos haciendo nada excepcional,
estábamos haciendo una labor que ahora es una tontería y en aquel
tiempo te jugabas la vida”, reconoce David. El 23 de septiembre de
1975, la policía irrumpió en el Colegio Pignatelli, donde se estaba
celebrando una reunión sindical, y detuvo a 23 trabajadores del metal
entre empujones. Ubico, que era miembro de CCOO y de la Comisión
Negociadora del Convenio del Metal, fue uno de los detenidos. “Nuestra
detención no fue por casualidad —garantiza—, fue para asegurar la
transición que ellos llaman democrática. Naturalmente, el objetivo era
paralizar y controlar todo lo que pudiera cuestionar la transición; no
podían hacer que
fuera tranquila, pero sí podían asegurarla”.
Reunión del Movimiento Comunista de Aragón. Fuente: Zaragoza Rebelde
Los 9 días que David pasó en comisaría, que dejarían una
huella imborrable en él, estuvieron marcados por las torturas a las que
fue sometido, una tónica habitual en aquella época llevada a cabo por
la Brigada Político-Social. “Fueron 9 días de dormir en una cama de
piedra”, afirma con rabia. “Era dormir con una manta y era comer un
bocadillo de sardinas al día. Recuerdo las pocas veces que bebía.
Seguramente no fui al baño de una forma normal, nunca recordé esa
imagen. Mi situación de trauma era tal que hay cosas que se te olvidan”.
Las condiciones de vida deplorables solo eran comparables al trato que
Ubico recibía de sus torturadores: “Era levantarte por la mañana y
llevarte directamente a una habitación donde, entre risas, te empezaban
a dar de hostias”. Las torturas iban más allá de lo físico. David era
continuamente amenazado con la posibilidad de que violasen a su madre o
a su novia. “Recuerdo un día que me dieron un café con leche, pero era
para decirme simplemente: ‘eres tonto perdido, lo que estás haciendo
es una tontería, tus compañeros no merecen absolutamente nada porque
están largando y chivándose de todo’ y es lo único que recuerdo de esos
9 días; el café con leche para luego seguir recibiendo palizas”.
Apenas una semana viviendo esa pesadilla basta para hacer que una
persona se plantee la muerte como vía de escape: “El tema era
humillación, golpes, humillación, golpes y hacerte sentir una mierda. En
realidad, es lo que eres allí; una mierda. No vales para nada
—confiesa—. En algún momento, te quieres ir del mundo”.
David
relata cómo, en cierta ocasión, los policías, tras un chivatazo de uno
de los torturados, lo despertaron en plena noche para que los llevara
al lugar donde guardaban propaganda. Ubico los condujo al sitio exacto
en los pinares de Venecia, queriendo creer que la propaganda ya habría
sido retirada por algún compañero. “Uno de ellos (los policías) empezó a
cagarse en dios y en mi puta madre”, recuerda David. “Sacó una pistola
y me amenazó con meterme dos tiros ahí mismo. No me los dio, valía con
el acto en sí. No creo que les importase mucho si había o no
propaganda, solo querían tener más información para podernos culpar con
más datos”.
Como la mayoría, después de las
torturas en comisaría, David fue enviado a la cárcel de Torrero, donde
permaneció unos meses hasta ser juzgado. La condena, que se estimaba en
casi ocho años de cárcel, se vio anulada por la muerte de Franco.
Ubico, junto a muchos otros presos políticos, fue puesto en libertad un
día después del fallecimiento del dictador. Sin embargo, su memoria
seguía presa en aquella comisaría cuando vio por la tele cómo uno de
sus torturadores, en concreto, el que dirigía las torturas, estaba
recibiendo una medalla de manos del Rey como comisario general de
información. “Era Jesús Martínez Torres, el que nos torturó aquí en
Zaragoza, el que llevaba toda la marcha, el que te venía por la mañana y
te decía: ‘¿Qué tal Ubico? Yo acabo de echar un polvo y como
comprenderás no tengo ganas de que se me acabe la paciencia, tú verás’”.
La carta que David envió a El País
denunciando a Jesús Martínez Torres y contando su experiencia fue una
explosión contenida, como una bomba que estalla debajo del agua. Apenas
unas declaraciones del ministro de Interior calificando al torturador
como “gran profesional al servicio del Gobierno” bastaron para acallar
las críticas. Ubico lamenta el olvido al que muchas historias como la
suya fueron condenadas en plena democracia: “La transición fue ayer.
Para los jóvenes parece cosa del siglo pasado, pero fue hace cuatro
días. Y la mayoría de los medios de comunicación han estado colaborando
en todo este silencio”.
La Ley de Amnistía de 1997
La
ley 46/1977 fue promulgada el 15 de octubre de 1977, apenas cuatro
meses después de las primeras elecciones democráticas desde la Guerra
Civil. Esta norma jurídica comprende la amnistía de todos los “actos de
intencionalidad política tipificados como delitos” realizados entre el
18 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, amparando la sedición,
rebelión, denegación de auxilio, los crímenes de lesa humanidad y de
genocidio. Puesta en vigor en plena transición, su objetivo era impedir
investigaciones jurídicas que pudieran reabrir heridas y complicar la
instauración de una democracia efectiva.
