La herencia que Felipe VI ha recibido de su padre está
envenenada. La ciudadanía ve con estupor cómo el hombre a quien se encumbró
estaba enriqueciéndose de manera presuntamente ilícita mientras representaba a
España, en una especie de pluriempleo en el que, por un lado, realizaba las
funciones que tenía conferidas por la Constitución —en algunos casos las
excedía, según ha publicado Diario16— y por el otro creaba estructuras
financieras para ocultar al fisco el dinero cobrado de donaciones y presuntas
comisiones.
Por más que los partidos del «bloque de la Transición», de
la mano de Vox, estén pretendiendo desvincular los comportamientos de Juan
Carlos de Borbón de los de Felipe VI, la realidad es que la institución
monárquica ha quedado tocada y hundida. No hay más que comprobar los abucheos
que están recibiendo el rey y la reina en su gira por España, una serie de
visitas que no tienen más intención que la de un lavado de cara de la
institución, algo parecido a lo que intentó Ana Patricia Botín con su
publirreportaje en Groenlandia.
La realidad es que, desde el punto de vista institucional,
no se pueden separar los comportamientos presuntamente corruptos de Juan Carlos
de Borbón de la institución monárquica. Cuando se produjeron los grandes casos
de corrupción política, quienes quisieron defender a sus partidos intentaron
hacer ver a la ciudadanía que se trataba de casos individuales provocados «la
persona de la que usted me habla». Sin embargo, afectaron directamente a las
organizaciones y, cuando hubo sentencias condenatorias, llegaron a provocar la
caída de gobiernos.
Por tanto, pretender separar las actividades de Juan Carlos
I de la Monarquía como institución no es más que buscar una salida desesperada
y, en cierta medida, tapar un caso de presunta corrupción.
Sin embargo, España tiene tal capacidad de superación en lo
absurdo que puede llegar al ridículo institucional más asombroso de la historia
en el momento en que, por ley de vida, fallezca Juan Carlos de Borbón y se organicen
funerales de Estado, con sus salvas de honor y parada militar incluida, a un rey
que, de momento, está siendo investigada por presuntos delitos relacionados con
la corrupción.
La única salida digna que tiene la Monarquía en España, ahora
mismo, es que Felipe VI tome la iniciativa y abdique en el pueblo español para
que sea éste quien, a través del sufragio universal, decida sobre el modelo de
Estado, tal y como reclamó la diputada de Unidas Podemos, Gloria Elizo.
Sin embargo, hasta la fecha, Felipe VI no ha hecho más que
guardar silencio y mantenerse de lado ante unos escándalos que implican a su
padre pero que afectan tanto al prestigio como a la institución que ocupa la
Jefatura del Estado. En el discurso institucional que dio el pasado 18 de
marzo, en los primeros días del estado de alarma y tras semanas desaparecido,
el rey no hizo ni una sola mención a la investigación suiza ni a las revelaciones
que se iban conociendo sobre los negocios de Juan Carlos I. El país se
encuentra ante una crisis institucional de dimensiones jamás vistas desde la
caída de Alfonso XIII. Felipe de Borbón ha preferido callar a dar la cara ante
el pueblo español, afrontar las consecuencias y pedir perdón. Nelson Mandela
decía que «los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo
por la libertad de su pueblo».
Es muy grave que Juan Carlos de Borbón esté siendo
investigado por la Fiscalía por el presunto cobro irregular de comisiones y,
por extensión, por supuestamente haber escondido ese dinero del fisco español.
Es muy grave que esas actividades se produjeran durante el tiempo en que
ocupaba la Jefatura del Estado y es muy grave que la impunidad que da la
inviolabilidad haya sido utilizada para acumular riquezas y ocultarlas en
países con secreto bancario. El New York Times calculó, en base a una información
de Forbes, que la fortuna de Juan Carlos de Borbón superaba los 2.000 millones
de euros. ¿De dónde sacó todo ese dinero?
Ante una crisis institucional tan grave, Felipe VI ha
guardado silencio, hecho que agrava aún más la situación.
Dos días antes, la Casa Real, que no el rey, emitió un
comunicado en el que renunciaba a la herencia de su padre tras aparecer como
beneficiaron de la Fundación Lucum, lo cual fue un reconocimiento implícito de
que la fortuna de Juan Carlos I tiene un origen ilícito.
Felipe VI debería recordar lo que dijo en 2014, ante los
representantes del pueblo: «La Corona debe […] velar por la dignidad de la
Institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y
transparente, como corresponde a su función institucional y a su
responsabilidad social. Porque, sólo de esa manera, se hará acreedora de la
autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy, más que
nunca, los ciudadanos demandan con toda razón que los principios morales y
éticos inspiren –y la ejemplaridad presida– nuestra vida pública. Y el Rey, a
la cabeza del Estado, tiene que ser no sólo un referente sino también un
servidor de esa justa y legítima exigencia de los ciudadanos».
Por tanto, la única salida digna que le queda a la institución
monárquica es devolver la voz al pueblo y que sea éste, con la libertad
democrática que da el sufragio universal, quien decida, de una vez por todas,
el modelo de Estado que quiere.
Fuente → diario16.com
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