Desde la renuncia a la Corona de Juan Carlos I hasta su huida del país, la monarquía ha tratado a los ciudadanos como menores de edad que no pueden conocer los hechos y ha intentado contener el deterioro de la institución
Cronología de una abdicación anunciadaJosé Antonio Martín Pallín
Las andanzas de un Rey, fiel heredero de las costumbres de sus
antepasados, han abocado a nuestro país a tener que enfrentarse a una
situación política inédita, en unos momentos convulsos provocados por
una situación sanitaria de gravísimo impacto sobre la salud de las
personas y sobre la economía.
Estamos ante la crónica de una abdicación anunciada que está poniendo
a prueba la calidad de nuestro sistema democrático. Una sociedad
democrática, asentada en las vivencias históricas y en la conciencia,
valores y principios de los ciudadanos, habría afrontado la crisis sin
las conmociones, casi telúricas, según algunos medios, que ha provocado
una insólita y desafortunada estrategia que se puso en marcha con la
desaparición del escenario del crimen del personaje que las ha
desencadenado. No llego a comprender tamaño despropósito en una persona
que, según sus vasallos, trajo la democracia a España. Esta afirmación,
carente de cualquier fundamento razonable, menosprecia la memoria de los
que fueron torturados, asesinados, encarcelados o represaliados por el
‘padre y mentor’ del monarca –que aceptó el legado del dictador sin
poner reparos a su pasado sangriento–. Incluso, días antes de su muerte,
le obligó a comparecer en el Balcón del Palacio de Oriente, para
justificar los asesinatos legales de cinco luchadores por la libertad y
la democracia.
Los hechos que han dado lugar a las investigaciones son
incontrovertibles. Está documentado el ingreso, en unas cuentas en dos
bancos suizos, de cien millones de dólares a nombre de testaferros de
Juan Carlos y transferidos, en parte, a una amante conocida del Jefe del
Estado, a través de dos fundaciones instrumentales que sirvieron para
que el monarca repartiese los bienes –eso sí, a título de herencia–,
entre sus hijos. Esa operación es solo la punta del iceberg que eleva la
fortuna a miles de millones de euros cuyos datos se han ocultado en su
mayoría a los ciudadanos españoles. El diario más prestigioso del mundo
de la información, The New York Times, destapó en el año 2012
las finanzas ilícitas de Juan Carlos I, cifrada en la astronómica
cantidad de unos 2.000 millones de dólares.
Cuando se tiene conocimiento de las investigaciones de la Fiscalía
suiza y se constata la veracidad de estas operaciones, se disparan todas
las alarmas. El ingreso de cien millones de dólares en una cuenta
bancaria perfectamente identificada, con claves y transferencias,
relacionada con el rey Juan Carlos, hacía imposible dar marcha atrás.
El New York Times destapó en el año 2012 las finanzas ilícitas de Juan Carlos I, cifrada en la astronómica cantidad de unos 2.000 millones de dólares.
La abdicación de Juan Carlos I fue anunciada el lunes 2 de junio de
2014 y se hizo efectiva el 19 de ese mismo mes, cuando se publicó la Ley
Orgánica 3/2014, de 18 de junio, que formaliza la abdicación. Para
atajar las previsibles consecuencias futuras, se instrumentalizan dos
decisiones muy significativas que, a pesar de los textos que las
sustentan, suponen un reconocimiento implícito de las verdaderas causas
de la abdicación.
