Proyecto Faq Las diez claves que pueden acabar con Juan Carlos I y su legado

lunes, 13 de julio de 2020

Las diez claves que pueden acabar con Juan Carlos I y su legado

La cadena de revelaciones sobre su fortuna oculta en Suiza cercan al rey emérito en este año 'horribilis'.

Las diez claves que pueden acabar con Juan Carlos I y su legado
Julia Pérez
 
La estrategia del Gobierno y Zarzuela para crear un cortafuegos y proteger a Felipe VI ha causado un aislamiento político aún mayor de Juan Carlos I, a medida que arrecian las revelaciones sobre su fortuna secreta en Suiza y cuando se cumple un año de su retirada de la vida pública.

El legado de Juan Carlos I de la Transición y la instauración de la democracia corre el riesgo de desbaratarse, mientras Zarzuela y Moncloa sopesan incluso la salida del rey emérito de la que ha sido su residencia con el fin de alejarlo de Felipe VI y se reviven los escándalos de años anteriores con Manuel de Prado y Javier de la Rosa como gestores de su supuesta fortuna secreta.

La presión va en aumento este mes de julio, a medida que se conocen los detalles sobre los más de 100 millones de euros que Juan Carlos I tenía ocultos en Suiza; las sospechas sobre el origen de esta fortuna; el tren de vida que llevaba el rey en plena crisis económica, y el hecho de que, siendo jefe del Estado, encargara la creación del mecanismo opaco a Hacienda. Hasta su firma aparece en los documentos internos de este mecanismo 'off shore'.

La tormenta perfecta

El rey emérito está en el centro de una tormenta perfecta alimentada por el resultado de la investigación sobre su cuenta secreta, las revelaciones de sus gestores y su examiga, Corinna Larsen, las filtraciones que provienen en buena parte de Suiza y hasta por el fuego amigo.

Mientras, la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, intenta sin éxito dar un perfil bajo para estas diligencias informativas que ha trasladado a la Fiscalía del Supremo hasta el punto de que se publican documentos que allí aún no han recibido oficialmente.

Los fiscales del Supremo mantienen abiertas unas diligencias informativas para determinar si Juan Carlos I puede estar implicado en delito fiscal y en un caso de blanqueo si confirmaran que este dinero oculto procedía de comisiones por la adjudicación a empresas españolas de una fase del AVE a La Meca.

La inviolabilidad de la que gozó Juan Carlos I hasta su abdicación, el 19 de junio de 2014, y las fechas corren a su favor. Ambos delitos, si existieron, son calculados a partir de su renuncia al trono porque antes era inimputable.

En caso afirmativo, los fiscales presentarían una querella ante el Tribunal Supremo contra Juan Carlos I con el fin de llamar a declarar al rey emérito como investigado y practicar las pruebas dentro del proceso penal.

Las diez claves

Estas son las diez claves que pueden acabar con Juan Carlos I y su legado:

1.- Mecanismo para ocultar más de 100 millones de dólares

En el año 2008, Juan Carlos I recibió en su despacho del Palacio de la Zarzuela a los gestores de fortunas suizos Arturo Fasana y Dante Canónica. Les encargó la creación de "una estructura" secreta en Suiza destinada a ingresar una importante donación que iba a recibir del rey de Arabia Saudí, Abdalá bin Abdulaziz al-Saúd. Tal donación consistió en 100 millones de dólares.

En Panamá se creó la Fundación Lucum, con cuenta en el banco Mirabaud en Suiza. El dinero llegó de Arabia Saudí por medio de una transferencia.

En el año 2010 esta cuenta secreta se nutrió con otros 1,9 millones de dólares (1,7 millones de euros). Fasana ha declarado que Juan Carlos I le entregó en Ginebra este dinero en metálico, dentro de un maletín. Dijo que era un regalo del sultán de Bahréin, Hamad bin Isa Al Jalifa, según reveló El Español.

