
¿Y qué ha sido de Ortega Smith, ya saben ustedes, el belicoso recluta de Vox aficionado a pegar unos tiros con el fusil ametrallador, de cuando en cuando, en los cuarteles murcianos del Ejército español? Pues el secretario general de la formación ultraderechista tiene un serio problema con la Justicia. Resulta que, cierto día, al hombre se le calentó la lengua en una entrevista en Televisión Española y acusó a Las Trece Rosas –el grupo de mujeres fusiladas por Franco en 1939− de torturar, asesinar y violar vilmente en las checas de Madrid durante la Guerra Civil.
El sargento de hierro de Vox trataba de jugar a los revisionismos
históricos para blanquear el franquismo cuando, sin darse cuenta, había
atravesado una frontera demasiado peligrosa y estaba incurriendo en un
posible delito de odio. Es lo que tiene la tele, que es como un diván.
Uno se relaja, entra en trance y sin querer termina soltando lo más
oscuro que lleva dentro. De haberse prolongado la entrevista un minuto
más, Ortega Smith habría terminado acusando a Gandhi de sangriento terrorista; o a Rigoberta Menchú de comunista genocida; o a Nelson Mandela de verdugo carcelero. Cualquier disparate.
El caso es que la Fiscalía General del Estado ha remitido
un informe a la Sala Segunda (de lo
Penal) del Tribunal Supremo en el
que considera que Ortega Smith debe ser investigado por sus insultos a la
memoria de Las Trece Rosas. Según el fiscal de Sala especialista en delitos de
odio, Alfonso Aya Onsalo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
recuerda en su sentencia de 6 de julio de 2006 que es de vital importancia que “los
políticos, en sus discursos públicos, eviten difundir palabras susceptibles de
fomentar la intolerancia, generando un sentimiento lesivo para la dignidad de
los aludidos y un riesgo para los derechos de terceros y el sistema de
libertades”.
El problema es el de
siempre cuando hablamos de la Justicia española: al tratarse de un diputado del
Congreso, Ortega Smith goza de la condición de aforado. Ya se sabe: esas
inviolabilidades, inmunidades, privilegios y fueros que ostentan injustamente
nuestros políticos y que impide que puedan ser juzgados como cualquier hijo de
vecino. De modo que, por ley, sólo el Tribunal Supremo puede investigar a
Ortega Smith. Y gracias.
La mano derecha de Santiago Abascal ha terminado en los juzgados tras la denuncia de la Asociación Trece Rosas Asturias y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica. El diputado de Vox tuvo la oportunidad de retractarse de sus palabras e insultos en el acto de conciliación celebrado en el Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid pero
decidió no hacerlo. En concreto, los denunciantes exigían que Ortega
Smith se retractara en televisión, que abonara una indemnización por
importe de 10.000 euros (todo el dinero sería donado a un colectivo
relacionado con la defensa de la memoria histórica) y cumpliera cinco
días de trabajos de exhumación de víctimas de la Guerra Civil y el
franquismo. Sinceramente, lo de ver a Ortega Smith enfundado en un mono
de trabajo, doblando el espinazo y excavando en una fosa polvorienta a
pleno sol −piqueta y pincel en mano y con el himno de la República de fondo−, parecía mucho pedir. Era tanto como obligar a Drácula
a dormir sobre un colchón de ajos. En efecto, tal como era de esperar,
el secretario general de Vox se negó en rotundo a cualquier acto de
conciliación. El traje de mil pavos, los flamantes tirantes con la
bandera de España y la gomina no habrían resistido no ya cinco días de
trabajos por el bien de la comunidad, sino cinco minutos. Ya se sabe que
estos de Vox son más de montar a caballo, en plan señorito. Lo de
bajarse al barro y mancharse las manos de tierra y sudor es cosa de
proletas y temporeros africanos. No va con ellos. Las élites
supremacistas es que son así.
Tras negarse a firmar la retractación, el juez del caso buscó una
solución intermedia que los demandantes aceptaron: unas disculpas
públicas del secretario ultraderechista. Pero ni por esas. Tampoco hubo
suerte. Ortega Smith propuso una matización de sus palabras y no una
rectificación en toda regla reconociendo que había falseado y
tergiversado la historia hasta manchar el honor de las mujeres
fusiladas, por lo que finalmente no hubo acuerdo y el proceso siguió su
curso. El pleito entra ahora en su fase más interesante, justo cuando el
Gobierno trata de promover una reforma de la Ley de Memoria Histórica
que perseguirá duramente los delitos de odio. Si el diputado de Vox es
condenado, tal como reclama la Fiscalía, se habrá hecho justicia con Las
Trece Rosas, aunque es más que previsible que nunca pida disculpas por
sus intolerables insultos a los familiares de las víctimas. A fin de
cuentas, un patriota español jamás se equivoca ni pide perdón.
Fuente → diario16.com
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