Los memorialistas temen que el Gobierno “maree la perdiz” y piden “voluntad política”
Sara Montero
Tras el parón por la pandemia de la covid-19,
el Gobierno de coalición retoma su agenda con el avance en memoria
histórica como próximo objetivo. El Ministerio de Presidencia se ha
comprometido a presentar un proyecto de ley que modifique la Ley de memoria histórica de 2007
y ha abierto consulta pública para que ciudadanos y organizaciones
hagan llegar sus propuestas. Pero la reparación de las víctimas llega
tan tarde que ahora no solo es importante sino también urgente. Las
asociaciones advierten al Ejecutivo de que son muchos los agujeros de en
la legislación y apuntan a que hace falta “voluntad política”: “Que
empiecen mañana”.
La ley de 2007 de Memoria Histórica
fue pionera en el Estado español, pero pronto se reveló “insuficiente”
para las víctimas. “Ha sido bastante inútil. En sus 12 años de vigencia,
el Estado no se ha responsabilizado de nada de lo que debería haberse
responsabilizado”, explica Emilio Silva, presidente de la Asociación
para la Recuperación de la Memoria Histórica. Además, la generación de
los hijos de los represaliados comienza a desaparecer sin haber visto
justicia para sus padres: “Por la experiencia, necesitamos voluntad
política más que una ley”.
Tras años de reivindicaciones,
diversos dictámenes de organismos internacionales e incluso propuestas
de modificación registradas en el Congreso tanto por PSOE como por
Unidas Podemos, los dos partidos de Gobierno, a las asociaciones les ha
sorprendido que ahora se vuelvan a pedir propuestas. Así lo expresa la
Asamblea Andaluza Memorialista en una escueta declaración en la que
asegura que "no parece necesario" volver a repetir un proceso de
consultas "que no hará más que alargar los plazos de elaboración y
aprobación parlamentaria de un texto legal cada vez más urgente". Es
decir, temen que se vuelva a "marear la perdiz" mientras avanza la nueva
legislatura.
Están también escarmentados de los anuncios
políticos. Han oído en varias ocasiones la necesidad de quitarle las
medallas a torturadores como Billy el Niño, que murió sin ser juzgado, o propuestas sobre ilegalizar la Fundación Francisco Franco .Sin embargo, no se han llegado a materializar y la intención se ha quedado solo en titulares de prensa.
Las
asociaciones memorialistas tienen muy claras las deficiencias del
Estado español respecto a las violaciones de derechos humanos que se
produjeron durante el franquismo y que la democracia no ha reparado. El
Ejecutivo lo tiene fácil. Basta con seguir el camino dictado por la ONU,
que en reiteradas ocasiones ha instado a España a investigar y juzgar
los crímenes del franquismo. De hecho, en el Encuentro Estatal de
Colectivos de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo ya se firmó en
2015 la Carta de Vicálvaro, donde se recogen sus principales reivindicaciones que hoy avalan un centenar de organizaciones.
Durante
estos días, las asociaciones terminan sus propuestas para mandar al
Ministerio. Estas son, a grandes rasgos, las demandas urgentes que
tienen para la reforma de la Ley de Memoria histórica. En cada documento
están los matices.
El Estado tiene que asistir a las víctimas
Uno
de los principales agujeros de la ley de 2007 ha sido exonerar al
estado de su responsabilidad en las exhumaciones. “Calvo puede ponerse a
exhumar mañana llamando a los jefes de los laboratorios del Estado o a
sus investigadores. Si la ley de 2007 hubiera responsabilizado al Estado
en la búsqueda de desaparecidos, esto ya estaría resuelto”, explica
Silva sobre la falta de voluntad política.
La vicepresidenta
Carmen Calvo ya ha anunciado un plan de exhumaciones con fondos públicos
"acordado con la Federación de Municipios y Provincias de España
(FEMP)". Silva teme que esto obligue a las familias a pelear con
aquellos consistorios contrarios a la memoria democrática para que se
cumplan los derechos humanos. Como ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid,
presidido por el PP y Ciudadanos con el apoyo parlamentario de la
ultraderechista Vox, que retiró las placas con los nombres de los represaliados por el franquismo del cementerio de La Almudena.
Iván
Aparicio, presidente de Recuerdo y Dignidad, también quiere que en
todas las exhumaciones haya presencia judicial y no se trate a los
represaliados como "restos arqueológicos", en términos administrativos.