En primer lugar se publica un sorprendente Real Decreto de fecha 13 de junio de 2014, por el que se modifica el Real Decreto 1368/1987,
de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de
la Familia Real y de los Regentes, que entró en vigor de forma
simultánea a la abdicación, firmado por el entonces Presidente del
Gobierno Mariano Rajoy y, curiosamente, por el propio Rey D. Juan Carlos
I. Su contenido es cuanto menos contradictorio y, en términos
político-constitucionales, una increíble chapuza, que dice así: El 2 de junio de 2014, S. M. el Rey Don Juan Carlos I de Borbón comunicó al Sr. Presidente del Gobierno su voluntad de abdicar. Don
Juan Carlos de Borbón, padre del Rey Don Felipe VI, continuará
vitaliciamente en el uso con carácter honorífico del título de Rey, con
tratamiento de Majestad y honores análogos a los establecidos para el
Heredero de la Corona, Príncipe o Princesa de Asturias, en el Real
Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
Honores Militares.
Evidentemente en esa fecha el príncipe Felipe todavía no era rey, ni
existían precedentes sobre el mantenimiento del título de rey, aunque
sea a título honorífico. Al mismo tiempo, se modifica la Ley Orgánica
del Poder Judicial, para concederle el aforamiento ante la Sala Segunda
del Tribunal Supremo.
Los motivos que el rey Juan Carlos expone al presidente del Gobierno
para justificar su decisión no pueden ser más inconsistentes y ajenos a
la realidad. El contenido del Decreto de Abdicación es falso. Por
supuesto no se trata de una falsedad penal sino, lo que es peor, de una
mixtificación de lo que realmente había motivado esa decisión política
de tanta trascendencia. Los acontecimientos posteriores así lo
demuestran.
Los ciudadanos españoles, tratados como menores de edad que no pueden
conocer la verdad, nos enteramos, por medios de comunicación
extranjeros de los que después se hacen eco los nuestros, de que, ante
la inevitable judicialización de las actividades corruptas, se trata de
abrir un cortafuegos que, como era de prever, no consigue sino propagar
el incendio.
Formal y aparentemente, la descomposición y la hemorragia se había
contenido. De manera sorpresiva, el día 15 de marzo de 2020,
significativamente un día después de la declaración del estado de
alarma, la Casa del Rey anuncia que Felipe VI ha renunciado a la
herencia de Don Juan Carlos “que personalmente le pudiera corresponder” y
ha avanzado también que el Rey “emérito” deja de percibir la asignación
que tiene fijada en los Presupuestos de la Casa de S.M. el Rey. Felipe
VI ha renunciado también a cualquier activo,
inversión o estructura financiera cuyo origen, características o
finalidad puedan no estar en consonancia con la legalidad o con los
criterios de rectitud e integridad que rigen su actividad institucional y
privada y que deben informar la actividad de la Corona. Esta
reacción, sin precedentes, no parece una forma justa de corresponder a
los “sacrificios” de quien había abdicado por amor a España y a los
españoles. No sé si los redactores del texto midieron correctamente el
verdadero significado de sus expresiones. Estaba acusando a su padre y
antecesor en la Corona de actividades delictivas.
Difícilmente se encontrará, en la historia de las abdicaciones
reales, un comunicado tan duro y descalificador como el que hemos
transcrito. En todas las monarquías que conviven con las libertades
democráticas se han producido abdicaciones pero muy pocas por las causas
que han obligado a nuestro Jefe del Estado a ceder la condición de rey a
su hijo Felipe para evitar un inevitable referéndum sobre el
mantenimiento de la forma política constitucional de una monarquía
parlamentaria.
Solo la abdicación de Alberto de Bélgica tiene algunas similitudes con la de Juan Carlos. Influyeron sus amoríos y escándalos financieros
Eduardo VII de Inglaterra renunció a su condición para casarse con
una divorciada. La reina Guillermina de Holanda abdicó en su hija
Juliana, después de una vida marcada por su oposición al nazismo. Solo
la abdicación de Alberto de Bélgica tiene algunas similitudes con la de
Juan Carlos. Influyeron sus amoríos y escándalos financieros. El texto
de su discurso de abdicación parece haber servido de inspiración al que
se contiene en la Ley Orgánica 3/2014 de 18 de Junio. El Rey Alberto
justificaba su decisión porque consideraba que era el momento de pasar la antorcha a la próxima generación.
