Proyecto Faq Es hora de salir a buscar a los bebés robados y juzgar a los criminales que los secuestraron

lunes, 10 de agosto de 2020

Es hora de salir a buscar a los bebés robados y juzgar a los criminales que los secuestraron



El Congreso da el primer paso para aprobar la Ley. / Es hora de salir a buscar a los bebés robados y juzgar a los criminales que los secuestraron / La Audiencia Nacional cifra en 30.000 los bebés robados. Franco legisló para encubrir los crímenes que pronto serán de lesa humanidad y no prescribirán. 
 
Es hora de salir a buscar a los bebés robados y juzgar a los criminales que los secuestraron 
 
La proposición de Ley recibió el apoyo casi unánime para investigar el robo de bebés durante el franquismo y los primeros años de la democracia.

El robo sistemático de recién nacidos es uno de los muchos mecanismos de terror que emplean los regímenes dictatoriales para devastar la esencia y voluntad del oponente político. Sucedió en España, pero también en Chile y Argentina. Bajo la aterradora autoridad de las dictaduras de Franco, Pinochet y Videla, miles de niños y niñas fueron arrebatados de sus legítimas familias para ser entregados o vendidos a familias poderosas, adeptas a los diferentes regímenes totalitarios. El caso más conocido es el que han denunciado pública y poderosamente, desde 1977, las Abuelas de la Plaza de Mayo. Gracias a su instintivo coraje y obstinada persistencia han conseguido la identificación de más de 120 niños y niñas desaparecidos. Incluso consiguieron que, tanto Videla como muchos otros cooperantes necesarios de estos crímenes contra la Humanidad, dieran con sus huesos en la cárcel.

En España las cosas son muy distintas. Aquí la impunidad franquista mantiene hasta la fecha un inmejorable estado de salud. La Transición Democrática fue ejemplar en garantizar que así fuera. Es por ello que, en pleno 2020, las cientos de familias que buscan a sus bebés robados, han de seguir reclamando sus derechos no reconocidos como víctimas de un crimen contra la Humanidad, perpetrado desde las entrañas de la corrupta y terrible dictadura.

El régimen franquista comenzó a tejer la red que facilitaría la desaparición y secuestro de recién nacidos tras imponer su terrible victoria en 1939. Para ello, se justificó en las teorías eugenésicas del psiquiatra fascista, Antonio Vallejo-Nájera que defendía la necesidad de extirpar el "gen rojo" de las futuras generaciones españolas. Con este fin, primero se llevaron por la fuerza los bebés que tenían más a mano: los de las mujeres presas embarazadas. Esta práctica la contó muy bien Dulce Chacón en La voz dormida, novela que posteriormente fue trasladada a la gran pantalla de la mano del director Benito Zambrano. Cómo olvidar la fuerza arrebatadora de la actriz Inma Cuesta abrazando a su recién nacida mientras las monjas la azuzaban con inmisericorde caridad cristiana para acompañarla a su moderno cadalso.

En 1941, Franco legisló para garantizar la imposibilidad de rastrear el pasado de los niños y niñas secuestrados. Lo hizo a través de una Orden publicada en el BOE que permitía la inscripción "con un nombre distinto" en el Registro Civil "de los menores que no recordaran el suyo, que hubieran sido repatriados o aquellos cuyos padres no pudieran ser localizados". Desgraciadamente, las únicas estimaciones del número de niños perdidos del franquismo provienen del auto de Baltasar Garzón y alcanzan la escandalosa cifra de 30.000. No existen otros cálculos debido a la inacción de los diferentes gobiernos del Estado con respecto a este tema.

La sociedad actual no es ajena a este terrible capítulo de la represión franquista que, si bien primero actuó con los hijos de las reclusas, después amplió su red criminal secuestrando a los niños de mujeres libres pero pobres, de las mujeres libres pero rojas. El >em>modus operandi fue bastante similar en todos los casos denunciados. María José Picó es miembro de una de tantas asociaciones que buscan bebés robados. Después de más de cincuenta años sigue intentando localizar a su hermana gemela. Su madre le relató cómo la drogaron tras el parto y, cómo durante la noche, mientras se encontraba sola y aturdida en su habitación de hospital, una monja le dijo secamente desde el umbral de la puerta: "Su hija se ha muerto heladita de frío". Con esa única frase dieron por cerrada la tragedia, negándose a darles, tanto a ella como a su marido, más información y negándoles una simple despedida del pequeño cadáver. Como esa historia hay miles más. La situación que viven las miles de personas que buscan a sus familiares desaparecidos es desesperada, ya que asisten continuamente al archivo de sus casos por parte de Fiscalía, ya sea por falta de pruebas o por prescripción de los delitos.

¿Cómo probar que te robaron si quienes lo propiciaron falsificaron tu documentación? ¿Cómo demostrar que tu hija no murió si al exhumar la fosa y no encontrar restos mortales, el caso es archivado igualmente? ¿Cómo conocer la verdad de tu origen si no existen bancos públicos de ADN y además, pululan decenas de empresas genetistas alrededor de las víctimas como buitres a la carroña buscando negocio? ¿Cómo encontrar pruebas si a las víctimas se les niega constantemente la documentación que acredite sus partos o su nacimiento, en los archivos públicos y eclesiásticos, a base de imaginativas excusas? La respuesta es bien sencilla: elaborando desde el Congreso de los Diputados un marco legislativo al que poder asirse, en el que se reconozca la existencia de esta red criminal que siguió operando después de muerto el dictador. Una ley que reconozca la imprescriptibilidad de los delitos relacionados con el secuestro sistemático de recién nacidos por constituir un crimen contra la humanidad. Ahora mismo nos hallamos al principio del camino parlamentario que lo hará posible.

El texto aprobado en el Congreso de los Diputados, a partir del cual se generará el consecuente debate parlamentario, habla de medidas como: la creación de una fiscalía especializada, la apertura de archivos, gratuidad de las pruebas de ADN, la creación de un banco de ADN y un censo únicos. Impulsa la puesta en marcha de una Comisión por el derecho a la identidad, pide garantizar justicia gratuita para las víctimas y apoyo médico y psicológico. Esperemos que en unos meses podamos volver a retomar la palabra para felicitarnos, aunque sea ya demasiado tarde, de que por fin se apruebe una ley que empiece a resquebrajar la -hasta ahora- inquebrantable impunidad del franquismo. 

Publicado en el Nº 336 de la edición impresa de Mundo Obrero Julio-agosto 2020
 

Fuente → mundoobrero.es

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