Quieren un cambio cualitativo y que sean tratados como víctimas en todas
sus fases: "A día de hoy el franquismo es legal y las víctimas son
consideradas delincuentes de delitos como ser homosexual", explica sobre
el hecho de que no se hayan anulado todos los juicios del franquismo.
Tras
años de experiencia, también saben lo que no quieren. En su documento
de propuestas, la Plataforma de Asociaciones Memorialistas de Aragón
pide que se evite el modelo de "mercantilización de la memoria" que se
está utilizando ya en comunidades autónomas como Cataluña o Baleares,
donde estos proyectos se sacan a concurso público al "mejor postor".
Para estas organizaciones, esto se traduce en una precarización de los
trabajos porque las "empresas adjudicatarias priorizaran los beneficios
económicos" en los contratos públicos.
Además, el Federación
Estatal de Foros por la Memoria también pide en el documento enviado al
gobierno la creación de una Fiscalía especializada para la investigación
y persecución de los crímenes del franquismo.
La reparación de las víctimas
En
su escrito, la Plataforma vasca contra los crímenes del franquismo
también propone el 27 de septiembre como el día de Recuerdo y Homenaje a
las víctimas del franquismo, por los últimos fusilamientos en tal fecha
de 1975.
La reparación de los derechos de las víctimas van más
allá de las exhumaciones. Así lo recuerda Enrique Gómez, presidente de
la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón
(ARMHA), que cree necesario que el Estado cubra "cualquier tipo de
situación legal" para hacer cumplir los derechos humanos y que se
plantee el "resarcimiento económico" derivado de las expropiaciones y de
la represión que llevó a cabo el Estado franquista, una cuestión que se
ha hecho de manera puntual.
La citada plataforma vasca también
propone al Gobierno una escala concreta de indemnizaciones, que va desde
la "discriminación social, laboral o el exilio" cifrada en 6.000 euros
hasta la muerte, cuantificada en 200.000 euros.
Para Gómez también
es imprescindible poner en marcha un banco de ADN estatal que facilite
la identificación de las víctimas, como ya tienen Comunidades Autónomas
como Navarra, Andalucía, País Vasco y Cataluña.
Quitar los impedimentos en el acceso a la Justicia
A
veces las víctimas del franquismo piden, simplemente, no encontrarse
obstáculos. En muchas ocasiones, cuando han querido judicializar sus
casos se han dado de bruces con la Ley de Amnistía, que sirve para
amparar también a los criminales de la dictadura. Algunas plataformas
como la Asamblea Andaluza Memorialista
piden su derogación. En el caso de Recuerdo y Dignidad no precisan la
fórmula, pero su portavoz asegura que no es aplicable a crímenes de lesa
humanidad.
También piden que se eviten situaciones como la de la instrucción que mandó en 2016 la Fiscalía General del Estado, que ordenó a las fiscalías provinciales oponerse a las pesquisas de la jueza argentina María Salvini contra esos crímenes.
Acabar con la apología del franquismo
La
cara B de una generación que empieza a morir sin que se haga justicia
es otra que crece con amnesia sobre su propia historia. Por ello, Silva
incide también en la importancia de la educación como vacuna al
antifascismo. De hecho, la Plataforma de Asociaciones Memorialistas de
Aragón también incluye en su documento la inclusión en el currículo
formativo de la Segunda República, el Golpe de Estado y el Franquismo.
Aunque
la ley de 2007 ya ordenaba la retirada de “escudos, insignias, placas y
otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación”, lo cierto es
que ni siquiera eso se ha cumplido. “Cuando paso por el arco de la
Victoria en Madrid, me pregunto si en 43 años no ha molestado a ningún
presidente del Gobierno”, reflexiona sobre el monumento levantado en
Moncloa.
Gómez incluso plantea la penalización del negacionismo y que no salga gratis "la mofa a las víctimas del franquismo".
El Valle de los Caídos y los restos de Franco
El 24 de octubre de 2019, el dictador Francisco Franco fue exhumado del Valle de los Caídos,
el monumento funerario que se había diseñado para sí mismo. Sin
embargo, aún quedan por salir decenas de víctimas que aún permanecen en
Cuelgamuros.
Silva tampoco está satisfecho con la inhumación de Franco en el cementerio de Mingorrubio,
ya que el dictador descansa en un panteón propiedad de Patrimonio
Nacional: “No queremos pagar la tumba de un dictador con nuestros
impuestos”, sentencia.