Si repasamos el texto por el que Juan Carlos justifica su abdicación,
nos encontramos con una exuberante exposición de sus aportaciones a la
consolidación de la democracia y su amor a España y a los españoles, sin
una sola referencia a quien le otorgó la Corona, como hizo en el
discurso de coronación, pleno de elogios al Generalísimo Franco.
Legitima su título de rey por la transmisión dinástica de su padre Don
Juan de Borbón, Conde de Barcelona, de quien hereda el “legado histórico
de la monarquía española”. Ninguna referencia a la Constitución o la
llamada transición democrática que constituyen el único sustento de su
legitimidad.
En síntesis, si eliminamos la hojarasca, la decisión se justifica por
haber cumplido 76 años, lo que le lleva a considerar que ha llegado el
momento de preparar, en unos meses, el relevo para dejar paso a quien se
encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad.
Añade: El Príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el
sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas
garantías la Jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en
la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva
generación.
Por si había alguna duda sobre las verdaderas causas de la renuncia,
la carta, inicialmente privada, pero esta vez hecha pública, disipa
cualquier incógnita. “Majestad, querido Felipe: Con el mismo afán de
servicio a España que inspiró mi reinado y ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo
manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar
el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que
requiere tu alta responsabilidad. Mi legado, y mi propia dignidad como
persona, así me lo exigen”.
Si el más mínimo sentido de su responsabilidad ante ese pueblo que,
según dice, tanto ama, decide, por su soberana voluntad, “trasladarse”,
en estos momentos, fuera de España, creo que se equivoca al pensar que
ese es el mejor servicio a los españoles y a sus instituciones, incluida
la Monarquía. Majestad, recuerde que San Ignacio aconsejaba, en tiempos
de tribulación, no hacer mudanza.
La referencia a ciertos acontecimientos de su vida privada no podían
ser otros que los que están siendo objeto de investigación por la
Fiscalía del Tribunal Supremo. Para atajar posibles consecuencias, si
los hechos se investigan y juzgan en Suiza, España promulga, después de
37 años de democracia y más de 61 años de vigencia, la Ley
Orgánica 16/2015, de 27 de octubre, sobre privilegios e inmunidades de
los Estados extranjeros, las Organizaciones Internacionales con sede u
oficina en España y las Conferencias y Reuniones internacionales
celebradas en España. En virtud del principio de reciprocidad, Juan
Carlos sería inmune a cualquier actuación de las autoridades suizas.
Si la verdadera causa de la abdicación hubiera sido la de dar paso a
una nueva generación, su decisión no hubiera ocasionado las conmociones
que estamos viviendo en el momento presente. A la situación actual me
remito. El Parlamento no ha tomado ninguna decisión sobre la gravedad
política e institucional de una huida (o traslado, me da igual) a los
Emiratos Árabes –sistemas antidemocráticos y corruptos donde los haya–,
acuciado por una investigación de la Fiscalía General del Estado
–inédita en nuestra reciente andadura constitucional–. La manera en que
termine este episodio procesal marcará definitivamente el porvenir de
la salud democrática de nuestro país.
El preámbulo de nuestra Constitución solo proclama que “la Nación
española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y
promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía” se
propone “establecer una sociedad democrática avanzada”. Como se puede
comprobar, ese preámbulo no hace ninguna referencia a la Corona o a la
Monarquía como eje fundamental y esencial de una sociedad democrática
avanzada. Si sustituimos el Título II –de la Corona– por otro tomado de
cualquier Constitución republicana, nadie podrá argumentar, salvo los
fieles vasallos, que en España no reinan las libertades y no vive en una
democracia con la vocación de ser lo más avanzada posible.
Se acercan los “idus de Septiembre”, con varios frentes abiertos. En estos momentos de zozobra nuestra plegaria podría ser: Dios o quien corresponda salve a la democracia.
Fuente → ctxt.es
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