2.- ¿El jefe del Estado declaró a Hacienda?

Las diligencias de la Fiscalía del Supremo abarcan además una investigación para responder si el jefe del Estado incumplió sus obligaciones fiscales.

Juan Carlos I, entonces jefe del Estado, debiera de haber pagado 52 millones de euros por la donación que dice que recibió del rey de Arabia Saudí en el año 2008. Tendría que haber presentado la liquidación correspondiente del Impuesto de Donaciones.

Los gestores suizos han reconocido en sus declaraciones que el mecanismo montado estaba destinado para ocultar esta fortuna al fisco, así como la identidad de su principal beneficiario, Juan Carlos I, y la de sus beneficiaros a su muerte, Felipe VI y sus hermanas.

3.- El tren de vida , mientras España sufría la crisis económica

Entre los años 2008-2012, en plena crisis económica, Juan Carlos I fue gastando esta fortuna secreta a razón de 100.000 euros al mes. Vivía en La Angorrilla, una finca de El Pardo donde el monarca decidió independizarse en 2006, cuando la "entrañable amistad" con Corinna comenzó a consolidarse.

El dinero lo retiraba el propio monarca con su firma de la caja de Mirabaud, según reveló El Confidencial. Este banco se instaló en Barcelona en el año 2009.

Dos meses después del accidente de Botswana, en 2012, Juan Carlos I ordenó cerrar la cuenta y enviar la cuantía existente -64,8 millones de dólares- a Corinna Larsen -antes Corinna zu Sayn-Wittgenstein- a un banco en Bahamas.

Para entonces, se habían endurecido las exigencias suizas en materia de blanqueo de dinero no procedente de delitos como el tráfico de armas o drogas y el rey tenía miedo a ser descubierto. Era "una bomba de relojería", relató Dante Canónica al fiscal suizo que investiga este caso.

La beneficiaria sostiene ante el fiscal que Juan Carlos I le dio este dinero "por gratitud", por afecto a ella y a su hijo y porque quería recuperarla, según su declaración que publicó El País.

4.- Los delitos podrían haber prescrito o son difíciles de investigar

El tsunami desatado entorno a las revelaciones sobre este escándalo cercan a Juan Carlos I y ha abierto el debate de la moralidad pública de su proceder.

El presunto delito fiscal que cometió Juan Carlos I al no declarar la donación prescribió el pasado 1 de julio, el día anterior a que se recibiera en España la investigación abierta en Suiza. Ahora bien, si se produjeron movimientos de ese dinero posterior, tal prescripción quedaría interrumpida y el rey emérito podría ser acusado si la defraudación supera los 120.000 euros al año.

Por su parte, el delito de blanqueo -que prescribe a los 10 años- también es difícil de probar en este tipo de transacciones internacionales.

Ambos delitos, en su versión agravada, implican unas penas totales de hasta 12 años de prisión.

El rey Abdalá falleció en 2015 y es difícil que desde Arabia Saudí se confirme que la fortuna pudo ser una ‘retrocomisión’, como sospecha el fiscal suizo Yves Bertossa.

La clave son las personas implicadas en las adjudicaciones del AVE a La Meca y los movimientos de su dinero en el ámbito internacional.

La Fase II del AVE a La Meca se asignó al consorcio Al Shoula Group compuesto en un 88% por empresas españolas (ADIF, Renfe Operadora, INECO, Talgo, Cobra, Consultrans, Copasa, Dimetronic, Inabensa- Abengoa, Imathia, Indra y OHL) junto a dos saudíes (Al Shoula Group y la constructora Al Rosan Contracting).

La licitación de esta obra fue abierta por Arabia Saudita en un sólo paquete en 2006. Pero en 2008 se decidió separar el contrato en tres fases y a la preclasificación de la Fase II se presentaron dos consorcios liderados por Al Shoula y OHL Internacional.

Los competidores finales fueron dos grupos formados por empresas francesas y españolas, cada una de ellas con compañías saudíes. Era el año 2010. La adjudicación se realizó en 2011.