Abrir los archivos
En España, aún sigue siendo muy difícil investigar gracias a una Ley de secretos
que no desclasifica documentos. Por eso, los memorialistas piden que se
haga pública la información del franquismo. No solo de la actividad de
policías como Billy El Niño, que podría ayudar a apuntalar
investigaciones de sus víctimas, sino también para historiadores,
escritores y periodistas. En muchas ocasiones, estos deben irse a
archivos europeos o americanos a rastrear los vínculos filonazis del
régimen o el papel de España en la Segunda Guerra Mundial.
"En
Guatemala se abrieron los archivos de la Policía Nacional, donde estaban
recogidos torturas y todo tipo de crímenes", recuerda Aparicio,
presidente de Recuerdo y Dignidad, sobre la trascendencia que pueden
tener en muchos casos el simple acceso a la información.
Atención para los represaliados LGTBI
“Quienes
pactaron la Ley de Amnistía en el Parlamento se olvidaron de los
homosexuales y las lesbianas”, explica Silva. Ellos fueron las últimas
víctimas del régimen franquista en salir de la cárcel, ya que no se
consideraban delitos políticos y la ley de peligrosidad social no se
reformó hasta 1978. Esa juventud de violencia y estigmas se traduce hoy
en una vejez precaria. "Ahora debería asistirles el Estado porque fue el
Estado franquista el que les persiguió”.
Los niños robados, una cuestión pendiente
La
asociación Todos los niños robados son también mis niños también harán
algunas aportaciones, aunque consideran que por lo específico de su caso
se debe desarrollar una ley propia, que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados.
Aún así, tienen propuestas para la Ley de Memoria histórica, como la
creación de un archivo único, plurivalente y digital que "respete la
idiosincrasia de cada tipología de víctimas": bebés robados, deportados a
campos nazis, exiliados, refugiados, torturados, expresos políticos,
desaparecidos en fosas, etc.
En su caso, también solicitan que ese
registro de ADN que reclaman los memorialistas "sirva para identificar a
niñas/os robadas/os" que puedan derivar después en acciones judiciales.
Aportación de la Fundación 1 de Mayo de CCOO
La
Fundación 1o de Mayo de CCOO ante la Consulta Pública lanzada por el
Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática sobre la Propuesta de Ley de Memoria Democrática, desea
manifestar lo siguiente:
Nos felicitamos de la iniciativa del
Gobierno de presentar para su aprobación en Cortes, una Ley de Memoria
Democrática, desde la conciencia de las limitaciones de la vigente
Compartimos
la necesidad y urgencia expresada por el Gobierno de contar con una
nueva Ley de Memoria Democrática. Asimismo compartimos los Objetivos de
la norma expuestos en:
Entendemos
que la futura Ley debe anular, más allá de las sentencias, el
conjunto de los procedimientos incoados por los tribunales, tanto
militares como civiles, de la represión franquista, dado su carácter
ilegitimo y su funcionamiento ajeno a los principios del Derecho.
Dado
que en la Consulta Pública sobre la propuesta de Ley de Memoria
Democrática se menciona expresamente el Informe de 22 de julio de 2014,
de Pablo de Greiff, Relator Especial de las Naciones Unidas para la
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de
no repetición, cuyas conclusiones y recomendaciones finales
compartimos, queremos subrayar que en el resumen de dicho Informe se
señala que en esta materia «los mayores vacíos se evidencian en
materia de verdad y justicia».
En cuanto al primer aspecto, queremos citar expresamente la recomendación i) del Informe, que aconseja expresamente:
«i)
Establecer una política estatal de archivos que garantice el acceso a
todos los fondos, revisando los criterios aplicables en materia de
privacidad y confidencialidad, para ajustarlos a los estándares
internacionales aplicables, incluyendo regulaciones claras, por ejemplo a
través de la adopción de una Ley de archivos».
En consecuencia,
creemos que la Ley de Memoria Democrática debe resolver de una vez el
problema del acceso a los archivos, que hasta ahora constituye un
obstáculo al Derecho a la Verdad. Probablemente, más allá de esta
norma, sea precisa una Ley específica de Acceso a los Archivos.
En todo caso, resulta urgente la derogación de la Ley de Secretos Oficiales.
