La oposición política al gobierno de coalición
formado por PSOE y Unidas Podemos (UP) ha llevado a cabo una campaña de
deslegitimación desde la entrada de la pandemia en España. Además esta
campaña ha derivado en un clima de normalización del fascismo.
Durante toda esta cuarentena, Vox ha destacado por los continuos ataques, manipulaciones e incitación al desorden y la violencia contra el gobierno de Pedro Sánchez.
Incluso la Unión Europea ha alertado de los intentos de desestabilizar la democracia mediante la propagación de las conocidas como “fake news“.
Desinformación
Desde que Pedro Sánchez ha restringido los mensajes de WhatsApp para que no exista lugar a crítica sobre su gestión hasta la famosa “paguita”, pasando por el informe del CSIC que supuestamente alertaba sobre la letalidad del coronavirus.
El Ingreso Mínimo Vital, denominado como “paguita” por la derecha, otorga protección a familias en riesgo de exclusión, unas 850.000 familias según informaba la SER el pasado 9 de junio, y cuya prestación variará desde los 462 hasta los 1015 euros.
Los requisitos para poder acceder a esta ayuda son tener entre 23 y 65 años, haber residido en España
durante el año anterior y haber sido independiente durante 3 años. En
cuanto a la edad, se contemplan excepciones si la persona cuenta con
hijos a su cargo.
También es necesario ser ciudadano español o haber sido
admitido legalmente en el país. Por otro lado, la salida del país
conlleva la pérdida de la ayuda.
La formación de Santiago Abascal ampara su negativa ante esta medida en el llamado “efecto llamada”, un reclamo para los inmigrantes ilegales según ellos. Además, tildan de “paguita” la ayuda asegurando que simplemente se trata de una limosna pero eso sí, vitalicia.
Todo ello se desmiente ya que, en caso de encontrar trabajo, la
ayuda se entrega de forma gradual. De esta forma, se establece una
cantidad diferente en función de las nuevas necesidades del ciudadano.
La formación ultraderechista ha llegado incluso a acusar al gobierno de monitorear aplicaciones como WhatsApp para impedir la crítica a su gestión; algo que resulta totalmente incierto y que desde la propia compañía han desmentido.
La actualización restringe el número de destinatarios a los que
se puede reenviar un mensaje. Esto impide a Vox seguir compartiendo bulos
a través de la aplicación, y por ello han intentado marcar esta acción
como censura. Pero las acciones llevadas a cabo por la compañía para
nada tienen que ver con el gobierno en funciones.
Sin embargo, Andru Llabi, Historiador y Analista político, considera difícil desestabilizar la democracia de esta forma. “Es difícil desestabilizar una democracia a través de “fake news” ya que la gente es crítica”, y añade “haría falta algo más”.
Pablo Iglesias como cabeza visible del gobierno
El centro de su ofensiva ha residido y reside en la figura del vicepresidente, Pablo Iglesias. Andru Llabi explica que “el
centrar la postura más extrema del gobierno en Pablo Iglesias, al que
llevan años demonizando en toda la esfera pública, facilita decir que se
trata de un gobierno extremista. Es fácil señalar a Pablo Iglesias para
tratar de desestabilizar al bloque de gobierno y que las posiciones más
conservadoras del PSOE se sintieran incómodas”.
Derecha y extrema derecha acusan al vicepresidente de las
muertes en las residencias de ancianos. Argumentan que con el estado de
alarma Iglesias asumió el control de estos centros. Sin embargo, las
autonomías han conservado sus competencias, tal y como exponía el BOE el 14 de marzo.
Todo ello ha venido derivado tras las críticas por la mala
gestión de las residencias en comunidades gobernadas por la derecha,
como la Comunidad de Madrid. Aquí, la comunidad obligó a no derivar a los mayores enfermos a ningún hospital.
Se trata de un intento de evitar la polémica por la división
que se vive entre PP y Ciudadanos sobre este asunto. Por ello, los
populares han decidido achacar esta decisión al gobierno central.
Pero la violencia generada ha sido tan grande que incluso ha llegado a abarcar a personas ajenas a los partidos. Es el caso de Javier Iglesias, padre de Pablo Iglesias.
Cayetana Álvarez de Toledo, diputada en el Congreso por el
Partido Popular, acusó al vicepresidente del gobierno en funciones de
ser hijo de un terrorista.
