
El reinado de Juan Carlos I está siendo defendido a ultranza por los
partidos del Bloque de la Transición (PP, PSOE y Vox). Sin embargo, para
mantenerse en el trono, el actual rey emérito ha ido dejando
«cadáveres» en las cunetas para poder mantener tanto su nivel y forma de
vida como sus negocios. Desde el año 1975 en que fue nombrado rey por
las Cortes franquistas (que lo despidieron al grito de ¡Franco, Franco
Franco!, mientras una emocionada Carmen Franco acogía los aplausos de
los procuradores) en base a la voluntad del dictador y jurando cumplir y
hacer cumplir con las leyes del Régimen, Juan Carlos I no ha dudado en
deshacerse de sus más leales consejeros y amigos que, sorprendentemente,
no tuvieron ningún ánimo de venganza y mantuvieron su lealtad hasta la
muerte.
Sin embargo, el ansia de poder y de garantizarse el trono le llevó a
permitir acciones que vulneraban el derecho internacional y que han sido
declaradas nulas por Naciones Unidas. Ocurrió en 1975, cuando ni
siquiera había sido coronado por las Cortes franquistas pero ocupaba la
Jefatura de Estado mientras el dictador agonizaba en una cama del
Hospital de La Paz.
Documentos desclasificados de la CIA destapan el papel que jugó Juan
Carlos de Borbón en la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos.
En agosto de 1975, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó
un proyecto secreto de la CIA y financiado por Arabia Saudí para
arrebatar el Sáhara Occidental a España. En medio de la Guerra Fría, el
territorio era vital desde un punto de vista geoestratégico y, sobre
todo, por los recursos naturales de los que dispone. En octubre del
mismo año, la inteligencia militar española informó a Franco del plan de
los Estados Unidos.
Una vez que Hassan II anunció la Marcha Verde, tras rechazar el
Tribunal de Justicia de la ONU las pretensiones de Marruecos sobre el
Sáhara, Juan Carlos de Borbón, aún príncipe pero heredero del dictador,
se negó a aceptar una nueva Jefatura del Estado interina porque, entre
otras cosas, pretendía tener poderes absolutos sobre el Sáhara.
Tras el fallido viaje de José Solís a Rabat, donde no pudo frenar la
Marcha Verde, Juan Carlos de Borbón se hizo cargo de la Jefatura del
Estado. Se mostró preocupado por la situación del Sáhara, sobre todo
porque aún estaba demasiado reciente la Revolución de los Claveles
portuguesa y no quería que algo parecido sucediera tras la muerte de
Franco.
En su primer Consejo de Ministros, Juan Carlos de Borbón manifestó su
intención de ponerse al frente de la situación del Sáhara, pero no
informa al Gobierno de Arias Navarro de que había enviado a Washington a
Manual Prado y Colón de Carvajal para hablar con Henry Kissinger e
intentar evitar una guerra colonial que podría traducirse en una
revolución por la que perdiera su corona. Kissinger aceptó mediar con
Hassan II y se firmó un pacto secreto por el que Juan Carlos de
Borbón entregaría el Sáhara a Marruecos a cambio del total apoyo
político de los Estados Unidos a su Jefatura de Estado.
Tras la Marcha Verde, el 12 de noviembre de 1975 se produjo la
Declaración de Madrid por la que se entregó el Sáhara a Marruecos y
Mauritania.
De todo este proceso, controlado por la CIA y el Departamento de
Estado de los Estados Unidos, nadie supo nada. Juan Carlos de Borbón
movió los hilos a través de sus hombres de confianza.
Sin embargo, el actual rey emérito sabía perfectamente que los
Acuerdos de Madrid eran ilegales ya que el Gobierno de Carlos Arias
Navarro fue advertido en diferentes ocasiones por Jaime de Piniés,
embajador en Naciones Unidas, que entregar el territorio a Marruecos era
ilegal. Aún así, se siguió adelante.
En el año 1979 Marruecos estaba perdiendo la guerra contra el Frente
Polisario hasta que varios países, entre ellos España, decidieron ayudar
a Hassan II: Estados Unidos, Francia, España y Arabía Saudí. Todo esto
fue posible gracias a las buenas relaciones del rey marroquí con Henry
Kissinger, consejero de seguridad nacional de los Estados Unidos y con
los Saud de Arabia Saudí.
Desde el año 1979 Marruecos ocupa y administra el territorio a pesar
de no figurar como potencia administradora en la lista de la ONU, ya que
Naciones Unidas jamás lo ha considerado como tal. Así quedó establecido
en el año 2.002 por un informe jurídico firmado por Hans Corell,
secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas. Por
tanto, el Sáhara Occidental sigue siendo territorio español. Legalmente y
en base al derecho internacional España es la potencia administradora
y, por tanto, está permitiendo que una nación extranjera ocupe
ilegalmente el territorio.
Fuente → diario16.com
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