En
segundo lugar, en el ámbito del acceso a los archivos existe una
continua colisión entre la Ley 19/2013 de Transparencia y la Ley
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos, que a menudo se saldan con la
negación del derecho a la información y la protección de datos de los
victimarios, en su gran mayoría ya fallecidos. La norma tiene que
suprimir esta colisión, haciendo prevalecer el derecho a la
información, y, por lo tanto, el Derecho a la Verdad.
Como
además de los archivos públicos, existen archivos privados sobre la
represión, especialmente los de las organizaciones políticas y
sindicales, la norma debe aspirar a su protección, respetando la
titularidad y la gestión de sus propietarios.
Para la
elaboración de la norma, se cuenta en materia de archivos con los
criterios del Informe del Consejo Internacional de Archivos (CIA) y la
UNESCO sobre Políticas archivísticas para la defensa de los derechos
humanos (París, 2009). También del Informe elaborado por la Oficina
del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
Instrumentos del estado de derecho para sociedades que han salido de un
conflicto. Archivos (Nueva York y Ginebra, 2015). Ambos documentos nos
parecen adecuados.
Por lo que concierne al segundo vacío más
importante en materia de Memoria Democrática, que no es otro que el de
la Justicia, consideramos oportuno citar las tres últimas
recomendaciones del ya citado Informe de Pablo de Greiff:
q)
Valorar las alternativas y privar de efecto las disposiciones de la Ley
de Amnistía que obstaculizan todas las investigaciones y el acceso a la
justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas
durante la Guerra Civil y el franquismo;
r) Promover una mayor
conciencia acerca de las obligaciones internacionales en materia de
acceso a la justicia, el derecho a la verdad y las garantías del debido
proceso y darle expresión institucional adecuada a esas obligaciones;
s)
Asegurar la colaboración de la justicia española con procedimientos
judiciales en el exterior y tomar medidas contra el debilitamiento del
ejercicio de la jurisdicción universal por parte de tribunales
españoles.
Compartimos estas tres recomendaciones que, según
creemos, deberían encontrar su expresión en el articulado de la norma,
como fórmula inequívoca de garantizar el derecho al acceso a la
Justicia de las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos
durante el Franquismo.
Asimismo creemos conveniente el
establecimiento de una Comisión de la Verdad, de carácter
independiente pero oficial, siguiendo el párrafo 47 del Informe de 22
de julio de 2014, de Pablo de Greiff, cuando dice:
«Varias
asociaciones promueven el establecimiento de una comisión de la verdad.
El Relator Especial insta alas autoridades a iniciar discusiones serias
para el establecimiento de un mecanismo o institución de carácter
independiente, pero oficial, cuyo objetivo consista en conseguir un
entendimiento exhaustivo de las violaciones de los derechos humanos y
del derecho humanitario que ocurrieron durante la Guerra Civil y el
franquismo. Recalca que este organismo podría adoptar diferentes
modalidades y formatos, incluyendo la forma de una comisión de la
verdad».
Finalmente, la Fundación 1o de Mayo quiere mostrar su
predisposición a comparecer a lo largo del proceso parlamentario a que
dará lugar la elaboración de la norma, con el propósito de colaborar a
su buen término.
Madrid, 7 de julio de 2020
Aportación de la Fundación Andreu Nin
Al Secretario de Estado de Memoria Democrática, D. Fernando Martínez
Al Director General de Memoria Democrática, D. Diego Blázquez
Al Director General de Memoria Democrática, D. Diego Blázquez
En
el marco de la Consulta Pública sobre la propuesta de Ley de Memoria
Democrática D. Enrique del Olmo García, en calidad de Presidente de la
Fundación Andreu Nin.
Ante la consulta pública para la
modificación y profundización del contenido normativo de la Ley 52/2007
de 26 de diciembre, la Fundación Andreu Nin aporta las siguientes
consideraciones:
La elaboración de una nueva ley sobre la Memoria
Democrática responde a la necesidad de reconocer la memoria de quienes
lucharon por la libertad y la democracia, desterrar definitivamente de
nuestra sociedad el franquismo y todo lo que representó.
Entendemos
que organizar la convivencia entre los ciudadanos y los pueblos es
incompatible con la impunidad, con mantener en el desprecio los restos
de los asesinados por el levantamiento franquista y por la dictadura.
¿Qué educación democrática pueden tener las jóvenes generaciones en una
sociedad que acepte decenas de miles de asesinados sin reconocimiento,
justicia ni exhumación? Y lo mismo vale para las sentencias de
tribunales facciosos, aún en vigor.
