La Constitución y el Código Penal se suman a una voluntad expresa de las fuerzas del régimen del 78 de sobreproteger la institución, minando de paso los derechos fundamentales
Gemma Aguilera
El discurso de Felipe VI el 3 de octubre del 2017 en el que justificaba la violencia policial el 1-O y dejaba desamparados los catalanes que habían ido pacíficamente a votar en las urnas, marcó un punto de no retorno en la relación de Cataluña con la monarquía española. Una relación ya deteriorada desde el momento en que el soberanismo manifestaba abiertamente su aspiración democrática de construir una república catalana. Atrás quedaban muchos años de apoyo más o menos explícito a la monarquía y al régimen del 78 con pactos en Madrid y en Cataluña por parte del soberanismo, como también muchos años de recibidas bastante entusiastas por parte de las instituciones catalanas a los Borbones. Años en que los premios de la Fundación Princesa de Girona eran una balsa de aceite, y en el que las visitas de la familia real en el salón náutico de la Feria de Barcelona o en el Mobile World Congress eran un gran acto de vasallaje institucional. Y con una contestación absolutamente residual en la calle.
Ahora, con el prestigio de la institución de la monarquía en sus horas más bajas, pero a la vez con una sobreprotección obscena por parte de los partidos y los poderes económicos y judiciales del régimen del 78, Felipe VI ha vuelto a aterrizar en Cataluña estos días. En un formato de viaje más reducido por la pandemia, que ha hecho que se quedara sólo en el Monasterio de Poblet, se ha evitado manifestaciones en Barcelona. Blindado por la Guardia Civil y los Mossos, el Borbón ha intentado vender normalidad en Cataluña y normalidad en una institución que su padre ha degradado hasta las cotas más altas.
Pero la degradación de la monarquía española no es sólo cosa de los Borbones. El clima de complicidad de los partidos que viven del régimen del 78, sumado a la almohada que da la Constitución española y el Código Penal, han perfilado durante décadas una monarquía burbuja, que ha tenido como efecto directo una ciudadanía súbdita, con derechos fundamentales coartados en nombre de la protección de esta institución sin legitimidad democrática.
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La clave de esta burbuja es el apartado 3 del artículo 56 de la Constitución, que establece que "la persona de Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". Un concepto que no se ha delimitado y que mujer margen para una interpretación muy laxa, que a juicio del catedrático de derecho Constitucional Xavier Arbós "prácticamente llevan a decir que no sólo no puede ser objeto de crítica, con lo cual limita innecesariamente el derecho fundamental a la libertad de expresión, sino que también puede vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva del ciudadano ". Arbós remarca que el hecho de que el jefe de Estado sea inviolable" no es ninguna extravagancia si lo comparamos, por ejemplo, con la república francesa, donde el artículo 69 de su constitución establece que las acusaciones y los procedimientos judiciales contra el presidente de la república se detienen mientras ostente el cargo, pero se reanudan una vez abandona la responsabilidad. Por lo tanto, esta inviolabilidad, a diferencia de España, tiene fecha de cadu citado, y por tanto, acota mejor la función que teóricamente tiene, que es proteger un representante de una institución que puede verse obligado a llevar el timón del país ".
Es esta interpretación más amplia de la inviolabilidad la que, por ejemplo, hizo que los letrados del Congreso defendieran que el rey emérito no podía ser investigado en sede parlamentaria, como pedían algunos partidos a raíz de los escándalos financieros conocidos. "Es inquietante, porque se está llevando la idea de la inviolabilidad hasta la investigabilidad", avisa Arbós.
Este constitucionalista advierte de otro peligro, que ya se hace real: "El hecho de que no exista una definición constitucional de inviolabilidad ni tampoco una versión consensuada de la inviolabilidad y de la interpretación de los delitos contra la corona que sea completamente aceptada, deja tanto margen que hace ineficaces derechos fundamentales de la Constitución como la libertad de expresión y el derecho a la tutela judicial efectiva ". Y pone un ejemplo claro: "Si el rey conduce un coche, derrapa y destroza un quiosco, el propietario ya no puede presentar una demanda civil para reclamar los daños, o si, como ya ha pasado, alguien quiere una prueba de paternidad porque asegura que es hijo de Juan Carlos, el juzgado tampoco lo autoriza ".
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Y qué dicen los tribunales? Nuevamente, España dice algo y Europa llama una de muy diferente. El Tribunal Constitucional dictó que el Parlamento de Cataluña no podía investigar la monarquía y anulaba una comisión de investigación aprobada por los grupos parlamentarios. La sentencia asegura que "la inviolabilidad preserva a el rey de cualquier tipo de censura o control de sus actos".
Sólo un año antes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dio la razón a los dos jóvenes gerundenses que habían quemado una foto del rey y se encontraban perseguidos por la justicia española. El TEDH picó el crostó en España remarcando que el jefe de Estado no podía tener un blindaje tan fuerte como para que los ciudadanos no pudieran expresar su crítica, considerando que el rey es también una figura política.
Finalmente, Xavier Arbós considera que sí hay que proteger en cierto modo la monarquía, por "mantener la funcionalidad de la institución, que es tener una influencia positiva supra-partidos para el funcionamiento eficaz de las instituciones". Pero esta protección, matiza, "no puede lesionar la libertad de expresión de los ciudadanos y el derecho a la tutela judicial efectiva, y que pueda llegar a permitir la investigación de hechos que se consideren delictivos. Para arbóreas, "la presión social debía servir para que Juan Carlos I guardara las formas, teniendo en cuenta que la institución carece de legitimidad democrática" pero "desgraciadamente no sirvió, y además, las actitudes de sobreprotección contribuyen más al desprestigio de una institución que está bajando en las encuestas. Queriéndola proteger le están haciendo un flaco favor ", sentencia.
Finalmente, Xavier Arbós considera que sí hay que proteger en cierto modo la monarquía, por "mantener la funcionalidad de la institución, que es tener una influencia positiva supra-partidos para el funcionamiento eficaz de las instituciones". Pero esta protección, matiza, "no puede lesionar la libertad de expresión de los ciudadanos y el derecho a la tutela judicial efectiva, y que pueda llegar a permitir la investigación de hechos que se consideren delictivos. Para arbóreas, "la presión social debía servir para que Juan Carlos I guardara las formas, teniendo en cuenta que la institución carece de legitimidad democrática" pero "desgraciadamente no sirvió, y además, las actitudes de sobreprotección contribuyen más al desprestigio de una institución que está bajando en las encuestas. Queriéndola proteger le están haciendo un flaco favor ", sentencia.
Fuente → elmon.cat
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