El régimen monárquico del 78 sigue manteniendo una legalidad fundamentada en el fallido golpe nacional católico –manu militari, de corte fascista- que derivó en la Guerra de España, preludio de la agresión nazi fascista al resto de Europa.
Prueba de ello es que las leyes de sucesión
-Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947) y Ley de 22 de
julio de 1969, decretadas por el genocida Francisco Franco- son las
raíces jurídicas de una monarquía de nuevo cuño instaurada por la
dictadura. Si dichas leyes franquistas fuesen abolidas, junto a la
nauseabunda ley que amnistió sus crímenes de lesa humanidad, que no
prescriben, la monarquía del 18 de julio se derrumbaría como un
castillo de naipes, pues no dispone de soporte jurídico que no esté
radicalmente contaminado por su origen fascista.
¡Así de frágiles y pútridos son los
cimientos de este régimen indigno! Quizá por ello la multitud sigue
clamando en las calles: ¡Le llaman democracia y no lo es!
Salvo en los dos esperanzadores periodos
republicanos -arrollados violentamente por el poder militar de la
oligarquía- la dinastía borbónica, desde Felipe V hasta nuestros
días, ha reinado despóticamente.
En la actualidad sigue manteniendo a sus
súbditos encadenados a un régimen autoritario, de apariencia
democrática, constituyendo éste una autentica cárcel de pueblos.
Sin embargo, ha entrado en una fase de franca descomposición, como
lo prueba el hedor que emana de su pútrido rastro de dólares,
actualmente investigado por la Fiscalía Suiza y la Fiscalía del
Supremo.
Toda esta basura arrojada por la Corona
española sobre nuestro pueblo constituye una humillación
insoportable, pues proyecta una imagen dañina y mafiosa de nuestra
patria.
Francia y Portugal constituyen dos
magníficos ejemplos de inquebrantable voluntad democrática. En
Francia, la Revolución de 1789 juzgó y condenó a muerte al rey
Borbón Luis XVI, finalmente guillotinado el 10 de agosto de 1792.
La Constitución de la República Francesa
establece en su Preámbulo:
El
pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos
humanos y a los principios de la soberanía nacional tal y como
fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada
por el Preámbulo de la Constitución de 1946, así́ como a los
derechos y deberes definidos en la Carta del Medio Ambiente de 2003.
Y en su
Artículo 1, dice:
Francia
es una Republica indivisible, laica, democrática y social que
garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin
distinción de origen, raza o religión y que respeta todas las
creencias.
En Portugal la Revolución de los claveles
derribó en 1974 el régimen fascista e inició un proceso
constituyente en libertad.
La Constitución de la República
Portuguesa establece en su Preámbulo:
El
25 de abril de 1974, el Movimiento de las Fuerzas Armadas derribó
el régimen fascista, coronando la larga resistencia del pueblo
portugués e interpretando sus sentimientos profundos.
En su Artículo 7 establece:
- Portugal reconoce el derecho de los pueblos a la autodeterminación e independencia y el desarrollo, así́ como el derecho de insurrección contra todas las formas de opresión.
Y en su
Artículo 13:
- Todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y serán iguales ante la ley.
- Nadie podrá́ ser privilegiado, beneficiado, perjudicado, privado de algún derecho o eximido de algún deber por razón de ascendencia, sexo, raza, lengua, territorio de origen, religión, convicciones políticas o ideológicas, educación, situación económica, circunstancias sociales u orientación sexual.
Por el
contrario, la Constitución española, producto envenenado de una
transición fraudulenta, proclama en su Artículo 56:
- La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
No parece necesario añadir mucho más,
salvo que aquí, en este “Retablo de las Maravillas”, todo sigue
“atado y bien atado”, comolo prueban los infames
privilegios del rey.
Sin embargo, hay señales…
¡Salud y República!
Fuente → rebelion.org
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