La situación económica no
justifica que se posterguen estas acciones. Se nos llama a pagar deudas,
a reparar perjuicios, ¿quién puede pretender que esto se haga dejando
sin enterrar a los bisabuelos o con que ciudadanos estén condenados por
haber luchado por la libertad?
Entendemos que es responsabilidad
del Gobierno aglutinar para las acciones de reparación de los derechos
de las víctimas del franquismo a todas las formaciones que luchan por la
Memoria Histórica, así como a la mayoría de los ciudadanos y pueblos.
Es indispensable un gran movimiento reparador.
En particular, queremos referirnos a:
A) La exhumación de todas las víctimas del franquismo y la dictadura no reconocidas
Es
lo más urgente y hay una gran coincidencia al respecto. Es hora de que
se conviertan en ley los artículos 1 al 4 de la antes mencionada
proposición de ley socialista, con colaboración de las administraciones,
víctimas, asociaciones. Lo cual es compatible con propuestas contenidas
en otros proyectos de ley.
B) La nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas y la reparación de la justicia
El
levantamiento militar y civil del 17-18 de julio de 1936 y los largos
años de dictadura de aquellos facciosos fueron una gigantesca operación
contra las libertades y derechos de los ciudadanos y pueblos, con
consecuencias que según los casos perviven.
Es preciso que la
nueva Ley declare la ilegitimidad y nulidad de las actuaciones y
sentencias de los tribunales especiales para la represión, desde los
consejos de guerra hasta el Tribunal de Orden Publico, porque el
conjunto de sus actuaciones, incluidas las sentencias, correspondieron a
tribunales ilegítimos que actuaron contra Derecho, y también de
cualquier tribunal, jurado y otros órganos penales o administrativos que
actuase contra los que se opusieron al levantamiento del 17-18 de julio
y resistieron contra él defendiendo los derechos y las organizaciones
obreras y republicanas.
Junto a la reparación se hace
imprescindible situar la centralidad de la Justicia en la recuperación
de la Memoria Democrática y para ello es necesario:
a) Privar de
efecto aquellas disposiciones de la Ley de Amnistía que dejan impunes
las violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
b)
Recuperar el ejercicio de la jurisdicción de justicia universal,
impulsando la colaboración de la justicia española con causas impulsadas
por la justicia de otros países contra los crímenes del franquismo.
C) Facilitar el acceso a todos los archivos y fondos
Revisar
aquellos criterios de privacidad y confidencialidad que impiden el
estudio y manejo de los mismos, aplicando los criterios internacionales
establecidos en la materia. La ley de Memoria Democrática debe eliminar
las trabas y barreras que impiden o dificultan la investigación y acceso
a la verdad. Se hace imprescindible la derogación de la Ley de Secretos
Oficiales
D) Creación de la Comisión de la Verdad
La nueva Ley debe determinar el fin de un oscurantismo e impunidad que en parte permanece a los 84 años de 1936.
De
acuerdo con las recomendaciones del relator especial de Naciones
Unidad, Pablo de Grieff, en su informe de 22 de julio de 2014 el
Congreso de los Diputados debe crear una Comisión de la Verdad para todo
el ámbito estatal, como órgano temporal y de carácter no judicial con
la finalidad de conocer la verdad de lo ocurrido, contribuir al
esclarecimiento de las violaciones a derechos humanos y las graves
infracciones cometidas, promoviendo así el reconocimiento de las
responsabilidades de quienes participaron en la comisión de crímenes de
lesa humanidad. El Estado deberá dotar de los recursos necesarios para
ello como forma de favorecer la convivencia democrática.
Esta
Comisión actuará con plena autonomía en su investigación y
reconocimiento de la verdad. Requerirá, recuperará y recopilará los
testimonios orales y otros materiales relativos al periodo histórico
referido en la presente Ley. Reunirá e incorporará los informes y
conclusiones alcanzadas por las diversas comisiones de la verdad o
grupos de trabajo creados a escala autonómica o local. Tendrá acceso a
los documentos históricos, sin limitación de acceso a los mismos por su
condición de material clasificado o secreto o por el lugar en el que se
encuentren, dentro o fuera del territorio nacional, testimonios y otros
materiales para elaborar un informe final incluyente y global.
Su
informe sobre las violaciones a los derechos humanos y la comisión de
crímenes de lesa humanidad y de guerra propondrá al Congreso medidas de
reparación integral de las víctimas que estime convenientes así como
otras para organizar la convivencia en el futuro.