Más allá del Congreso
No solamente se han quedado en palabras, sino que han ido más
allá. Ejemplo de ello es la concejala de Vox en Galapagar, Cristina
Gómez Carvajal, y a la cual la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha denunciado por acoso continuado y coacción.
Gómez Carvajal se ha jactado en las redes de ello, compartiendo
vídeos frente al domicilio de la ministra y el vicepresidente del
gobierno. Desde la formación ultraderechista han impulsado continuamente
esta serie de concentraciones, llegando incluso a desplegar una pancarta en una de las paredes del domicilio.
“El acoso al domicilio del vicepresidente resulta algo
peligroso en cuanto a que son escraches continuados que pretenden
mostrar que ese representante no debería estar allí de una manera
geográfica ni ostentar el cargo que ostenta”, expone Llabi.
Y recuerda, “no tienen un objetivo político concreto más
allá de minar la moral y señalarles continuamente. Se trata de acoso y
por eso lo separaría de los escraches vistos con anterioridad que tenían
como fin presionar para conseguir crear o eliminar una ley“.
Incluso se han llegado a producir amenazas de muerte, como la que muestra el siguiente vídeo.
En él, un grupo de hombres sentencian y disparan a unas
imágenes, como si se tratara de un fusilamiento. Las fotografías
muestran a los principales miembros del gobierno.
Odio y criminalización
Por otra parte, la lucha feminista se ha intentado criminalizar constantemente. En Madrid, y según cifras oficiales ofrecidas por RTVE, 120.000 personas acudieron a la manifestación. Esta cifra supone un número menor de personas que las movilizadas en transporte público el día siguiente, 15 de marzo.
Sin embargo, no se ha cuestionado el silencio de Ortega Smith tras un viaje a una zona de riesgo en Italia, al igual que el meeting
en Vistalegre celebrado ese mismo fin de semana. Este último reunió en
un espacio techado a alrededor de 10.000 personas y en el que los
líderes políticos de la formación repartieron besos y apretones de mano
con muchos de los allí presentes.
Pero si el 8M se ha visto criminalizado de esa forma no ha
sido, ni mucho menos, porque se hayan preocupado por la salud de la
población, sino porque es un pilar de un gobierno socialdemócrata al que
ellos no toleran.
No toleran al colectivo LGTBI, no toleran a los inmigrantes y
tampoco lo hacen con las mujeres que luchan por alcanzar la igualdad. Se
trata de esa clase de hombres que vive feliz con sus privilegios de
macho y no está dispuesto a perderlos.
Ya que su plan no ha dado ningún fruto, han tenido que recurrir a otra vía: inmigrantes y okupas.
Sí, la aporofobia de este colectivo es sumamente enorme, tanto que han
buscado la vía más fácil, recurrente, incierta y agotada que puede
existir en el discurso de la derecha.
La normalización del fascismo y la desinformación
Ante todo esto, información, o más bien, desinformación. Tanto
prensa como televisión se han hecho eco de estos bulos y, lejos de
contrastar aquello que comparten con la ciudadanía, han preferido
hacerlos aún mayores y expandirlos todo lo posible.
Estamos viendo cómo muchos de los medios conservadores tratan de erosionar al gobierno con debates que le pueden resultar negativos, mientras que encumbran la figura del fascismo.
Esta normalización del fascismo, incluso a
nivel institucional, no es nueva. Llevamos muchos años años conviviendo
con él, aunque ahora haya ganado terreno.
Los ataques que se producen diariamente en el Congreso son la
chispa que prende los actos que se cometen en la calle, y que se sirven
de justificación mutuamente.
Para que en un país como España, que no ha castigado el fascismo, pueda eliminarlo requiere de una gestión institucional.
La estrategia de Vox es la misma que aquella que Hitler y
Mussolini utilizaron en Italia allá por los años 30 y 40. Como bien
explica Alberto Sánchez, analista político y activista social, “los
discursos de exaltación patria dan a los excluidos un lugar común donde
sentirse en comunión con otros y si encima estos les muestran un
enemigo invisible que es la raíz de sus males, las personas desesperadas
seguirán esa consigna”.
La normalización del fascismo pone en peligro la democracia porque fascismo es igual a intolerancia, es igual a autoritarismo y es igual a represión.
“Hay varias cuestiones que pueden ser peligrosas, pero la
que más es, en mi opinión, la deslegitimación del gobierno pese a salir
de las urnas, puesto que si decimos que el gobierno no es legítimo,
cualquier cosa contra él será legítima”, expone Alberto.
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