5.- La investigación data de 2017

La Fiscalía Anticorrupción abrió unas diligencias secretas en el año 2017 para confirmar si se repartieron 80 millones de euros en comisiones por parte de empresas españolas que recibieron la adjudicación del AVE a La Meca.

Tres años es un tiempo más que suficiente para dar carpetazo a un asunto que no tenga contenido, pero sí para avanzar en la concreción del delito que se denomina corrupción en las transacciones internacionales.

Ahora, esta investigación ha sido remitida a la Fiscalía del Supremo, ya que Juan Carlos I está aforado allí desde su abdicación.

6.- Un incisivo fiscal suizo

Las fiscalías de ambos países han pactado el reparto de las competencias de cada uno, después de las visitas del fiscal suizo Yves Bertossa a España.

La española investiga a Juan Carlos I y a los empresarios que pudieron participar en estos pagos, mientras que la suiza se encarga del resto de los implicados, como son los gestores de la fortuna oculta y Corinna Larsen.

Todos los implicados han negado que el dinero oculto en Suiza sea fruto de una comisión y han confirmado que se trató de donaciones.

"Bertossa está caliente. Si ve que España no investiga su parte, llamaría a declarar al rey emérito", revelan a Público fuentes jurídicas conocedoras de estas pesquisas.

Muchas de las filtraciones han partido de Suiza, según confirman fuentes jurídicas. Incluso es habitual que se publiquen antes incluso de que lleguen los documentos a la fiscalía española.

Bertossa mantiene imputados a Larsen, Fasana y Canónica por un delito de blanqueo de capitales agravado.

7.- La Fiscalía se opondrá a que el emérito declare en Suiza

La Fiscalía del Supremo ha abierto estas diligencias informativas para despejar toda duda respecto a si Juan Carlos I pudo cometer delitos fiscal y de blanqueo y, en su caso, si han prescrito o no.

Los fiscales de Anticorrupción y Bertossa mantuvieron en octubre pasado una tensa reunión donde los primeros pusieron pie en pared: Juan Carlos I era jefe del Estado cuando se cometieron los hechos que se investigan en Suiza y todos los países reconocen la inmunidad internacional de los jefes de Estado.

Legalmente, Juan Carlos I perdió la inmunidad internacional el día de su abdicación y del acceso a la jefatura del Estado de Felipe VI: el 19 de junio de 2014. Y tendría que declarar en Suiza si es citado por Bertossa, según confirmó 

La Fiscalía defiende que esta inmunidad internacional también se extiende tras su abdicación. En el caso de que el fiscal suizo decidiera citar a Juan Carlos I, el ministerio público invocaría el principio de reciprocidad entre ambos países para evitar que tenga que declarar allí ya que considera que, de ser enjuiciado, tendría que serlo en España.

8.- Corinna, principio y fin

La investigación de este caso arrancó a raíz de unas grabaciones descubiertas al comisario jubilado José Manuel Villarejo cuando fue detenido en 2017. Consiste en una entrevista que mantuvo en Londres con Corinna Larsen (antes princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein) y el expresidente de Telefónica Juan Villalonga en el hotel Connaught.

En ellas, la "amiga entrañable" de Juan Carlos I aseguraba que el rey emérito tenía una fortuna secreta y que había cobrado comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca. El dinero estaba oculto en cuentas en el extranjero, controladas por terceros como su primo Álvaro de Orleans.

También reveló que ella habría sido utilizada como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero.

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea abrió una pieza separada del caso Tándem -la pieza Carol- que finalmente archivó porque Juan Carlos I era inviolable en el momento en que se pudieron cometer los hechos -entre 2008 y 2012- y porque Corinna podría haber actuado por despecho.

La Fiscalía Anticorrupción continuó con esta investigación respecto al supuesto pago de comisiones por las obras del AVE a La Meca. Para ello cursó comisiones rogatorias a Suiza y pidió interrogar a Larsen en Londres.