Lo que antecede
para nada subvalora la lacerante urgencia de resolver el asunto de los
bebés robados, y las exigencias de cualquier víctima, que requieren el
apoyo incondicional de todos los que propugnan la Memoria Histórica.
Reconocemos
el trabajo que la Secretaria de Estado y la Dirección General de
Memoria Democrática realizan para ordenar las aspiraciones de millares
de ciudadanos que llevan décadas recabando una reparación justa lo que
supondría a la vez una mejora cualitativa de nuestra calidad democrática
y de nuestro marco de convivencia.
En Madrid, a 8 de julio de 2020
“Carta de Vicálvaro”: Plataforma común de las organizaciones de Memoria Histórica
Exigimos
a las instituciones del Estado la condena del franquismo como régimen
criminal en los términos declarados por la ONU, de conformidad con las
Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la
Asamblea General de la ONU el 9 de febrero y el 12 de diciembre de 1946,
y el reconocimiento de la Legalidad democrática de la II República
Española.
Exigimos al Estado español el reconocimiento jurídico, político y social de cuantas personas defendieron la legalidad Republicana y de quienes lucharon contra el franquismo, el fascismo y el nazismo. De igual modo, exigimos el reconocimiento de la condición de excombatientes por la libertad a los guerrilleros y guerrilleras, puntos de apoyo y enlaces antifranquistas y demás antifascistas que combatieron junto a los aliados en la II GM, equiparándolos a los militares de la República, así como el reconocimiento institucional para quienes integraron el Ejército Popular y las fuerzas de seguridad que se mantuvieron leales a la II República Española.
Demandamos el
pleno reconocimiento jurídico de todas las víctimas del franquismo, el
fascismo y el nazismo, dándoles similar trato y reconociéndoles los
mismos derechos que los reconocidos a otros colectivos de víctimas de
violencia y de agresiones a los Derechos Humanos; civiles asesinados,
desaparecidos, condenados a penas de presidio y en batallones de
trabajadores penados, muertos en prisión, exiliados, víctimas de
torturas, violaciones o violencia sexual, población civil víctima de los
bombardeos fascistas durante la Guerra Civil, deportados y demás
víctimas republicanas de la persecución nazi, bebés robados, sus padres y
madres, menores víctimas de orfanatos y preventorios franquistas,
empleadas y empleados públicos depurados, víctimas del expolio de sus
bienes, represaliados por su orientación sexual, rapadas, etc…
Las
propuestas programáticas que contiene este documento, y que a
continuación se enumeran, encuentran su fundamento y apoyo en los
Informes emitidos por el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones
Forzadas o Involuntarias y en el Informe sobre el Estado Español del
Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, (ambos
presentados en septiembre de 2014 en el Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas), cuyas recomendaciones exigimos, de manera
irrenunciable, que sean cumplidas por parte del Estado español.
EL DERECHO A LA VERDAD
I.
Asunción explícita por parte del Estado español de la responsabilidad
de garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas del franquismo y
del conjunto de la sociedad española, conforme las recomendaciones de
las Naciones Unidas.
II. Apertura y libre acceso a todos los archivos públicos y privados existentes en la actualidad (policiales, diplomáticos, militares, de inteligencia militar, penales, judiciales, carcelarios, municipales, de Falange Española y de las J.O.N.S. – Sección Femenina, eclesiásticos, de hospitales, clínicas y maternidades), y todos aquellos relacionados en general o particular con la represión franquista y su herencia posterior.
III. Desclasificación y catalogación de todos los documentos contenidos en dichos archivos para asegurar el acceso a la información y garantizar el derecho a la justicia y reparación de las víctimas de la dictadura.
EL DERECHO A LA JUSTICIA
IV. Anulación de la Ley de Amnistía de 1977 en los apartados que permiten la impunidad de los crímenes franquistas.
V. Ratificación de la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”.
VI. Creación de una Fiscalía especializada para la investigación y persecución de los crímenes del franquismo.
VII. Localización y judicialización de todas las fosas comunes del franquismo, declarando por ley la responsabilidad directa e ineludible del Estado Español respecto a la exhumación de las fosas comunes.De igual forma, el Estado Español deberá promover y alcanzar los acuerdos y convenios internacionales que sean necesarios con aquellos países en cuyos territorios haya fosas comunes de españoles víctimas del fascismo y nazismo, para localizar, exhumar, identificar y repatriar sus restos a territorio del Estado.