Sin
embargo, el tiempo despertó las críticas de aquellos que consideraron
que la Ley de Amnistía hacía las veces de ‘escudo franquista’ para no
rendir cuentas ante la Justicia por los crímenes de la dictadura. En
2009, la ONU amonestó en tres ocasiones al Estado español por mantener
esta ley y, en 2015, el Comité de Derechos Humanos de la organización pidió formalmente a España su derogación por incumplir la normativa internacional sobre derechos humanos.
La
ley 46/1977 ha vuelto a frenar el avance de la nueva oleada de
querellas interpuestas en España desde 2015, incluida la presentada por
la Asociación Libre de Abogados y Abogadas de Zaragoza.
La Esperanza de los represaliados en los tribunales internacionales
El 18 de julio de 2019, aniversario de la sublevación militar contra el gobierno de la Segunda República, Nicolasa García, magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de Zaragoza, decretó el sobreseimiento de la querella presentada por ALAZ y por el consistorio dirigido por ZeC (Zaragoza en Común). Mientras que ALAZ recurrió la resolución, pocos días después de la misma, el nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, formado por Ciudadanos y PP con el apoyo de Vox, decidió no continuar ejerciendo la acusación. Como consecuencia de esta decisión, las historias de las víctimas representadas por el ayuntamiento, esencialmente cargos políticos represaliados en la provincia —quince concejales y alcaldes y treinta funcionarios municipales— fueron retirados de la querella, como peones en una partida de ajedrez.
La Audiencia
Provincial de Zaragoza ratificó la decisión del Juzgado de Instrucción
número 8 de Zaragoza el pasado 28 de febrero. Los autos de los dos
organismos coinciden en que el proceso penal tiene por misión “hacer
recaer un reproche social y jurídico sobre quien resulte responsable de
un delito” y que el hecho de “conocer la verdad histórica no forma
parte del proceso penal”. Tras el enroque de la Justicia, los
represaliados, apoyados por sus representantes legales y las
asociaciones memorialistas aragonesas, buscarán el amparo del Tribunal
Constitucional.
Muro de fusilamiento en represalia al bando republicano en el Cementerio de Torrero. Fuente: Zero Grados
De las más de 50 denuncias presentadas en España para
investigar y juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura, las
que han sido aceptadas a trámite pueden contarse con los dedos de una
mano. Quizás por este motivo, las esperanzas de la querella zaragozana
estén puestas en las instancias internacionales, el caballo que pueda
saltar la barrera jurídica española. Las dos vías que se distinguen en
el horizonte son la del Comité de Derechos de la ONU y la del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. “Hay informes del relator de la ONU con
recomendaciones a España en las que dice que estos hechos deben
investigarse, que la Ley de Amnistía contraviene el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que la justicia debería ser
aplicable”, asegura Javier Checa, de ALAZ.
Sin
embargo, aunque los organismos judiciales internacionales fallaran a
favor de la causa que defiende ALAZ, estas resoluciones quedarían
supeditadas a la soberanía nacional y al marco jurídico de la
Constitución española del 1978. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
podría sancionar al Estado español con una indemnización a las
víctimas o a sus familias, pero no podría imponer una investigación en
la que se juzgara a los acusados. En el caso del Comité de Derechos
Humanos de la ONU, puede emitir una recomendación para que se tomen
medidas, pero el asunto quedaría en manos del Congreso, por lo que todo
quedaría en un simple jaque. “La ONU da consejos como los de una
abuela: una señora mayor, con mucho conocimiento, pero que no tiene una
capacidad coercitiva”, comenta el periodista Eduardo Bayona, que ha
cubierto la evolución de la querella zaragozana. Bayona considera que
las circunstancias hacen muy difícil que se aplique una justicia
efectiva, “con acusados en el banquillo, jurado, condena o absolución”,
pero que por lo menos deberían “esclarecer los hechos en un auto
judicial, para conocer la verdad de lo ocurrido y completar la historia
de nuestro país”.
En marzo de 2018, Podemos, Compromís y los grupos nacionalistas catalanes presentaron en el Congreso de los Diputados una propuesta de reforma de la Ley de Amnistía;
sin embargo, fue rechazada por los votos de PP, PSOE y Ciudadanos.
Mientras la justicia avanza dando tumbos, en su lento caminar de
paquidermo cansado, el tiempo hace mella en las expectativas de aquellos
que prestaron sus testimonios a la querella. Al ser preguntado por el
futuro del caso, David Ubico —torturado a sus 24 años, hace ya más de
50—, es muy claro: “No tengo ninguna esperanza, pero me da igual: menos
habría si no existiera esta denuncia”.
Han
pasado más de 80 años desde que estallara el conflicto bélico que
rompió España y los días siguen muriendo sin que se arroje luz sobre
los crímenes cometidos. La impunidad jurídica construida sobre la Ley
de Amnistía y la reticencia del Estado español a alinearse con la
justicia universal han condenado los esfuerzos de aquellos que han
intentado reconstruir la historia de un país que todavía está dividido.
Sin embargo, seguirá habiendo esperanza mientras haya quien se atreva a
recordar, mientras haya piezas en el tablero de la memoria.
Fuente → elsaltodiario.com
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