Corinna Larsen es investigada por el fiscal suizo Yves Bertossa al haber cobrado los 65 millones de dólares de la Fundación Lucum en un banco de Bahamas.

La examiga del rey ha anunciado una denuncia contra Juan Carlos I en Londres por amenazas y acoso, así como contra el general Félix Sanz Roldán, exdirector del CNI, al que acusa estar detrás de una campaña contra ella y de amenazarla personalmente, según publicó La Tribune de Geneve.

En el caso de que se interponga finalmente esta denuncia que prepara el abogado Robin Rathmell -del bufete Kobre & Kim-, Juan Carlos I tendría que declarar ante la justicia británica si es por hechos ocurridos tras su abdicación, cuando dejó de ser jefe de Estado. Su defensor es Javier Sánchez-Junco.

9.- El cortafuegos de Felipe VI

La casa real y Felipe VI han mantenido un aparente perfil bajo ante los medios de comunicación, pero contundente a la hora de repudiar al padre. Aislamiento que ha aprobado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El pasado 14 de marzo, el diario británico The Telegraph desveló que Felipe VI era beneficiario de la Fundación Lucum, la sociedad 'off shore' panameña.

Al día siguiente, el primer domingo del gran confinamiento, Felipe VI difundió un comunicado en el que decía que se había enterado de que era beneficiario de la Fundación Lucum el 5 de marzo de 2019 por medio de una carta que de los abogados de Corinna Larsen y que trasladó a "las autoridades competentes". Sin concretar dichas autoridades.

Felipe VI también anunció que retiraba la asignación a Juan Carlos I y aseguró que un año antes había comparecido ante un notario para acreditar su intención de renunciar a la herencia que pudiera corresponderle de su padre.

El comunicado era otro cortafuegos: los medios de comunicación interpretaron que Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre, cuando el Código Civil lo prohíbe expresamente. Toda renuncia es nula hasta que fallezca el rey emérito.

10.- En el foco del Supremo

La Fiscalía General del Estado anunció el 8 de junio que las diligencias abiertas en la Fiscalía Anticorrupción iban a ser elevadas a la Fiscalía del Supremo, dado que las pesquisas afectan "directamente" al ex jefe del Estado.

Este anuncio colocó de nuevo a Juan Carlos I en el ojo del huracán. Se produjo cuatro días después de que se reanudaran los plazos procesales, que habían sido suspendidos por la declaración del Estado de Alarma.

Lo habitual cuando existe un aforado es que Anticorrupción continúe con sus pesquisas y luego presente una querella en la Audiencia Nacional, que es el órgano que juzga los delitos cometidos por españoles en el extranjero. En la Audiencia Nacional la investigación hubiera avanzado con el fin de reunir pruebas sobre el aforado para elevar después esta pieza al órgano correspondiente, que en este caso es el Supremo.

El equipo está dirigido por el fiscal de Sala del Supremo Juan Ignacio Campos Campos, especialista en delitos económicos. Junto a él trabajan tres fiscales del alto tribunal: Paloma Iglesias Moreno, Juan Antonio del Cerro Esteban y Juan Carlos López Coig.

Delgado ha acordado sumar al equipo a Rosa Ana Moran Martínez, Fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional para colaborar con las autoridades suizas.

Investigadores de Hacienda y expertos en blanqueo de capitales apoyan a los fiscales, según ha confirmado Público.

Cabe la posibilidad de que finalmente no se presente querella contra el rey emérito porque era inviolable, por ausencia de pruebas o porque los delitos están prescritos.

En este caso, es previsible que la Fiscalía se dirija contra el resto de participantes del supuesto pago de comisiones por la construcción del AVE a La Meca. En este caso, la querella se presentaría en la Audiencia Nacional y las diligencias regresarían de vuelta a a Anticorrupción.


Fuente → publico.es

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