VIII. Reconocimiento como un problema de Estado el robo masivo y sistemático de bebés, durante décadas y en todo el territorio español, desde 1936 hasta bien entrada la democracia; realizar una investigación efectiva de los hechos que permita la búsqueda de los “niños” y “niñas” desaparecidos, hoy adultos cuya identidad ha sido robada; promulgación de leyes que permitan la persecución y enjuiciamiento de las personas culpables de este delito que, inexorablemente, deberá considerarse como un crimen contra la humanidad.
EL DERECHO A LA REPARACIÓN
IX.
Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales de carácter
represivo del régimen franquista e ilegales los Consejos de Guerra, el
Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de
Orden Público, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y
cualesquiera otros órganos penales o administrativos de la Dictadura
Franquista, así como nulas de pleno derecho las resoluciones dictadas y
condenas impuestas por estos organismos.
X. Establecer una legislación que permita el reconocimiento y, en su caso, el tratamiento de los daños o traumas ocasionados a las víctimas y la recuperación e indemnización a cargo del estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o jurídicas por motivos políticos, religiosos o de represalias de cualquier tipo. Fijación de un sistema de resarcimiento económico actualizado, en términos actuariales y que se corresponda con la realidad económica y social española, a todo tipo de víctimas aún vivas, herederos y sus familias.
XI. Exigencia de responsabilidad a aquellas empresas e instituciones que se beneficiaron del trabajo forzado de prisioneros de guerra, así como de presos y presas. Abrir sus archivos de cara al esclarecimiento de estos hechos y señalizar estos lugares, de cara a que las generaciones presentes y futuras sean conocedoras de esta realidad.
XII. Solución definitiva para el Valle de Cuelgamuros (de los Caídos), consistente en el traslado de los restos del Dictador Francisco Franco como del Fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera, identificación de las víctimas represaliadas enterradas en el Valle de Cuelgamuros y su devolución a las familias que lo soliciten y desacralización del lugar, trasladando a la orden benedictina y desmantelando la cruz, que “representa al nacional-catolicismo”. Así como, reconvertir el Valle en un memorial de la represión franquista.
GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN
XIII.
El Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación de las
Comunidades Autónomas deberán establecer, para los diferentes niveles de
enseñanza y sus contenidos curriculares, una normativa acorde con la
verdad histórica de la II República, el Golpe de Estado del 18 de julio
del 36, la Guerra Civil, la Dictadura, la represión franquista y la
transición. A tales efectos, las instituciones educativas deberán
comprobar y subsanar los contenidos en los libros de texto sobre
historia, contemplándolos desde la objetividad y la transparencia sin
negacionismos ni revisionismos, en el que la enseñanza de los valores
religiosos quede además fuera del ámbito escolar y relegada al ámbito
privado.
XIV. Condena de los actos de exaltación franquista y de negacionismo histórico e ilegalización de cualquier organización, partido, fundación o asociación que ensalce, justifique o fomente la ideología, la violencia y todos los actos que el franquismo ejecutó y promulgó desde el 18 de Julio de 1936. De igual modo demandamos la retirada de simbología franquista de espacios públicos y privados y la anulación de conmemoraciones y títulos que reconozcan a personas vinculadas al régimen franquista.
XV. Adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento social y cultural de los lugares de la memoria democrática y antifascista. A tales efectos, se procederá a la localización, catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de memoria y a su señalización mediante monumentos, placas y paneles que expliquen los hechos que tuvieron lugar.
XVI. Establecimiento de un día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo. Que por parte de las Instituciones del Estado se declare un día conmemorativo, de especial significación para las víctimas de la dictadura, como día de recuerdo y homenaje a las Víctimas del franquismo. Se propone como fecha, el día 11 de Noviembre, día europeo de las Víctimas del fascismo. Consideramos que estas propuestas, así como las reivindicaciones de los diferentes colectivos de víctimas del franquismo y del fascismo, deben plasmarse durante la próxima legislatura en la legislación necesaria para el reconocimiento de nuestra memoria democrática y antifascista y acabar definitivamente con la impunidad del franquismo y con la situación de flagrante injusticia que han tenido que soportar durante décadas centenares de miles de personas.
En Madrid, a 17 de octubre de 2015.
Las organizaciones participantes en el Primer Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo.
Fuente → sinpermiso.info
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