En marzo, la Casa Real anunció en pleno confinamiento que el rey Felipe VI renunciaba a la herencia económica de su padre y que se le retiraba la asignación que le correspondía en los presupuestos al rey emérito. Así intentó Felipe VI salir indemne de las informaciones en las que se revelaban que Juan Carlos de Borbón recibió 100 millones de euros en concepto de comisiones, por su papel de mediador
entre la monarquía teocrática de Arabia Saudí y las empresas que
construyeron el AVE a la Meca, uno de los mayores contratos
internacionales logrados por las grandes constructoras españolas.
Así trató Felipe VI de distanciarse de su padre y de lanzar el mensaje de que los problemas eran sólo cosa de Juan Carlos de Borbón y de que él no tenía nada que ver. Sin embargo, la realidad es bien distinta y señala al actual monarca como conocedor de la fortuna lograda por su padre a través de métodos ilegales, al menos, desde 2008, cuando el primogénito de Juan Carlos de Borbón tenía 40 años. El actual rey de España era el cuarto beneficiario de la sociedad
opaca creada por su padre para recibir el dinero negro de Arabia Saudí.
Es difícil creer que no lo supiera. Su hermana Cristina afirmó que
tampoco sabía nada del aumento patrimonial de su marido, Iñaki Urdangarín. Todo es posible en esta familia.
Según publicó el diario británico ‘The Telegraph’, Felipe VI figuraba como beneficiario de la fundación ‘off shore’,
creada expresamente por su padre en la que recibió los 100 millones de
euros de Arabia Saudí y que estos días está siendo investigada en Suiza,
para vergüenza de la justicia española. Además de la Fundación Lucum,
la usada para el cobro de la donación saudita, el diario británico
publicó la existencia, desde 2003, de otra sociedad opaca, la Fundación Zagatka, a nombre del primo del rey emérito, Álvaro de Orleans, que sirvió para recibir otra comisión por la venta del Banco Zaragozano a Barclays Bank en 2003. Desde esta cuenta se pagaban los viajes del rey emérito con su amante Corinna. El viaje a Botswana
para cazar elefantes, del que nos enteramos porque el monarca se rompió
la cadera y tuvo que ser trasladado de urgencia, se pagó con el dinero
de esa sociedad. En ambas fundaciones constaba como beneficiario, en
caso de fallecimiento de Juan Carlos de Borbón, Felipe VI.
En 2017, Iñaki Urdangarín fue condenado a 6 años y 3 meses de cárcel
por varios delitos: contra la Hacienda Pública, prevaricación,
malversación, tráfico de influencias y fraude. Aprovechándose de su
pertenencia a la Casa Real, a través del Instituto Noós,
firmó contratos con administraciones públicas a precios desorbitados a
cambio de hacer informes que en algunos caso constaban de dos folios. La
operación fue la misma. El cuñado del actual rey fue eliminado de la página web de la Casa Real y, junto a Cristina de Borbón, su mujer, le fue retirado el título de Duques de Palma.
Así pensó el rey emérito que se limpiaba la reputación de la Casa Real,
de la misma forma que ahora Felipe VI se piensa que es suficiente con renunciar a la herencia económica de su padre.
El problema no es el rey emérito ni Iñaki Urdangarín, sino la propia monarquía en sí. Lo investigado estos días en Suiza es sólo la punta del iceberg de 40 años de impunidad,
fruto del pacto constitucional de 1978. La figura nuclear de aquel
pacto fue el rey Juan Carlos de Borbón, al que le han regalado
hagiográficos y han intentado convertir en el fundador de la democracia
española, obviando que su legitimidad como rey proviene directamente de la dictadura. Es Franco quien lo nombra su sucesor en 1969 a cambio de jurar los principios del Movimiento Nacional, nombre dado en España al fascismo patrio.
Esa impunidad de origen
es también la que ha hecho imposible que ningún juez español haya
podido juzgar los escándalos de corrupción de Juan Carlos I de Borbón,
de quien se han llegado a publicar artículos, libros y reportajes que
producen bochorno democrático. La imagen de la monarquía está por los suelos, la mitad de los españoles se pronuncia a favor de un referéndum y el CIS,
sabedor de que la imagen de la monarquía está tocada y hundida, lleva
desde 2015 sin preguntar por la Casa Real para evitar seguir ahondando
más en la decrepitud de una institución que lo ha tenido todo en 40 años
para legitimarse democráticamente y que lo único que ha hecho ha sido
alejarse más de la ciudadanía, usar sus privilegios para enriquecerse
infamemente, vivir a todo trapo durante los años que peor lo pasó nuestro país y relacionarse con dictadores árabes tiránicos.
A
través de tierra, mar y aire nos están tratando de convencer de que el
único problema de la Casa Real es Juan Carlos de Borbón, quien va a
tener difícil salir indemne de la justicia helvética, pero la realidad es que el juicio al monarca es contra el pacto constitucional de 1978 en lo referente a la monarquía. “Hacíamos encuestas y perdíamos”, le dijo Adolfo Suárez a la periodista Victoria Prego en una entrevista de Antena 3 en 1995, fragmento, por cierto, no emitido hasta veinte años después. Los medios de comunicación han sido parte fundamental en estos 40 años de silencio y de bochorno democrático.
De hecho, no ha sido hasta que han transcendido las investigaciones de la justicia suiza cuando los medios han empezado a publicar con claridad las tropelías y corruptelas del monarca.
No porque hayan investigado, sino porque el juez que está instruyendo
el caso lo ha puesto fácil. A la Casa Real la incluyeron en la Ley para la Reforma Política
porque un referéndum se habría perdido en 1978. Esta información no se
conoció hasta 2017, lo que habla también de la calidad del derecho a la información
en España. Un juicio que está juzgando 40 años y el texto fundacional
de nuestra democracia, sólo puede resolverse mediante un referéndum que
permita a Felipe VI hacer efectivo su anuncio de renunciar a la herencia
de su padre. El juicio no es sólo judicial, es también político.
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